Protección contra Sindicato Sintec

Antofagasta, a once de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, empleado, en representación del Sindicato de Faeneros de Chile (FADECHI, ex SINAMIND), del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana; quien deduce acción de protección en contra de Sindicato Sintec, del giro de su denominación, representada por el señor nombre reservado, dirigente sindical, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana; por los actos que considera ilegales y arbitrarios consistentes en la paralización unilateral, actos de violencia, amenaza o presión contra trabajadores no afiliados, perturbando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que aseguran los artículos 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

La recurrida evacuó el informe solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que el conflicto se origina a raíz de diversos incidentes ocurridos los días 8 y 9 de febrero, y 1 de marzo de 2025, en el contexto de las operaciones del proyecto SADDN, Planta Desaladora y Obras Marinas, ubicadas en el sector de Caleta Viuda, comuna de Tocopilla. Según expone, en dichas fechas, dirigentes y miembros del Sindicato SINTEC realizaron acciones directas tendientes a paralizar las faenas, pese a que los trabajadores afiliados a FADECHI no participaban ni adherían a dicha paralización.

En particular, relata que la noche del 8 de febrero de 2025, representantes de SINTEC se presentaron en el kilómetro 14 del proyecto, donde llamaron públicamente a una paralización general para el día siguiente, instando a los trabajadores a no concurrir a sus labores. Posteriormente, los mismos dirigentes se trasladaron al kilómetro 100, donde uno de sus delegados y directores, nombre reservado, bloqueó la portería con su camioneta, impidiendo la salida de los buses que trasladaban a los trabajadores hacia sus respectivos puestos de trabajo. En ese lugar, reiteró el llamado a paralizar, argumentando supuestas demandas laborales relacionadas con bonos, alimentación, alojamiento e internet.

Los hechos continuaron cuando el mismo dirigente se trasladó hasta el sector Estación de Bombeo N°2, donde interrumpió directamente el normal desarrollo de las labores, incitando a los trabajadores a detener sus actividades. Destaca expresamente que, antes de la llegada de dicho dirigente, los trabajadores se encontraban desempeñando sus funciones de manera normal y sin incidentes.

Paralelamente a estos hechos, denuncia que trabajadores afiliados a FADECHI fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones físicas por parte de miembros del Sindicato SINTEC, precisamente por ejercer su derecho a continuar trabajando. Agrega que en el kilómetro 100, dos afiliados habrían sido agredidos físicamente, y además se reportaron amenazas de nuevas agresiones en caso de no adherir a la paralización.

Luego, la noche del 9 de febrero de 2025, delegados de SINTEC, junto con representantes de trabajadores de empresas contratistas como Techint, Belfi y Syncore, habrían ocupado la garita del kilómetro 14 con el objetivo de facilitar el ingreso del presidente de SINTEC, lo que el recurrente califica como una grave alteración del orden y de la seguridad en la faena.

Expone que el 1 de marzo de 2025, cuando los trabajadores afiliados a FADECHI se disponían a salir nuevamente a terreno para cumplir sus funciones, fueron increpados por miembros de SINTEC en una actitud abiertamente hostil, recibiendo amenazas directas que generaron un ambiente de intimidación generalizada. A raíz de ello, varios trabajadores desistieron de salir a trabajar por temor a su seguridad personal, con el consiguiente riesgo de que la empresa optara por cerrar la faena o desvincularlos por la imposibilidad de operar con normalidad.

Sobre la base de estos hechos, sostiene que la actuación del Sindicato SINTEC excede completamente los márgenes de la autonomía sindical, la cual, según se argumenta, solo opera legítimamente en contextos de negociación colectiva y huelga, pero no habilita a afectar a trabajadores terceros que no pertenecen a dicho sindicato, ni a paralizar faenas de manera unilateral, menos aún mediante amenazas o actos de violencia.

Desde esa perspectiva, afirma que las conductas denunciadas constituyen actos ilegales y arbitrarios, que han perturbado y amenazado el ejercicio de derechos constitucionales de los trabajadores no afiliados a SINTEC. En particular, invoca la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, en cuanto se habría establecido un trato discriminatorio y arbitrario contra quienes, encontrándose en igualdad de condiciones laborales, optan legítimamente por no adherir a una paralización ajena a su organización sindical. Asimismo, denuncia la vulneración de la libertad de trabajo, en tanto se ha impedido, mediante presiones y amenazas, el desarrollo normal de actividades laborales lícitas, sin que exista causa basada en la capacidad o idoneidad de los trabajadores afectados.

