SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA RODO PARK LTDA. con MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció el abogado Francisco Javier Martínez Morales, en representación de Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Rodopark Limitada o Rodopark Ltda., quien dedujo acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, por haber privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2°, 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al resolver la no renovación de la patente de alcoholes. Solicitó se disponga que la autoridad municipal dicte el decreto respectivo que la conceda, ordenando proceder a la renovación de la Patente Rol N°4000977, Giro Sala Venta de Cerveza, de propiedad de la recurrente, y, asimismo, disponga que el Departamento de Rentas Municipales gire los derechos que corresponde a dicha patente de alcohol y, en definitiva, que perciba dichos valores, manteniéndola vigente mientras no se verifique una causal de extinción prevista en la ley, o se adopten las medidas que considere necesario para el pleno restablecimiento del derecho.

Informó la recurrida como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente señaló es contribuyente y titular de la patente municipal Rol 4000977, con los giros Sala de Cerveza y Fuente de Soda, para operar el establecimiento de expendio de alcoholes en inmueble ubicado en domicilio reservado. La patente municipal otorgada, ha sido renovada durante estos años pagándose el respectivo impuesto en la Tesorería Municipal de forma semestral.

Indicó que, es del caso que, el decreto que no renovó esta patente se fundó en infracciones que se habrían cursado, a saber: causa Rol 3445/2024-13 del Primer Juzgado de Policía Local “por mantener mezcladas bebidas alcohólicas y analcohólicas, bebidas, cervezas” (parte de 18 de marzo de 2024); causa Rol 5235/2024-11 del Primer Juzgado de Policía Local “por mantener mezcladas bebidas alcohólicas y analcohólicas, bebidas, cervezas” (parte N°01659 de 13 de abril de 2024); causa Rol 7232/2024-002 “por no efectuar trámites de transferencia de la patente” (parte de 23 de mayo de 2024).

Expuso que, tomando como base las citadas infracciones, en Sesión de Concejo Municipal de 7 de enero de 2025 se votó en favor de la NO RENOVACIÓN de la patente, lo que se materializó en el acto recurrido, cual es el Decreto Alcaldicio N°95/2025.

Mencionó que una de las circunstancias que llama la atención en esta no renovación es el cambio de criterio, abrupto, infundado y sorpresivo del H. Concejo Municipal y el Sr. alcalde, puesto que desde que entró a regir la presente Ordenanza Comunal de Alcoholes las infracciones que sirven de base para ejercer la facultad de no renovación, deben tener el carácter de graves; sin embargo, en la especie las infracciones cursadas no lo tienen. Así, considera que este cambio de interpretación es ilegal, puesto que la no renovación se torna en una medida desproporcionada, que va en contra, no solamente del sentido común, sino que, de la propia legislación de alcoholes, a lo que se suma que, dicho cambio de criterio, ni siquiera ha sido aplicado en forma uniforme a todos los contribuyentes.

Consideró que las infracciones cursadas, son conductas menores que en caso alguno amerita una sanción tan drástica como irreversible, como lo es, la no renovación de la patente de alcohol. Sin embargo, en la sesión municipal aludida, se determinó la no renovación de la patente, puesto que se encontraba dentro de las “patentes con partes”, atendido a que presentaba a la fecha tres infracciones en su historial; cuestión inexistente en la Ley N°19.995 y en el Decreto Ley N°3.063 sobre rentas municipales. Por lo demás, las referidas multas de 2025 fueron pagadas, a fin de evitar eventuales complicaciones y cumplir con la legislación.

