nombre reservado con SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA

Antofagasta, a diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Marcela Giacamán Pérez, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta, por haber dictado la Resolución Exenta N° 3322, de 9 de diciembre de 2025, mediante la cual se dispuso la eliminación de la recurrente de la nómina de beneficiarios del Proyecto Habitacional "Los Aromos" de la comuna de Mejillones y se dejó sin efecto la asignación del inmueble ubicado en domicilio reservado. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que habría cumplido con la obligación de residir en el inmueble que le fuera asignado, siendo sus ausencias durante las fiscalizaciones justificadas por encontrarse desempeñando su actividad comercial, vulnerando, con ello, las garantías contempladas en el artículo 19, N° 23 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se restituya el beneficio de habitar el inmueble asignado.

Informa la recurrida, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción exponiendo que el 26 de agosto de 2024 fue beneficiaria del programa habitacional correspondiente al proyecto "Los Aromos" de la comuna de Mejillones, mediante Resolución Exenta N° 2150, regulado por el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, ocupando el inmueble asignado ubicado en calle nombre reservado° 1050, Block F, departamento 23, donde reside junto a sus dos hijos.

Señala que Serviu efectuó tres fiscalizaciones en el conjunto habitacional los días 15 de abril, 14 de mayo y 24 de junio de 2025, todas realizadas en horario comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas. Expone que en la primera fiscalización se encontraba en su lugar de trabajo, donde ejerce su comercio de almacén y verdulería, habiendo enviado carta explicativa al Serviu; que en la segunda fiscalización se encontraba en su domicilio por motivos de salud, firmando personalmente dicha verificación; y que en la tercera fiscalización se encontraba nuevamente trabajando, hallándose en el inmueble su hijo mayor de edad, sin que la fiscalizadora permitiera que la recurrente firmara al llegar al lugar.

Indica que, pese a lo anterior, mediante la Resolución Exenta N° 3322 de 9 de diciembre de 2025, se dispuso su exclusión de la nómina de beneficiarios y la restitución del inmueble, sin que la resolución detalle específicamente cuál sería la infracción que se le imputa. Agrega que mantiene sus cuentas de luz, agua y gastos comunes al día, acreditando con ello su efectiva habitación.

Sostiene que la resolución impugnada resulta arbitraria e ilegal, toda vez que Serviu actuaría como juez y parte al validar actos administrativos sin considerar debidamente el caso concreto, vulnerando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, N° 23 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 3322, de 9 de diciembre de 2025, y se ordene al Servicio de Vivienda y Urbanismo dictar una resolución que restituya el beneficio de habitar el inmueble a la recurrente.

SEGUNDO: Que evacúa informe el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección deducido en su contra.

Contextualiza que los Servicios de Vivienda y Urbanización constituyen instituciones autónomas del Estado, reguladas por el Decreto Supremo N° 355 de 1978, actuando como organismo ejecutor de las políticas, planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su respectiva jurisdicción. Asimismo, señala que el Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, contenido en el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, tiene por objeto promover el acceso de familias en situación de vulnerabilidad a una solución habitacional definitiva mediante subsidio estatal, encontrándose destinado preferentemente a atender al cuarenta por ciento más vulnerable de la población nacional.

Expone que nombre reservado fue beneficiada con un subsidio habitacional en virtud del cual se le hizo entrega material del inmueble ubicado en el Proyecto Habitacional "Los Aromos", emplazado en calle nombre reservado° 1050, comuna de Mejillones, departamento 23, Block F, en el mes de abril del año 2024. Indica que, al momento de recibir la propiedad, la recurrente reconoció y aceptó la obligación de habitar personalmente el inmueble por cinco años, conforme lo dispone el artículo 60 del citado decreto.

Refiere que, en el contexto del plan de fiscalizaciones año 2025, funcionarios del Servicio realizaron verificaciones de ocupación en las fechas 15 de abril, 14 de mayo y 24 de junio de 2025, no siendo habida la beneficiaria en dos oportunidades. Agrega que el informe de fiscalización de 2 de julio de 2025 consignó denuncias de vecinos respecto a que la recurrente no residiría de manera habitual en el departamento asignado, constatándose una ausencia reiterada de ocupación, y que la beneficiaria residiría en su local comercial-habitacional y no en la vivienda social otorgada. Adicionalmente, destaca que los consumos de servicios básicos reflejan niveles significativamente inferiores a los esperables para una vivienda que constituye morada habitual y permanente.

