nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL CHAÑARES S.A.

Antofagasta, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós VISTOS:

La comparecencia de Hugo Javier León Saavedra, abogado, quien en representación de nombre reservado, chileno, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional Chañares S.A. de la ciudad de Antofagasta, del giro de su denominación RUT N° RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado, solicitando que se ordene dejar sin efecto la condicionalidad de su hija, la alumna nombre reservado, y en particular se le permita matrícula para el año 2023, se adopten las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se fundó en el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en aplicar a su hija en forma desproporcionada la sanción de suspensión, condicionalidad, y no renovación de matrícula para el año 2023. Lo anterior, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre el interés superior del niño, niña y adolescente, lo dispuesto en la Ley General de Educación N°20.370, y en la ley 20.084.

Indicó que es apoderado del Colegio Chañares desde el año 2011, donde matriculó a sus dos hijos, Cristian y Josefa, quienes cursan actualmente sexto básico y tercero medio respectivamente.

El día 9 de noviembre de 2022, a las 14:30 horas, su hija nombre reservado se dirigió al supermercado jumbo sede Angamos Sur, donde luego de echar productos a una bolsa, sólo pagó parte de los mismos (aproximadamente $ 20.000 pesos), no pudiendo pagar la totalidad. Fue conminada por los guardias del recinto a que debía llamar a un adulto que pudiera pagar lo que faltaba, por lo que la niña llamó a su abuela, quien llegó hasta el lugar. Como en el local se encontraba una profesora del colegio, quien advirtió la situación y se acercó a la alumna y su abuelita, ofreció pagar lo que se debía y luego reportó al colegio lo observado.

El 10 de noviembre, la alumna y el apoderado fueron citados al colegio, y ante una comisión, se le juzgó derechamente como “autora de un presunto delito de hurto”, lo que infracciona el principio de legalidad de los delitos y las penas, al no haber siquiera denuncia al respecto, ya que se pagó la totalidad de los productos.

Frente a lo anterior, el colegio decidió suspender a la alumna por dos días, dejándola condicional. Además, no se le renovó la matrícula para el año 2023, por haberse infringido el “Manual de Convivencia Escolar”, el que dentro de sus faltas gravísimas, en su numeral 24 indica: “realizar acciones de hurto, robo, riñas y/o desórdenes en la vía pública portando y/o vistiendo el uniforme del colegio”.

Añade que el habérsele imputado a su hija un delito que realmente no cometió, ya que no hubo denuncia, investigación ni menos una sentencia condenatoria, se provoca en la niña y su familia una carga psicológica importante. Más aún si el actuar de la recurrida acarrea arbitrariamente la negación de un derecho tan básico y esencial como lo es la educación de su hija, alumna de tercer año medio, y a quien sólo le resta el último año para terminar su educación media.

El 21 de noviembre de los corrientes se le entregó una carta, confirmando lo anterior, pero en la que se suman hechos que habrían ocurrido con anterioridad, relativos a anotaciones negativas de la alumna, lo que demuestra el actuar arbitrario e ilegal con que actuó el colegio, al pretender justificar su decisión con nuevos antecedentes que en su momento no fueron indicados al apoderado; recalcando que es el mismo colegio recurrido quien no ha cumplido con lo establecido en el manual de convivencia, ya que estos nuevos antecedentes agregados dicen relación con faltas graves y gravísimas anteriores, debiendo haberse procedido a la suspensión de la alumna en su oportunidad, lo que no ocurrió, reprochándosele recién ahora por actuaciones que tuvo en el pasado.

A continuación alega vulneración a la garantía consagrada en el artículo 19 N°10 de la Carta Fundamental, lo que debe ir especialmente en concordancia con la ley N°20.370, que en sus artículos 2 y 3 define lo que debe entenderse por educación, los principios de la misma y el alcance de esta.

Destaca que en nuestra legislación la educación es tratada como un derecho fundamental, tanto en su aspecto de acceso a la adecuación como la libertad de enseñanza y del análisis de los hechos ocurridos, ante una conducta que merezca reproche, esta debe ser solucionada bajo otros mecanismos, evitando estigmatizar a la alumna como autora de un delito que no cometió, más aun cuando el fondo del asunto es la educación de la niña. Añade que las medidas adoptadas por la recurrida van en contra de los principios de igualdad, no discriminación y legalidad, por lo que solicita que se declare ilegal y arbitraria la decisión tomada por el colegio recurrido, de suspender, dejar condicional y no permitir la renovación de matrícula para el año 2023 de la alumna nombre reservado; se ordene dejar sin efecto la condicionalidad, y se permita renovar la matrícula para el año 2023; se prohíba a la recurrida adoptar medidas tendientes a prohibir, suspender, condicionar o limitar el acceso a los servicios educacionales, producto de conductas que no revistan caracteres de delito; y se oficie a la Superintendencia de Educación, a efectos de que aplique las sanciones administrativas correspondientes, en caso que procedan, por el grave incumplimiento en la normativa educacional; y se adopten las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Juan Pablo González Cruz, en representación de la Sociedad Educacional Chañares S.A, solicitando el rechazo con costas del recurso, por no existir un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado las garantías invocadas, ni que dichos derechos tengan el carácter de indubitado.