Así las cosas, indicó que el acto arbitrario o ilegal está constituido por dos actuaciones distintas. En primer lugar, por el Acuerdo N°012/2025 del Concejo Municipal de Antofagasta que decidió aprobar la no renovación de las patentes de alcoholes que se individualizan, sin indicar el motivo o causal legal de la decisión, con la única salvedad de indicar que tienen dos partes o infracciones. La situación de “patente con parte”, es ilegal, puesto que no existe disposición alguna de la Ley de Alcoholes, de Rentas Municipales u Orgánica de Municipalidades que permita una situación como la descrita. En segundo lugar, Decreto Alcaldicio N°95/2025 de 30 de enero de 2025, y notificado en la misma fecha, el que al igual que el Acuerdo del Concejo Municipal, tiene otro fundamento, cuales que tendría un exceso de partes. Luego, da materialidad al acuerdo ilegal o arbitrario del Concejo Municipal, tras ordenar anotar en los registros del Departamento de Rentas Municipales e Inspección -la no renovación definitiva- y dejar sin efecto la patente de alcohol de la recurrente, nuevamente sin indicar el motivo o causal legal de tal decisión, salvo indicar que tienen dos partes o infracciones.

Con ello, estimó que tanto el Acuerdo del Concejo Municipal como el Decreto Alcaldicio respectivo, son actuaciones ilegales y/o arbitrarios. Lo anterior, en primer término, porque la no renovación de una patente de alcoholes solo procede en caso de dos o más infracciones graves. Citó al afecto los artículos 5° y 7° de la Ley N°19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, de los que fluye que las municipalidades pueden “no renovar” las patentes de alcoholes otorgadas siempre que el contribuyente se encuentre en una situación de grave compromiso de las normas reglamentarias pertinentes; cuestión que se condice con la circunstancia que el ordenamiento jurídico, como es razonable, contempla un escalamiento en el nivel de sanciones: primero, se debe clausurar definitivamente el establecimiento comercial por haberse cometido infracciones a la ley de alcoholes u otras disposiciones en el orden municipal. Luego de esta clausura, puede decidirse la -no renovación de la patente- respectiva. En el caso de marras, jamás ha existido clausura alguna.

En este mismo sentido, citó el inciso 1° del artículo 29 de la Ordenanza Municipal de Alcoholes, el que prescribe que en uso de sus facultades establecidas en la letra ñ) del artículo 65 de la Ley N°18.695, el Concejo Municipal podrá denegar la renovación de patentes a aquellos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que hayan incurrido en dos o más infracciones dentro de los últimos doce meses anteriores a la fecha de la correspondiente solicitud. Luego, en la misma norma, el inciso 2°, dispone cuales serán consideradas infracciones especialmente graves, sin que la enumeración sea taxativa. En efecto, de la lectura de ambos incisos lleva a la conclusión que es menester la ocurrencia de dos infracciones GRAVES para que el Concejo Municipal ejerza la facultad de renovar o no renovar las patentes de alcoholes sometidas a su votación.

Añadió que esta afirmación, es decir, que solamente son las infracciones graves avaladas por la propia recurrida que, a través de sus actuaciones, no ha dejado dudas que solamente las infracciones que tiene el carácter de graves pueden provocar que el señor Alcalde junto al Concejo Municipal, determinen la no renovación de una patente de alcoholes, lo que fluye de las propias publicaciones, que aún se encuentran disponibles en el portal de la I. Municipalidad de Antofagasta, tales como que la propia Alcaldesa de la época, Karen Rojo Venegas, indicó que dentro de las bondades de la nueva ordenanza, estaba la de no renovar patentes de alcoholes que incumplan dos o más criterios (infracciones) que sean consideradas graves. Es más, no sólo las autoridades municipales han llegado a esta conclusión, sino también los propios abogados de la recurrida, quienes a través de diversas intervenciones en el Concejo Municipal han ilustrado a los diferentes cuerpos concejiles de la correcta forma en que debe interpretarse el artículo 29 de la Ordenanza de Alcoholes de la Comuna de Antofagasta, en orden que la potestad discrecional de no renovación procedería sólo si estamos en presencia de dos infracciones graves en el año calendario.

