Protección contra fallo dictado en causa de protección Rol 1518-2013 de esta Corte de Apelaciones

Antofagasta, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece, Jaime Araya Guerrero, abogado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, chilena, soltera, nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, de su mismo domicilio, interponiendo recurso de protección, por considerar vulnerados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, Nº 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política del Estado, por actos ilegales y arbitrarios cometidos por el señor nombre reservado, Intendente de la Segunda Región, en particular por la dictación de la Resolución Exenta Nº001551, que dispuso la no renovación de su contrata, como funcionaria del Gobierno Regional de Antofagasta.

Informó por la recurrida Luis Colman Vega, abogado, C.N.I. N° RUT reservado, en representación del GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, órgano descentralizado con personalidad jurídica de derecho público, R.U.T. N° RUT reservado, representado legalmente por el Intendente de la Región de Antofagasta, D. Marco Antonio Díaz nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando su acción constitucional sostiene que la recurrente doña nombre reservado, nombre reservado de profesión, ingresó a prestar servicios en calidad de profesional a contrata en el Gobierno Regional de Antofagasta, según Resolución Exenta Nº80, de fecha 10.07.2012, acto administrativo que dispuso su contratación con fecha 18.06.2012 y hasta el 23.07.2012 en el grado 14º de la EUR; siendo posteriormente contratada en las siguientes fechas, por los períodos que se indican continuación y en virtud de las resoluciones que se señalan en cada caso:

- Con fecha 24.07.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº83 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 24.07.2012, hasta el día 22.08.2012, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Dicha contratación fue designada como “Contrata Administrativo”.

- Con fecha 31.08.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº99, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 30.08.2012 hasta el día 21.09.2012, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 26.09.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº110 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 22.09.2012, hasta el día 21.10.2012, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación, también fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 25.10.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº123 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 22.10.2012, hasta el día 20.11.2012, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 20.11.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº142 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 21.11.2012, hasta el día 20.12.2012, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 24.12.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº2002 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 21.12.2012 hasta el día 31.12.2012, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”

- Con fecha 27.12.2012 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº192, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 01.01.2013 hasta el día 19.01.2013, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”

- Con fecha 18.02.2013 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº14, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 20.01.2013 hasta el día 18.02.2013, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 20.02.2013 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº15 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 19.02.2013 hasta el día 05.03.2013, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 11.03.2013 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº19, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 06.03.2013 hasta el día 04.04.2013, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo. Esta contratación fue designada como “Contrata Administrativo de Reemplazo”.

- Con fecha 05.04.2013 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº27 de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 05.04.2013, hasta el día 31.12.2013, como Profesional a Contrata, Grado 13 E.U.R. del Servicio Administrativo del Gobierno Regional.

- Con fecha 16.12.2013 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº2580, de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 01.01.2014, hasta el día 31.12.2014, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo.

- Con fecha 05.12.2014 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante Resolución Exenta Nº2298, de la fecha indicada, acto administrativo, por el cual se le contrató para el período 01.01.2015, hasta el día 31.12.2015, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo.

- Indica que, no obstante la secuencia de contrataciones y renovaciones hasta aquí detallada, por su compromiso y alto desempeño, conforme la tramitación habitual que se realiza en estos casos, le fue requerida la renuncia voluntaria, como requisito para una mejora de sus condiciones, de tal forma que, con fecha 16.01.2016, mediante Resolución Exenta Nº16, de la fecha indicada, se aceptó la renuncia voluntaria a la contrata Grado 13, a contar del día 01.02.2016 y en el mismo acto se procede a contratarla como Profesional a Contrata Grado 11 E.U.R. del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta, para el período 01.02.2016 hasta el 31.12.2016.

- Con fecha 12.01.2017 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante RESOLUCIÓN TRA Nº804/22/2017, acto administrativo, por el cual se le renovó la contrata para el período 01.01.2017 hasta el día 31.12.2017, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo.

- Con fecha 20.12.2017 se dispuso por parte de la autoridad una nueva contratación, mediante RESOLUCIÓN EXENTA RA Nº804/383/2017, acto administrativo, por el cual se le renovó la contrata para el período 01.01.2018, hasta el día 31.12.2018, en las mismas condiciones que constaban en la resolución que la designó en el cargo, Sostiene que, las remuneraciones percibidas por la recurrente ascienden a los emolumentos que corresponde percibir a los profesionales Grado 11 E.U.R. del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta, y dentro de ellos se incorpora el pago del sueldo mensual, más un conjunto de incentivos funcionarios consistentes en bonos de gestión por cumplimiento de metas comprometidas por concepto de Programas de Mejoramiento de la Gestión.

Expone que, con fecha 08.01.2018, la recurrente dirige al Intendente Regional de la época una solicitud de permiso sin goce de remuneraciones por el período de 6 meses, desde el 20.06.2018 y hasta el 20.12.2018, fundamentando la petición “por motivos de crecimiento profesional y personal, estoy aplicando a una Visa de Estudios en la Embajada de Nueva Zelanda” todo lo anterior conforme lo habilita la Ley 18.883 que establece los derechos de los funcionarios.

Señala que, con fecha 23.01.2018, el Intendente Regional, don nombre reservado, otorga el permiso sin goce de remuneraciones, por el período de 6 meses, desde el 20.06.2018 y hasta el 20.12.2018, lo anterior mediante RESOLUCIÓN EXENTA Nº214.

