Protección contra ÓRGANO CALIFICADOR DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL

Antofagasta, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, oficial cuarto del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del ÓRGANO CALIFICADOR DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL, Rol Único Tributario N°60.303.008-7, que recae en la persona de la jueza de dicho Juzgado, doña Elizabeth Araya Julio, solicitando se obligue a la recurrida a entregar copias digitalizadas de las actas de Precalificación y Calificación, Copia de su hoja de vida y Copia de todos los antecedentes tenidos a la vista para precalificar y calificar, que se tuvieron de fundamentos para las mismas, toda vez, que éstas le han sido negadas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se fundó en la existencia de un acto ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la negativa de entregar a la recurrente copias digitalizadas de las actas de Precalificación y Calificación, Copia de su hoja de vida y copia de todos los antecedentes tenidos a la vista para precalificar y calificar, que se tuvieron de fundamentos para las mismas, ya que éstas le habrían sido negadas, a pesar de haber instrucciones impartidas por la Excelentísima Corte Suprema en el Acta 142-2015.

Alega que dichas acciones constituyen un acto ilegal y arbitrario que perturba o amenaza el ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 19 Nº 2 y 3 de la Constitución Política de la República, afectan la igualdad ante la ley y el debido proceso, impidiendo a la recurrente conocer los antecedentes fundantes que se tuvieron a la vista para calificarla, e impiden que eventualmente pueda formular una apelación fundada, atacar o confrontar los antecedentes objetivos en los cuales se sostiene la calificación, ya que le han sido negados reiterativamente.

Precisa que fue precalificada con nota 6,33, la que la recurrente no compartió al estimar que no se sustentaba de acuerdo a los fundamentos que se expresaron en dicha calificación. Indica que en dicha precalificación se le bajaba la nota por no postular a cursos de perfeccionamiento a la Academia Judicial, sin percatarse que la recurrente en dicho período en que se debía postular se encontraba con licencia médica y le era imposible realizar dicha postulación. Por lo que dedujo recurso de apelación en contra de dicha precalificación. Indica que en su apelación solicitó que se le entregara copia digitalizada del acta de precalificación, copia de su hoja de vida y de todos los antecedentes tenidos a la vista para precalificar.

Añade que en respuesta a la apelación deducida, se reconoció que estuvo con licencia médica en el periodo que debía postular a los cursos de perfeccionamiento, pero no se sube la nota en dicho ítem ni tampoco se eliminó dicho ítem al momento de promediar la nota. Alega que se produce una inconsecuencia de mantenerle la nota en los mismos términos, a pesar de haber un ítem que no podía calificarse, o que en caso de calificarse debió hacerse con la nota mayor.

Señala que en la respuesta de dicha apelación se expresaron una serie de argumentos para rechazar la apelación, que no se encontraban plasmados en la nota de Precalificación notificada, lo que hace imposible poder apelar con certeza, contra argumentos que van cambiando o ampliándose de acuerdo a la apelación que se deduzca, por el contrario una vez notificada la precalificación, el órgano precalificador no puede usar otros argumentos de los ya expresados en la nota de precalificación ya notificada, produciéndose el deshacimiento de dicho órgano para invocar otros fundamentos que los ya notificados.

Añade que tomó conocimiento que en la reunión en que se resuelve la apelación, participaron personas que no eran parte del órgano precalificador, y que incluyen a la propia jueza que posteriormente debe calificar.

Luego, precisa que la respuesta a la solicitud de copias al órgano precalificador fue la siguiente:

“A lo solicitado en el otrosí de la reclamación, atendido que las observaciones se encuentran plasmadas en el acta de precalificación debidamente notificada, y encontrándose los demás antecedentes en la hoja de vida de personal de la recurrente, no ha lugar a los solicitado”.

Agrega que ha solicitado las mismas copias al órgano calificador, a través de correo electrónico, y a la fecha no ha recibido respuesta, a pesar de encontrarse corriendo el plazo de apelación en perjuicio de la recurrente, lo que entorpece la apelación fundada que la recurrente pueda realizar, ya que se le impide tener acceso a los antecedentes concretos y objetivos que se tuvieron a la vista para calificarla.