Señaló que abona a la arbitrariedad del acto recurrido, la circunstancia que este criterio fue modificado en forma abrupta para con la actora y, lo que es peor, sin mencionar los elementos o razonamientos que ha tendido la autoridad comunal para llegar a la conclusión que procede esta no renovación ante infracciones que no tienen el carácter de graves, sin que se conozcan las razones fácticas ni jurídicas para que la no renovación de su patente de alcohol. A lo anterior, debe agregarse un criterio proporcionalidad, el que es transgredido si se determina que ante infracciones no graves procede la sanción de mayor entidad.

A mayor abundamiento y precisión, arguyó que la Ley N°19.925, en su artículo 47 prescribe que las contravenciones a los artículos 12, 13 y 15, serán sancionadas con multa de una a dos unidades tributarias mensuales. Las contravenciones a los artículos 10, 11, 17, 18 y 24 se castigarán con multa de tres a diez unidades tributarias mensuales. La contravención al artículo 21 será sancionada con multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Los que vuelvan a incurrir en dichas contravenciones serán sancionados con el doble de la multa aplicada a la primera infracción. La tercera transgresión se sancionará con la clausura temporal del establecimiento por un período no superior a tres meses. La cuarta transgresión se sancionará con la clausura definitiva, pudiendo imponerse además la cancelación de la patente de alcoholes respectiva. Para aplicar lo dispuesto en el inciso precedente, así como determinar la segunda, tercera o cuarta transgresión a los artículos 2º, 29 y 43, se considerarán las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que dio lugar al procedimiento, aun cuando respecto de ellas el juez de policía local haya hecho uso de las facultades que le confieren los artículos 19 y 20 de la ley N°18.287. Toda contravención al Título I de la presente ley, que no tenga señalada una sanción especial, se castigará con una multa de 2 a 10 UTM, cuya causa deberá ser señalada en la resolución correspondiente. Mientras que, en el caso en concreto, la recurrente fue sancionada directamente con la más gravosa de las sanciones que establece la norma, sin gradualidad alguna, esto es, “la no renovación de la patente”, con sólo dos infracciones, contado los últimos doce meses hacia atrás, como ordena la preceptiva del ramo. Así las cosas, precisó que la interpretación, que sólo sanciones graves puede ser el fundamento de la potestad de no renovación de las patentes de alcoholes, guarda armonía con la legislación aplicable que establece una gradualidad en la imposición de infracciones.

Por otro lado, cuestionó la legalidad de la no renovación de la patente de alcoholes que fue objeto la actora, además de la aplicación del principio de tipicidad, puesto que si bien no cabe discusión que existe una potestad para la Ordenanzas Municipales de establecer ciertas infracciones que ontológicamente son faltas, conforme al artículo 3° del Código Penal, sin embargo, estas faltas no pueden alejarse de la norma constitucional que viene aparejada al reconocimiento y consagración de dicho principio de tipicidad en los términos que prevé el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, por lo tanto, las normas deben tener un sustento legal y en tal sentido, es natural que su incumplimiento conlleve algún tipo de sanción; sin embargo, lo que se aparta de este principio, es que derechamente esta norma de rango inferior cree infracciones sin sustento legal e incluso, las tipifique con el carácter de graves para aplicar otra sanción que es entregada a la misma administración comunal, como lo es, la no renovación de una patente de alcoholes.

Aludió que estas ideas necesariamente llevan a la conclusión de que, en la especie, también se ha transgredido el principio de proporcionalidad. Así, se encuentra vulnerado, toda vez que no es posible que se impongan tres infracciones, luego, fundar una sanción más grave e irreversible como la no renovación de patente de alcoholes. En el caso de marras, ante infracciones que ni siquiera son graves, lisa y llanamente se aplica la mayor sanción, la que tiene el carácter irreversible, por lo que la proporcionalidad de la sanción es un argumento central, puesto que por infracciones menos graves se aplica una sanción sumamente gravosa e irreversible. La desproporción es evidente, al tomar en consideración los nulos fundamentos que tuvo la autoridad para determinar procede la no renovación por dos o más infracciones, sin importar que estas tengan el carácter de grave, puesto que la recurrida aplicó esta sanción de “exceso de partes” para no renovar patentes de alcoholes, indicando que se trata de dos o más infracciones graves.