Indica que, con fecha 07.03.2018, mediante RESOLUCIÓN EXENTA Nº535, se procedió a modificar el permiso otorgado, en el siguiente sentido: DONDE DICE: “CONCEDESE a doña nombre reservado, RUT RUT reservado, Profesional a Contrata, Grado 11º E.U.R, funcionaria del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta, CIENTO OCHENTA Y CUATRO DIAS DE PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES, por los días 20 de junio al 20 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive” DEBE DECIR: “CONCEDESE a doña nombre reservado, RUT RUT reservado, Profesional a Contrata, Grado 11º E.U.R, funcionaria del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta, CIENTO SETENTA Y TRES DIAS DE PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES, por los días 01 de julio al 20 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive”.

Explica que, puso en conocimiento de sus nuevas jefaturas la existencia de dicho permiso, no obteniendo ningún reparo por parte de las mismas, sino la mera solicitud de un descriptor de sus funciones, para efectos de evaluar la procedencia de un reemplazo por el tiempo que durase su ausencia, cuestión que consta en correo electrónico de fecha 04 de junio de 2018.

Añade que, con fecha 15.06.2018 solicitó 6 días hábiles de vacaciones, imputables al período legal año 2017, las que fueron autorizadas conformes, por RESOLUCIÓN EXENTA (RRHH) Nº1208/15/06/2018, quedando constancia que la funcionaria aún tiene disponibles 21 días hábiles de vacaciones.

Agrega que, con fecha 30.06.2018, en uso del permiso sin goce de sueldo conferido, conforme a los derechos que asisten a los funcionarios públicos de acuerdo a la Ley 18.883, parte rumbo a Nueva Zelandia a iniciar sus estudios de idioma inglés. Permanece en Nueva Zelanda, cursando sus estudios de inglés hasta su retorno al país, el día 19.12.2018, añadiendo que tuvo un desempeño sobresaliente en el curso de inglés, por lo que se cumplió a cabalidad con el objetivo del viaje.

Explica que, con fecha 27.11.2018, el recurrido dicta la RESOLUCION EXENTA Nº01551, que en lo decreta la NO renovación de la contrata, no obstante su impecable cometido funcionario, durante todo el tiempo que ha servido el cargo de Profesional a Contrata, Grado 13 y Grado 11 durante los años 2012 a 2018, invocando de manera insólita como causal de no renovación una supuesta “falta de compromiso y motivación con su cargo, no contribuyendo en el avance de las metas fijadas por la institución. Esto queda demostrado en que con fecha 8 de enero del año 2018 solicitó permiso sin goce de sueldo por el período de seis meses, el cual fue conferido por Resolución Exenta Nº241/2018 de fecha 23 de enero del año en curso y modificado a solicitud de la funcionaria con fecha 25 de enero del mismo año, concediéndose en tales términos la autorización mediante Resolución Exenta Nº535/2018 de fecha 7 de marzo de la misma anualidad”.

Señala que, la comunicación del término de la contrata, fue efectivamente entregada, el día 03.12.2018, no obstante encontrarse fuera del país en esa fecha, cuestión esta última que, estaba en perfecto conocimiento de la autoridad, pues los motivos del permiso sin goce de sueldo, fueron ampliamente conocidos dentro de la entidad gubernamental.

Manifiesta que, conforme lo ha sostenido reiteradamente la doctrina administrativa y variada jurisprudencia administrativa y judicial, un acto que carece de motivación racional, justa y suficiente, necesariamente se desvirtúa y deviene en un acto arbitrario y caprichoso de la autoridad, lo que le resta todo mérito, eficacia y eficiencia, como ocurre en la especie.

Añade que, lo que se reclama, constituye un acto administrativo, por cuanto, las competencias de las cuales está revestido el recurrido, sumado a la naturaleza propia de las materias de que trata, y por tanto son plenamente aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que regula diversas materias referidas al actuar de la administración y que para el caso particular, por expresa remisión del Oficio Circular Nº21 del Ministerio de Hacienda, consigna que en el proceso de renovación de las contratas Año 2019, “en caso de no renovación, se deberá notificar al funcionario, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley N°19.880, sobre el motivo de su cese de funciones, con una anticipación de al menos 30 días corridos”. Al respecto, el citado artículo 46 de la Ley 19880, dispone que:

“Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.”

También señala el artículo 51 de la Ley 19.880, que dispone:

”Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.

Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.”.

Consigna que la recurrida, se trata de una resolución de contenido individual, por lo que sus efectos se producen una vez notificada la destinataria, observando lo siguiente:

- Se encontraba en el extranjero hasta el día 19 de Diciembre, y dicha situación estaba en pleno conocimiento de sus jefaturas, pero aún suponiendo que dicha circunstancia no fuera efectiva, es innegable que no se encontraba prestando servicios, razón por la cual debió ser notificada mediante carta certificada, conforme a la exigencia legal, cuestión que claramente no ocurrió en realidad, pues como aparece consignado, el sobre que contenía la resolución fue recibido por doña nombre reservado, lo que permite evidenciar el incumplimiento legal.

