nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a once de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Rodrigo Sandoval Nara, abogado, en representación de nombre reservado, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, de Antofagasta, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación y nombre reservado, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, de Antofagasta, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2°, 3° inciso 5° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto el cobro del crédito social a través de descuentos por planilla de la remuneración del recurrente, o cualquier otra medida con el objeto de restablecer el imperio del derecho, con costas.

Evacuando informe la recurrida solicitó el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Expone que su representado adquirió un crédito de consumo con la institución Caja de compensación La Araucana por un monto de RUT reservado, indicando que en el documento se acordó autorizar al empleador del deudor a realizar los descuentos por dicho crédito en la remuneración del recurrente.

Agrega que, en el mismo instrumento, denominado “solicitud de préstamo”, pactan una especie de mandato en blanco de futuros empleadores con el objeto de asegurar el descuento a través de la remuneración del trabajador, y lo transcribe.

Refiere que, actualmente el recurrente mantiene contrato de trabajo con un empleador distinto, y además este empleador se encuentra afiliado a una Caja de Compensación distinta. Agrega que el 5 de septiembre último, su actual empleador, Sociedad comercial OX SPA, rut RUT reservado, le informa que Caja de compensación Los Andes le notificó que debía proceder a descontar de su liquidación de sueldo las cuotas del crédito personal adquiridos para ser enteradas a la institución Caja de Compensación Los Andes, quien, supuestamente, a través de un mandato para cobro, tendría la atribución legal de informar el descuento y obligar bajo amenaza de “multa” al empleador enterarlo.

A continuación, cita el artículo 22 de la Ley 18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo, y que se deduce que el pago y cobro de los créditos sociales, adquiridos a través de cajas de compensación se rigen por las normas que regulan las cotizaciones previsionales, de manera que el empleador se encuentra obligado a realizar el descuento y enterar el pago a la respectiva institución.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que la regla general es que los descuentos que se realicen en las remuneraciones deben estar acordados y autorizados por escrito. Agrega que, la recurrida sostiene que en la especie no se aplica el artículo 58 inciso 1 del Código del Trabajo, ya que se asimilaría el crédito social a una cotización previsional e incluso no se impone un límite de descuento, citando ORD 0262/004 de la Dirección del Trabajo.

Agrega que, sin perjuicio que el artículo 22 de la citada ley reenvíe respecto del pago y cobro de préstamos sociales a las normas de cotizaciones previsionales, no quiere decir que ambas obligaciones tengan la misma naturaleza, se asemejen en su origen o en sus efectos. Por lo anterior, resulta esencial que el trabajador deba autorizar a su empleador a proceder a descontar de su liquidación de sueldo los montos informados por la caja de compensación acreedora, resultando un documento obligatorio para la caja de compensación para que otorgue el mutuo de dinero.

Sin embargo, indica que la recurrida actúa en abuso de sus derechos, ya que solicita a la nueva entidad empleadora proceder al descuento por el crédito adquirido cuando el trabajador tenía otro empleador, otra remuneración e incluso otra Caja de Compensación, donde a través de la figura del mandato para el cobro, informan y obligan a los empleadores a descontar a los trabajadores créditos adquiridos en otras instituciones, apartándose del tenor de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, obviando las instituciones de los títulos de créditos, evitando las vías judiciales, bastando la sola información remitida a la empleadora de un crédito adquirido y su detalle de pago, respecto del cual el empleado no tiene conocimiento respecto de la adquisición del crédito, de la institución en la que se adquirió, de la autorización del trabajador para realizar los descuentos en su liquidación de sueldo, ni mucho menos del mandato para cobro que las faculta a obrar en representación de la Caja Acreedora.

Agrega que el artículo 22 de la Ley 18.833, restringe quien puede hacer el descuento, que corresponde al empleador afiliado a la Caja de Compensación que otorgó el crédito, lo que es lógico, porque de otra manera no tendría conocimiento el actual empleador sobre el origen de los montos que debe descontar, toda vez que a través de la autorización escrita mantiene un registro del monto de la deuda, las cuotas solicitadas, la entidad acreedora y el trabajador especifico que autorizó los descuentos y por si fuera poco, una declaración expresa del empleador de obligarse a descontar y remesar los valores informados a la institución.

Además, se infringe lo establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo, se requiere acuerdo escrito entre trabajador y empleador, además que no puede exceder del 15% de la remuneración total del trabajador.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, referida a la prohibición de ser juzgada por comisiones especiales, toda vez que informa al empleador que se descuenten dineros por créditos que fueron adquiridos con otra institución y por medio de la autorización de otro empleador, basado en una interpretación de norma jurídica que no le compete, sino al que ejerce jurisdicción, debiendo ser conocida por los tribunales de justicia, a través de un debido proceso.