Refiere que, analizado el caso por la Comisión de Revisión y Análisis designada mediante Resolución Exenta N° 59, de 13 de enero de 2025, según consta en las actas de sesión de 23 de julio y 9 de septiembre de 2025, se dictó la Resolución Exenta N° 3322, de 9 de diciembre de 2025, excluyendo a la recurrente de la nómina de beneficiarios por infracción a la obligación de habitar contemplada en el artículo 61 del D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011. Destaca que la recurrente no interpuso recurso administrativo de reposición ni jerárquico en contra de la resolución, por lo que dicho acto administrativo quedó firme.

En relación con los antecedentes aportados por la recurrente, señala que la patente de microempresa familiar que acompaña exige, conforme a la Circular N° 60 del Servicio de Impuestos Internos, que la actividad económica se ejerza en la casa habitación familiar, lo que reforzaría que la recurrente reside en su local comercial y no en la vivienda social otorgada, encontrándose en incumplimiento de la obligación de habitar.

Alega la improcedencia del recurso de protección, sosteniendo que éste constituye un mecanismo de emergencia frente a violaciones flagrantes de derechos fundamentales, cuya naturaleza cautelar impide transformarse en instancia de declaración de derechos ni de revisión de procedimientos administrativos reglados ya sometidos al imperio del derecho.

Argumenta la inexistencia de actuar arbitrario, ilegal o infundado, exponiendo que el Servicio ha actuado conforme al marco normativo vigente, especialmente la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.880. Sostiene que la resolución impugnada aparece latamente fundada, satisfaciendo los estándares de motivación exigidos por la Contraloría General de la República, citando en apoyo de su posición jurisprudencia de tribunales superiores de justicia.

Plantea la inexistencia de garantías constitucionales vulneradas, afirmando que la recurrente no es titular del dominio sobre el inmueble en cuestión, sino beneficiaria de un subsidio habitacional de carácter administrativo, reglado y condicionado, por lo que no puede invocar vulneración al derecho de propiedad del artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República, tratándose de una mera expectativa y no de un derecho indubitado.

Finalmente, solicita se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace la acción de protección deducida, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de los antecedentes agregados a la causa, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a) En el mes de abril de 2024 se hizo entrega material a la recurrente del inmueble ubicado en domicilio reservado, del Proyecto Habitacional "Los Aromos", comuna de Mejillones, en su calidad de beneficiaria del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda regulado por el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011.

b) Dicho beneficio conllevaba, entre otras, la obligación de la beneficiaria de habitar personalmente la vivienda, a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material, según lo dispuesto en el artículo 60 del referido decreto.

c) Se realizaron visitas de fiscalización al inmueble los días 15 de abril, 14 de mayo y 24 de junio de 2025, en horario vespertino-nocturno, no siendo habida la beneficiaria en dos de las tres visitas. En la segunda fiscalización, de 14 de mayo de 2025, la recurrente fue encontrada en el inmueble y firmó personalmente la verificación.

d) Durante las fiscalizaciones, se recepcionaron denuncias de vecinos del conjunto habitacional quienes señalaron que la vivienda no era habitada de manera regular por la beneficiaria, indicando que residiría en su local comercial y no en la vivienda social otorgada, advirtiéndose la ausencia prolongada de moradores. Asimismo, el informe de fiscalización consignó que los consumos de servicios básicos reflejan niveles bajos, discontinuos y con escasa variación, compatibles con una ocupación ocasional o intermitente.

e) A raíz de lo anterior, mediante Resolución Exenta N° 3322, de 9 de diciembre de 2025, Serviu Región de Antofagasta excluyó a la recurrente de la nómina de beneficiarios del subsidio habitacional para el Proyecto Habitacional "Los Aromos", por infracción a la obligación de habitar contemplada en el artículo 61 del D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, ordenándose la restitución del inmueble.

f) La recurrente no interpuso recurso administrativo de reposición ni jerárquico en contra de la resolución impugnada, quedando ésta firme.