- Agrava lo anterior -que no se haya cumplido con el deber de enviar una carta certificada- el hecho que la Ley 19.880 dispone que, en el caso de enviar una carta certificada la notificación se entenderá practicada al tercer día de despachada la misma, por lo tanto en abierta contravención a lo dispuesto en el Oficio Circular Nº21 del Ministerio de Hacienda, que establece la obligación de notificar la NO renovación a más tardar 30 días antes del vencimiento del plazo de la designación de la misma, esto es el día 31.12.2018 conforme lo señala la resolución que renovó la contrata por todo el año 2018. Así las cosas, en la práctica se notificó con una antelación de 27 días, conforme a lo sucedido en la realidad, toda vez que la carta fue recepcionada el día 03.12.2018.

Señala que la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, consigna en su artículo 89:

“Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto.”.

A su turno, el artículo 110, dispone que:

“El funcionario podrá solicitar permiso sin goce de remuneraciones: a) por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario, y b) para permanecer en el extranjero, hasta por dos años. El límite señalado en el inciso anterior, no será aplicable en el caso de funcionarios que obtengan becas otorgadas de acuerdo a la legislación vigente.”

Explica que, fundar el término de la relación contractual entre la funcionaria y el Gobierno Regional de Antofagasta, en los motivos consignados en la resolución mencionada, constituye una abierta discriminación, por cuanto es sabido el gran número de funcionarios que a través del año hicieron uso de los derechos que otorga el cuerpo legal pertinente, no siendo ninguno de ellos perjudicados por dicha razón. Y tampoco puede comprenderse cuál es el criterio objetivo que subyace tras la decisión misma, sino un mero capricho de la autoridad o bien el disfrazar otras motivaciones, para los fines de crear la falsa apariencia de un actuar ajustado a derecho. Siendo precisamente este hecho, el que elimina cualquier atisbo de racionalidad y juridicidad de la decisión tomada, volviéndose la misma, entonces un acto abusivo y por ende arbitrario.

Narra que con la dictación del acto recurrido se ven afectadas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, integridad psíquica de la persona; N° 2, igualdad ante la ley; N° 16, libertad de trabajo y su protección y N° 24, derecho de propiedad, todas disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República.

Pide que, en definitiva, se dicten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección de sus derechos y garantías constitucionales, y en particular, se ordene al recurrido la reincorporación del recurrente a sus funciones y el pago de las remuneraciones que dejó de percibir, durante todo el tiempo de la separación arbitraria de funciones a la que ha sido sometida, todo lo anterior con expresa condena en costas, en caso de oposición del recurrido.

SEGUNDO: Que informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, sosteniendo que, en primer lugar es efectiva la seguidilla de resoluciones enunciadas por la parte recurrente. Sin embargo, agrega que las Resoluciones Exentas N° 80/2012, 83/2012, 99/2012, 110/2012, 123/2012, 142/2012, 2002/2012, 192/2012, 14/2013, 15/2013, y 19/2013 corresponden a contratas administrativas por remplazo de la, en ese entonces, funcionaria Katherine Monteirot Zoeson, quien desde el 24 de junio del año 2012 se encontraba con licencia médica, permiso especial que fue reiterado en variadas ocasiones, y que motivó sendas contratas administrativas de la recurrente.

Añade que, pese a que la recurrente buscar darle un carácter de continuidad a la relación administrativa que la unió con el Gobierno Regional de Antofagasta, lo cierto es que con fecha 29 de enero del año 2016, ésta presentó su renuncia voluntaria, terminando en ese acto su relación administrativa en base al cargo Grado 13. Luego, resulta ser un error de la administración de la época, concentrar en un mismo acto la aceptación de la renuncia de la ex funcionaria y su contratación en un grado más adecuado, dado que como lo dispone el inciso segundo del art. 147 del Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el D.F.L. N° 29, de 2004, “la renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad”. De esta manera, la contratación se produjo sin que la renuncia se encontrase totalmente tramitada, dejando entrever que la concentración en un mismo acto administrativo de ambas manifestaciones de voluntad, no tuvo otro fin que generar la apariencia de continuidad entre las dos vinculaciones, cuestión que per se resulta ser imposible.

Agrega que, en lo que respecta a la fecha de la Resolución Exenta N° 1551, las alegaciones realizadas por la parte recurrente en cuanto a la certeza de tal antecedente, resultan ser insidiosas e innecesarias para el desarrollo de este recurso, dado que, como lo dispone el art. 3° inciso final de la Ley N° 19.880, los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, de forma tal que si la recurrente duda de la veracidad formal del acto administrativo, debió intentar los recursos administrativos pertinentes para impugnar tal cuestión, siendo dicha alegación impertinente a la acción constitucional deducida.

Respecto de las alegaciones sobre la notificación de la Resolución Exenta N° 1551 realizada a la recurrente, señala que, esta se encuentra revestida de total validez por ajustarse a las normas legales y reglamentarias que regulan la temática en el contexto de los procedimientos administrativos. Es así que, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley N° 19.880, se remitió carta certificada al domicilio que la ex funcionaria designó para todos los efectos en este Servicio Administrativo, con una anticipación de a lo menos 30 días a la fecha de vencimiento del plazo de su contrata. Precisa que, el oficio circular N° 21 del Ministerio de Hacienda, dictado con misma fecha que la Resolución Exenta N° 1551, indica en su punto 3 que la notificación debe efectuarse con la anticipación debida, siendo por tanto solamente necesaria la remisión de la carta, más allá de la presunción simplemente legal del inciso segundo del art. 46 de la Ley.

