Protección contra la I

Antofagasta, siete de agosto de dos mil quince.

VISTOS:

La comparecencia, a fojas 9, de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, a favor del Sindicato de Comerciantes Ambulantes de la Plaza nombre reservado, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la I. Municipalidad de Antofagasta, representada por la alcaldesa Karen Rojo Venegas, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por estimar que las recurridas vulneran las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, en razón de su actuar ilegal y arbitrario, consistente en la no renovación de los permisos precarios de comercio ambulante y su desalojo del lugar donde ejercen su actividad comercial 47 locatarios en la Plaza Sotomayor, solicitando que se dejen sin efecto los decretos que no renuevan los permisos de comercio ambulante y se otorguen los respectivos permisos para el segundo semestre de 2015, se instruya a la Municipalidad que cumpla los compromisos asumidos en acuerdo de 23 de febrero de 2012 y se termine toda amenaza y amedrentamiento en su contra, con costas.

A fojas 32 y 56, rolan recursos de protección deducidos por nombre reservado y nombre reservado, rol ingreso a corte Nº 3477-2015 y 3478-2015 respectivamente, ambos también a favor del Sindicato de Comerciantes Ambulantes de la Plaza nombre reservado y en contra de la I. Municipalidad de Antofagasta, planteados en exactamente los mismos términos, razón por la cual se ordenaron acumular a estos autos, según consta a fojas 46 y 70 del proceso.

A fojas 108, informa el recurso la I. Municipalidad de Antofagasta, a través de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes solicitan su rechazo, con costas, por estimar que no existe un actuar ilegal y arbitrario de su parte.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los recurrentes fundan su acción constitucional en que desde hace más de 11 años se han dedicado a la actividad de comercio ambulante, lo que les ha permitido mantener a sus familias, darle oportunidades de estudios a sus hijos y subsistir en forma digna. Dado que su actividad económica nunca ha sido vista de buena forma por las distintas autoridades, han procurado cumplir con la normativa vigente y ajustarse a los requerimientos de las autoridades de turno.

Es así como en el marco de la construcción del denominado “Boulevard Maipú”, con fecha 5 de diciembre del año 2012, bajo la administración de la alcaldesa Marcela Hernando Pérez, se firmó un protocolo de acuerdo entre el Sindicato y la Municipalidad, representada por su administrador municipal nombre reservado, mandatado por la alcaldesa de la época, la encargada del Programa de Fomento Productivo, nombre reservado, y los miembros del Concejo Municipal, consistente en la reubicación de 19 locatarios en los stands del Paseo Maipú y el resto se ubicaría provisionalmente en la actual localización de la Plaza Sotomayor, hasta ser reinstalados en nuevos lugares en distintas ubicaciones del Centro Cívico, lo que permitiría ordenar la actividad, mejorar la seguridad del centro y asegurar ingresos similares a los percibidos en su actual ubicación.

Continúan señalando que en el año 2014 la actual administración municipal inició el proceso de licitación de las obras de construcción del paseo Matta, ubicado entre las calles Arturo Prat y Maipú, consiguiendo para ello fondos del F.N.D.R. Una vez obtenidos los recursos se llamó a licitación alterando el proyecto original, agregando obras de reemplazo de baldosas en la Plaza Sotomayor y advirtiendo que no se entregarían más permisos ambulantes en dicho lugar, por lo que se tendrían que preocupar por relocalizar a todos sus locatarios que se encontraban en dicho lugar. Una vez presentada la licitación en el portal Mercado Público, ID 2430-41-LP15, ella se declaró desierta el pasado mes de junio por no tener oferentes.

No obstante lo anterior, indican que desconociendo los acuerdos a los que se había comprometido la anterior administración y validados por todos los entes municipales, el día sábado 11 de julio de 2015, se les notifica mediante decretos alcaldicios pegados en las puertas de sus locales que no se renovarían los permisos precarios de comercio ambulante y que debían desalojar el lugar. Hace presente que todos los permisos ambulantes de las personas que laboran en los alrededores, incluso las calles laterales de la Plaza y que convergen a ésta, fueron renovados sin ningún problema.

Agregan que los trabajos de mejoramiento del Paseo Matta no requieren que su feria sea disuelta y erradicada del lugar. Además, la modificación del proyecto original, que contempla el reemplazo de baldosas en la Plaza Sotomayor, no es impedimento para seguir ahí, sino que sólo es una excusa para concretar un anhelo de la actual alcaldesa de sacarlos de ese espacio por no ser parte de su proyecto, manifestando que su intención no es mantenerse eternamente en dicho lugar.

