nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a dos de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

La comparecencia de Katherine Natalia Femenías Salas, abogada, actuando en nombre de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por efectuar publicaciones en la red social Instagram, vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19 N°3, 4 y 12 de la Constitución Política de la República.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario, la “funa” realizada por la recurrida a través de redes sociales, en que se divulgan antecedentes personales y se señala que su representado es un acosador sexual de menores, provocando el odio, amenazas y la incitación a la autotutela en su contra, poniendo en riesgo su vida e integridad, y su fuente laboral.

Indica que el año 2012, su representado era profesor en el Colegio Internacional de Antofagasta y asesor del centro de alumnos, instancia en que conoció a la recurrida por ser alumna en dicho establecimiento. Refiere que en el mes de agosto de dicho año, la recurrida divulgó un rumor en el colegio señalando que era acosada por el recurrente, abriéndose una medida de protección en el Juzgado de Familia de Antofagasta y estableciéndose orden de alejamiento, medida dejada sin efecto por esta Corte, posibilitando el reintegro del recurrente en sus funciones laborales.

Señala que en el año 2018, la recurrida publicó una “funa” por la red social Facebook, señalando que había sufrido acoso sexual cuando tenía quince años por parte de un profesor, dando a entender que se trataba del recurrente e indicando donde trabajaba, llamando al odio en su contra. Refiere que la recurrida bajó la publicación a los tres días después, por lo que decidió no iniciar acciones legales.

No obstante, sostiene que actualmente la recurrida comenzó una nueva “funa” en su contra, esta vez mediante la red social Instagram, dando el nombre completo del recurrente e indicando que éste la habría acosado sexualmente cuando era alumna del Colegio Internacional y que en esa oportunidad nadie le había creído, aseverando que esta vez no estaba dispuesta a callar la situación, haciendo un llamado para unirse a un grupo con el fin de hacer público el asunto, y que provocó los comentarios difamatorios de diversas personas.

Agrega que el actuar de la recurrida vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, por cuanto la recurrida es sindicada como víctima de hechos respecto de los cuales nunca existió un proceso criminal, transgrediéndose la bilateralidad de la audiencia. Asimismo, denuncia la vulneración de la garantía establecida en el numeral cuarto de la norma citada, al imputársele un hecho falso en un medio de comunicación social, afectando su vida privada, pública y su honra. Finalmente, alega la transgresión de la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley.

Solicita se obligue a la recurrida a retirar cualquier tipo de publicación que diga relación con el recurrente, a retirar cualquier instigación o insinuación al odio o violencia en su contra y asegurar la debida protección del afectado y su familia, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida informa al tenor del recurso, instando por su rechazo, con costas. Expone que en el año 2012, los diálogos que mantuvo como alumna con el recurrente por Facebook, con el fin de despejar dudas de la materia, se transformaron en una conversación inapropiada de connotación sexual dirigida por el propio recurrente, pese a las evasivas, rechazo y afectación psíquica de la recurrida, describiendo el contenido del diálogo; agrega que dicha situación fue relatada en la denuncia que realizó ante la Policía de Investigaciones.

Explica que el Ministerio Público investigó al recurrente por los hechos ocurridos; sin embargo, por la dificultad de recuperar las conversaciones borradas y lograr el contacto con Facebook, la investigación fue archivada. Sin perjuicio, argumenta que aquello no significa en ningún caso la inocencia del recurrente por los actos ejecutados en su contra, considerando los graves indicios encontrados en las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones, incluyendo el perfil psicológico del recurrente y sus intenciones de índole sexual con menores de edad, incluyendo fotografías y búsqueda de pornografía.

Por otra parte, refiere que su padre interpuso una demanda en el Juzgado de Familia de Antofagasta, donde solicitó una medida cautelar provisoria urgente para que la recurrida no tuviera contacto con el recurrente, resolviendo el tribunal la prohibición absoluta de acercamiento y/o contacto del recurrente con la recurrida, tanto en su domicilio particular como en el establecimiento escolar, precisando que en virtud de dicha medida, el recurrente estuvo aproximadamente un mes fuera del colegio.

Sostiene que a raíz de la publicación realizada en su perfil de Instagram, mujeres se pusieron en contacto para prestarle apoyo, además de relatarle experiencias sexuales e inapropiadas vividas con el recurrente cuando eran menores de edad y alumnas de éste, describiendo al efecto tres testimonios que acompaña en su informe.

