Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Capital S

Antofagasta, a diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. y en contra de la Superintendencia de Pensiones, por los actos ilegales y arbitrarios consistente en declarar que no quedo cubierto por el respectivo Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, vulnerando con ello mis garantías constitucionales como el derecho de igualdad ante la ley, el protección a la salud, el de seguridad social y el de propiedad, establecidos en el artículo 19 N° 2, 9, 18, y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que, en noviembre de 2024, concurrió a una sucursal de AFP Capital con el objeto de iniciar su trámite de pensión de invalidez, oportunidad en la cual fue informado por una ejecutiva que, para efectos de quedar cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, debía enterar la cotización correspondiente al mes anterior, indicando expresamente que, una vez acreditado dicho pago, se encontraría cubierto por el referido seguro.

En atención a dicha información, procedió a pagar la cotización correspondiente al mes de octubre de 2024 durante el mes de noviembre del mismo año, ingresando posteriormente, con fecha 25 de noviembre de 2024, su solicitud de pensión de invalidez.

Posteriormente, mediante dictamen de la Comisión Médica Regional de fecha 27 de mayo de 2025, se declaró con invalidez parcial transitoria, verificando al momento del pago de su pensión que ésta había sido financiada íntegramente con cargo a su cuenta de capitalización individual, al no haberse aplicado la cobertura del seguro, situación que motivó la interposición de un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Pensiones, el cual fue finalmente rechazado mediante Oficio Ordinario NUM000 de 20 de enero de 2026, confirmando la decisión de la AFP.

Sostiene que la controversia radica en la interpretación del concepto de “siniestro” para efectos de la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia regulado en el Decreto Ley N° 3.500, indicando que, conforme al artículo 92 E de dicho cuerpo normativo, los trabajadores independientes que hayan enterado cotizaciones en el mes anterior al siniestro se encuentran cubiertos por el seguro, debiendo entenderse por siniestro no la fecha de declaración de invalidez ni la de presentación de la solicitud, sino el momento en que ocurre el evento dañoso, esto es, la enfermedad o accidente que genera la invalidez, criterio que señala ha sido expresamente recogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente en causa Rol N° 103.097-2023, donde se establece que el siniestro se identifica con el hecho generador del menoscabo y no con su declaración formal.

En ese contexto, afirma que habiendo enterado la cotización correspondiente en noviembre de 2024, se encontraba cubierto por el seguro respecto del evento que dio origen a su invalidez, resultando contraria a derecho la decisión de las recurridas al supeditar la cobertura a la fecha de inicio del trámite administrativo, criterio que no se encuentra contemplado en la normativa aplicable y que constituye una interpretación restrictiva y errónea del sistema previsional, alterando el régimen legal de cobertura y trasladando indebidamente el costo de la contingencia al afiliado. Agrega que tal actuación carece de razonabilidad, en cuanto introduce un requisito no previsto por el legislador, desconociendo además la información previamente entregada por la propia administradora, lo que genera una contradicción interna en su actuar y vulnera la confianza legítima del afiliado.

Desde esa perspectiva, califica los actos recurridos como ilegales, por infringir el estatuto jurídico del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, así como el deber de información y el deber de fundamentación de los actos administrativos, particularmente en relación con la resolución de la Superintendencia de Pensiones, la que, según sostiene, carece de una motivación suficiente conforme a la Ley N° 19.880.

Asimismo, los califica de arbitrarios, por cuanto carecen de una justificación racional, resultan desproporcionados en sus efectos y se apartan del marco normativo aplicable, configurando una actuación incoherente al desconocer la información previamente entregada al afiliado y al fundar la exclusión del seguro en un criterio formal no contemplado por la ley.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alega, en primer término, infracción al derecho a la igualdad ante la ley, en cuanto se le ha aplicado un estándar distinto y más gravoso que el previsto para otros afiliados en similares condiciones, introduciendo un requisito adicional no contemplado en la normativa. En segundo lugar, denuncia la vulneración del derecho de propiedad, al afectarse su patrimonio previsional mediante el financiamiento de la pensión con sus propios fondos, pese a que la contingencia debía ser cubierta por el seguro, produciéndose una disminución continua de su cuenta individual. Finalmente, sostiene que se vulneran los derechos a la seguridad social y a la protección de la salud, en la medida que se le priva del acceso efectivo a una prestación legalmente establecida para cubrir la contingencia de invalidez, desnaturalizando el sistema de protección social.