Refuerza esta alegación citando normativa constitucional, disposiciones del Código del Trabajo y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, sosteniendo que ninguna de estas normas ampara conductas sindicales que impliquen coerción, discriminación o afectación grave a terceros.

En cuanto a la oportunidad de la acción, deja constancia de que el recurrente tomó conocimiento cierto de los actos denunciados, a más tardar, el 9 de febrero de 2025, por lo que el recurso habría sido interpuesto dentro del plazo legal establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección.

En virtud de todo lo anterior, el Sindicato FADECHI solicita que se acoja el recurso de protección, ordenando al Sindicato SINTEC cesar de inmediato toda paralización unilateral, acto de violencia, amenaza o presión contra trabajadores no afiliados, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar el libre y seguro ejercicio del trabajo.

SEGUNDO: Que informó Alejandra Hidalgo Erazo, abogada en representación de la recurrida, quien comienza contextualizando los hechos que el recurrente sitúa en los días 8 y 9 de febrero y 1 de marzo de 2025, los cuales se desarrollan en el marco del Proyecto Suministro de Agua Desaladora Distrito Norte (SADDN), una obra de gran envergadura destinada al abastecimiento hídrico de las operaciones de Codelco en Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, que se extiende desde Calama hasta la costa de Tocopilla, particularmente en el sector de Caleta La Viuda. Indica que se trata de un proyecto iniciado en el año 2023 por el consorcio Aguas Horizonte, con una inversión aproximada de mil millones de dólares, en cuya ejecución participan múltiples empresas contratistas, entre ellas Techint Chile S.A., Belfi, Syncore e IDE.

Expone que, desde sus primeras etapas, el proyecto ha estado marcado por controversias laborales relevantes, las que tienen su origen principalmente en la calificación del proyecto como infraestructura hídrica y no minera, circunstancia que implicó la exclusión de los trabajadores de beneficios contemplados en el Acuerdo Marco aplicable a otras faenas de Codelco, como el denominado bono mandante, generando un detrimento significativo en sus condiciones económicas. A ello se sumaron denuncias relativas a irregularidades en el pago de remuneraciones, pérdida de beneficios, deficiencias en las condiciones de vivienda, alimentación y conectividad, así como falencias en materias de seguridad laboral, todo lo cual fue agravado por la ocurrencia de accidentes y la falta de fiscalización oportuna.

En ese escenario, sostiene que el Sindicato SINTEC, en su calidad de organización representativa, no creó artificialmente el conflicto, sino que se limitó a canalizar y formalizar públicamente las denuncias y demandas de los trabajadores, luego de extensos intentos de diálogo infructuoso con las empresas involucradas. Dichas circunstancias derivaron en movilizaciones y paralizaciones de hecho durante el mes de febrero de 2025, las cuales, según se destaca, tuvieron por finalidad exclusiva obtener soluciones efectivas a las problemáticas denunciadas y forzar la apertura de instancias formales de negociación, sin que se registraran hechos de violencia, amenazas o coacción.

Reconoce expresamente que existió una paralización durante febrero de 2025, pero precisa que esta no fue impuesta por el Sindicato SINTEC, sino que se produjo de manera espontánea y voluntaria por parte de los propios trabajadores del proyecto, como consecuencia de incumplimientos graves y generalizados que afectaban a diversas empresas contratistas. En este sentido, se califica como falsa la imputación contenida en el recurso, en cuanto pretende atribuir el conflicto a actos coercitivos o violentos de la organización sindical o de alguno de sus dirigentes, señalando que resulta inverosímil sostener que un dirigente aislado, mediante acciones puntuales, haya paralizado un proyecto de miles de trabajadores, con múltiples accesos y una extensión territorial de cientos de kilómetros.