En definitiva, alega que la Municipalidad, en uso de sus facultades, ha abusado del derecho al anteponer intereses económicos y de desarrollo urbano, legítimos y entendibles, por sobre los intereses sociales y comunitarios, desconociendo los acuerdos suscritos por administraciones anteriores, sólo por el hecho de no compartir su visión política.

En cuanto a los Derechos Constitucionales que estima conculcados, cita el artículo 19 Nº 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, señalando que la recurrida infringe las normas que resguardan la igualdad ante la ley al realizar una diferencia arbitraria con el resto de los comerciantes ambulantes que circundan la Plaza Sotomayor, respecto de quienes se han renovado sus permisos en desmedro de su situación, sin que exista un fundamento fáctico para negarlo y amenazando su fuente de ingresos sólo porque el proyecto de paseo peatonal Matta incluye el cambio de unas pocas baldosas en el sector, lo que califica como arbitrario, contrario a toda lógica y en desmedro de su actividad.

Asimismo, en cuanto al segundo Derecho Fundamental invocado, sostienen que si bien la actividad comercial ambulante depende de un permiso municipal para ocupar un bien nacional de uso público, cuya naturaleza es precaria, han cumplido con todos los requerimientos de la autoridad para desarrollar la actividad y cuentan con un acuerdo para reubicarse dentro del perímetro céntrico de la ciudad una vez que se den las condiciones para hacerlo, reconociendo con ello que su actividad se enmarca dentro de la legalidad y de la estructura económica de la sociedad antofagastina; de manera que al decidir no renovar sus permisos sin dar una solución real en el marco de los acuerdos adoptados, la autoridad municipal no hace más que impedir el legítimo desarrollo de su actividad, desconociendo la continuidad y permanencia en el tiempo de las instituciones públicas, así como también el acuerdo adoptado por todos los estamentos municipales, obtenido con el afán de reordenar y validar una actividad económica siempre denostada por los estamentos formales de la comunidad.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, alegan que los compromisos asumidos por la Municipalidad en administraciones anteriores constituyen un derecho adquirido para los recurrentes, quienes legítimamente esperan que la autoridad cumpla con los acuerdos adoptados.

Por lo anterior, solicitan que los recursos sean acogidos a tramitación, adoptándose todas las medidas que permitan resguardar los derechos y garantías constitucionales invocadas, con expresa condena en costas, señalando precisamente que se dejen sin efecto los decretos que no renuevan los permisos de comercio ambulante y se otorguen los respectivos permisos para el segundo semestre de 2015, se instruya a la Municipalidad que cumpla los compromisos asumidos en acuerdo de 23 de febrero de 2012 y se termine toda amenaza y amedrentamiento en su contra.

SEGUNDO: Que la I. Municipalidad de Antofagasta informa al tenor de los recursos deducidos, señalando, en primer lugar, que no existe un actuar ilegal o arbitrario de su parte. La Municipalidad sostiene que a través de los actos administrativos correspondientes, reguló el ejercicio de la actividad comercial desarrollada por los comerciantes ambulantes en la Plaza Sotomayor, dictando los decretos alcaldicios para cada locatario. Durante fines de 2014 y comienzos de 2015, la recurrida, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, junto al Programa de Fomento Productivo, elaboró un plan de trabajo para la reubicación del locatarios, con el fin de recuperar el centro de la ciudad, en atención a los reclamos de la comunidad por las externalidades negativas que genera la ubicación actual de los comerciantes al interior de la Plaza Sotomayor. Atendido lo anterior, se procedió a notificar a cada uno de los recurrentes del decreto mediante el cual se informa que el permiso precario no sería renovado, por cuanto su vigencia expiraba el día el 31 de julio de 2015.

Agrega que en diversas reuniones sostenidas con los comerciantes se planteó la alternativa de reubicarlos a todos en diversos sectores, lo que no fue aceptado por éstos. Dicha medida de reubicación obedece única y exclusivamente al objetivo de recuperar un espacio público, concebido en sus orígenes como un lugar de esparcimiento y donde la comunidad podría ser partícipe de actos de carácter cultural, teniendo presente su carácter de “Plaza de los Eventos”.

De este modo, en el ejercicio de la actividad económica de particulares, en este caso se ha impedido que la comunidad pueda gozar de este espacio público, toda vez que este bien nacional de uso público es utilizado por particulares para el ejercicio de una actividad lucrativa, la cual no puede ser amparada a la luz de los requerimientos de la comunidad general y la necesidad de fomentar instancias de participación y esparcimiento.

