nombre reservado con COMPLEJO METALURGICO ALTONORTE S.A.

PAGE Antofagasta, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, soldador calificado y director del sindicato inter Empresas Nacional de Trabajadores Unidos de Chile –SINTUC-, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección contra la Fundición Alto Norte, representada por nombre reservado, ambos con domicilios en domicilio reservado, por estimar que con actos y omisiones arbitrarios ha vulnerado sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 n° 2, 4, 5, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República –CPR-, consistente en la inclusión de sus datos personales en una lista o registro que impide su acceso a la faena de la empresa recurrida por su calidad de dirigente sindical.

Informó la recurrida, solicitó el rechazo de la acción constitucional con costas.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar constitucional se fundamenta en que el recurrente es dirigente sindical de SINTUC, y que ha trabajado para diversas empresas contratistas desde el año 2012 al 2018, realizando actividades de soldador para sus empleadores en dependencias del Complejo Alto Norte.

Señaló que intentó ingresar a trabajar a la compañía recurrida, manteniéndose a prueba por el periodo que media entre el 25 de junio al 31 de julio del 2018, contratado por la empresa Adeco, presentó su renuncia a ésta por incumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, la que no fue aceptada. Luego comunicó su calidad de dirigente sindical y solicitó 20 días de permiso por encontrarse en periodo de elecciones de directorio, retornando cuando faltaban 10 días para expirar su contrato, la empresa le indica que no suba a faena y que se realice un examen de drogas, el que salió negativo, pero la empresa lo finiquitó.

Posteriormente, narró que postuló a la empresa Keramik, contratista de la recurrida, mientras se encontraba en proceso de acreditación le informaron que no podía ingresar a la Fundición Alto Norte y que era un tema que debía ver con la recurrida, por lo que no pudo ser contratado. Igual situación indica que se produjo con la contratista JJV, que debía fabricar e instalar cañerías en la Fundición, el día 18 de noviembre de 2018, todos los trabajadores de esta faena fueron acreditados para firmar contrato salvo él, indicando que fotografió la pantalla en que la recurrida publicó su nombre y rut, refiriendo “sin acceso a la planta” y que debían ponerse en contacto con el administrador de Alto Norte.

En este contexto el recurrente indicó que la fundición lo bloqueó al incluirlo en una “lista negra” por ser dirigente sindical, impidiendo que sea contratado por las empresas que prestan servicios a la recurrida, sin justificación y por su mero capricho.

En cuanto al derecho, explicó que se infringe su derecho de propiedad sobre sus datos personales, la igualdad ante la ley al exceder la empresa sus facultades al dejarlo sin acceso a la faena, lo que a la postre afecta su patrimonio al impedir que sea contratado por empresas contratistas para desarrollar labores al interior de la Fundición. Por otra parte, indicó que se afecta los derechos consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la CPR, al utilizar la recurrida sus datos personales en forma indebida y contrario a lo establecido en la Ley 19.628, sobre protección a la vida privada.

De igual modo, denunció la infracción del número 16 inciso tercero del artículo 19 de la CPR, lo que relacionó con el artículo 2° del Código del Trabajo, los artículos 1° y 2° de la Ley 20.609 y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, todos referidos a discriminación arbitraria en las relaciones laborales, lo que colaciona con la existencia de la mentada “lista negra” afectando su oportunidad de acceder al trabajo y utilizando indebidamente su información personal con un fin distinto de aquel para el que fue proporcionado.

Concluyó solicitando se acoja la acción de protección, se restablezca el imperio del derecho y se ordene la inmediata eliminación de sus datos personales del registro que mantiene Fundición Alto Norte, con costas.

SEGUNDO: Informó el letrado Andrés Bruna Ortiz, por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas, por carecer de fundamentos jurídicos y por no existir actuaciones arbitrarias o ilegales de la recurrida.