En mérito de lo expuesto, solicita se acoja el recurso, declarando la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos, reconociendo su derecho a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, ordenando el recalculo de su pensión conforme a dicha cobertura y adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación convencional de Administradora De Fondos De Pensiones Capital S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, sostiene la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, así como en la improcedencia de la vía cautelar intentada. Expone que el actor interpone la acción constitucional en razón de la supuesta negativa de cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, alegando vulneración de diversas garantías fundamentales; sin embargo, sostiene que los hechos descritos no configuran acto ilegal ni arbitrario alguno, por cuanto la decisión adoptada se encuentra plenamente ajustada a la normativa previsional vigente, particularmente a las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dictado por la Superintendencia de Pensiones. En ese sentido, señala que el recurrente, en su calidad de trabajador independiente, solicitó pensión de invalidez con fecha 25 de noviembre de 2024, posteriormente se otorgo una invalidez parcial transitoria mediante dictamen de la Comisión Médica Regional, procediéndose al cálculo de su pensión conforme a sus cotizaciones, determinando, tras la revisión de cobertura, que no cumplía con los requisitos para acceder al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, específicamente por no haber registrado cotización en el mes calendario anterior al siniestro, exigencia normativa expresa que condiciona el otorgamiento del beneficio.

Enfatiza que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, en cuanto el recurrente pretende obtener un pronunciamiento declarativo de derechos respecto de la cobertura del seguro, cuestión que excede el ámbito cautelar y urgente propio de esta acción constitucional, la cual requiere la existencia de un derecho indubitado y preexistente, circunstancia que no concurre en la especie. Agrega que la materia ya fue conocida por el órgano técnico competente, esto es, la Superintendencia de Pensiones, la cual mediante pronunciamiento expreso confirmó que el afiliado no se encontraba cubierto por el seguro, atendido que la cotización registrada correspondía al mes de noviembre de 2024 por rentas de octubre del mismo año, y no al mes de octubre por rentas de septiembre, como exige la normativa aplicable, descartándose así cualquier interpretación errónea o discrecional por parte de la Administradora.

Explica que, tras la emisión del dictamen de invalidez, se efectuó una nueva validación de la cobertura del seguro, procedimiento habitual destinado a verificar que el beneficio corresponda efectivamente a la situación previsional del afiliado, constatándose en dicha instancia que el recurrente no había efectuado la cotización exigida en el mes inmediatamente anterior al siniestro, lo que determinó la improcedencia de la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, debiendo financiarse la pensión con cargo a su cuenta individual. Precisa que esta exigencia se encuentra establecida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual obliga a las Administradoras y cuya interpretación corresponde a la Superintendencia de Pensiones, careciendo la AFP de facultades para apartarse de dicha normativa o aplicarla de manera discrecional.

Asimismo, niega la interpretación sostenida por el recurrente respecto del artículo 92 L del Decreto Ley N° 3.500, indicando que éste ha sido aplicado de forma errónea, toda vez que el requisito de cotización debe cumplirse dentro del mes calendario anterior al siniestro y no respecto del mes en que se presenta la solicitud de pensión, diferencia que resulta determinante para efectos de la cobertura del seguro. En consecuencia, concluye que la situación del actor no satisface las condiciones normativas exigidas, no siendo posible a la Administradora otorgar un tratamiento distinto sin infringir la normativa vigente ni generar una diferenciación arbitraria respecto de otros afiliados en igual situación.

Finalmente, sostiene que acoger la acción implicaría desconocer el sistema normativo previsional y transformar la acción de protección en una instancia declarativa de derechos, lo que resulta improcedente atendida su naturaleza cautelar, reiterando que su actuación se ha ajustado estrictamente a la ley y a las instrucciones del órgano regulador, por lo que no existe vulneración de garantías constitucionales que amerite la intervención de esta Corte, solicitando en definitiva el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que consta en autos el Oficio Ordinario NUM001, de fecha 23 de marzo de 2026, evacuado por la Superintendencia de Pensiones, quien, en primer lugar, alega la improcedencia de la acción constitucional deducida, sosteniendo que la materia controvertida excede el ámbito propio del recurso de protección, toda vez que este mecanismo cautelar tiene por finalidad amparar el ejercicio de derechos indubitados y preexistentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que produzcan una afectación actual o inminente, lo que no concurre en la especie. Argumenta que el recurrente pretende, en realidad, cuestionar la procedencia del pago de una pensión de invalidez con cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, lo que constituye una materia propia de seguridad social, ajena al ámbito de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, requiriendo un pronunciamiento de fondo que no resulta compatible con la naturaleza cautelar y de urgencia de esta acción, razón por la cual solicita su rechazo.