En primer lugar, realiza una referencia de los antecedentes del Colegio Chañares y su proyecto educativo institucional y luego, como antecedente de contexto, indica que debido a la ubicación del colegio, donde hay un importante flujo de personas, sumado a la existencia de sitios eriazos en las cercanías y la existencia de un centro comercial, constituyen una fuente de peligro para los alumnos. A lo que se suma que muchos alumnos salen en el horario de almuerzo, con autorización de sus padres, para ir a almorzar a sus casas, pero es habitual que en vez de aquello, se dirigen al centro comercial.

Precisa que el 19 de agosto de 2022 se les envió a los apoderados un comunicado en el que se les recordaba que el pase de salida de almuerzo tiene la finalidad que los alumnos almuercen en sus hogares y no en otros lugares. Añade que el 22 de agosto dos alumnos fueron sorprendidos sustrayendo mercadería del supermercado ubicado en el centro comercial, por lo que el colegio reforzó la información que se les había entregado a los padres, esta vez a los mismos alumnos. Indica que el colegio procedió a organizar e impartir una serie de charlas formativas a los alumnos, que detalla en su informe.

En cuanto a la sanción aplicada, indica que respondió a un hecho concreto y puntual, consistente en que el 9 de noviembre de 2022, la alumna fue sorprendida por personal de seguridad del supermercado jumbo, sustrayendo diversas mercaderías –chocolates y bebidas- sin haberlos pagado. Reitera que el hecho no ocurre en un contexto que no haya pasado nada con anterioridad, al haber ocurrido hechos similares de parte de otros alumnos, según ya se detalló.

Destaca que los alumnos, conforme a su desarrollo, van entendiendo que el incumplimiento de las normas impuestas lleva acarreado una sanción, la que se adecúa a su gravedad y a su capacidad de deliberación. A mayor gravedad de la falta, mayor la gravedad de la sanción. Por el contrario, no sancionar fuertemente las faltas más graves no sólo significa una minusvaloración de la norma, sino que, y más importante en el contexto educacional, significa una minusvaloración del respeto a los demás, porque las normas no existen solo para obedecerlas, sino para convivir con otras personas.

Precisa que el hecho que motivó la sanción, esto es, realizar acciones de hurto vistiendo el uniforme del colegio, constituye de las faltas más graves contempladas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Añade que para la aplicación de la sanción de no renovación de la matrícula, se tuvo en consideración no solo la falta cometida, sino también los antecedentes disciplinarios de la alumna. Además, se tuvo en consideración todo el trabajo que el colegio ha desplegado para evitar este tipo de sucesos.

A continuación arguye que nada justifica lo que hizo la alumna, quien estaba plenamente advertida de la gravedad de un hecho como el que protagonizó y sus consecuencias. Añade que, conforme consta en los documentos aportados por la recurrente, la alumna lo hizo para sentir la emoción de hacerlo, de probar si las pillarían, si eran capaces, etc., y que además sabía que este hecho acarreaba la sanción de no renovación de matrícula.

Luego alega que habiéndosele otorgado al apoderado un plazo de 5 días para pedir una reconsideración, antes de transcurrido dicho plazo, decidió interponer la presente acción.

Respecto a la existencia de los hechos que motivaron la sanción, indica que la no renovación de la matricula se debió al hecho ya relatado de haber sido sorprendida en horario de almuerzo, con uniforme escolar, intentando sacar mercaderías del supermercado, sustracción que no se pudo consumar porque fue impedida por los guardias y, finalmente, porque los productos se pagaron. Por lo que no hay dudas de que el hecho ocurrió.

En cuanto a la calificación de los hechos, alega que el colegio no ha calificado los hechos ocurridos con el delito de hurto establecido en el Código Penal, y menos ha aplicado la sanción dispuesta en el Código Penal por ese delito.

Refiere que cuando el Manual de Convivencia utiliza la palabra “hurto”, no se refiere al hurto penal descrito en el Código Penal y a que se refiere la 4ª acepción de la palabra hurto en el diccionario de la RAE, sino a la 1ª acepción de la palabra: acción de hurtar, que el mismo diccionario define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas.

