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Derecho público chileno

MigraciónRol N° 380-20268 abr 2026

nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Fecha
8 de abril de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala
Tercera
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 380-2026, sentencia de 8 de abril de 2026

Resumen

Se acoge el recurso solo para que Migraciones resuelva en 60 días los descargos y la continuidad o revocación de la residencia definitiva, por dilación excesiva contraria a celeridad y economía procedimental.

Texto íntegro

Antofagasta, a ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia Isadora Paredes Vennek, cédula nacional de identidad número RUT reservado, chilena, abogada, a favor de don nombre reservado, de nacionalidad boliviana, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile; por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del actor establecidos en el artículo 19 en sus números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto la revocación de la residencia definitiva del recurrente, como asimismo, las sanciones impuestas restableciendo el imperio del derecho.

La recurrida Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe solicitado, al tenor del recurso, ampliando su informe.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe, pidiendo el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que el recurrente de nacionalidad boliviana está residiendo en Chile con trabajo estable como dependiente para empresa “CERRO CHILE LTDA”, prestando servicios de manera indefinida desde el 9 de enero del 2016 hasta la fecha, lo que le permite solventar sus gastos mientras resida en el país.

Refiere que el actor ingresó a Chile como turista el 11 de agosto de 2013, gestionó su primera Residencia Temporaria el 15 de noviembre de 2013 la cual estuvo vigente hasta el 16 de noviembre de 2014 y estando en plazo legal y en cumplimiento de la antigua normativa migratoria, gestionó el envío de su solicitud de Permanencia Definitiva por Correos de Chile el 28 de octubre de 2014, la cual quedó signada con el número de trámite 3601/2014 y fue recepcionada de manera exitosa por el ente migratorio, siendo aprobada y otorgada por Resolución Exenta N°8226 de 16 de enero de 2015, otorgándole, además, su certificado correspondiente.

Indica que desde esa fecha hasta la actualidad ha renovado su beneficio migratorio en dos ocasiones, lo que se traduce en 10 años como residente definitivo e incluso su actual cédula de identidad para extranjeros en Chile venció en julio de 2025.

Explica que previo al vencimiento de su cédula, don nombre reservado viajó por unos días a Bolivia y al regresar, personal del control fronterizo le informa que su residencia definitiva había sido revocada, recomendándole que acudiera a la oficina de migración a la brevedad, lo que hizo acudiendo a las dependencias de migración en Calama, donde no fue atendido por no tener cita previa, no obstante intentar explicar su situación pero le negaron la atención, razón por la que fue a PDI, para ver si lograba obtener respuesta o por lo menos una orientación o ayuda, informándole PDI que según sistema, Migración está en proceso de revocar su residencia definitiva, informándole que hay una notificación de “Inicio de Proceso Sancionatorio” en el sistema, el cual, “supuestamente” fue notificado, indicando el recurrente que no ha recibido ningún documento y es PDI quien le entrega la notificación para que él remita sus descargos, documento en que se asevera que el actor “registra una denuncia por conducción sin debida licencia” por lo que debe enviar descargos a la oficina de migración en Santiago mediante carta certificada en un plazo de 10 días.

Añade que dicho proceso sancionatorio tiene fecha de emisión el 22 de noviembre de 2024, pero de ello no fue debidamente notificado.

Señala que al momento de conocer esa notificación, el recurrente reunió todos los documentos, en particular los que acreditan su situación laboral, su arraigo familiar, dado que su esposa e hijo están en Chile, añadiendo también los documentos que acreditan que fue sobreseído total y definitivamente de aquella denuncia, por la cual se inició ese proceso de revocación de su definitiva, enviando todos sus descargos con fecha 31 de julio de 2025 mediante Correos de Chile, Sucursal Tocopilla, Chile.

Sostiene que han pasado los meses sin obtener información sobre el proceso de sus descargos, pues, al acudir a la oficina de migración, no lo atienden porque no tiene cita y en la plataforma las citas están tomadas, de modo que nadie le da alguna información sobre ese proceso, ya que, la única información extraoficial que ha recibido ha sido por personal del control fronterizo y de PDI quienes hace un par de semanas le indicaron que: “su Residencia Definitiva había sido revocada oficialmente y que busque ayuda de un abogado para saber qué había pasado”.