Destaca, además, que el conflicto fue abordado institucionalmente por el Estado como un conflicto laboral legítimo. En particular, con fecha 11 de febrero de 2025 se constituyó una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la Delegación Provincial de Tocopilla, en la que participaron autoridades públicas, la Dirección del Trabajo, Seremis sectoriales, Carabineros de Chile, las empresas Aguas Horizonte y Techint Chile S.A., así como el propio Sindicato SINTEC. En dicha instancia se reconoció formalmente la existencia del conflicto laboral y se acordó su abordaje mediante diálogo y mediación institucional, comprometiéndose las empresas a no adoptar represalias y manifestando el sindicato su disposición permanente al diálogo.

Como resultado concreto de ese proceso, señala que con fecha 3 de marzo de 2025 se suscribió un addendum a los convenios colectivos vigentes entre Techint Chile S.A., el Sindicato SINTEC Chile y la propia organización sindical recurrente FADECHI, mediante el cual se acordaron beneficios económicos asociados al término del proyecto. Este antecedente es presentado como prueba inequívoca de que el conflicto fue efectivamente superado y resuelto por vías legítimas, evidenciando además una contradicción del recurrente, al calificar como ilícitos hechos que culminaron en un acuerdo colectivo suscrito por él mismo.

Niega enfáticamente la efectividad de los hechos denunciados en el recurso. Sostiene que no existieron amenazas, agresiones físicas, bloqueos forzados, impedimentos de ingreso o salida de trabajadores o vehículos, ni presiones a trabajadores no afiliados. La suspensión de labores habría sido pacífica, voluntaria y producto de la adhesión espontánea de los trabajadores, sin mediar fuerza, intimidación o compulsión alguna. Enfatiza que no existió denuncia por parte de las empresas supuestamente afectadas, ni intervención policial, ni acciones judiciales o administrativas posteriores, como prácticas antisindicales o solicitudes de desafuero, lo que refuerza, a juicio de la recurrida, la inexistencia objetiva de las conductas imputadas.

Por último, plantea que el recurso ha perdido oportunidad, toda vez que los hechos denunciados fueron acotados en el tiempo, ocurrieron entre febrero y comienzos de marzo de 2025, y se encuentran plenamente superados mediante acuerdos adoptados en ese mismo mes. En consecuencia, afirma que no existe actualmente acto ilegal o arbitrario en ejecución ni amenaza vigente que perturbe derechos fundamentales, careciendo la acción de objeto y desnaturalizando la finalidad cautelar propia del recurso de protección.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, al respecto cabe tener presente que la existencia de conflictos laborales, incluso aquellos que se dan en el marco de derecho colectivo del trabajo, bajo ningún respecto justifican actos de violencia o vía de hechos, ni siquiera cuando existan practicas antisindicales porque en esos casos el derecho del trabajo establece la forma de proceder a denunciar a la inspección del trabajo para evitar los eventuales abuso patronales, siendo claro que incluso el derecho huelga en su caso no autoriza las vías de hecho de las organizaciones laborales.

En ese contexto, el recurso da cuenta la toma violenta de la garita, el impedir el ingreso a la faena vía de hecho y amenazas, y en el alegato se indican acciones anexas de amenaza y agresión, todas vías de hecho cuya investigación de efectuarse ya sea por vía penal, ya sea ante los Juzgados de Policía Local, y en su caso permite recurrir a la autoridad administrativa para que disponga las medidas policiales que permitan superar la eventual afectación al orden público o la libre circulación por las vías públicas.

En ese contexto, regulando nuestra normativa vigente la forma de resolución de los conflictos, lo planteado en este recurso excede el marco del recurso de protección, por lo que procede derechamente su rechazo.

SEXTO: Que la circunstancia que hubiese existido un marco de acuerdo respecto del conflicto laboral, en nada altera lo resuelto, desde que, por un lado, no hace licito las vías de hecho, y por otro lado no altera la sede en que debe conocerse de aquellas.

SEPTIMO: Que, en todo caso, la recurrente no rinde antecedente probatorio alguno, lo que sumado a la negativa de las imputaciones efectuada por la recurrida, lleva a concluir que no existen probados los hechos que se indican realizó dicha parte, y por lo mismo no puede aseverarse que hay derechos indubitados afectados, nueva razón para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación del Sindicato de Faeneros de Chile (FADECHI, ex SINAMIND), en contra de Sindicato Sintec.

Regístrese y comuníquese.

Rol 349-2025 (Protección)

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