Alega que negar la posibilidad de que el Colegio establezca el hurto como una falta al Manual de Convivencia Escolar, vulnera la autonomía que tienen los cuerpos intermedios para darse sus normas internas, principio consagrado en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, y ejercer así la jurisdicción doméstica.

Respecto a la competencia del colegio para realizar esa calificación, alega que al reconocer el ordenamiento constitucional la autonomía de los cuerpos intermedios para darse sus propias normas internas y cumplir así sus fines específicos, pueden esos cuerpos intermedios aplicar esas normas y no depender del Estado para su aplicación. Añade que es el mismo legislador quien exige que las comunidades educativas tengan un manual de convivencia escolar. Por lo que no cabe duda que el Colegio está dotado de la competencia, reconocida por la Constitución y las Ley General de Educación, tanto para establecer un catálogo de faltas, como sancionar su comisión.

Arguye que el hecho de que ciertas conductas que constituyan faltas de acuerdo al manual de convivencia, el legislador las haya tipificado como delito, no es óbice para aplicar una sanción del manual de convivencia, por cuanto la aplicación de dicho manual no es ejercicio de la jurisdicción en sentido estricto, sino jurisdicción doméstica.

Señala que la concreta calificación que realizó el colegio de esos hechos, a fin de aplicar el manual de convivencia, consideró que los hechos ocurridos constituían una falta grave y una falta gravísima, conforme queda expresado en la comunicación enviada al apoderado.

Reitera que para imponer la sanción se tuvo en consideración la gravedad de la conducta y el contexto en que ocurrió la falta; y adicionalmente se tuvo en consideración la conducta de la alumna durante el año escolar, en que ha tenido a lo menos 4 faltas graves y gravísimas, una de las cuales fue protagonizada por la madre de la alumna.

Arguya que determinar si la medida es proporcional a la falta, es un juicio que corresponde realizar al colegio. Que la conducta de la alumna demuestra un total desprecio al proyecto educativo, siendo un muy mal ejemplo para los demás alumnos del colegio, lesionando además el buen nombre del colegio; por lo que la sanción aplicada resulta del todo razonable.

Respecto de las faltas incurridas por la alumna durante el año escolar, precisa que una de esas faltas era de conocimiento del recurrente, por cuanto tuvo como protagonista a la madre de la alumna, que increpó a un directivo del colegio por una corrección que le hizo a la alumna. Añade que no todas las faltas cometidas por los alumnos mayores son reportadas a los apoderados, y que son los directivos y profesores quienes deben ponderar qué faltas deben comunicarse a los padres con cierta urgencia y cuáles solo deben constar en su hoja de vida.

A continuación indica que para sancionar a la alumna se hizo la correspondiente indagación con la alumna y su madre, ajustándose a un debido proceso que significó recolección de antecedentes, y que se entregó a la alumna y sus padres la posibilidad de hacer valer sus descargos en las entrevistas respectivas. Además, el Consejo de Dirección del Colegio tomó la decisión de la cancelación de la matrícula luego de haber consultado el caso al consejo de profesores. Además, se otorgó el correspondiente derecho a pedir reconsideración de la medida, derecho que el apoderado no ejerció.

Enseguida, alega que la supuesta vulneración del derecho a la educación no se encuentra protegida mediante la acción de protección. Sin perjuicio de aquello, tampoco existe vulneración a este derecho, por cuanto la no renovación de la matrícula no significa vulneración al derecho de que la alumna puede exigir del Estado, que se le entregue educación en algún colegio público, y no significa tampoco que no pueda matricularse a la alumna en otro colegio.

Finalmente arguye que la sanción impuesta deriva de un incumplimiento contractual del recurrente, y no se trata de un problema de garantías fundamentales. Lo anterior, ya que los padres suscribieron un contrato, y que las sanciones aplicadas son ejecución de las sanciones acordadas en el mismo contrato, conforme a las cláusulas cuarta y sexta que transcribe.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la pretensión de la acción constitucional deducida es revertir la decisión adoptada por el Colegio Chañares, de condicionalidad de la alumna y en especial, de no renovación de matrícula para el año 2023.

SEXTO: Que, conforme a la normativa vigente, la recurrida debe sujetarse en su actuar a lo dispuesto en Ley General de Educación N° 20.370, la que en lo pertinente, en la letra f) del artículo 46 señala que debe contar: “contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”.