En cuanto a la amenaza a la igualdad ante la ley, se ha vulnerado ya que mientras el resto ha sido objeto de un debido proceso, cuando se ejercen pretensiones indemnizatorias contractuales o de cumplimiento, el recurrente es obligado a enterar a través de su liquidación de remuneraciones los dineros informados por una institución que no es la acreedora y ante un empleador y condiciones laborales que no fueron consideradas al tiempo del otorgamiento del crédito.

Finalmente, en relación con la amenaza al derecho de propiedad, ya que existe un derecho indubitado que se ha visto vulnerado por la conducta de la recurrida al exigir al empleador que proceda a descontar parte de la remuneración de propiedad del recurrente y que no pueden ser alterados, además vulnera el artículo 58 del Código del Trabajo, ya que infringe normas laborales irrenunciables, ni menos admisibles cláusulas que limiten indefinidamente las remuneraciones. Refiere que la citada norma tiene como propósito la protección de las remuneraciones para lo que establece la forma de hacer efectivos los descuentos y los porcentajes máximos, teniendo un derecho indubitado de propiedad incorporal.

SEGUNDO: Que el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la Caja de Compensación de nombre reservado, evacúa informe, solicitando el rechazo con costas.

Agrega que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la Caja de Compensación La Araucana ha solicitado la gestión de descuentos en la remuneración de la recurrente por concepto de pago de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución.

Refiere que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social, su representada informó al empleador de la recurrente, para la realización de descuentos en su remuneración, por la suma de $125.464.-, lo recaudado por dicho concepto es luego remesado a la Caja acreedora, efectuando el cobro de cuotas en calidad de mandataria de la Caja de Compensación La Araucana y no posee más información del crédito otorgado.

Agrega que tiene la calidad de mandataria para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”, suscrito entre las Cajas de Compensación el 15 de abril de 2013, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

Expone que en este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de nombre reservado y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833.

Refiere que conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

Indica que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Por lo anterior, Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado a la Sra. nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833. A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación con el artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Que, en atención a lo hasta aquí informado y teniendo en consideración la calidad jurídica de la recurrida, solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que por resolución de 16 de octubre del presente se solicitó informe a Caja de Compensación La Araucana al tenor del recurso deducido en autos, el que fue evacuado por la abogada Yasna Vukic Zalaquett, en representación de la Caja de Compensación de nombre reservado La Araucana, solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término, expone antecedentes generales respecto del objeto que cumplen, esto es, la administración de prestaciones de seguridad social en los regímenes que indica.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social, ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circular N°2052 del año 2003 y sus respectivas modificaciones.

Circular, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de nombre reservado, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Refiere que el 15 de abril de 2013, las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de nombre reservado”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de nombre reservado, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos. Cabe señalar que en este contrato además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de nombre reservado y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de dicha Ley, en consecuencia cada Caja de Compensación cumpliendo con los requisitos de este Proyecto InterCajas, se ha obligado a proveer la información necesaria para poder cumplir los efectos del mismo.

A continuación, cita el artículo 22 inciso 1 de la Ley 18.833, artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y 58 del Código del Trabajo. En consecuencia, los descuentos a aplicar tienen sustento legal.

Refiere que una vez detectado quien mantiene una deuda con la entidad, su deuda (cuota) se incorpora en la respectiva nómina de descuento que se envía al empleador o incluso a sus futuros empleadores conforme pagaré que suscribe el trabajador y que dispone: “El pago de las cuotas se efectuará mediante descuentos por planillas de mis remuneraciones que, desde ya, autorizo a mi actual empleador y futuros empleadores para realizar.”. Lo anterior con el objeto de que el empleador aplique el correspondiente descuento y lo retenga, debiendo remesar el mismo conforme Sistema InterCajas, a la Caja de Compensación diputada para recibir dicho pago, la que a su vez remesa la cuota descontada a la caja acreedora.

Respecto de los antecedentes, indica que la recurrente solicitó dos créditos sociales. a) El crédito social folio N°022-000672838, otorgado el 09 de septiembre de 2010, por la suma de $339.880 pesos, pactado en 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $33.988 pesos cada una, a descontar a partir del 31 de octubre de 2010. Crédito respecto del que se pago desde la cuota N°1 a la cuota N°9, mediante descuentos en su remuneración, a través de su empleador empresa Rojas y nombre reservado Sociedad de Responsabilidad Limitada, RUT N°RUT reservado, no recibiendo más pagos por dicho concepto, a pesar de enviarse las respectivas nóminas de descuento a su empleador y sin existir antecedente alguno de que la recurrente haya concurrido a esta Caja a informar el término del vínculo contractual existente. b) El crédito social folio N°022-000720521, otorgado el 11 de febrero de 2011, por la suma de $5.547.024 pesos, pactado en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $154.084 pesos cada una, a descontar a partir del 31 de marzo de 2011. Crédito respecto del que se pago desde la cuota N°1 a la cuota N°3 y abonado a la cuota N°4, mediante descuentos en su remuneración, a través de su empleador empresa Rojas y nombre reservado Sociedad de Responsabilidad Limitada, RUT N°RUT reservado, no recibiendo más pagos por dicho concepto, a pesar de enviarse las respectivas nóminas de descuento a su empleador y sin existir antecedente alguno de que la recurrente haya concurrido a esta Caja a informar el término del vínculo contractual existente.