Sostiene que esto constituye una actuación totalmente ilegal y arbitraria por parte del Servicio recurrido, ya que, como órgano de la administración estaría declinando el trámite del recurrente sin la posibilidad de poder defenderse de forma correcta dado que, le han negado las debidas comunicaciones y notificaciones, enterándose por terceras personas en relación con su estatus migratorio en Chile, no considerando todos sus antecedentes económicos, laborales y familiares, los que detalla, afirmando, asimismo, que no tiene antecedentes penales negativos, enfatizando que el recurrente se encuentra en nuestro país desde hace más de 16 años.

Seguidamente sostuvo que la revocación de residencia definitiva dictada en contra del recurrente es desproporcionada y, por tanto, arbitraria e ilegal, pues, si bien el artículo 90 de la Ley 21.325 indica que es facultativo revocar los permisos de residencia a quienes: “1. Queden comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 33.” mientras que por su parte se podría “eventualmente” aplicar en este caso su N°3 que indica: “3. Tengan un proceso penal suspendido condicionalmente por los delitos del número 5 del artículo 32. En estos casos, deberá sustituirse el abandono obligado por una residencia temporal de vigencia limitada, hasta que la causa respectiva sea sobreseída definitivamente conforme a los artículos 240 y 242 del Código Procesal Penal, debiendo disponerse a su respecto una de las medidas de control administrativo migratorio(…)”

Afirma que la medida “hasta ahora no notificada debidamente” de la revocación de la residencia definitiva resulta ser desproporcionada en torno a los antecedentes y los fines que establece el legislador, enfatizando que en el supuesto que el actor tenga una orden de abandono o de expulsión, debe considerarse lo indicado en el artículo 129 de la Ley 21.325, norma que reproduce, citando jurisprudencia.

Expresa que la revocación y orden de abandono impide al actor continuar con su proyecto migratorio en Chile, al no poder realizar actividades remuneradas legalmente, incurriendo en infracción migratoria bajo la necesidad de no perder su trabajo estable que tiene hace 10 años, con lo que mantiene a su núcleo familiar y en particular a su hijo con discapacidad, además le impide solicitud de permiso especial de trabajo, o de realizar cualquier trámite para retomar su permanencia legalmente en el país, debiendo considerar que su hijo de 5 años es de nacionalidad chilena y se encuentra estudiando en el país, motivo por el cual no puede salir de Chile, conociendo que tiene mejores oportunidades y calidad de vida en Chile continuando con lo construido en el País ya desde el año 2013.

Finalmente, tras aludir a las garantías constitucionales que estima vulneradas, citando jurisprudencia y examinando luego las bases que rigen los procedimientos administrativos, según los artículos de Ley 19.880 que reproduce, afirmando que el acto ilegal y arbitrario corresponde a la revocación de su residencia definitiva y su falta de debida notificación, pide se deje sin efecto la revocación de su residencia domicilio reservado, devolviendo su estatus legal, regular y definitivo al recurrente, ordenando a la recurrida, que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, y en consideración a la total falta de la debida notificación se deje sin efecto todas y cada una de las sanciones impuestas al recurrente, instruyendo al Servicio Nacional de Migraciones proceder a una nueva revisión documental teniendo en consideración lo indicado en los descargos presentados en conjunto a la información y documentación presentada en este proceso judicial.

SEGUNDO: Que, informó la Policía de Investigaciones mediante Oficio N°55 señalando que el recurrente registra como último Movimiento migratorio un ingreso al país realizado el 14 de enero de 2023 por el paso fronterizo de Colchane.

Se añade que en el Sistema de Gestión Policial registra denuncia al Servicio Nacional de Migraciones al encontrarse en calidad de imputado por el delito de conducción sin la debida licencia en causa Rit N°358-2023 contenido en Informe Policial N°1057 de 21 de agosto de 2023 y registra también denuncia al Servicio Nacional de Migraciones al permanecer en el país por más de 180 días desde su revocación de permanencia definitiva de fecha 3 de enero de 2025 contenida en Informe Policial N°987 de 24 de julio de 2025 además de una denuncia al Servicio Nacional de migración y al encontrarse realizando labores remuneradas sin contar con la debida autorización, contenido en el Informe Policial N°988 de 24 de julio de 2025.