Por otra parte, la recurrida afirma que sus actos se enmarcan dentro de la legalidad. Al respecto, cita el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido el subsuelo, que administren la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos, pero estos permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. En ese sentido, en base a la norma citada, el actuar de la recurrida no es ilegal ni arbitrario, ya que se funda en una norma legal expresa y responde a un plan elaborado por la actual autoridad edilicia para abordar la temática del comercio ambulante en el sector. Al efecto, cita jurisprudencia administrativa en orden a que el alcalde se encuentra facultado para otorgar permisos municipales y fijar condiciones, así como también para revocarlos o modificarlos en el ejercicio de tal atribución, sin que la autoridad pueda actuar arbitrariamente y dicte el acto administrativo motivado en un interés general o en la necesidad de que se cumplan las exigencias que son establecido las respectivas autorizaciones.

Sin perjuicio de la facultad legal con que cuenta, pide tener presente que en varios casos los locatarios del lugar ejercen la actividad sin respetar las obligaciones mínimas determinadas en los decretos, debiendo concurrir los inspectores municipales al lugar para verificar la situación junto con funcionarios del Programa de Fomento Productivo, entregando en cada oportunidad un formulario denominado “notificación de supervisión”, en el que se detallan las infracciones de los comerciantes.

Insiste en que propuso a los comerciantes reubicarse en otros lugares, pero éstos persisten en su postura de mantenerse en la Plaza Sotomayor, invocando un supuesto derecho adquirido que tendrían para ocupar el lugar.

Por otra parte, señala que la alcaldesa intenta salvaguardar un interés superior por sobre intereses económicos de particulares, insistiendo en que actúa conforme a sus facultades legales, con estricto apego a la normativa municipal y a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, obligatoria y vinculante para ella.

En cuanto a la supuesta lesión de los derechos constitucionales invocados, señala que no existe infracción al derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto aquellos comerciantes ambulantes a quienes se les renovó sus permisos se ubican en otros sectores del centro y no en la Plaza Sotomayor como los recurrentes, señalando que ha notificado la no renovación del permiso precario a todos los locatarios de dicho lugar sin distinción ni excepción de ningún tipo, debiendo los recurrentes demostrar una supuesta arbitrariedad al respecto. Además, señala que esta acción cautelar no constituyen instancias de declaración de derechos, sino sólo de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, citando jurisprudencia de la Corte Suprema.

En cuanto al derecho a desarrollar actividades económicas, señala que no impedido los recurrentes desarrollar su actividad, sino que fijó en los respectivos decretos las condiciones mínimas en que debían ejercer su comercio y el período durante el cual se ejercería, indicando claramente la naturaleza esencialmente precaria de dichos permisos y que podían ser revocados en cualquier momento, sin derecho a indemnización. Desde este punto de vista, si bien la Constitución establece la garantía a desarrollar cualquier actividad económica, también indica que ésta se encuentra limitada por la moral, el orden público y la seguridad nacional y debe ejercerse respetando las normas que la regulen, de manera que velando por el interés público comprometido y el libre acceso que deben tener todos los ciudadanos a los bienes nacionales de uso público, se decidió la recuperación de la Plaza Sotomayor, teniendo presente que los permisos fueron concedidos hasta el 31 de julio de 2015, ofreciéndoles la posibilidad de reubicación, de manera que en caso alguno puede entenderse que la Municipalidad ha vulnerado esta garantía constitucional.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, señala que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al municipio la administración de los bienes municipales y de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, lo que conforme al artículo 589 del Código Civil, pertenecen en dominio a la nación toda y su uso a todos sus habitantes, de manera que la recuperación del espacio público se ha realizado velando por el beneficio de la comunidad. Además, los recurrentes no especifican la forma en que se materializa la vulneración a esta garantía, sin aducir elementos de juicio claros y precisos que permitan entender la existencia de un derecho adquirido por supuestos compromisos con administraciones anteriores, todo lo cual conlleva a que los recurrentes no pueden atribuirse derechos de ningún tipo, careciendo de un título válido para reclamar legalmente.