Alegó como primera excepción la incompetencia del tribunal, basada en que conforme a los hechos narrados en el recurso se trata de una eventual vulneración de derechos fundamentales en el marco de una relación laboral, las que tienen su vía legal a través del procedimiento de tutela laboral regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, protección especial de la judicatura laboral y que es excluyente del recurso de protección general. Indicó además que por lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la CPR y artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, el factor materia es determinante para que el asunto sea conocido por el Juzgado del Trabajo. Además, refirió que el recurrente presentó su reclamo a la Inspección del Trabajo, organismo legitimado para denunciar los hechos que puedan constituir vulneración de derechos fundamentales ante la judicatura del trabajo En un segundo tópico, alegó la falta de legitimación pasiva, fundada en que la recurrida no es empleadora del recurrente, al trabajar en régimen de subcontratación carece de poder de dirección sobre éste, sin que pueda discriminarlo o violar su privacidad.

En cuanto al fondo, indicó que el recurso carece de fundamentación y no explica cómo su representada habría afectado derechos del recurrente. Explicó que para el Ingreso al Complejo Metalúrgico Alto Norte, por reglamento interno se han establecido los requisitos para que los trabajadores contratistas puedan ingresar a su faena, el que no es muy diferente de otras faenas o empresa. Este procedimiento es obligatorio para todo contratista, refirió que conforme al Manual de acreditación del Complejo es el administrador de contratos del contratista quien debe ingresar a la plataforma webcontrol para incorporar a cada uno de los trabajadores que prestaran servicio en la faena en virtud de contrato u orden de servicio aprobada. Por lo anterior, indicó que no es su representada quien ingresa ni publica los datos de los trabajadores de la contratista. Señaló que una vez ingresados los datos, el administrador de contrato de Altonorte aprueba los pases para que aquellos puedan ingresar. Explicó que de la fotografía acompañada por el recurrente se puede visualizar que es de la sesión de la empresa JJV en el sitio Webcontrol, de acceso limitado solo a aquella para el contrato, sin que se “publiquen los datos”. Sobre el particular negó que se hubiera bloqueado por la empresa al trabajador, solo que hubo un error en el ingreso de los datos de aquel por la contratista por lo que el sistema lo rechazó, debiendo reingresarse.

Por último, alegó –en síntesis- que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, sin forma de juicio, y que sí el recurrente pretende obtener una declaración de vulneración de derechos laborales debe recurrir al procedimiento especialmente creado para este objeto.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la empresa recurrida alegó la incompetencia del tribunal para conocer de los hechos materia del recurso por su especialidad –laboral-. Se desestimará la excepción debido a que al regularse el recurso de protección en el artículo 20 de la CPR, se estableció que aquel puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante autoridad o los tribunales correspondientes”, como en el caso sería la denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo o directamente la demanda de tutela de derechos fundamentales ante el juez del trabajo, en este último juicio con la limitación establecida en el artículo 485 inciso final del Código del Trabajo.

QUINTO: De igual modo se desechará la alegación de falta de legitimación pasiva invocada por la recurrida y sustentada en carecer de poder de dirección y mando sobre el trabajador recurrente por su calidad de mandante de la obra, pues es precisamente este vínculo civil que unió a la empresa recurrida con los contratistas y que permite establecer condiciones o requisitos para el acceso de los trabadores de aquellas a su faena.

SEXTO: En cuanto al fondo del recurso, por su intermedio se busca denunciar la existencia de una lista o registro privado con datos personales del recurrente como nombre y rut, que llevaría la empresa Complejo Metalúrgico Altonorte, y en la que fue incluido el recurrente solo por su cargo de director de una organización sindical, registro que impediría su contratación por las empresas contratistas que prestan servicios en las dependencias de la recurrida.

SÉPTIMO: Que establecido lo anterior, corresponde preguntarse –tal como lo deslizó la recurrida- si la acción de protección es el medio idóneo para acreditar la existencia de la mentada nómina o “lista negra” que mantendría el Complejo Metalúrgico, tópico sobre el cual las partes son divergentes. La respuesta necesariamente debe ser negativa, pues el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

Es más, aun de los elementos de convicción acompañados al recurso –documentos y fotografías- no permitan hacer fe de la situación fáctica descrita, por lo que debe rechazarse el recurso por no existir certeza sobre la ocurrencia del hecho en que se cimenta, es decir que la empresa recurrida mantiene una nómina de personas a quienes prohíbe el ingreso a sus faenas, a la cual incorporó al recurrido por su afiliación sindical.

OCTAVO: No se condenará en costas al recurrente por no estimarlo procedente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra Complejo Metalúrgico Alto Norte S.A.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3370-2018 (PROT)

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