A su turno, estimó conculcado el principio “non bis in idem”, pues al analizar los hechos materia de este recurso, existieron tres infracciones, ninguna de carácter de grave. Luego, tales partes fueron ingresados a los Juzgados de Policía Local, aplicándose sanción de multas, que fueron pagadas, pero no obstante esto, ocurrió que la recurrida, nuevamente y en base a tales multas, volvió a sancionar a la recurrente, mediante la no renovación de la misma patente de alcoholes que fue objeto de estas sanciones.

Puntualizó que, si bien el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de las patentes de alcoholes es una facultad que, discrecionalmente corresponde ejercer al alcalde de la comuna respectiva, con acuerdo del Concejo Municipal, el ejercicio de esta facultad no puede ser infundado ni arbitrario. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, deben ser fundadas. En este entendido, la resolución municipal impugnada, tiene dos fundamentos: la ocurrencia de infracciones no graves y, aunque no lo señala expresamente el acto impugnado, el segundo fundamento es la “declaración de principios” que realiza el alcalde de la comuna, tales como el hecho de que existan problemas de alcoholismo e incivilidades, lo que no guarda relación alguna con la recurrente, máxime si analizamos las infracciones cursadas que nada tienen que ver con el consumo abusivo de alcohol o con la ocurrencia de incivilidades.

Enfatizó que tal como ha sido latamente expuesto en el recurso, la actuación del alcalde y del Concejo Municipal, en constituye un atentado en contra la garantía contenida en el n°2 del artículo 19 de la Constitución Política, pues justamente esta autoridad que también representa al concejo municipal ha establecido diferencias arbitrarias en el tratamiento que otorgó a los distintos propietarios de patentes de alcoholes en la comuna de Antofagasta, en perjuicio de la recurrente. En efecto, ante la misma situación, la recurrida ha actuado en forma absolutamente diferente. Existen una serie de otras patentes de alcoholes pertenecientes a terceros, cuya renovación también estaban en la nomenclatura municipal “patentes con partes”, pero que se han renovado por no tener la calidad de graves las infracciones que se invocan. Así, por ejemplo, un hecho notorio y con grave violación al artículo 47° incisos 2 y 3 de la Ley N°19.925, es la aprobación de la patente de alcoholes denominada ROCK CITY -ALCATRAZ. El 17 enero de 2024, tal local, teniendo cuatro infracciones (dos graves y dos sin tal carácter), contados doce meses atrás, de igual forma le fue renovada su patente de alcoholes, provocando una abierta diferencia de trato con a recurrente de esta presentación por parte del concejo municipal de Antofagasta.

Indicó además que las autoridades municipales recurridas han vulnerado la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, al impedir, el ejercicio de una actividad económica lícita a pesar de que la recurrente ha respetado todas las normas legales que regulan dicha actividad, además que la actividad comercial que desarrolla es absolutamente lícita, esto es, no es contraria a la moral, al orden público ni a la seguridad nacional. Además, hay una cuestión no menor que, a pesar de no impactar directamente en las consideraciones jurídicas que han de formularse para resolver el fondo asunto planteado, merecen un párrafo especial por su impacto social y económico, puesto que las instalaciones en que funcionan el local de la actora tienen un considerable valor económico y de inversión que ha debido realizar progresivamente a lo largo de todos los años para explotar su local y lograr su buen funcionamiento y que ahora se ve gravemente afectada con el actuar de la recurrida.

Así concluyó que, sin lugar a duda, todos estos comportamiento y actitudes de la recurrida que se ejercen en contra de mi representada, vulneran la garantía del artículo 19 N°22 de la Constitución Política de la República, la que impide que la autoridad, tenga un trato discriminatorio contra un particular.