SEXTO: Que el conflicto jurídico radica en determinar si la actuación de la recurrida, al dictar la Resolución Exenta N° 3322, que dispuso la exclusión de la recurrente de la nómina de beneficiarios del Proyecto Habitacional "Los Aromos" y la restitución del inmueble asignado, fue ilegal o arbitraria.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la ilegalidad alegada, cabe señalar que el procedimiento de fiscalización y exclusión previo a la inscripción del dominio se rige por el D.S. N° 49 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en su artículo 61 faculta al Serviu para dejar sin efecto la postulación o excluir a los beneficiarios que infrinjan las disposiciones del reglamento, como es la obligación de habitar la vivienda consagrada en su artículo 60.

Dicha normativa no establece una solemnidad específica para las actas de fiscalización, por lo que el actuar del ente administrativo, al verificar en terreno el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, se enmarca en sus atribuciones legales, no advirtiéndose ilegalidad en este punto.

OCTAVO: Que, en lo que respecta a la arbitrariedad, ésta se entiende como el actuar caprichoso, carente de razón y movido por la mera voluntad. En el presente caso, la decisión de la recurrida de excluir a la beneficiaria se fundamentó en hechos objetivos: tres verificaciones en terreno en las que no fue habida la recurrente en dos ocasiones, denuncias de vecinos respecto a que el inmueble no era habitado de manera regular por la beneficiaria, indicando que residiría en su local comercial, y consumos de servicios básicos incompatibles con un uso permanente de la vivienda.

En este contexto, los antecedentes aportados por la recurrente para justificar sus ausencias no permiten desvirtuar lo constatado en terreno por los funcionarios fiscalizadores. En efecto, la patente de microempresa familiar acompañada, lejos de acreditar el cumplimiento de la obligación de habitar, refuerza los antecedentes recabados por el Servicio en cuanto a que la beneficiaria residiría en su local comercial, toda vez que dicha patente exige, conforme a la normativa vigente, que la actividad económica se ejerza en la casa habitación familiar. Los pagos de servicios básicos y gastos comunes, si bien acreditan el cumplimiento de obligaciones pecuniarias, presentan patrones de consumo esporádicos y reducidos que no constituyen prueba suficiente de habitabilidad efectiva.

Adicionalmente, cabe consignar que la recurrente no interpuso recurso de reposición ni jerárquico en contra de la resolución impugnada, no habiendo aportado en sede administrativa antecedente alguno destinado a desvirtuar las constataciones efectuadas en terreno, quedando firme el acto administrativo recurrido.

Por tanto, la decisión no fue antojadiza, sino el resultado de un procedimiento administrativo fundado en antecedentes concretos, descartándose la arbitrariedad alegada.

NOVENO: Que, en relación con la alegada vulneración a las garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N° 23 y N° 24 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que la recurrente no es titular del dominio sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado, toda vez que el terreno donde se emplaza el conjunto habitacional es de propiedad de Serviu Región de Antofagasta, no habiéndose perfeccionado la transferencia del dominio a favor de la beneficiaria.

En efecto, el recurso de protección deducido no puede prosperar sobre la base de una transgresión al derecho de propiedad ni a la libertad para adquirir el dominio, pues el problema planteado a esta Corte dice relación con una mera expectativa y no con un derecho de carácter indubitado. El subsidio habitacional no genera un derecho consolidado, definitivo ni inmodificable, sino una situación jurídica condicionada, cuya subsistencia depende del cumplimiento permanente de las obligaciones legales que justificaron su otorgamiento, entre ellas la obligación esencial de habitar la vivienda asignada.

En consecuencia, no existiendo un derecho de propiedad indubitado susceptible de ser amparado por esta vía cautelar, no se verifica la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

DÉCIMO: Que, con el mérito de todo lo razonado, y al no concurrir en la especie los presupuestos fácticos que hacen procedente la acción cautelar impetrada, esto es, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que cause privación, perturbación o amenaza a un derecho garantizado por la Constitución, el presente recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Marcela Giacamán Pérez, abogada, en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 35-2026 (Protección)

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