Concluye negando la arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución Exenta N° 1551, y que ésta vulnere cualquiera de las garantías constitucionales aludidas.

Luego, explica que, la Resolución Exenta recurrida, fundamenta la no renovación en la integración de supuestos fácticos acreditables en principios rectores de la actividad administrativa, utilizando en tal proceso de integración las normas de la lógica y el principio rector de la razonabilidad.

Hace presente que, la resolución recurrida, se sustenta para la no renovación de la contrata administrativa en, la “falta de compromiso y motivación en el ejercicio de su cargo” sin ser una contribución “en el avance de las metas fijadas por la institución”. Cuestión que queda demostrado en la imposición de su interés particular por sobre el general, al privilegiar su formación en el idioma inglés, cuestión que aunque la recurrente busque darle una connotación positiva para el Gobierno Regional, no tiene ninguna implicancia beneficiosa, por sobre el desempeño del servicio y de su propia dupla de trabajo, quien por uno meses tuvo que hacerse cargo de manera individual de la carga laboral propia y de la recurrente. Por su parte, este acto de beneficio propio también significó tener que realizar una reestructuración de funciones y contratar a un nuevo funcionario.

Deriva que, los acontecimientos antes indicados implican una palmaria vulneración a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que deben primar en la Administración del Estado, toda vez que, como se refirió más arriba, la carga laboral de la recurrente tuvo que ser absorbida por su dupla, nombre reservado, quien, aunque actuó durante gran parte del período diligentemente, no pudo evitar el realentizamiento natural del trabajo. Por lo anterior, tuvo que trasladarse a otra funcionaria, nombre reservado, desde su puesto como encargada de servicios generales al cargo que en su momento desempeñaba la recurrente, obligando a la Administración a contratar a otra persona para desempeñar el cargo que nombre reservado dejó vacante. Todos estos movimientos implicaron una clara afectación a la eficacia que el Servicio Administrativo se fija como estándar.

Luego, sostiene que existió un ejercicio abusivo del Derecho por parte de la recurrente, señalando que el espíritu y finalidad del permiso sin goce de sueldo contemplado en el literal a)del art. 110 del Estatuto Administrativo, en su forma fijada por el D.F.L N° 29 de 2004, como se desprende claramente de los dictámenes N° 13.538 y 26.471, ambos del año 1990, los permisos para fines educacionales o de estudio – como el líbelo pretensor deja entrever – no solo pueden ser solicitados bajo el literal b, sino que deben ser requeridos bajo su amparo, quedando el permiso sin goce de sueldo por el periodo de seis meses, destinado a cualquier otra actividad, siempre que se encuentre fuera del rubro educacional. Similar criterio fue utilizado en el dictamen N° 12.311, de 1990, en el sentido de que cada causal de permiso debe utilizarse dentro de su ámbito proteccional propio.

Concluye que, la recurrente, impone su interés particular (calificación personal que de nada le presentan utilidad al Servicio) por sobre el interés de la institución, el que a la larga implica el interés de la ciudadanía, aplicando el art. 3° de la Ley N° 18.575; utilizando de manera indebida su permiso, desvirtuándolo y generando perjuicios para la administración.

En lo que se refiere a la falta de notificación legal, señala que, a diferencia de lo que se pretende asentar en la acción proteccional, efectivamente se produjo una notificación mediante carta certificada, en pleno y absoluto respeto del art. 46 y 47 de la Ley N° 19.880, exponiendo que la carta se dirigió al domicilio que la recurrente proporcionó al Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta, para lo cual deben tenerse a la vista los documentos en que la ex funcionaria mencionó aquel antecedente. El primero de aquellos fue el Curriculum Vitae adjuntado al momento de ingresar a prestar servicios al Gobierno Regional, y que se ubicaba en domicilio reservado; luego, la recurrente modificó dicho domicilio en domicilio reservado, mediante el ingreso de un informe social, por el que buscaba acceder al beneficio de una vivienda fiscal. El domicilio domicilio reservado.