A su vez, indicó que se ha vulnerado el derecho a la propiedad que detenta la actora respecto de la patente de alcoholes, pues ha sufrido una verdadera expropiación, que se produce sin que exista una ley general o especial que la autorice, toda vez que la recurrente ha cumplido cabalmente todas y cada una de las obligaciones generales, inclusive la pena pecuniaria, que pesan sobre los titulares de patentes de esta clase. Entonces, mientras no cambien las circunstancias fundamentales de ley, que permitieron la obtención de las patentes y mientras el titular mantenga su inquebrantable respeto de las normas legales y reglamentarias que regulan el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, le está vedado a la autoridad despojar al titular de su derecho adquirido, como es precisamente lo que intentan hacer las autoridades municipales recurridas.

Con todo, solicitó se resuelva dejar sin efecto las actuaciones practicadas por la recurrida, relativas a la -no renovación de la patente de alcoholes ya individualizada y en su lugar, se disponga que esa autoridad debe dictar el decreto respectivo que la conceda, ordenando a la I. Municipalidad de Antofagasta proceder a la renovación de la Patente Rol N°4000977, Giro Sala Venta de Cerveza, de propiedad de la actora, y, asimismo, se disponga que el Departamento de Rentas Municipales gire los derechos que corresponde a dicha patente de alcohol y, en definitiva, que perciba dichos valores, manteniéndola vigente mientras no se verifique una causal de extinción prevista en la ley, o adoptar las medidas que considere necesario para el pleno restablecimiento del derecho, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, informó el recurso nombre reservado borlando, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, quien en primer lugar alegó que la acción de protección no es la vía idónea a lo expuesto por la recurrente, pues la acción de protección no es la vía idónea para reclamar las supuestas acciones u omisiones arbitrarias o ilegales en que habría incurrido, ni tampoco para concretar las pretensiones alegadas, quien busca obtener la renovación para el primer semestre de 2025, de la patente de alcohol Rol N°4000977. En efecto, se está trayendo a esta sede una discusión de lato conocimiento, mientras que el ordenamiento jurídico establece recursos específicos para impugnar los actos administrativos, tales como los contemplados en la Ley N°19.880, además del mecanismo de control del artículo 151 de la Ley N°18.695, puesto que considera una acción para impugnar resoluciones u omisiones ilegales dictadas por el Alcalde o sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, constituyéndose en el mecanismo de control que el legislador ha dispuesto para la tutela de los derechos e intereses legítimos.

Por su parte, negó que el municipio haya incurrido en las acciones u omisiones arbitrarias o ilegales alegadas por el recurrente, ya que en ningún momento se han efectuado actos que atenten contra sus garantías constitucionales, toda vez que su accionar se ha apegado a la Constitución y las leyes, especialmente en virtud de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, artículo 2° de la Ley N°18.575, y los preceptos de la Ley N°18.695.

Por otro lado, previas citas legales y referencia jurisprudencial indicó que el proceso de renovación de las patentes de alcoholes es un procedimiento que se encuentra compuesto de distintas etapas y actuaciones realizadas por el Municipio y los contribuyentes. Dicho procedimiento se realiza dos veces al año, en enero y julio, y se inicia con la solicitud de renovación por parte de los titulares de las patentes de alcoholes, en virtud de la cual manifiestan su voluntad en torno a continuar explotando la actividad económica amparada por las mismas, debiendo adjuntar una serie de antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°19.925.

Posteriormente, el Departamento de Rentas solicita informes relativos al desarrollo de la actividad comercial a Carabineros de Chile, Juntas de Vecinos, Juzgados de Policía Local y a la Dirección de Inspección, para luego emitir un informe detallado que es presentado al señor alcalde y el cuerpo de concejales. Una vez entregado dicho informe, se realiza una segunda etapa que se inicia con la celebración de varias mesas de trabajo en las cuales el alcalde, los Concejales, el Departamento de Rentas, la Dirección de Inspección y la Dirección de Asesoría Jurídica, analizan cada una de las patentes que se someterán a renovación, concluyendo con la votación de cada una de ellas en la sesión de Concejo Municipal correspondiente, decidiendo su renovación o no.