En cuanto al fondo del recurso, argumenta que la complejidad de los hechos y la cantidad de antecedentes que obran en el expediente, hacen necesario que la materia se discuta en un juicio de lato conocimiento y no en una acción cautelar como la de autos. Asimismo, asevera que la publicación efectuada no es ilegal, pues no existe precepto legal que prohíba publicaciones como la impugnada, y además, se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión, toda vez que se trata de un acto de alta relevancia emocional para la recurrida, conteniendo información de interés público. Descarta la existencia de arbitrariedad, argumentando que la publicación es un hecho absolutamente justificado, proporcionado y razonable, que corresponde a un acto de reparación para la víctima, relacionado con su propia credibilidad, en que el texto está claramente enfocado en los aspectos emocionales del caso y en el proceso de sanación, sin ninguna expresión que pueda ser considerada como difamatoria del recurrente, sin contener fotografías de éste ni datos personales que sean concluyentes sobre su individualidad.

En cuanto a las garantías que se esgrimen en el recurso, refiere que los incisos del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental invocados no están garantizados por el recurso de protección; no obstante, sostiene que no es posible que un particular vulnere los derechos a la igualdad en la ley y a la defensa letrada. Respecto al derecho a la honra, afirma que la finalidad de la publicación no fue lograr el repudio generalizado en contra del recurrente, siendo un caso de ejercicio de la libertad de expresión sobre hechos de relevancia pública, en el contexto de reparación y acompañamiento de la víctima, sin perjuicio de no haber acreditado el recurrente una afectación de dicha garantía, agregando que el rector del colegio en que trabaja el actor emitió una declaración pública apoyándolo, por lo que corresponde descartar una afectación de la imagen del recurrente en su espacio de trabajo. Precisa que de acogerse el recurso, se incurriría en un acto de censura previa que no tiene cabida en una sociedad democrática.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de acuerdo a lo expresado por las partes y los documentos acompañados en el recurso, se colige que la recurrida efectuó una publicación en su perfil de la red social Instagram, relatando que en el año 2012, un profesor tuvo conversaciones de índole sexual por Facebook con la recurrida cuando era su alumna y tenía quince años de edad, individualizándose en las imágenes el nombre del recurrente. Por otra parte, fluye de los antecedentes de la causa que, si bien existió una denuncia e investigación realizada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones por un supuesto abuso sexual en contra de la recurrida, la causa penal fue archivada, sin que el asunto se encuentre judicializado en la actualidad. Asimismo, se advierte la existencia de una causa tramitada ante el Juzgado de Familia de Antofagasta iniciada por el padre de la recurrida, en que su padre solicitó medidas de protección para su hija adolescente, decretando el tribunal la medida de prohibición de acercamiento del recurrente a la recurrida, cautelar que en su oportunidad fue dejada sin efecto.

SEXTO: Que, establecido lo anterior, debe tenerse presente que los antecedentes referidos por el recurrente dan cuenta de hechos pueden ser constitutivos de un ilícito –injurias o calumnias- y por su parte, también lo son los actos referidos por la recurrida, quien además ha realizado la denuncia por el delito del cual dice haber sido víctima.

De esta manera y dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que éste no resulta ser la vía idónea para resolver la cuestión, como sí lo sería el procedimiento penal correspondiente, con amplias posibilidades de prueba y discusión.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, los antecedentes aportados no permiten establecer que fuera la recurrida quien instó o abogó a la realización de actos de repudio o agresión en contra del recurrente; por el contrario, las publicaciones acompañadas dan cuenta que ellas provinieron de terceros. En este contexto, es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo, la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad de las personas y su honra.

Así las cosas, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de manera exclusiva a través la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa.

Como corolario de lo anterior, valga señalar que bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra. Aquello no significa una justificación de la autotutela, teniendo en consideración las particularidades que es posible advertir en las víctimas de un delito sexual, cuya reparación ante una experiencia traumática no se limita con la mera interposición de una denuncia o una querella. En tales circunstancias, el recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 y 12, 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por la abogada Katherine Natalia Femenías Salas, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Se deja constancia que debió recurrirse a la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3377-2020 (PROT.)

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada.