ÁRIDOS ARENEX LIMITADA con COMERCIAL AGASIAS LIMITADA

PAGE Antofagasta, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Compareció don Cristián Gamboa Guzmán, abogado, en representación de Áridos Arenex Limitada, representada legalmente por nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección en contra de la sociedad Comercial Agasias Limitada, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que infringen las garantías de igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al respeto irrestricto de un conjunto de normas que conforman lo que se ha denominado orden público económico, todas las cuales se encuentran reconocidas en el artículo 19 Nº 2, 8 y 21 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Se agrega informe de la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Ambas partes acompañan a sus presentaciones antecedentes documentales en apoyo de sus posturas.

Se agregó informe solicitado a la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental, de Antofagasta.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció don Cristián Gamboa Guzmán, en representación de Áridos Arenex Limitada, e interpuso recurso de protección en contra de la sociedad Comercial Agasias Limitada, representada por nombre reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios que infringen las garantías reconocidas por el artículo 19 Nº 2, 8 y 21 de la Constitución Política de la República. Funda la acción en que su representada es un empresa de prestigio en la venta de áridos en Chile, realizando labores de extracción con autorización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, específicamente de la Comisión de Evaluación de la Región, dando cumplimento a la normativa ambiental. Expone que en el marco de su actividad, tomó conocimiento, con fecha 4 de octubre de 2016, de la extracción ilegal de áridos que realiza la recurrida con infracción a las normas legales ambientales, careciendo de resolución de calificación ambiental que autorice su funcionamiento. Refiere que la recurrida extrae áridos desde un pozo lastrero ubicado en el Km. 45 de la ruta CH–23 (camino a San Pedro de Atacama), el cual abarca una superficie total mayor a cinco hectáreas, por lo que requiere resolución de calificación ambiental, citando al efecto el artículo 3 letra i punto 5.1 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Explica que la recurrida extrae áridos del pozo mencionado con una superficie de -a lo menos- 37,2 hectáreas, y acredita esta afirmación, con un informe de fotogrametría del sector en que se efectúa las extracciones, presenciada su realización por un notario público, y que acompaña al recurso.

Continúa en su libelo reprochando a la recurrida el incumplimiento de la normativa ambiental, y como consecuencia, las infracciones constitucionales denunciadas.

En derecho, transcribe las normas legales que estima infringidas por la recurrida, a saber, artículo 10 de la Ley 19.300, letra i) y artículo 3 letra i) punto 5.1 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.

En cuanto a la vulneración a la igualdad ante la ley, en síntesis, se basa en el cumplimiento de las exigencias legales (autorizaciones ambientales) que debió obtener para explotar su actividad, en cambio la recurrida que ejerce la misma actividad no cumple con dicha normativa, sin que exista justificación para ello.

Respecto de la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, luego de un análisis conceptual de qué se entiende por aquel, sitúa el reproche a la recurrida en cuanto al incumplimiento de la normativa ambiental, que es la que tutela este derecho, citando nuevamente artículos de la Ley 19.300, y su reglamento. Agregando, que la extracción ilegal de áridos que realiza la recurrida afecta la garantía en comento, ya que ella dice relación con la superficie de la actividad, y por la envergadura de los movimientos de tierra, los cuales implican contaminación.

Argumenta sobre la capacidad para recurrir de la persona jurídica afectadas por infracción a este derecho, citando jurisprudencia en favor de su tesis.

Por último, en cuanto a la garantía del artículo 19 n° 21 de la Constitución Política, refiere en síntesis, que la recurrida no cumple con la normativa aplicable a la actividad, omitiendo someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no obstante exigirlo la Ley Nº 19.300 y su Reglamento a toda persona que efectúe labores de extracción de áridos en superficies mayores a 5 hectáreas. Agrega que al ejecutarse una actividad económica al margen de la ley se vulnera el orden público económico afectando, de paso, los negocios de todas aquellas empresas, entre las cuales se encuentra, que pertenecen a la industria extractiva de áridos y que cumplen rigurosamente con todas las exigencias legales.