SÉPTIMO: Que de los antecedentes acompañados, las alegaciones de ambas partes y los fundamentos plasmados en la carta que contiene la decisión recurrida, se colige que a la hija de la recurrente se le aplicó la medida disciplinaria de no renovación de matrícula. Lo anterior consta en misiva enviada al apoderado recurrente, de fecha 21 de noviembre de 2022, que señala, en lo pertinente, lo siguiente:

“La presente, tiene por objeto informar y formalizar la determinación tomada por el Consejo Directivo previa consulta al Consejo de Profesores reunido el día 15 de noviembre de 2022, en relación a su hija nombre reservado, alumna del curso III Medio A, de nuestro colegio.

El Consejo Directivo ha tomado la decisión de No Renovar la Matrícula de la alumna para el año 2023.

La decisión se toma a raíz de los siguientes hechos, que son de su conocimiento, y luego de haber llevado a cabo la correspondiente investigación:

1° Durante el día miércoles 9 de noviembre, alrededor de las 14:30 hrs., se recibió un llamado por parte del área de Gerencia del supermercado Jumbo, sede Angamos Sur, por medio del cual se nos notificó que una alumna de nuestro establecimiento fue sorprendida intentando sustraer distintos productos comestibles desde su supermercado sin haberlos pagado. La alumna involucrada fue nombre reservado.

Faltas al Manual de Convivencia en las que se incurrió:

FALTA GRAVE:

· N°2 Lesiones al honor y buen nombre del Colegio, por parte del alumno o del apoderado.

FALTA GRAVÍSIMA:

· N°25 Realizar acciones de hurto, robo, riñas y/o desórdenes en la vía pública, portando y/o vistiendo el uniforme del Colegio.

Para tomar la determinación de No Renovación de la Matrícula para el año 2023, se han considerado además las faltas tipificadas como graves y gravísimas cometidas por la alumna en el último año, que van en la línea de faltar el respeto, mantener una postura contestataria y desafiante con otros miembros del Colegio, concretamente para con la autoridad, así como el incumplimiento de las normas establecidas.

A continuación se detallan los antecedentes considerados para esta resolución:

I.- ANTECEDENTES CONDUCTUALES RELACIONADOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA.

2° A fines del segundo trimestre y al comienzo del siguiente, durante la elección del diseño del polerón de Generación 2023, Josefa –junto a un grupo de amigas- manifestó abiertamente de manera constante su descontento con la decisión del grupo, expresando abiertamente su determinación de no respetar el acuerdo tomado por el curso y mandar, de forma individual, a confeccionar un polerón, con la colaboración de sus padres, acorde a sus preferencias. En el transcurso de la elección, Josefa, de manera despectiva a irreverente, manifestó a sus profesores “estar coludidos” con el resto del grupo, en especial con el III Medio B, en la elección del polerón. Los profesores se vieron involucrados en críticas por parte de Josefa y su grupo de amistades, llegando a cuestionar su ética profesional.

Faltas al Manual de Convivencia escolar en las que se incurrió:

FALTA GRAVE:

· N°3 Faltar el respeto de manera verbal o gesticular a funcionarios, apoderados, adultos, compañeros y/o cualquier miembro del establecimiento.

FALTA GRAVÍSIMA:

· N°14 Agredir de hecho o palabra a un compañero o cualquier miembro de la unidad educativa.

· N°19 Menoscabar a profesores a través de lenguaje grosero y/o actitud de irreverencia física y/o verbal.

3° Durante una clase de inglés online, impartida el día martes 18 de octubre desde Estados Unidos, Josefa junto a su grupo de amigas tuvieron un mal comportamiento, debido al cual se le hizo un llamado de atención al curso. Fueron reprendidas por la Directora de Ciclo, Miss Yepsi Guerrero. Josefa, interrumpiendo de manera irrespetuosa, dijo que esa no era la forma de dirigirse a ellas, agregó que le diría a su papá que se acercara a reclamar.

Faltas al manual de Convivencia en las que se incurrió:

FALTA GRAVE:

· N°3 Faltar el respeto de manera verbal o gesticular a funcionarios, apoderados, adultos, compañeros y /o a cualquier miembro del establecimiento.

FALTA GRAVÍSIMA:

· N°19 Menoscabar a profesores a través de lenguaje grosero y/o actitud de irreverencia física y/o verbal.

4° Durante el aniversario del Colegio, la Directora de Formación le hace ver a Josefa que su vestido es inadecuado para un baile por ser excesivamente escotado y corto, lo que le produciría incomodidad. Se percibió que éste le preocupaba porque, de continuo, se lo acomodaba para cubrirse. La Directora le pidió que se pusiera algo encima. Cuando ésta abandonó el lugar, Josefa hizo a sus espaldas un gesto de desprecio que fue percibido por alumnos, exalumnos y apoderados. Al terminar la jornada, la madre de Josefa, muy molesta, increpó a la Directora de Formación, acusando maltrato a su hija por lo ya relatado, agregando que la denunciaría. Cabe considerar que la madre solo conocía la situación a través de su hija.

