Protección contra Prefecto de la Prefectura de Carabineros de “El Loa”

Antofagasta, a cuatro de junio de dos mil veintiuno VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, ex – carabinero, con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros de “El Loa”, Coronel de Carabineros de Chile, nombre reservado, solicitando que se reestablezca el imperio del derecho.

Informó el recurrido, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente fundó su recurso en el actuar ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en dictar la resolución exenta N°140 de trece de abril del presente, que dispuso su baja con efectos inmediatos por mala conducta, sin tener competencia para ello y mediando injurias, calumnias, tortura y hostigamiento por parte de funcionarios de la Institución. Lo anterior, vulnerando sus garantías contenidas en los N° 1, 2, 3, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y los principios de legalidad y de inocencia.

Señaló que perteneció a la Institución por un año y nueve meses, como funcionario de la Comisaría de Carabineros de San Miguel, y en este contexto, el trece de abril de presente fue notificado de la resolución referida. Los fundamentos de la misma, fue el haber sido fiscalizado el mismo día, mientras conducía su vehículo en Calama, sin contar con los permisos correspondientes para transitar en fase 1, mientras mantenía licencia médica y portando una suma de dinero cuyo origen no pudo justificar.

Tras relatar las circunstancias de hecho del control vehicular y los motivos de su viaje, indicó que durante el control los funcionarios de Carabineros se excedieron de sus facultades, imputándole falsamente que se trasladaba portando armas y droga y revisando su vehículo. Señaló que fue trasladado a la 1° Comisaría, donde fue interrogado y acusado de haber cometido un delito, solo por la suma de dinero que portaba, afectando de esa manera su integridad psíquica y su honra. En estas condiciones, se le tomó una declaración ilegal, que no cumplió con las formalidades del artículo 91 del Código Procesal Penal, pues lo obligaron a declarar, sin la presencia su abogado ni con autorización del fiscal.

Posteriormente, fue trasladado con el Prefecto de Carabineros, con quien se entrevistó, y tras ello, no siendo aceptadas sus explicaciones, se le notificó de la resolución indicada. Luego, se le dejó irse de la Comisaría, negándosele la entrega de un salvo conducto, pese a que ya había iniciado el toque de queda.

Agregó que la decisión adoptada por el Prefecto excede sus competencias, ya que quien tiene potestad reglamentaria a su respecto es el Prefecto de Carabineros “Santiago Sur”. Por ello, el Prefecto de Calama solo debía ordenar la instrucción de un sumario, informaron los hechos a su superior jerárquico, para que este resolviera. Por tanto, se infringió su derecho a un procedimiento justo y racional. No obstante, en la resolución recurrida no se ordena poner los antecedentes en conocimiento de este.

Además, en la resolución se citan normas de la Ley de Carabineros que no son aplicables, porque se refiere a sanciones de carácter definitivo, que inaplicables en este caso, porque el procedimiento no se encuentra afinado. Asimismo, la resolución está mal confeccionada pues hay una exposición poco clara y errónea de cuales son las herramientas que tiene para impugnarla.

Agregó que se le retiró su credencial de DIPRECA, restringiendo sus posibilidades de atención de salud. Además, se impide su normal desempeño de funciones públicas y de percibir sus remuneraciones, causándole detrimento económico.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, nombre reservado de Carabineros, solicitando el rechazo del recurso, por no existir vulneración a los derechos del recurrente.

Indicó en primer lugar - en relación a los hechos relatados en la acción - que al desarrollar las primeras diligencias, como tomar declaración, no es requisito la presencia del defensor, pues lo que se pretendía determinar era la existencia de responsabilidad disciplinaria, y no de delitos. Además, en este contexto, el funcionario tiene el deber de colaborar con el procedimiento.

En segundo lugar, respecto a la vulneración del derecho a la salud, no existe vulneración, pues el retiro de la credencial de DIPRECA dice relación con la medida de carácter transitorio adoptada, al perder la calidad de funcionario público.

En tercer lugar, respecto de la libertad de trabajo infringida al ser dado de baja por un mando no habilitado, esta también debe ser desestimada.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, este tampoco se encuentra vulnerado, pues la reglamentación institucional no contempla pago de remuneraciones en contexto de un sumario administrativo, una vez adoptada la medida de dar de baja de la institución, sin que sea necesaria la tramitación integra del sumario. Además, siendo la remuneración una contraprestación a un trabajo realizado, no es procedente que sea recibida mientras no desempeñe funciones.

Tras relatar los hechos de la fiscalización, indicó que se dio cuenta a la Fiscalía la infracción al artículo 318 del Código Penal, instruyendo el fiscal que quedara apercibido de conformidad al artículo 26 del Código Procesal Penal. En este contexto, y previa declaración del recurrente, el informante, considerando que su conducta lesionó gravemente el régimen disciplinario institucional y hacía inconveniente su permanencia en Carabineros, dispuso la baja de las filas de la institución, con efectos inmediatos. Ello, fundado en el artículo 127 N°4 del Decreto N°5193 de 1959, Reglamento de Selección y Ascensos. Asimismo, se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo para determinar la veracidad de los hechos, designándose Fiscal, y cuya tramitación se encuentra vigente. Esta resolución fue notificada al recurrente, y quedó desvinculado de la institución, de conformidad a la legislación vigente.

En cuanto a la competencia del recurrido para dictar el acto administrativo, esta obedece al sector donde ocurrieron los hechos, por aplicación del principio de territorialidad determinado en la Orden General N°2385 de 2016 y artículo 3 letra e) del Reglamento de sumarios administrativos N°15, por lo que no existe vicio procedimental alguno. Además, el artículo 8 del Reglamento señala que los jefes u oficiales del sector jurisdiccional donde haya ocurrido un hecho, dispondrá la practica de diligencias preliminares, y el artículo 86 agrega que el jefe dictaminador será competente para juzgar y sancionar a todo personal que al término del sumario resulte responsable, aun cuando dependa de otra jefatura.