Por último, respecto al principio de la confianza legítima, cita la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en particular el voto disidente, el que, en conclusión, sostiene que para estar protegido por el principio de confianza legítima en un nombramiento a contrata, se debería haber sido nombrado por concurso y no directamente, como ocurrió con la recurrente.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que del análisis de los documentos acompañados es un hecho indubitado que doña nombre reservado ingresó a prestar servicios al Gobierno Regional de Antofagasta, como nombre reservado, mediante contrata en grado 14EUR, celebrado con fecha 18.06.2012, contrato que estaría vigente hasta el 23.07.2012, efectuándose la primera renovación con fecha 24.07.2012 desde el 24.07.2012 hasta el 22.08.2012, renovándose en una segunda oportunidad con fecha 31.08.2012 desde el 30.08.2012 hasta el 21.09.2012, realizándose una nueva renovación del contrato el 22.09.2012 hasta el 21.10.2012, otra renovación desde el 22.010.2012 hasta el 20.11.2012; una más desde el 21.11.2012 hasta el 20.12.2012; nuevamente, desde el 21.12.2012 hasta el 31.12.2012; y continúan desde el 01.01.2013 hasta el 19.01.2013; desde 20.01.2013 hasta el 18.02.2013; desde 19.02.2013 hasta el 05.03.2013; desde el 06.03.2013 hasta el 04.04.2013; desde el 05.04.2013 hasta el 31.12.2013; desde 01.01.2014 hasta el 31.12.2014; desde el 01.01.2015 hasta el 31.12.2015; habiéndosele solicitado la renuncia voluntaria como requisito para una mejora de sus condiciones, lo que hizo con fecha 16.01.2016, aceptándose ésta a la contrata grado 13 y contratado como profesional a contrata grado 11 para el período 01.02.2016 hasta el 31.12.2016; renovándose desde el 01.01.2017 hasta el 31.12.2017; la última renovación desde el 01.01.2018 hasta el 31.12.2018; dictándose el 27.11.2018 decreto de no renovación de la contrata mediante Resolución Exenta N° 01551, invocándose como fundamento lo señalado en punto 7 de la referida resolución, esto es: “Que la funcionaria ha demostrado falta de compromiso y motivación en el ejercicio de su cargo, no contribuyendo en el avance de las metas fijadas por la institución. Esto queda demostrado en que con fecha 8 de enero del año 2018, solicitó permiso sin goce de sueldo por el período de seis meses, el cual fue conferido por Resolución Exenta N° 241/2018 de fecha 23 de enero del año en curso y modificado a solicitud de la funcionaria con fecha 25 de enero del mismo año, concediéndose en tales términos la autorización mediante Resolución Exenta N° 535/2018 de fecha 7 de marzo de la misma anualidad. Durante este término de tiempo el Gobierno Regional ha tenido que suplir su ausencia, mediante el traslado y destinación de otros funcionarios, quienes han tenido que desempeñar la función de la referida servidora, sin tener conocimiento de su labor, lo que ha mermado el estándar de buen servicio administrativo. Esto afecta gravemente el principio de celeridad que rige el actuar de los órganos de la administración del Estado, dentro de los cuales se encuentran los Gobiernos Regionales. Abonando a lo dicho, tal problema contradice lo dispuesto en el artículo 61 letra a) y c) de la Ley 18.834”.

QUINTO: Que la controversia en esta causa radica en determinar si la decisión del Gobierno Regional plasmada en la Resolución Exenta N° 001551 ya referida, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, en particular los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República o, si por el contrario atendida la especial calidad por la que fue contratada, la medida de término de contrato se ajusta a la ley.

SEXTO: Que para zanjar la controversia, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 10 de la Ley N°18.884 sobre Estatuto Administrativo, los empleos a contrata, calidad en la cual se desempeñaba la recurrente, son de carácter transitorio y tienen como plazo máximo de vigencia el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual expiran por el solo ministerio de la ley, salvo que la autoridad prorrogue la misma con a lo menos treinta días de anticipación. Así, dichos empleados tienen derecho a permanecer en sus cargos mientras no se configure alguna causal de expiración de funciones, salvo que la contratación haya sido bajo la fórmula “o hasta que sus servicios sean necesarios”, condición a la cual estaba sujeto el contrato de la recurrente, lo que permite a la autoridad administrativa poner término al contrato en forma anticipada.

SÉPTIMO: Que como puede apreciarse, si bien la autoridad esta revestida de una facultad discrecional, cuyo ejercicio la autoriza para poner término anticipado a una contrata cuando “hasta que sus servicios sean necesarios”, dicha facultad discrecional no es arbitraria ni puede ejercerse al margen del derecho, entenderlo de otra manera significaría aceptar que la decisión de mantener un empleo a contrata queda sujeta a la mera voluntad de la autoridad de la época, quien podría bajo parámetros subjetivos anticipar su término por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los bienes públicos y al debido cumplimiento de la función pública, como lo dispone el artículo 5 de la Ley N°18.575 Orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

En consecuencia, los actos discrecionales de la administración constituyen actos jurídicos administrativos y como tales deben cumplir la normativa contemplada en la Ley N°19.880, en especial, los artículos 11 inciso 2° y 41 que establecen que los actos deben ser motivados o fundados, exponiendo las razones que lo justifican, y serán precisamente tales fundamentos que se consignen en la resolución los que legitimarán la decisión.

OCTAVO: Que en el acto que motiva el presente recurso, como se señaló en el motivo cuarto, sólo se indica que se pone término al contrato de la recurrente por haber demostrado falta de compromiso y motivación en el ejercicio de su cargo, no contribuyendo en el avance de las metas fijadas por la institución, lo que quedó demostrado en que con fecha 8 de enero del año 2018, solicitó permiso sin goce de sueldo por el período de seis meses, el cual fue conferido por Resolución Exenta N° 241/2018 de fecha 23 de enero del año en curso y modificado a solicitud de la funcionaria con fecha 25 de enero del mismo año, concediéndose en tales términos la autorización mediante Resolución Exenta N° 535/2018 de fecha 7 de marzo de la misma anualidad, debiendo durante ese término de tiempo el Gobierno Regional suplir su ausencia, mediante el traslado y destinación de otros funcionarios, quienes han tenido que desempeñar la función de la referida servidora, sin tener conocimiento de su labor, lo que ha mermado el estándar de buen servicio administrativo, y afecta gravemente el principio de celeridad que rige el actuar de los órganos de la administración del Estado, dentro de los cuales se encuentran los Gobiernos Regionales. Abonando a lo dicho, señala que tal problema contradice lo dispuesto en el artículo 61 letra a) y c) de la Ley 18.834.