Faltas al Manual de Convivencia en las que incurrió la alumna:

FALTA GRAVE:

· N°3 Faltar el respeto de manera verbal o gesticular a funcionarios, apoderados, adultos, compañeros y /o a cualquier miembro del establecimiento.

FALTA GRAVÍSIMA:

· N°6 Faltar el respeto en actividades propias del Colegio.

· N°19 Menoscabar a profesores a través de lenguaje grosero y/o actitud de irreverencia física y/o verbal.

Normas del Manual de Convivencia a las que ha faltado el apoderado:

1.- Conocer y respetar el Proyecto Educativo del establecimiento y los Reglamentos de Convivencia y de evaluación.

2.- Apoyar colaborativamente el trabajo del establecimiento, respaldando positivamente las acciones educativas que éste aplique a los educando.

6.- Incentivar directamente, mediante su ejemplo, el respeto hacia el establecimiento y sus funcionarios, y el cumplimiento de lo establecido en los diferentes reglamentos y circulares regulatorias de diferentes actividades que pueda realizar el colegio.

7.- Asumir las responsabilidades que le competen en la puntualidad y asistencia a clases de su pupilo, sí como la presentación personal, según las disposiciones establecidas para los alumnos en este mismo reglamento, justificando personalmente o por escrito en la agenda escolar, todo incumplimiento o falta en que incurra su pupilo.

5° Mientras unos alumnos de II Medio recolectaban –curso por curso- el dinero del “jeans day”, Josefa insultó a garabatos a una de éstas por no tener vuelto. Esto lo hizo en presencia de su grupo de amigas, a modo de burla.

Faltas al Manual de Convivencia en las que se incurrió:

FALTA GRAVE:

· N°3 Faltar el respeto de manera verbal o gesticular a funcionarios, apoderados, adultos, compañeros y /o a cualquier miembro del establecimiento.

FALTA GRAVÍSIMA:

· N°14 Agredir de hecho o de palabra a un compañero o a cualquier miembro de la unidad educativa.

SÉPTIMO: Que se tendrá presente que a la adolescente se le aplicó el Manual de Convivencia Escolar del establecimiento, en cuyo punto N° 5 se encuentran reguladas las transgresiones a la norma, indicando lo siguiente:

“Considerando la diversidad de faltas que puedan cometer los alumnos, es decir ocasiones o situaciones en que el educando se exprese a través de conductas calificadas como inadecuadas o que infringen disposiciones reglamentarias, se hace necesario clasificarlas para aplicar medidas proporcionales en cada caso.

De igual manera y dado que el Reglamento de Convivencia es uno solo para todos los alumnos del Colegio, se hace necesario considerar el grado de madurez del alumno antes de aplicar las medidas pertinentes en cada caso”.

Dicho Manual detalla los distintos tipos de faltas, según su gravedad, y el tipo de sanción aplicable, en los siguientes términos:

FALTAS LEVES: La reiteración de faltas Leves (3 ocasiones) serán sancionadas con trabajo comunitario; de reiterarse esta conducta (9 ocasiones) deberá asistir a un día de estudio especial el día sábado de 8:00 am a 10:00 am, previo aviso a la familia del alumno(a) sancionado(a) por escrito. De reiterarse la falta posterior a la asistencia a estudio especial esta será considerada como falta GRAVE y la sanción será de 1 a 2 días de suspensión, sin derecho a apelación.

La falta cometida debe ser registrada en la hoja de vida del alumno, y deberá sostenerse una conversación con el alumno y apoderado, con el fin de que asuma el error y genere instancias de superación.

FALTAS GRAVES:

1 Las faltas GRAVES serán sancionadas con la reparación del daño o desperfecto según corresponda; 1 o 2 días de suspensión, previo aviso por escrito a la familia del alumno(a) sancionado(a). En caso de existir alguna evaluación el alumno solo asiste a rendir la materia a evaluar.

2 La reiteración de faltas GRAVES serán sancionadas de dos a tres días de suspensión, previo aviso por escrito a la familia del alumno sancionado. La falta cometida debe ser registrada en hoja de vida del alumno(a) y deberá sostenerse una conversación con el alumno(a) y apoderado, con el fin de que asuma el error y genere instancias de superación.

Se efectuarán firmas de compromisos de parte del apoderado y del alumno en Carta de Compromiso o Condicionalidad, según corresponda la situación contractual del alumno.