En cuanto al fondo, la Superintendencia detalla el procedimiento seguido, indicando que el recurrente solicitó pensión de invalidez en noviembre de 2024, obteniendo posteriormente un dictamen que le otorgó invalidez parcial transitoria, calculándose su pensión conforme a las normas vigentes. Sin embargo, al verificarse la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se constató que no registraba cotizaciones en el mes calendario anterior a la solicitud, por cuanto la última correspondía a octubre de 2024 y fue pagada en noviembre de ese año, lo que determinó que el beneficio se financiara con sus propios fondos y no con el seguro. Precisa que el pago efectuado en noviembre corresponde a rentas devengadas en octubre, pero no cumple con la exigencia de haber cotizado en el mes inmediatamente anterior al siniestro, esto es, septiembre de 2024, conforme a la normativa aplicable a trabajadores independientes.

Desde el punto de vista jurídico, funda su actuar en lo dispuesto en el Decreto Ley N°3.500, especialmente en su artículo 92 L, el cual establece que los afiliados voluntarios o trabajadores independientes solo estarán cubiertos por el riesgo de invalidez si hubieren cotizado en el mes calendario anterior al siniestro, exigencia que se encuentra desarrollada en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cual precisa que dicha cotización debe registrarse efectivamente dentro de ese periodo para que la cobertura resulte procedente. En ese sentido, sostiene que la interpretación del recurrente es errada, por cuanto confunde el pago de cotizaciones con su devengo, siendo indispensable que el pago corresponda al mes inmediatamente anterior al evento invalidante.

En consecuencia, afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, puesto que se ha limitado a aplicar correctamente la normativa vigente y a resolver la presentación del recurrente dentro de sus competencias, destacando además que no tiene atribuciones para efectuar el pago de beneficios previsionales, correspondiendo dicha función a las administradoras de fondos de pensiones.

Concluye señalando que no se configura privación, perturbación ni amenaza de derechos fundamentales, por cuanto el actuar del organismo se ajustó plenamente al marco legal aplicable, solicitando, en definitiva, que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, el conflicto planteado dice relación con la procedencia de la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia respecto del recurrente, cuestión que exige determinar si éste cumplía con el requisito de haber enterado cotizaciones en el mes calendario anterior al siniestro, así como precisar el alcance de dicho concepto y la oportunidad en que deben considerarse cumplidas las obligaciones previsionales en el caso de trabajadores independientes.

SÉPTIMO: Que, sobre el particular, cabe tener presente que el recurrente sostiene que el siniestro debe entenderse como el hecho generador de la invalidez, lo que le permitiría acceder a la cobertura del seguro, mientras que las recurridas sostienen que la normativa exige la existencia de cotizaciones registradas en el mes calendario anterior al evento invalidante, lo que no se cumple en la especie. Así, la controversia radica precisamente en la interpretación de disposiciones legales y reglamentarias aplicables al sistema previsional, así como en la determinación de los requisitos de procedencia de un beneficio de seguridad social.

OCTAVO: Que, en tales condiciones, no se advierte la existencia de un derecho indubitado en favor del recurrente, desde que la procedencia de la cobertura del seguro se encontró sujeta a una discusión jurídica y técnica por la autoridad competente, quien decidió de un modo que no comparte la recurrente, pero el pronunciamiento se aviene a los hechos asentados en sede administrativa y el derecho aplicable al caso en concreto.

NOVENO: Que, por otra parte, no se configura ilegalidad en el actuar de las recurridas, toda vez que éstas han procedido en conformidad a la normativa previsional vigente y a las instrucciones impartidas por el órgano regulador, sin que corresponda a esta Corte, por la vía cautelar intentada, sustituir la interpretación técnica efectuada por la autoridad competente.

Asimismo, tampoco se advierte arbitrariedad, desde que la decisión impugnada se encuentra fundada en disposiciones legales y reglamentarias que establecen los requisitos de acceso al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, no apareciendo como el resultado de un actuar caprichoso o carente de razonabilidad, aun cuando el recurrente discrepe de su aplicación al caso concreto.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación relativa a la información entregada por una ejecutiva de la Administradora, que habría generado en el actor la confianza de encontrarse cubierto por el seguro, cabe señalar que dicha circunstancia constituye un hecho controvertido que requiere de acreditación, así como la determinación de sus efectos jurídicos, materias que no pueden ser dilucidadas en esta sede cautelar.

UNDÉCIMO: Que, en lo que respecta a las garantías constitucionales invocadas, no se advierte vulneración de la igualdad ante la ley, por cuanto la normativa aplicada es general, sin que se haya otorgado al recurrente un trato diverso respecto de otros afiliados en igual situación; tampoco se configura afectación del derecho de propiedad, desde que el financiamiento de la pensión se ha efectuado conforme al régimen legal aplicable; ni se observa vulneración de los derechos a la seguridad social y a la protección de la salud, en la medida que el actor ha accedido a la prestación previsional correspondiente bajo las condiciones establecidas por la ley.

En consecuencia, no concurriendo en la especie un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el ejercicio de garantías constitucionales en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y en contra de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 381-2026 (Protección)