NOVENO: Que el permiso sin goce de sueldo se encuentra contemplado en el artículo 105 del Estatuto Administrativo y en el presente caso, fue otorgado por el período de seis meses con fecha 23 de enero de 2018, mediante Resolución Exenta N° 241/2018 previa solicitud de la recurrente, por el Intendente Regional de ese entonces don nombre reservado, habiendo asumido posteriormente como titular del mismo cargo don nombre reservado, de lo que se desprende que la autorización en cuestión fue debidamente otorgada por la autoridad competente a la fecha de su dictación, lo que a juicio de esta Corte revela que el acto impugnado contiene un razonamiento y motivo contrapuesto, por cuanto es el mismo servicio quien autorizó a la recurrente para hacer uso del permiso sin goce de sueldo por seis meses y posteriormente lo utiliza como razonamiento para fundar la resolución que pone término a la contrata de la recurrente, lo que impide, en definitiva, se pueda comprobar y desentrañar las reales motivaciones que se tuvieron en vista para finiquitar la contrata, lo que conduce a la conclusión que el ejercicio de la facultad discrecional se tornó arbitrario y, a la vez, igualmente ilegal al vulnerarse las normas de los artículos 11 y 41 de la ley N°19.880.

Reafirma lo anterior la circunstancia que la recurrente prestó servicios en el cargo de Profesional grado 13° y 11° de la Escala única de Remuneraciones del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta por más de seis años, siendo evaluada y calificada en lista Muy Óptima en el período comprendido entre el 01 de febrero al 30 de junio de 2018, según documentos correspondiente incorporados, lo cual deja de manifiesto que el acto recurrido aparece desligado de razonabilidad y apoyado en motivaciones insuficientes que no resultan idóneas para darle un fundamento de legitimidad.

DÉCIMO: Que en lo que respecta a las garantías constitucionales que se denuncian conculcadas, se ha infringido el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, al ser la recurrente discriminada arbitrariamente, por haber sido excluida de la administración pública en la situación ya descrita, y no hasta que sus servicios sean efectivamente necesarios, según lo señalado en las Resoluciones Exentas que dan cuenta de sus contratas, como ocurre en otros casos. Igualmente se ha infringido el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el derecho de propiedad, toda vez que se le ha privado ilegal y arbitrariamente de continuar desempeñando sus funciones hasta el 31 de diciembre del año 2018 y por ende a recibir sus remuneraciones pactadas hasta dicha fecha. Lo anterior, conduce a que el presente recurso de protección se acoja tal como se dirá en lo resolutivo.

UNDÉCIMO: Que se tiene presente lo sostenido por el Ministro de la Excma. Corte Suprema, Sr. nombre reservado en su voto de minoría en la sentencia de la causa Rol 24.848-2014:

“1º Según el artículo 89 de la Ley 18.834, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a los que detentan la denominada condición "a contrata". Esto significa que mientras transcurre el contrato, no puede legítimamente ponérsele término sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla.

2º No cabe discriminar entre los empleados de planta y los contratados, porque el artículo 3 c) de dicha legislación aborda la definición del "empleo a contrata" para todos los efectos de la misma, luego de haberse referido a conceptos como "cargo público" y "planta de personal", lo que permite concluir que la voz "empleo" que utiliza el artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña "a contrata".

3º El trabajo es una institución amparada por la comunidad jurídica universal en documentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cualquiera sea la modalidad que asuma -v. g., función pública en un Poder del Estado- le son aplicables principios que hogaño indiscutidamente lo informan, como el de la estabilidad, que el derecho chileno explicita y conforme al cual se regula su término y limita el ámbito de la voluntad unilateral para extinguirlo.

4º Es presentemente un verdadero axioma del derecho laboral, que si una relación supera el año o se renueva reiteradamente, se transforma en indefinida. Quien previene no encuentra razón legítima para desconocerlo a los empleados del Estado, habida cuenta los mayores deberes que en este orden de materias le impone el derecho internacional y el interno de rango superior.

5º No ignora esta reserva que el artículo 10 de la Ley 18.834 sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, sólo por el ministerio de la ley.

Pero considera que esta prescripción debe ser asumida en su contexto. De acuerdo con el artículo 146 de la misma legislación, son causales de cesación en el cargo, en lo que aquí interesa, la destitución (letra d) o el término del período legal por el cual se ha sido designado (f). La destitución –primera hipótesis- es la más extrema de las sanciones disciplinarias, según expresa el artículo 121 letra d) de la ley en referencia; como en todo castigo de su clase, su fundamento factual debe ser acreditado mediante una investigación sumaria o sumario administrativo, cual lo exige perentoriamente el inciso segundo del artículo 119, decisión que debe ser adoptada por la autoridad facultada para contratar; la procedencia de una eventual destitución queda supeditada a esa causalidad: responsabilidad funcionaria debidamente sumariada. La expiración del tiempo de designación -artículo 146 f)- vale, a la luz de las asunciones doctrinarias antes recordadas, para el periodo que media entre la contratación y el 31 de diciembre del año calendario en que ésa tiene lugar, empero no para el siguiente (en el evento que entonces se lo haya renovado y por mientras no cumpla un año de funciones). De ahí que en una necesaria hermenéutica contextual el discurso del artículo 10 de la Ley Nº18.834 en nada obste a lo anteriormente concluido.