Sin perjuicio de lo anterior se evaluará la permanencia del alumno como alumno regular del establecimiento.

FALTAS GRAVÍSIMAS:

Las faltas GRAVISMAS serán sancionadas con 3 a 5 días de suspensión, previo aviso por escrito a la familia del alumno.

Según la gravedad de la falta gravísima o según esta contemple “Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, todo acto que esté en contra de la Ley 20.000 antidrogas y de Alcoholes esta podrá llegar a la CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.

La falta cometida debe ser registrada en la hoja de vida del alumno y deberá sostenerte una conversación, con el alumno con el fin de que asuma el error y genere instancias de superación.

Luego, el mismo manual, en el punto 5.1 trata de las sanciones, indicando que es necesaria la aplicación de una escala de medidas disciplinarias tendientes a mejorar la conducta de los alumnos cuando éstos transgreden las normas establecidas, presentando modelos de comportamiento no aceptado, para evitar repetición o proliferación de faltas. Añadiendo que las medidas disciplinarias aplicadas tendrán siempre un sentido pedagógico ejemplificador aplicándose en función de los antecedentes que se disponen en el momento de aplicarlas.

OCTAVO: Que, acorde a la normativa del Manual de Convivencia transcrito precedentemente, se constata que dicho manual clasifica las faltas en leves, graves y gravísimas, estableciendo una regla de gradualidad y considerando su reiteración. Sin embargo, cabe tener presente que la Ley N° 20.370, no sólo exige tener en cuenta dichos aspectos en relación a las medidas disciplinarias, sino que también ordena que se cumpla con el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.

NOVENO: Por otro lado, debe tenerse presente que la medida de no renovación de una alumna, constituye una medida extrema, a la que solamente cabe recurrir en caso que ninguna otra pueda cumplir eficazmente la función para la cual todo establecimiento educacional ha sido creado, esto es, como señala el artículo 2° de la Ley General de Educación, N° 20.370: “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”

Esto significa que al adoptar la decisión de no renovación de matrícula, el colegio de que se trate asume que hizo todo lo que estuvo a su alcance e igualmente no se pudo cumplir con las finalidades antes indicadas.

DÉCIMO: Que para resolver el conflicto y antes de considerar aspectos de fondo debe analizar el cumplimiento del procedimiento contenido en el manual de convivencia, para verificar si se configuran las imputaciones efectuadas por la recurrente.

Respecto al hecho acaecido en noviembre de 2022 en el supermercado Jumbo, puede observarse que, habiéndose configurado la infracción, se aplicó una sanción dentro de los márgenes establecidos en la normativa interna –suspensión por 3 días y condicionalidad- cuya proporcionalidad está previamente establecida en dicho instrumento. Asimismo, tanto la alumna como el apoderado tuvieron la oportunidad de ser oídos e informados, conforme consta de las entrevistas realizadas el 10 de noviembre de 2022.

No obstante, respecto de los otros antecedentes tenidos en cuenta para aplicar la sanción de no renovación de matrícula, a saber, los antecedentes conductuales previos de la alumna; si bien estos se detallan en la carta enviada al apoderado con fecha 21 de noviembre, se aprecia que se trata de cinco eventos, los cuales el colegio califica todos, como faltas graves y gravísimas, no obstante, respecto de ninguno de ellos se aplicó alguna de las sanciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, es más, se desprende que no se aplicó sanción alguna a la alumna, ni mucho menos se informó de estos eventos al apoderado, sino sólo varios meses después, al tomar la decisión de no renovar la matrícula de la adolescente.

Es así como la misma recurrida reconoce en su informe que el apoderado tomó conocimiento sólo de un evento, y aquello se debió a que en este estuvo involucrada la madre de la niña, por lo que el conocimiento de aquel se obtuvo de manera informal, sin que se cumpliese con el procedimiento establecido en la normativa interna del establecimiento.

DECIMOPRIMERO: Que la recurrida alega en su informe que no sancionar fuertemente las faltas más graves significa una minusvaloración de la norma y del respeto por los demás; no obstante aquello, y como ya se razonó, aun cuando la alumna había realizado conductas previas que, de conformidad al manual de convivencia escolar tenían el carácter de graves y gravísimas, el colegio no aplicó sanción alguna a la alumna, por lo que mal puede pretender que la alumna, -que es una menor de edad en desarrollo- comprenda debidamente las consecuencias de su actuar, si con anterioridad su actuar no fue debidamente reprochado, ni informado debidamente a su apoderado.