De la decisión adoptada por el Concejo Municipal se deja constancia en el acta respectiva y, acto seguido, el Secretario Municipal, en su calidad de ministro de fe, emite un certificado en el cual consta lo resuelto por el alcalde y el Cuerpo de Concejales. El proceso antes expuesto concluye con la dictación del correspondiente acto administrativo terminal, el cual en el ámbito municipal se denomina “Decreto Alcaldicio”, de acuerdo con lo prescito en el artículo 12 de la Ley N°18.695.

En el caso de autos, mencionó que los antecedentes que se tuvieron en consideración por parte del Concejo Municipal para tomar dicha decisión, se encuentra el Oficio N°1211/2024, de 6 de diciembre de 2024, de la Dirección de Asesoría Jurídica, por el cual se informó al Departamento de Rentas aquellos establecimientos comerciales que contaban con dos o más infracciones dentro del lapso de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal N°01/2015 de la comuna de Antofagasta, cuyas sentencias se encontraban firmes y ejecutoriadas.

El referido informe se elaboró por la Dirección de Asesoría Jurídica conforme a la información proporcionada por los tres Juzgado de Policía Local de la comuna de Antofagasta. De esta manera, en el mencionado Oficio N°1211/2024, se informó que el local comercial ubicado en Latorre N°2697, de esta ciudad, presentaba las siguientes infracciones: causa Rol 5.235/2024 del 1° Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por mantener mezcladas bebidas alcohólicas con bebidas analcohólicas. Sentencia de 29 de abril de 2024, condenado a multa de 3 UTM, rebajada a 1 UTM, la cual se encuentra pagada; causa Rol 3.445/2024 del 1° Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por mantener mezcladas bebidas alcohólicas con bebidas analcohólicas. Sentencia de 8 de abril de 2024, condenado a multa de 3 UTM, rebajada a 1,5 UTM, la cual se encuentra pagada; causa Rol 7.232/2024 del 1° Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por no realizar trámite de transferencia de patente de alcohol. Sentencia de 4 de junio de 2024, condenado a multa de 2 UTM, la cual se encuentra pagada.

Tales antecedentes fueron los que sirvieron de fundamento al Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°001, celebrada el 7 de enero de 2025, para rechazar la renovación de la patente de alcohol Rol N°4000977, todo lo cual consta en el Certificado N°013/2025, de 7 de enero de 2025, y que culminó en la dictación del Decreto Alcaldicio N°95/2025, de 30 de enero del 2025.

Así pues, al establecimiento se le cursaron tres infracciones durante el período comprendido entre noviembre de 2023 a noviembre de 2024, configurándose la causal de no renovación establecida en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal N°01/2015 de la comuna de Antofagasta, que prescribe expresamente: “[…] el Concejo Municipal podrá denegar la renovación de patentes a aquellos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que hayan incurrido en dos o más infracciones dentro de los últimos doce meses anteriores a la fecha de la correspondiente solicitud.”. De esta forma, queda en evidencia que la norma del citado artículo 29, por una parte, solo exige dos o más infracciones en el plazo indicado y, por otra, no exige que todas las infracciones que existan en el referido período sean graves, lo que implica que puede haber algunas graves y otras que no revistan gravedad. Sin perjuicio de lo anterior, la infracción consistente en “no realizar trámite de transferencia de patente de alcohol”, reviste gravedad pese a no estar señalada en el mencionado artículo 29, toda vez que implica una vulneración al artículo 9° de la Ley N°19.925.