Por lo tanto, el sumario se encuentra en etapa de notificación de la vista fiscal, y se han otorgado todas las instancias reglamentarias para efectuar alegaciones y defensas, resguardando el debido proceso administrativo.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la cuestión planteada por el actor, se desprende que el asunto que corresponde dilucidar a esta Corte, es si la resolución exenta N°3140 que dispuso su eliminación por mala conducta con efectos inmediatos, privándolo de sus remuneraciones, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnere las garantías señaladas, que hagan meritorio la adopción de medidas correctivas para reestablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que el artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, de 1959, faculta a dicha institución para disponer la baja con efectos inmediatos, “cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución”.

No obstante, dicha baja inmediata, tiene como objeto suspender de sus funciones al funcionario mientras se tramita el sumario administrativo, de forma transitoria, cuando por la entidad de los hechos investigados lo hagan necesario, atendida su entidad y afectación a los principios de la institución. Por ello, al ser la eliminación de carácter condicional, se encuentra supeditada al sumario, en el cual se podrá ejercer su derecho a defensa, realizar sus alegaciones y descargos y rendir prueba, y en consecuencia, eventualmente resultar absuelto y reintegrado a sus funciones, debiendo ser restituidas todas las remuneraciones que no percibió debido a la suspensión.

SÉPTIMO: Que además, se debe tener presente que el acto por el cual se recurre, fue dictado en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Institución, en la esfera de sus competencias y de conformidad a la naturaleza de sus funciones constitucionales, impugnable a través de recursos administrativos y sujeta a un control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, por lo que no se trata de un acto ilegal o arbitrario. Lo anterior, teniendo presente además que la calificación de los antecedentes, en cuanto a su gravedad y afectación a los objetivos institucionales, es discrecional del encargado de instruir el sumario administrativo. En consecuencia, por lo que al no haberse probado la existencia de un acto arbitrario ni ilegal en el proceder de la institución recurrida en este aspecto, se desestimará la presente acción cautelar por este motivo.

OCTAVO: Que para resolver la alegación de la incompetencia de la autoridad que dictó el acto que por esta vía se impugna, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15, el que dispone que “Los Jefes u Oficiales en cuyo sector jurisdiccional ocurra algún hecho de importancia que pueda dar origen a la instrucción de un sumario, dispondrán de inmediato que un Oficial de Fila1, de los Servicios, o Llamado al Servicio, en el carácter de Fiscal Ad-Hoc, asesorado por un Secretario, también Ad-Hoc, practique las primeras diligencias.”. Dicha norma, debe ser relacionada con el artículo 86 del mismo cuerpo reglamentario, que en su inciso 3° prescribe que “El Jefe dictaminador será competente para juzgar y sancionar a todo el personal que al término del sumario resultare responsable de una infracción disciplinaria, aun cuando dependiere de otra Jefatura.”.

En consecuencia, de las normas citadas debe concluirse que pese a que la competencia en principio está radicada en el superior jerárquico del funcionario, existe una excepción, en aquellos casos en que el acto que se investigará, ocurrió en otro territorio jurisdiccional. En estos casos, los funcionarios cuya jerarquía les faculte iniciar investigaciones administrativas, podrán llevarlas a cabo e incluso sancionar a quienes resulten responsables, aun cuando no dependan de su jefatura.

NOVENO: Que respecto a la vulneración del derecho a la propiedad denunciado, habiéndose alegado la improcedencia de suspender las remuneraciones del recurrente, se tendrá presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en causa ROL N°15.219, donde se resolvió:

“Tercero: Que sobre el particular cabe tener presente que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, y así lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Institución: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan”. Por tanto, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza. Es por ello que no recibe aplicación en el caso de autos, como pretende el recurrente, lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, del Ministerio del Interior, que Establece Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, y conforme al cual: “Las remuneraciones del personal de Carabineros suspendido o en disponibilidad, quedarán reducidas al ochenta por ciento”, pues no ha operado aquí una suspensión de servicios, sino una desvinculación, sujeta, por cierto, a una condición, cual es el resultado del procedimiento disciplinario en curso.

Cuarto: Que dicho criterio ha sido sostenido también por la Contraloría General de la República, en los Dictámenes números 53.449 y 60.053, de 2009, 20.513, de2011, y 26.406, de 2012, pronunciamientos que, de acuerdo con los artículos 6 y 9 inciso cuarto de su ley orgánica, son obligatorios para la institución recurrida, de manera que la suspensión del pago de las remuneraciones al actor constituye una decisión ajustada a la ley y dotada de fundamento suficiente.

Quinto: Que, por lo demás, la resolución que dispone la baja de las filas de Carabineros, causa ejecutoria, de manera que si la misma es revocada por el General Director de Carabineros, el efecto inmediato de ello será ordenar su reincorporación a la institución, disponiéndose el pago delas remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado.”

DECIMO: Que en cuanto a la vulneración alegada por haber sido privado de sus beneficios en DIPRECA, tampoco puede estimarse que existiera ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del recurrido, pues esta es una consecuencia directamente relacionada con que se haya dado de baja al funcionario, con efectos inmediatos, perdiendo su calidad de funcionario de la Institución.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia, no habiéndose establecido la existencia de un acto ilegal o arbitrario, o vulneración a garantía constitucional, se rechazará la acción constitucional incoada.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra del Prefecto de Carabineros de Chile “El Loa”, Coronel de Carabineros de Chile, nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3401 - 2020 (PROT)