Agrega que se procedió a informar las cuotas adeudadas por el sistema intercajas, recibiendo noticias en el mes de julio de 2019, por encontrarse trabajando en una entidad afiliada a Caja de Compensación Los Andes, procediendo su representada a enviar la nómina a la citada caja, para que aquella en calidad de diputada en el pago, remitiera a su actual empleador los montos a descontar de las cuotas restantes de los créditos solicitados.

Refiere que, conforme al marco legal expuesto, deben ser deducidos por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por ende, el nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor.

Además, el descuento solicitado por medio del Sistema InterCajas, es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social que sirven para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma de descuento también validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011.

En cuanto al posible descuento en su remuneración, este tiene su origen en los créditos sociales contraídos por la recurrente con la C.C.A.F. La Araucana, y que era de su pleno conocimiento, conforme al artículo 1546 del Código Civil, por lo que la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que tiene que ser iniciada por el deudor y que es de exclusiva competencia de los tribunales ordinarios de justicia, lo que no aconteció en este caso.

Refiere que conforme a Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados deben aplicarse los topes legales, considerando que el valor a descontar entre los dos créditos corresponde a la suma de $188.072 pesos y lo informado a descontar es de $125.464 pesos.

Por lo anterior, no puede existir vulneración de garantías constitucionales, ya que es la ley que permite a la caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, pasando en consecuencia a cometer un acto arbitrario e ilegal si lo informado a deducir por concepto de crédito social ha sido declarado prescrito tanto respecto de su acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, lo que no aconteció en este caso. Además, de haber actuado conforme a las facultades legales.

Refiere que además, a la fecha no ha recibido remesa correspondiente al mes de septiembre por parte de Los Andes C.C.A.F., por ende, no se vislumbra un monto descontado en su remuneración correspondiente al mes de septiembre de 2019 que haya mermado su patrimonio, a diferencia de que en su oportunidad existieron dos montos que incrementó su patrimonio, a saber, la suma de $339.880 pesos, correspondiente al crédito social folio N°022-000672838 y la suma de $5.547.024 pesos, al haberse otorgado el crédito social folio N°022-000720521. A continuación, cita jurisprudencia.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y pese a estimar que ha actuado conforme a las facultades legales, sin que se haya atribuido funciones que van más allá de la normativa, y sin reconocer la extinción de las deudas, informa que ha dispuesto cesar en los descuentos a aplicar en la remuneración de la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

QUINTO: Que, en el marco del presente recurso, el recurrente solicita se deje sin efecto el cobro de crédito social a través del descuento de sus remuneraciones, fundado en una actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, atendido a que habría adquirido dicho crédito social con otra Caja de Compensación y encontrándose vigente una relación laboral distinta a la actual, infringiendo el alcance del artículo 22 de la Ley 19.833, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Informando la recurrida, refiere que solamente tiene la calidad de diputado para el pago, en el marco del Convenio Intercajas suscrito por todas las Cajas de Compensación, que facilita la entrega de información de créditos morosos y permite el cobro de aquellos, ello en virtud de la cláusula tercera del referido convenio, esto es, i) acceder a la información para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados de la respectiva entidad y que estén incorporados en otra entidad; ii) permitir a la respectiva Caja de Compensación acreedora del crédito social de un deudor desafiliado acordar con la Caja de Compensación a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas mediante un convenio de prestación del correspondiente servicio.

En el mismo sentido informa la Caja de Compensación acreedora de los dos créditos sociales de la recurrente, estimando que ha actuado conforme a derecho, en virtud de las normas citadas que facultan el descuento de las remuneraciones.

SEXTO: Que corresponde señalar que atendida la naturaleza de la acción de protección, esto es, cautelar y de emergencia, sin que constituya un procedimiento de lato conocimiento relativo a determinar si se ajusta a derecho el eventual descuento a las remuneraciones de la recurrente, atendida la suscripción del Convenio Intercajas en el año 2013, y considerando que no se ha materializado descuento en el mes de septiembre, además del hecho que Caja de Compensación La Araucana informó que dispuso cesar en los descuentos a aplicar en la remuneración de la recurrente, sin que se advierta medida alguna que adoptar, es que se desestimará la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA SIN COSTAS, el recurso deducido por Rodrigo Sandoval Nara, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3584-2019 (PROT)