En consecuencia, malamente se pudo obtener el objetivo de las sanciones a las conductas previas, si no se aplicó sanción alguna que permita a la adolescente recapacitar sobre sus acciones y mejorar su conducta. No bastando la mera constancia en la hoja de vida de la alumna.

En el mismo sentido, a lo menos llama la atención que si a juicio del colegio, las acciones de Josefa fueron tan gravísimas y reiteradas, por qué no se aplicó en ninguno de los casos las sanciones indicadas en el manual, el que indica sanciones en términos imperativos, al señalar expresamente que las faltas graves y gravísimas “serán sancionadas…”.

DECIMOSEGUNDO: Que, en conclusión, si bien respecto del último evento constitutivo de falta por parte de la alumna, se decidió por la recurrida aplicar las sanciones establecidas en el manual; no debe perderse de vista que este actuar va en contravención a los actos propios del colegio; quien, como ya se dijo, estando en conocimiento de las infracciones anteriores, constitutivas de faltas graves y gravísimas, no aplicó sanción alguna respecto de los cinco eventos anteriores ni tomó acciones tendientes a mejorar la conducta de la alumna y recién respecto del último evento, no solo decide aplicar varias sanciones a la alumna, sino que dentro de ellas se aplicó una de las más gravosas.

A mayor ahondamiento, respecto de la reiteración de faltas graves, indica el manual expresamente que “deberá sostenerse una conversación con el alumno Y EL APODERADO, se efectuarán firmas de compromiso del alumno y apoderado. No obstante, nada de esto se realizó respecto de las faltas anteriores, sino solo respecto del último hecho.

DECIMOTERCERO: Que, respecto del debido proceso, y como se adelantó, en el caso de narras no se advierte que se haya respetado a cabalidad un debido proceso, ya que lo que fundó la sanción de cancelación de matrícula no fue solo el hecho puntual ocurrido el 9 de noviembre; sino que la conducta anterior de la alumna. No obstante, respecto a estas infracciones previas, no se siguió ningún proceso, no se les informó a los padres, a pesar de tratarse, a juicio del colegio de infracciones todas que correspondían en forma conjunta a conductas graves y gravísimas.

Es así como solo se dio la posibilidad al apoderado y alumna, de ser oídos respecto de los hechos acaecidos el 9 de noviembre. Pero en dicha entrevista nada se les dijo respecto de que había antecedentes conductuales previos, ni en qué consistían estos. Lo que recién se realizó con la comunicación de no renovación de matrícula, y si bien se le otorgó un plazo para pedir reconsideración, aquello no obsta la deficiente entrega de información al apoderado, en la oportunidad correspondiente.

Por otro lado, respecto al evento del 9 de noviembre, si bien consta de la documentación acompañada que se informó a la alumna y apoderado que las medidas disciplinarias para este caso son carta de condicionalidad y suspensión por dos días, no consta que la carta de condicionalidad indicada se haya realizado ni cumplido con la información que debía contener, conforme lo dispuesto en el mismo manual de convivencia escolar, el que establece que se utilizará una ficha especial en que se registrarán a lo menos los siguientes antecedentes: a) Problema del alumno; b) Objetivos a lograr por el alumno y los padres para su consecución (resultados deseados); c) Compromiso de Padres y Apoderados; d) Estrategias y procedimientos a aplicar por el Colegio; e) Monitoreo periódico de la situación (responsables); f) Resultados obtenidos; g) Toma de conocimiento a través de firma del alumno, apoderado, profesor jefe, Directora de Ciclo.

DECIMOCUARTO: Que, además, en atención a la exigencia que impone el manual de racionalidad y justicia en el procedimiento sancionatorio, se debe entender que el principio de proporcionalidad forma parte del debido proceso, y como consecuencia, debe existir coherencia entre la falta cometida y la sanción impuesta, de otra forma la última deviene en injusta. Además, no puede soslayarse el carácter formativo y pedagógico de la sanción, según lo indica textualmente el manual. Así por lo anterior, al imponer a la alumna la medida de no renovación de matrícula, es decir, una de las más drásticas, requiere necesariamente de una justificación adecuada que permita comprender por qué se sanciona, respuesta que no se encuentra en comunicado transcrito en el considerando sexto de esta sentencia, y que no puede suplirse a través del informe de la recurrida.

