QUANT CHILE SPA. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a catorce de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Elías Ortega Cahuas, abogado, en representación de Quant Chile SpA, representada legalmente por don nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por doña nombre reservado.

Informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traídos los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por medio del presente recurso la recurrente solicita que se deje sin efecto el Ordinario Nº 956 de fecha 20 de julio de 2020, por ser arbitrario e ilegal, y vulnerar las garantías constitucionales consagradas en los Nº 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que con fecha 20 de febrero del presente, doña nombre reservado, fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, dictó Resolución de Multa Administrativa Nº 8593/20/8, en contra de su representada, enviándola por correo certificado. Sin embargo, su representada extravió el sobre conductor, razón por la que consultó a la misma fiscalizadora sobre la fecha de notificación, quien indicó, en definitiva, que la fecha de notificación fue el día 5 de marzo de 2020.

Así, y dentro del plazo legal, habría solicitado reconsideración administrativa por escrito al Director del Trabajo, conforme a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, ingresando dicha solicitud mediante correo certificado con fecha 3 de abril de 2020. No obstante lo anterior, por medio de Ordinario Nº 956 de fecha 20 de julio de 2020, se resolvió no dar tramitación a la solicitud de reconsideración, desde que el recurrido sostuvo que no se habría presentado dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación.

Conforme lo expuesto, afirma que dicha resolución es arbitraria e ilegal, por dos consideraciones.

La primera, porque incurre en un error respecto de la fecha de ingreso de la reconsideración, desde que indica que la presentación se habría realizado con fecha 22 de abril de 2020, en circunstancias que se presentó por correo certificado el 3 de abril de 2020, mientras que la primera fecha solo dice relación con aquella en que la carta es entregada a la destinataria. Así, el acto incurriría en una confusión respecto de la fecha de ingreso de la reconsideración al correo certificado y la fecha de su recepción por parte del destinatario.

Sobre este punto señala que la propia Dirección del Trabajo, en sus circulares internas y órdenes de servicios ha establecido como válida la posibilidad de realizar la presentación de reconsideraciones administrativas mediante correo certificado. En particular la Circular Nº 46 de fecha 22 de mayo de 2012, vigente a la fecha, en su punto 4. letra a) dispondría que el ingreso dentro de plazo se entenderá cumplido “si el empleador acredita haber ingresado su reconsideración vía correo certificado, hasta el último día del plazo de 30 días que tiene para ello”, por tanto, el criterio del Servicio respecto a la fecha de presentación de la reconsideración es la fecha de ingreso al correo certificado.

Refiere que lo expuesto atenta contra el principio de confianza legítima, por cuanto el recurrido ha cambiado el criterio sostenido tanto en la circular como en la práctica invariable del Servicio, respecto de la fecha en que debe entenderse presentada la reconsideración administrativa, sin que se entreguen los argumentos de hecho o de derecho que den fundamento al cambio aplicado.

La segunda, porque existiría una omisión e imprecisión respecto de la fecha de notificación de la multa, desde que la resolución recurrida no precisa con debida claridad si el día 5 de marzo de 2020 corresponde a la fecha de notificación real de la multa, fecha de notificación presunta o a la fecha de ingreso de la resolución a Correos de Chile, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo. Lo anterior, resultaría determinante para el ejercicio del derecho a defensa, precisamente en los casos en que se rechazan los recursos por extemporaneidad.

En lo que dice relación con el acto arbitrario e ilegal, se trataría del Ordinario Nº956 de 20 de julio de 2020, que le negó el legítimo derecho a solicitar en tiempo y forma la reconsideración administrativa de la Resolución Nº8593/2020, modificando de manera arbitraria el criterio para efectos de considerar una actuación dentro del plazo legal.

Respecto del plazo para interponer el recurso de reconsideración ante el Director del Trajo, explica que este se encuentra regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo, disponiendo que el multado y futuro reclamante tiene un plazo de 30 días para solicitar reconsideración, contado desde la notificación de la multa.

Agrega que el Dictamen Ordinario de la Dirección del Trabajo 0253/001 de 14 de enero de 2020, zanjó la antigua discusión administrativa en cuanto al cómputo del plazo, estableciendo, en lo pertinente, que el plazo para solicitar la reconsideración de las multas administrativas cursadas por inspectores del trabajo al tenor del artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos, es decir, de lunes a viernes, con exclusión de días sábados, domingos y festivos.

Conforme lo anterior, indica que, con el mérito de la notificación de la resolución que impone la multa Nº 8593.2020.8, de fecha 5 de marzo de 2020, y habiéndose interpuesto el recurso con fecha 3 de abril, lo ha sido dentro del plazo de los 30 días hábiles.

Finalmente, denuncia la infracción de las garantías consagradas en los Nº 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política. La primera, se ve vulnerada porque al rechazar recurrida la reconsideración por extemporánea ha modificado y aplicado un criterio particular para un caso en concreto, contraviniendo la propia instrucción del Servicios en Circular Nº 46 y, la segunda, por cuanto la recurrida se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley, presentado dentro del plazo legal.

Solicita, por tanto, que se deje sin efecto el acto administrativo consistente en el Ordinario Nº 956, emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por su representada respecto de la resolución de multa Nº8593/20/8, con costas.

SEGUNDO: Que evacúa informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, al no configurarse acto arbitrario o ilegal alguno.

En primer lugar, se refiere a los antecedentes de hecho. Explica que la Resolución de Multa Nº8593/20/8 fue notificada mediante carta certificada con fecha 5 de marzo de 2020, luego, el 22 de abril de 2020, se recepcionó la solicitud de reconsideración de multa administrativa, la que fue declarada inadmisible, a través del Ordinario Nº956 de 20 de julio de 2020, por extemporáneo.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que, luego de la notificación del recurso de protección intentado en su contra, se verificó la existencia de un error, desde la solicitud de reconsideración fue presentada el 3 de abril de 2020, mientras que el 22 de abril de 2020 solo se recepcionó aquella.

Conforme lo anterior, informa que con fecha 31 de agosto de 2020, la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, emitió la Resolución Nº7, invalidando de oficio el Ordinario Nº 956, de 20 de julio de 2020, ordenando retrotraer el proceso administrativo de la reconsideración de multa, declarando admisible la misma y ordenando su debida tramitación, generándose, en consecuencia, un nuevo ingreso a la plataforma informática DT Plus, con la fecha correcta de presentación.

Así, afirma que con la dictación del acto invalidatorio ha desaparecido toda la afectación de garantías, cuestión suficiente para desestimar el recurso de protección dada su naturaleza simplemente cautelar y no sancionatoria.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la recurrida al evacuar su informe, indica que, al habérsele notificado el presente recurso de protección verificó la existencia de un error al declarar inadmisible el recurso de reconsideración presentado por la recurrente, razón por la cual procedió a dictar de oficio la Resolución Nº7, invalidando el Ordinario Nº 956 de 20 de julio de 2020, retrotrayendo el proceso administrativo y declarando admisible el recurso de reconsideración.

SEXTO: Que, conforme lo anterior, y habiéndose retrotraído el proceso administrativo de la reconsideración de multa, declarando admisible la misma y ordenando su tramitación, dejándose, a su vez, sin efecto el acto que motivó la presente acción, el recurso ha perdido oportunidad, advirtiéndose la imposibilidad de adoptar alguna medida, debiendo en consecuencia rechazarse el recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA, sin costas, el recurso de protección deducido por Elías Ortega Cahuas, en representación de Quant Chile SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº 3603-2020 (PRO).