Por otra parte, indicó que no corresponde a la Municipalidad evaluar los hechos y circunstancias constatados en los denuncias o infracciones cursadas al reclamante por infringir la Ley N°19.925 y otros cuerpo normativos, ya que dicha facultad es privativa de los Juzgados de Policía Local, de manera tal que el solicitante debió presentar ante dichos Tribunales, y en la etapa procesal correspondiente, sus descargos a las infracciones cursadas, todas las cuales se encuentran con sentencia firme y ejecutoriada. Es más, en la instancia legal respectiva, no demostró lo que, a través de este arbitrio de protección, pretende desconocer, lo que resulta inaceptable puesto que la verdad, ya fuere formal o material, fue asentada mediante el procedimiento dispuesto por el legislador con tal fin, de modo tal que respecto a esos hechos se produce la cosa juzgada que debe ser aplicada y respetada, precisamente, por aquel a quien afecta.

Hizo presente que todos los antecedentes analizados precedentemente, fueron ponderados y discutidos por el Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°001, de 7 de enero de 2025, para determinar el rechazo de la renovación de la patente de alcohol Rol N°4000977. En efecto, los argumentos expuestos por los Concejales para fundar su votación, constan en el Certificado de Concejo Municipal N°013/2025, en el cual se puede verificar que quienes votaron en contra de la renovación de la referida patente de alcohol, lo hicieron conforme a lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica y el Departamento de Rentas. Así las cosas, y habiéndose dictado el mencionado Certificado de Concejo Municipal N°013/2025, el Departamento de Rentas a través del Oficio C.M. N°004/2025, de 10 de enero de 2025, procedió a solicitar al alcalde la dictación del Decreto Alcaldicio que dispusiera el rechazó de la renovación para el primer semestre de 2025.

A su turno, citó sentencias dictadas por este tribunal, el que en conocimiento de hechos similares, ha mantenido un criterio uniforme respecto al rechazo de aquellas acciones intentadas por contribuyentes que buscaron dejar sin efecto los actos administrativos que dispusieron el rechazo de la renovación de sus patentes de alcoholes, fundado en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal N°01/2015 de la comuna de Antofagasta, acogiendo siempre la postura del municipio en torno a la inexistencia de algún acto ilegal o arbitrario.

Finalmente, enfatizó que de la sola lectura del Decreto Alcaldicio impugnado se pueden verificar los antecedentes y motivos que tuvieron presente los Concejales para decidir la no renovación de la referida patente de alcohol, es más, el acto administrativo reproduce de forma textual el argumento principal que se utilizó para fundar los votos que rechazaron la renovación de la patente, el cual dice relación con lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica y el Departamento de Rentas, y que fue latamente expuesto en el presente informe, en orden a que el local comercial ubicado en Latorre N°2697, de esta ciudad, presentaba acumulación de partes o infracciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ordenanza Municipal N°01/2015 de la comuna de Antofagasta. En este sentido, es útil recordar que el Oficio N°1211/2024, de 6 de diciembre de 2024, de la Dirección de Asesoría Jurídica, fue expuesto en la Sesión Ordinaria N°001 del Concejo Municipal, celebrada el 7 de enero de 2025, razón por la cual los concejales pudieron conocer oportunamente las infracciones cursadas al establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado, de esta ciudad, y así proceder a fundamentar su votación. Por otra parte, se debe indicar que el Decreto Alcaldicio N°95/2025, de 30 de enero de 2025, hace referencia en sus vistos y contenido propiamente tal, a los documentos antecedentes que le sirvieron de fundamento, todos los cuales se entienden incorporados a dicho acto administrativo, formando parte integrante de él. Por último, el acto administrativo reclamado detalla los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión, de manera tal que indicar que con la dictación del mencionado acto administrativo se estaría vulnerando los artículos 11, inciso segundo, 16 y 41 de la Ley N°19.880, resulta ser improcedente y falso, toda vez que de la sola lectura del Decreto Alcaldicio impugnado se puede acreditar que el mismo se encuentra fundado y cumpliendo a cabalidad con toda la normativa aplicable.