En conclusión, señala que el término de los permisos precarios no obedece una actitud antojadiza o arbitraria de la Municipalidad de Antofagasta, sino que, por el contrario, encuentra su fundamento en el interés de la comunidad en general, que debe primar por sobre los intereses particulares de un grupo minoritario de personas. Insiste que en este caso la Municipalidad no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que ha actuado dentro del rango de su competencia, conforme a derecho y fundadamente, razón por la cual solicita que el recurso de protección sea rechazado, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que la recurrente acompañó ordenanza Nº 1/2004, de 16 de junio de 2004, que prohíbe el ejercicio del comercio ambulante en el paseo Prat, estableciendo la discrecionalidad de la Municipalidad para otorgar permisos, pero reconociendo a las organizaciones sindicales de comerciantes ambulantes como sujetos legitimados para acceder a tales permisos. Asimismo, acompañó acta de acuerdo entre la Municipalidad y los comerciantes ambulantes estacionados en Plaza Sotomayor, de fecha 23 de febrero de 2012, mediante el cual se conceden 68 permisos en el sector. También se acompaña decretos alcaldicios mediante los cuales se notificó la no renovación de las patentes comerciales precarias. Finalmente se acompañan copias de diarios de la ciudad relacionadas con el problema acontecido en plaza Sotomayor y firmas de personas que apoyan a los recurrentes.

CUARTO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.

Así las cosas, de la descripción que hace el Constituyente, se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón;

QUINTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente. En virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

SEXTO: Que una vez acotado el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, debe el tribunal que conoce de tal arbitrio establecer la existencia de la acción u omisión que lo motiva; identificar a la persona u órgano responsable de aquélla o ésta, y si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tiendan a la debida protección de el o los afectados y, por supuesto, que la acción u omisión sea ilegal o arbitraria, en los términos ya expresados.

SÉPTIMO: Que en relación con la ilegalidad, cabe precisar el alcance de la expresión para el recurso de protección y si ésta puede ser o no, entendida como antijuridicidad. A juicio de esta Corte, resulta patente que la antijuridicidad exigida en el caso del recurso de protección es aquella que se denomina formal y no material, es decir, aquella en que la conducta se opone directamente en contra de una norma positiva y no infringe de modo general los valores del ordenamiento. Así lo ha declarado expresamente nuestra Excma. Corte Suprema, en la sentencia de 5 de julio de 1996, en la que declaró que el recurso de protección persigue proteger los derechos taxativamente mencionados en el texto constitucional, frente a actos ilegales, es decir, contrarios al texto legal, y no frente a actos contrarios al ordenamiento jurídico en su totalidad (Rol 34024, citado por Zuñiga Urbina, Francisco, “Control judicial de los actos políticos. Recurso de protección ante las “cuestiones políticas”, Ius et Praxis 14 Nº 2 (2008), pp. 283-284).

OCTAVO: Que de lo que se trata, en consecuencia, es determinar si la actuación de la I. Municipalidad de Antofagasta, se ha traducido en la vulneración normativa. Y ciertamente, ninguna vulneración formal puede advertirse, sino antes al contrario, se aprecia que el Decreto Alcaldicio recurrido se dicta con estricto cumplimiento de lo prescrito en el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En efecto, la norma regula el otorgamiento de permisos para ocupar bienes nacionales de uso público, es decir, sobre aquellos bienes que, conforme al artículo 589 del Código civil, pertenecen a la Nación toda y, por lo tanto, son inapropiables, en el entendido que no pueden ser objeto de apoderamiento privado. Precisamente por ello, el inciso segundo de la disposición en análisis prescribe: “Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización”. La naturaleza de las concesiones, en cambio, pone a la administración en un estándar más exigente de actuación, en cuanto sólo se les puede poner término cuando sobrevenga un menoscabo al uso común, bien cuando existan otras razones de orden público.

NOVENO: Que encontrándonos en presencia de permisos precarios de uso y no de concesiones, no se advierte la ilegalidad en la que habría incurrido el Municipio, al emplear una atribución contenida expresamente en la ley, como se ha analizado.

Que en caso alguno puede modificar esta conclusión el acta de protocolo agregado a fojas 6 y siguientes, que claramente tuvo por objeto mantener los permisos para los efectos de la reubicación de los comerciantes ambulantes, en caso alguno implica o importa alterar la naturaleza jurídica de los derechos asociados a la explotación del bien nacional de uso público en el espacio Plaza Sotomayor.

DÉCIMO: Que no obstante la legalidad del acto, los actos administrativos deben ser motivados, tanto fáctica, como jurídicamente, lo que impide que el presente recurso se limite a una pura revisión formal. Precisamente, la motivación configura un límite claro entre la razonabilidad de la actuación de la administración y la arbitrariedad.