DECIMOQUINTO: Que el actuar antes descrito, junto con vulnerar la garantía prevista en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República con relación a la integridad física y psíquica de la persona afecta asimismo la garantía de igualdad ante la ley de conformidad al N°2 de la disposición en comento ya que de desestimarse la acción cautelar deducida y por su especial condición, la niña se vería afectada en su integridad física y psíquica consecuencia de la arbitrariedad e ilegalidad incurrida por el establecimiento educacional, el que debió tener en consideración sus principales funciones, lo exigido en la ley 21.430 y en especial el ordenamiento jurídico en su totalidad que incluso a personas adultas que incurren en hechos ilícitos comprobados, no como en este caso, por tratarse de asuntos mínimos la ley no solo los exime de sanción cuando se trata de un delito de bagatela, si no que busca salidas alternativas que le impidan una sanción si tiene un buen comportamiento. Por lo demás ha sido el colegio quien ha incurrido en inoperancias cuando sus propios alumnos no se adscriben a las normas básicas de convivencia pacífica debiendo a lo menos existir un cuestionamiento en la enseñanza y formación de los niños para convencerlo de un actuar correcto mediante un desarrollo integral y educación eficiente. Pero, lo más grave en cuanto al fondo con relación a la arbitrariedad e ilegalidad es que no se ha respetado especialmente los intereses superiores de los niños, niñas o adolescentes respecto de la comunidad escolar toda como a si mismo en forma particular con la afectada, pasando a llevar reglas básicas como aplicar dos veces sanciones por un mismo hecho, establecer la existencia de un delito sin que haya una sentencia ejecutoriada para ello, imputar irregularmente un hecho ilícito sin una investigación clara y precisa que pudiere generar excusas absolutorias o cualquier otra conducta que explique la situación.

DECIMOSEXTO: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, el actuar de la recurrida resulta ser arbitrario, por la desproporción que hay entre la conducta atribuida y la medida adoptada por la recurrida, y asimismo es ilegal toda vez que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación, al no incorporar la descripción de un justo procedimiento a efectos de garantizar un adecuado derecho de defensa de los alumnos, motivo por el cual la acción constitucional debe ser acogida.

DECIMOSÉPTIMO: Que además debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 21.430 que señala: “Artículo 7.- Interés superior del niño, niña o adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta.

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.

Conforme a este principio, ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente.

Los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niña o adolescente, que exige procedimientos transparentes y objetivos que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

Para su determinación, se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente o grupo de niños, niñas o adolescentes como:

a) Los derechos actuales o futuros del niño, niña o adolescente que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad.

b) La opinión que el niño, niña o adolescente exprese, cuando ello sea posible conforme a su edad, grado de desarrollo, madurez y/o su estado afectivo si no pudiere o no quisiere manifestarla.

c) La opinión de los padres y/o madres, representantes legales o de quien lo tuviere legalmente a su cuidado, salvo que sea improcedente.

d) El bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social del niño, niña o adolescente.

e) La identidad del niño, niña o adolescente y las necesidades que de ella se derivan, sean éstas físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico.

f) La autonomía del niño, niña o adolescente y su grado de desarrollo.

g) Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos.

h) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, niña o adolescente considerando su entorno de vida.

i) Otras circunstancias que resulten pertinentes en el caso concreto que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro”.

DECIMOCTAVO: Que asimismo ha sido esta propia ley la que en su artículo octavo prohíbe la discriminación arbitraria en los niños, niñas y adolescentes, estatuyéndose que tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria como la que hoy le afecta, precisándose en esta disposición que deberá tenerse específicamente prohibido una discriminación a propósito de “estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres y/o madres, familia, representantes legales o de quienes lo tengan legalmente a su cuidado”.

Por consiguiente habiéndose desconocido el propio manual de convivencia, las normas básicas de convivencia pacífica que existen en la sociedad para un correcto desarrollo integral de las personas y especialmente la legislación referida, se ha incurrido en acciones ilegales y arbitrarias que afectan derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República artículo 19 N°1 y 2, respecto de lo cual la Corte de Apelaciones está obligada a adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, sin perjuicio de los derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad por los tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE con costas, el recurso deducido por Hugo Javier León Saavedra, en representación de nombre reservado como padre de la niña nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional Chañares S.A., y se deja sin efecto la medida de no renovación de matrícula de la alumna para el año 2023 quien deberá ser ingresada en forma regular sin sanción ni reproche alguno, adoptándose las medidas conducentes para evitar la ignominia, la igualdad de trato en los términos del artículo 8 de la ley 21.430 y la no discriminación arbitraria.

Remítase copia de esta sentencia a la Superintendencia de Educación de esta región con el objeto que se adopten las medidas correspondientes para el resguardo de las garantías constitucionales aquí referidas.

Con motivo de la entrada en vigencia el 01 de Julio de 2022 del Acta 44-2022 de la Corte Suprema, sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas, se indica que la presente sentencia cumple con el presupuesto de anonimización.

Regístrese y comuníquese.

Rol 36.422 - 2022 (PROT)