Indica que cumple con los requisitos de agravio, tiempo de interposición del recurso, singularizando el acto arbitrario e ilegal como el incumplimiento de la recurrida de la normativa ambiental ya citada.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso de protección ordenando a la recurrida detener de forma inmediata todas las operaciones de extracción de áridos en la zona ubicada en el Km. 45 de la ruta CH–23 (camino a San Pedro de Atacama) además de adoptar toda medida necesaria para que tal extracción no se verifique en el futuro en tanto la recurrida no de cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 19.300 y a su Reglamento que exigen que su proyecto se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, declarándose además toda otra providencia que juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con costas.

SEGUNDO: Que informando el recurso compareció doña Carolina Andrea Oyanedel Jana, abogada, en representación de la recurrida, Comercial Agasias Limitada, solicitando el rechazo, con costas.

Funda su defensa en que su representada extrae áridos, sólo a partir de a mediados de septiembre de 2016, en una superficie de 2,43 hectáreas de terreno, luego de haber obtenido el arrendamiento del Ministerio de Bienes Nacionales del terreno y haber sometido a consulta de pertinencia de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto referido, lo que según dicho organismo mediante Resolución Exenta N° 0324/2016, de 12 de septiembre de 2016, no era pertinente, ya que no reúne los requisitos contemplados en el artículo 10 de la Ley 19.300 y del artículo 3 del Reglamento SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental), antecedentes que acompaña.

Indica que la recurrente en su set fotogramétrico deliberadamente abarca una extensión de terreno más amplia que la que abarcan las labores de extracción propiamente tales, único aspecto que debe tenerse presente para evaluar la situación de la recurrida.

Señala que Comercial Agasias Limitada, es una empresa según clasificación del Servicio de Impuestos Internos, MICRO 1, con ventas menores a 23.360 UF durante el año 2015, creada el año 2014, cuyo giro principal es la extracción y comercialización de áridos, operando en el sector desde septiembre del año en curso y generando con esta actividad una fuente laboral para 10 personas. Extrae áridos, desde septiembre de 2016, en una superficie de 2,43 hectáreas, a rajo abierto, con una extracción proyectada de 4.160 metros cúbicos mensuales, con un horizonte estimado a 1 año de 49.620 Metros cúbicos anuales. En esas condiciones, y según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en la letra i), la actividad de extracción desarrollada no es de aquellas que de acuerdo a la ley requieran de someterse al sistema de evaluación de nombre reservado por no ser industrial. Lo que es conocido por la recurrente.

Explica que para que no quedara duda alguna sobre la materia, y aun cuando no existe obligación de someter el proyecto denominado “Canteras Agasias VI”, el cual está siendo cuestionado, al sistema de evaluación ambiental, de forma voluntaria, con fecha 29 de julio de 2016, se sometió a consulta ante el Servicio de Evaluación Ambiental obteniendo la resolución antes mencionada, por lo que cumple con las exigencias legales.

En derecho, respecto de las infracciones a las garantías fundamentales del artículo 19 n° 2, 8 y 21, niega encontrarse en alguno de los presupuestos fácticos de la norma ambiental que obligue a su proyecto a someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reiterando los argumentos de hecho en cuanto a la extensión y capacidad de su actividad extractiva. Agrega respecto de la existencia de la discriminación alegada, que no se encuentra en igual condición que la recurrente. Y en cuanto a la garantía del numeral 8°, cuestiona la titularidad del derecho de la recurrente por ser persona jurídica, citando jurisprudencia al efecto. Y finalmente en relación a la libertad económica, denunciada igualmente como agraviada, señala que existe un error fáctico de la recurrente, y que su representada cumple con la normativa ambiental que le corresponde.