6º Por otra parte, en virtud del principio que recoge el artículo 11 de la Ley Nº19.880, tampoco calificará de razonada una decisión que identifique la terminología legal "como máximo", con el mero arbitrio del empleador, si se considera que ningún mérito existe ni puede existir para considerar que el discurso legislativo "como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año" pueda significar ni equivaler a otro que rece "hasta la mera voluntad del contratante".

7º Se ha dicho, en contrario, que la tesis en que se sustenta la pretensión pasa por la ilicitud de aceptar la creación de empleos con abierta transgresión al artículo 65 Nº 2º de la ley primera, que encomienda esa labor a la iniciativa de ley del Presidente de la República. En ese predicamento lo ilícito evidentemente no sería la actitud de respetar la estabilidad funcionaria, sino la de haber procedido a efectuar nombramientos apartándose del mandato superior. No necesita probarse lo que se impone por la fuerza de la realidad; no resulta osado afirmar que un gran porcentaje de los miembros de la administración -cuando no su mayoría- sirve bajo el régimen de contratas, aún por años. Si el Estado los ha incorporado sin acatamiento al imperativo del señalado artículo 65 N°2º, no puede, luego, pretender escudarse, al menos con mínima legitimidad, en su propia ilicitud.

8º También se ha sostenido que de otorgarse la protección se burlaría el sistema de los concursos para ingresar a la administración y se implementaría un régimen de generación en el que los méritos quedarían preteridos por la mera voluntad de quien nómina. Valga en esto lo que acaba de expresarse. No existe motivo para eximir al Estado del topos tan caro al derecho, como lo es el de su razonabilidad, que no aguanta contradicciones en el obrar; si ayer la administración eludió el tamiz del concurso para contratar a quien se le ocurrió, no puede hoy asilarse en su propia inconducta para desconocer sus obligaciones para con los que incorporó.

9º El cese de la contratación que aquí se alza como causa de pedir, es ilegal y arbitrario. Ilegal porque pugna con la normativa a la que debió atenerse y que más arriba se dejó explicada. Arbitrario porque arrasa con un derecho, sin más fundamentación que la de no ser necesarios los servicios del afectado, "innecesarios, acaso, porque no se los necesita o no se los necesita por innecesarios" La justificación jurídica exige más.

10º Por último, está claro para este juzgador que de tales ilegalidad y arbitrariedad se sigue directo e inmediato atentado al derecho que el acápite 24º del artículo 19 de la carta reconoce a todas las personas, relativo a la propiedad sobre los intereses anejos a su empleo, prerrogativa ésta que, en el parecer de este juez, la judicatura está en el deber de preservar. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Ya en el primero de los artículos de la constitución se proclama el anhelo del crecimiento de toda persona en una escalada de realizaciones en las que el trabajo juega un rol protagónico; y, como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio a la comunidad ínsito en el empleo público. Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto susceptibles de la propiedad que la constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la de autos se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico”.

DUODÉCIMO: Que el mismo criterio fue sostenido por el voto en contra del fallo dictado en causa de protección Rol 1518-2013 de esta Corte de Apelaciones, el cual señala lo siguiente:

“Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Oscar Clavería Guzmán quien estuvo por acoger el recurso sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.- Que en lo sustancial debe dejarse establecido que la Constitución Política de la República en su artículo 98 instituye que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República deberá ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, además de otras funciones de fiscalización a los fondos del Fisco, Municipalidades y demás organismos y servicios que determinen las leyes. Este control de legalidad debe entenderse a partir de la evolución del Derecho Administrativo y que surge de las transformaciones impulsadas por la Revolución Francesa con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, respecto de la cual los asuntos del Estado debían analizarse con racionalidad, o sea no basta el mero control legal formal sino el cumplimiento de los objetivos del ordenamiento jurídico, es decir el derecho y sus fines, por lo tanto el control de legalidad debe abarcar efectivamente lo que el constituyente ha buscado en cuanto al cumplimiento integral de la ley y a partir de la dictación del Estatuto Administrativo y de la leyes orgánicas sobre Bases de la Institucionalidad Administrativa, ninguna duda cabe que la administración debe actuar dentro de la órbita de sus atribuciones entre las cuales deberá cumplir funciones que no desconozcan los derechos fundamentales del hombre, relativo a la estabilidad laboral, al derecho de no ser objeto de diferencias arbitrarias ni menos dejarlo en la indefensión de los derechos sociales, es decir a la seguridad social y al desempleo por causa injustificada.

2.- Que además, a partir de la Ley 19.880, se establecieron las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuyo artículo 11 se estatuyó que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de la probidad consagrado en la legislación, tanto en los procedimientos, como en las decisiones que adopten, haciéndose presente que los actos que afecten los derechos de los particulares (entiéndase súbditos o imperados por la norma) deberán expresar siempre los hechos y los fundamentos de derecho.

Asimismo, el artículo 16 consagra el principio de transparencia y de publicidad para permitir y promover el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en los procesos administrativos, enfatizándose la importancia de que éstos y los documentos que contengan las resoluciones, deban ser públicos. Así el artículo 41 de este cuerpo legal, indica expresamente en su inciso 4°, que las resoluciones deben contener la decisión fundada y expresar incluso los recursos administrativos o judiciales que hubieren de presentarse y el plazo para interponerse, sin perjuicio de los que interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

3.- En el presente caso, la Resolución 264 del 10 de junio de 2013 dio por terminado el contrato de trabajo por no ser necesarios los servicios de nombre reservado en el Hospital de Calama, respecto de una funcionaria que había trabajado por lo menos en forma ininterrumpida siete años, habiéndose sucesivamente mantenido en el servicio mediante los decretos correspondientes en su calidad de funcionaria a contrata, en uso de las facultades que se le otorga a la Administración del Estado de acuerdo a los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo.