Posteriormente mediante Oficio N°74 de 26 de marzo del año en curso, amplió su informe indicando que efectuadas las consultas a la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla existe un análisis de revocación de permanencia definitiva de fecha 22 de noviembre 2024 y una notificación de inicio de revocación de permanencia definitiva de fecha 3 de enero de 2025, añadiendo que se ofició al Servicio Nacional de migraciones con fecha 25 de marzo de 2026 para dejar sin efecto las denuncias cursadas mediante los informes número 987 y número 988 ambos de fecha 24 de julio de 2025, manteniendo únicamente la denuncia realizada por informe Policial N°1057 de 21 de agosto de 2023, relacionada con la detención por el delito de conducción sin la licencia debida, en causa Rit 358-2023 del Juzgado de Garantía de Tocopilla.

TERCERO: Que el abogado Carlos Salas Arriagada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitó el rechazo del recurso.

Refiere que el recurrente, nacional de Bolivia, con fecha 11 de agosto de 2013 ingresó por primera vez al país, por el paso fronterizo Colchane y luego de cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva en el país, mediante la Resolución Exenta N°8226 de 16 de enero de 2015, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública le otorgó al recurrente un permiso de residencia definitiva, el que se encuentra actualmente vigente.

Indica que por Informe Policial N°1057 de 21 de agosto de 2023, emitido por el Departamento de Extranjería y Migraciones de Tocopilla de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual se informa de la denuncia por el delito de conducción sin licencia debida, en el cual el extranjero estaría involucrado.

Destaca que por Oficio Ordinario N°289 de 3 de enero de 2025 de ese Servicio, se informa al extranjero del inicio de procedimiento de revocación de su permanencia definitiva y con fecha 31 de julio de 2025, se recepcionan descargos, los cuales a la fecha no se han resuelto.

Sostiene que no existe actualmente acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto no existe un acto terminal que resuelva la solicitud del recurrente, por lo que, su residencia definitiva está vigente.

Seguidamente aludió al artículo 78 de la Ley N°21.325 y el artículo 37 de la Ley N°21.325, reiterando que los descargos del extranjero no han sido resueltos, por lo que su residencia definitiva, se encuentra vigente, por lo que su parte estima que no se configuran los presupuestos constitucionales señalados por el recurrente para la interposición de la acción de protección, toda vez que existe no hay acto terminal, que rechace sus descargos, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en haber supuestamente revocado el beneficio de residencia definitiva del actor, lo que, además, no le fue notificado, añadiéndose que el recurrente presentó descargos con fecha 31 de julio de 2025 sin obtener información sobre dicho proceso de descargos.

Al efecto, ambas recurridas informaron que no se ha revocado el beneficio de residencia definitiva del actor, pero sí se dio inicio a un procedimiento de revocación de dicho permiso, precisando la autoridad migratoria que los descargos del actor fueron recepcionados con fecha 31 de julio de 2025 los cuales a la fecha no han sido resueltos.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio que no resultó ser efectivo lo informado inicialmente por la Policía de Investigaciones al actor, pues, no existe a la sazón, una Resolución Exenta que haya revocado el permiso de residencia definitiva del recurrente, lo cierto es que ha transcurrido un periodo excesivo desde la recepción de los descargos del actor, sin que la autoridad migratoria se pronunciare al efecto en el marco del procedimiento de revocación del precitado beneficio de residencia definitiva, dilación que, a la luz de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 19.880 que consagran, respectivamente, los principios de celeridad, conclusivo y de economía procedimental, conduce a establecer que la autoridad migratoria ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que conculca la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Isadora Paredes Vennek, en representación de don nombre reservado, solo en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones, dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, deberá pronunciarse sobre los descargos presentados por el recurrente, y resolver la continuidad o revocación del beneficio de residencia definitiva, teniendo para ello a la vista todos los antecedentes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 380-2026 (Protección)