TERCERO: Que se incorporó oficio n° 592/2016, de fecha 28 de noviembre e 2016, de la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental, que informa en relación a la consulta Formulada por esta Corte de si la Sociedad Comercial Agasias Limitada, ha ingresado algún proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que le permita extraer áridos de la zona ubicada en el Km. 45 de la ruta CH-23 y en caso que ello haya ocurrido, si ese se encuentra aprobado por dicho organismo, se informa lo siguiente: “Este Servicio no cuenta con información en sus registros de ingreso de alguna Declaración de nombre reservado (DIA) o Estudio de nombre reservado (EIA) referido a la Sociedad Comercial Agasias Ltda. No obstante, lo anterior, se informa que la Sociedad, efectuó en los años 2014, 2015 y 2016, consultas de pertinencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA en adelante)” detallando cada una de las consultas con posterioridad, y en todas se indica que no debe ingresar al SEIA por no cumplir los requisitos legales.

CUARTO: Que el recurso de protección, es una acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales, se incluye el derecho de igualdad ante la ley, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a desarrollar cualquiera actividad económica, los cuales son el fundamento del presente recurso.

QUINTO: Que el acto arbitrario e ilegal que denuncia la recurrente es la extracción de áridos por la recurrida sin haber presentado una declaración de nombre reservado exigida para realizar la actividad, calificando a aquella como ilegal. En el fondo la acción deducida, busca que la recurrida cese en el desarrollo de su actividad económica hasta la obtención de la autorización ambiental.

SEXTO: Que para la acertada resolución del recurso resulta relevante, consignar que de la documental acompañada por la recurrida se puede desprender que ésta es arrendataria de un predio fiscal, mediante resolución Exenta n° E-8510 del Ministerio de Bienes Nacionales, de fecha 29 de julio de 2016, inmueble con una superficie de 2,43 hectáreas, y cuyo único objeto de destino, es la extracción de áridos, de conformidad al proyecto presentado por la recurrida (49.92 metros cúbicos por año) y de la Resolución Exenta N° 0324/2016 del Servicio de Evaluación Ambiental, de 12 de septiembre de 2016, a través de la cual se resuelve consulta de la recurrida en orden a determinar si correspondía o no que su proyecto ingresara al SEIA, indicando como características de su proyecto, la extracción de áridos a un ritmo de 4.160 metros cúbicos mensuales por un periodo de 12 meses, en una superficie de 2,43 hectáreas. Obteniendo como respuesta del organismo técnico, que el proyecto de “cantera Agasias VI” no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no reúne los requisitos contemplados en el artículo 10 de la Ley 19.300 y del artículo 3 del Reglamento SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

SEPTIMO: Que en base a lo anterior, no se vislumbra por parte de estos sentenciadores, la existencia de un acto arbitrario o ilegal de la recurrida, ya que como se señaló se cuestionó la falta de evaluación ambiental del proyecto, no obstante, existe un pronunciamiento administrativo por parte del organismo especializado, que exime a la recurrida de realizar ésta, en base al volumen de extracción y a la superficie de terreno que ocupa, no quedaría comprendida dentro de la categoría de extracción industrial.

En nada altera lo razonado, la prueba documental acompañada por la recurrente, en orden a acreditar que la superficie utilizada para la extracción es superior a las 5 has, toda vez que el informe fotogrametría que se acompañó emana de su parte, y carece de las garantías mínimas para considera la misma como indubitada.

Por lo demás, las infracciones que afecten al medio ambiente deben ser conocidas por el Tribunal Ambiental fijado en la Ley 20.600, por lo que existe un órgano especializado ante el cual denunciar las supuestas infracciones a dicha normativa, sin que conste que se hayan ejercido las mismas por parte de la recurrente, lo que hace perder la oportunidad de hacerlas valer mediante el recurso de protección ejercido en esta causa.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por Cristián Gamboa Guzmán, en representación de Áridos Arenex Limitada, en contra de la sociedad Comercial Agasias Limitada, representada por nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3851-2016 (PROT)

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