Con todo, peticionó por el rechazo de la acción constitucional impetrada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, según se desprende del libelo recursivo, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente consiste en la decisión de no renovar la patente municipal de alcohol Rol 4000977, a nombre de Rodopark Ltda., con los giros Sala de Cerveza y Fuente de Soda, para operar el establecimiento de expendio de alcoholes en inmueble ubicado en domicilio reservado, de 30 de enero de 2025, y adoptada por el Honorable Concejo Municipal en acuerdo N°013/2025, de 7 de enero del año en curso.

SEXTO: Que en cuanto al fondo de la controversia planteada, cabe tener presente que el artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que el alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para “otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes”, agregando que “el otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará, previa consulta a las juntas de vecinos respectivas” y a su vez el artículo 79 letra b) de la misma disposición señala que, al Concejo Municipal corresponderá pronunciarse sobre las materias indicadas en el artículo 65; “Los concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad, favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del concejo, a menos que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia de ello en el acta respectiva”. Lo que debe ser complementado por la normativa municipal especifica, a saber, la Ordenanza Municipal respectiva. De las normas trascritas, se desprende con claridad la atribución del alcalde con acuerdo del Concejo Municipal para decidir la renovación o no de una patente de alcoholes, conforme a los antecedentes objetivos allegados mediante informes al Concejo Municipal previo a la adopción de la decisión.

Así, se cuestionó por la actora, la decisión de la autoridad edilicia y el Concejo Municipal que dispuso la no renovación de la patente, lo que importa, un acto con efectos directos en el patrimonio del recurrente, cuya licitud o no, será resultado de la adecuada motivación y objeto de este, en tanto, acto administrativo.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la motivación del acto administrativo recurrido, se observa que la fundamentación se encuentra justificada por las tres infracciones cursadas al local, en el período de noviembre 2023 a noviembre 2024, a saber: 1. Causa Rol 5.235/2024 del 1° Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por mantener mezcladas bebidas alcohólicas con bebidas analcohólicas. Sentencia de 29 de abril de 2024, condenado a multa de 3 UTM, rebajada a 1 UTM, pagada; 2. Causa Rol 3.445/2024 del 1° Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por mantener mezcladas bebidas alcohólicas con bebidas analcohólicas. Sentencia de 8 de abril de 2024, condenado a multa de 3 UTM, rebajada a 1,5 UTM, pagada; 3. Causa Rol 7.232/2024 del 1° Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por no realizar tramite de transferencia de patente de alcohol. Sentencia de fecha 4 de junio de 2024, condenado a multa de 2 UTM, pagada.

De esta manera, se colige que la recurrida cumplió con la carga establecida en el artículo 11 y 41 de la Ley 19.880, consignando los antecedentes de hecho y de derecho en los que cimentó su negativa a la renovación de las patentes de alcohol. A mayor abundamiento, según se desprende de la parte considerativa del decreto alcaldicio en cuestión, el mismo se remite expresamente al oficio N°1211/2024, de 6 de diciembre del 2024, por el cual la Dirección de Asesoría Jurídica informó aquellos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que habían incurrido en dos o más infracciones dentro del lapso comprendido entre noviembre de 2023 a noviembre de 2024.

OCTAVO: Que, en consecuencia, resulta evidente que la Ilustre Municipalidad y el Concejo Municipal, justificaron mediante antecedentes objetivos la decisión de no renovar las patentes de alcoholes, según los antecedentes acompañados en autos, estando fundado en la ordenanza respectiva, que no exige expresamente gravedad de la sanción para estos efectos, y la concurrencia tres sanciones, declaradas por sentencia ejecutoriada y que por lo mismo no pueden desconocerse, y en las que el Concejo Municipal fundo su decisión, según consta del decreto, lo que permite descartar la concurrencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en el actuar, desde que la medida impugnada fue adoptada por la autoridad prevista por la ley, en uso de sus facultades legales y motivando debidamente el acto administrativo, por lo que solo cabe rechazar la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Francisco Javier Martínez Morales, en representación de Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Rodopark Limitada o Rodopark Ltda en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 348-2025 (PROT)

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