Que como se ha estimado reiteradamente, la arbitrariedad sólo puede presentarse cuando el acto carece de fundamento o racionalidad, o bien es antojadizo (Seguimos, en este sentido, la exposición de nombre reservado, Pfeffer Urquiaga, Emilio y Nogueira Alcalá, Humberto, Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, reimpresión segunda edición, Santiago, 2005, p. 215.). Que otra cuestión acontece en el caso de marras, puesto que la conducta de la Municipalidad de Antofagasta se funda en el interés público que supone la recuperación de un espacio destinado a la comunidad y la realización de actividades encaminadas a su enriquecimiento y no para la realización de actividad comercial.

UNDÉCIMO: Que el análisis anterior hace inoficioso referirse a la conculcación de los derechos que indican los recurrentes.

En relación con este derecho, los recursos han entendido que se produce discriminación arbitraria al revocar el permiso a los comerciantes ambulantes de la Plaza Sotomayor y otorgarlo o mantenerlo a otros.

En primer término, la igualdad ante la ley no supone una aplicación horizontal de las normas a los administrados. En este sentido, la sentencia de la Corte Suprema, de 12 de julio de 1991, resolvió: “Ha de entenderse por "discriminación arbitraria" toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o cualquiera autoridad pública que aparece como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; es decir, que no tenga justificación racional o razonable, lo que equivale a decir que el legislador no puede dictar una ley que imponga distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en iguales circunstancias. Lo que la Carta Fundamental asegura a todas las personas no es sino la prohibición de que en contra de éstas se hagan o generen discriminaciones "arbitrarias", originadas fuera o más allá de la razón, admitiéndolas, en cambio, el constituyente cuando ellas obedecen a la salvaguarda y protección de bienes jurídicos superiores” (Publicado en Microjuris: MJJ2068.)

Por otro lado, es importante destacar también que para que un acto genere la discriminación alegada, tiene que ser arbitrario, es decir, carente de sustento y racionalidad, que no esté motivado, antojadizo. Nada de ello ocurre en la especie, como se ha razonado precedentemente, porque la medida se ha aplicado a todos los comerciantes ambulantes que se encuentran en similar situación, es decir, emplazados en la Plaza Sotomayor. Así, la discriminación arbitraria hubiera estado en ofrecer una renovación a algunos y a otros no, sin sentido alguno.

En segundo lugar porque, todos los recurrentes han actuado como si la necesidad de recurrir por la revocación del permiso de uso les fuera completamente ajeno, ni fuese resultado de actos derivados de ellos mismos. Si debió recurrirse a la medida de revocación, es porque, como se desprende del protocolo acompañado por los mismos recurrentes, el acuerdo de traslado no pudo prosperar precisamente por la negativa reiterada de los comerciantes.

Desde el punto de vista jurídico, han actuado con abierta infracción de un principio general del Derecho: venire contra factum proprium non valet, constituye una limitación al ejercicio del derecho, porque se traducen en un abuso del Derecho.

DUODÉCIMO: Que tampoco se aprecia afectación del derecho a desarrollar actividad económica, contenido en el artículo 19 Nº 21, por cuanto como afirman los mismos recurrentes, la referida actividad debe ser realizada acorde a las normas que la regulan y la autoridad municipal no ha dictado resolución alguna que impida, perturbe o amenace el desarrollo de dicha actividad. El argumento de los recurrentes puede ser conducido al absurdo, en orden a que la Municipalidad no podría nunca disponer, acorde a las normas de la Ley Orgánica Constitucional que la rige, la revocación de un permiso, porque automáticamente afectaría la actividad económica del administrado. Si hay afectación., ésta no se comunica con un acto de ilegalidad o arbitrariedad que exija la intervención del presente recurso.

DÉCIMO TERCERO: Que tampoco puede estimarse que se ha afectado en modo alguno el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24. Las cosas incorporales son los meros derechos y éstos, conforme al artículo 576 del Código civil, son derechos reales o personales. Resulta claro que un permiso precario de uso, sobre un bien nacional de uso público, no puede tener la aptitud de cosa incorporal, pero tampoco se puede considerar un derecho, que se incorpora al patrimonio, una expectativa, por muy legítima que ésta sea.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2, 21, y 24 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZAN, sin costas, los recursos de protección interpuestos por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, a favor del Sindicato de Comerciantes Ambulantes de la Plaza nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 3476-2015 (Protección)

Sentencia redactada por el abogado integrante Cristian Aedo Barrena.

Pronunciada por la Segunda Sala, constituida por los Ministros Titulares Sra. Cristina Araya Pastene y Sr. nombre reservado, y por el Abogado Integrante Sr Cristian Aedo Barrena. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Antofagasta, a siete de agosto de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.