4.- Que efectivamente, conforme al Estatuto Administrativo, los cargos a contrata pueden terminar sus funciones, sea por sumario administrativo o por cumplirse el plazo establecido para ello, y por último al no ser necesarios sus servicios. Pero este último argumento, si bien, no se requiere que la administración debiera fundarlo pues en la forma en que está consagrado en la ley le permite invocarlo como causal, lo cierto es que frente a la realidad reconocida por la propia Administración en cuanto se ha otorgado ininterrumpidamente un contrato de trabajo a una persona que a la sazón tiene cincuenta años de edad, respecto del cual, se le mantuvo en el cargo en forma continua y a propósito de una licencia médica se determinó suprimir el contrato, sin perjuicio de que se solicitó paralelamente una pensión de invalidez por enfermedad o accidente común. Además no se destacó un mal comportamiento o calificación deficiente de manera que la arbitrariedad emerge en forma evidente porque la administración en este caso concreto, por sus propios actos se obliga, conforme al Estado de Derecho existente, a explicar la prescindencia de sus servicios frente a sus actos que no ha desconocido en términos de manifestarle al funcionario un discurso prolongado en el tiempo a través de por lo menos siete años en cuanto a su necesidad. Es decir, la Administración del Estado frente a la obligación de que sus actos deben ser fundados, tanto en el hecho como en el derecho, está constreñida a la consecuencia de sus propias decisiones y frente al conjunto de resoluciones que mantienen en el trabajo a una persona reconociendo suficiencia en su comportamiento, comete una falta de servicio al disponer decisiones que se contradicen con sus propios actos, porque ello revela la arbitrariedad en cuanto ha procedido contrario a la justicia mínima, a lo razonable, fundado sólo en una voluntad caprichosa de poner fin a un contrato de trabajo intempestivamente y que ella misma en un principio se obligó a mantenerlo durante todo el año, sin perjuicio de la discusión que pudiere existir acerca de la renovación del contrato.

5.- Que desde este punto de vista, los empleos a contrata no están entregados a la Administración del Estado en forma caprichosa, sino que tienen un argumento de eficiencia, en cuanto exige que sean necesarios para el servicio y ello no se puede desconocer a partir de actos propios de la administración, mientas se mantengan incólume durante un lapso considerado de años las mismas condiciones.

Esta situación incluso está reconocida por el propio Poder Judicial a propósito del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de fecha 31 de enero de 2012 (Acta 19-2012), que regula los cargos a contrata respecto de los cuales obliga su prórroga cuanto se trate de funcionarios que figuren en la lista de mérito por más de cinco años.

6.- Que finalmente, el recurso de protección, que constituye una institución constitucional reconocida en las Cartas Fundamentales de todo Estado de Derecho Democrático, tiene justamente por objeto evitar que actos arbitrarios o ilegales desconozcan el ejercicio legítimo de derechos fundamentales que tiene todo ciudadano integrante de una sociedad que resguarda las normas mínimas de convivencia pacífica. Estos ciudadanos deben tener dentro de su patrimonio el ejercicio legítimo de acudir a los tribunales para no ser objeto de diferencias arbitrarias o ilegales que desconozcan garantías fundamentales protegidas constitucionalmente, porque a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en Chile no hay persona ni grupos privilegiados, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y ni ésta, o autoridad alguna, pueden establecer diferencias arbitrarias, más aún si se trata de los órganos de la Administración del Estado cuyas actuaciones representan, nada menos, que la actividad de la República concretada en sus órganos.”

DÉCIMOTERCERO: Que habiéndose acogido el recurso por estimarse ilegal, arbitrario y por infracción a las garantías contempladas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre las otras garantías invocadas en el recurso.

DÉCIMOCUARTO: Que la interposición de acciones como la que la recurrente se vio en la obligación de deducir, significa sin duda un desembolso económico que no tiene por qué asumir quien debió recurrir a los tribunales para que se le reconozca un derecho, más aún si se tiene en cuenta que el actuar de la recurrida no solo era improcedente sino ilegal y arbitrario, lo que unido al mérito que arrojan los autos y a lo dispuesto sobre la materia en los Autos Acordados del Recurso de Protección, constituyen argumentos suficientes para imponer a la recurrida el pago de las costas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Jaime Araya Guerrero en representación de doña nombre reservado en contra del Gobierno Regional de Antofagasta y se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 001551 de 28 de noviembre de 2018, que dispuso no prorrogar la designación a contrata de la recurrente, debiendo la autoridad reincorporarla a sus funciones en la calidad que tenía hasta el momento de su no renovación de contrata, ordenando además pagar a la recurrente la totalidad de las remuneraciones de que fue privada durante el periodo en el que ha estado separada ilegalmente de sus funciones, considerándose éste como efectivamente trabajado.

Se deja constancia que se hizo uso del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3495-2018 (PROT)

Redacción de la Ministro Titular Sra. Virginia Soublette Miranda.

27