Luego, indica que la vulneración alegada se expresa con nitidez en el documento de respuesta a la apelación del órgano precalificador y de la falta de respuesta de la comisión calificadora. Y que ambas acciones, resultan ser una expresión seria e indubitada de una decisión unilateral y arbitraria, ya que se resuelve pasando a llevar norma expresa, contenida en el Acta 145-2015 de la Excelentísima Corte Suprema.

En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, indica que se materializa con la negación de los antecedentes solicitados, a pesar de autorizarlo expresamente la norma que establece el procedimiento de calificación. Que vetar ex ante a su parte negándole, por mero capricho e ilegalmente, el acceso a los documentos, que según el procedimiento de calificación deben entregarse a solicitud de parte y sin mayor dilación, no sólo es una injusticia que atenta contra la igualdad ante la ley, sino que es un trato discriminatorio y un notable abandono de deberes de la autoridad, que obligada a entregar la documentación por norma expresa, decide no hacerlo.

Respecto a la vulneración del derecho establecido en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, refiere que se está vulnerando arbitrariamente el debido proceso en este procedimiento de calificación, ya que se ha negado a la recurrente tanto por el órgano Precalificador y el Órgano calificador, el acceso a los documentos que se han tenido a la vista y que sirvieron de fundamentos para precalificarla y calificarla, impidiéndole poder realizar una apelación fundada, y pueda comprobar que se le ha calificado con criterios objetivos y reales, y no en forma subjetiva basados en rumores o en la cercanía o amistad que se tenga con el titular del órgano calificador, produciéndose una subjetividad en la calificación.

Señala que es de conocimiento de la Corporación del Poder Judicial a través del Jefe de Recursos Humanos, que la Asociación Chilena de Seguridad determinó que las licencias médicas que afectaron a la recurrente se debieron a una persecución por parte de la misma titular del órgano calificador, lo que lógicamente va ligado a que el tribunal en el cual se desempeña ha sido calificado por la encuesta de Riesgo Psicosociales con un Riesgo Alto, en los dos últimos dos períodos, debido a las malas relaciones por parte de la magistratura; y que la misma titular del órgano estima que esta recurrente la denunció en el año 2017, ante la Asociación de Empleados por fumar por años dentro de su despacho y afectando la salud de todo los empleados que no son fumadores, a pesar de existir ley expresa que prohíbe fumar en servicios públicos y cerrados; lo que derivó en una multa por el Servicio de Salud, la que posteriormente fue archivada en Policía Local, a pesar de existir una serie de pruebas que daban certeza de lo denunciado.

Concluyó solicitando que se ordenen las medidas necesarias para que se produzca el cese inmediato de toda amenaza al debido proceso, ordenando entregar las copias digitalizadas del acta de Precalificación y Calificación, copia de hoja de vida y copia de todos los antecedentes tenidos a la vista para precalificar y calificar, que se tuvieron de fundamentos en ambos procesos, declarando además que la recurrida no puede condicionar, limitar o impedir de modo alguno la entrega de las copias solicitadas al tenor del artículo tercero del Acta 142-2015 de la Excelentísima Corte Suprema a esta recurrente, a fin de poder ejercer en su oportunidad el recurso de apelación si lo estimare procedente, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que informó doña nombre reservado, Jueza titular del Segundo Juzgado Civil de Antofagasta solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Respecto del régimen de calificación y el procedimiento al que se ciñó la comisión precalificadora y la jueza informante como órgano calificador, precisa que la comisión pre-calificadora calificó a la recurrente con una nota promedio de 6.33, fundada en lo siguiente:

“La funcionaria demuestra un alto grado de conocimiento en materia voluntaria, de igual forma posee en general una gran experiencia como tramitadora. No obstante presenta una falta o inoportuna respuesta a requerimientos realizados en el ámbito de sus obligaciones y atribuciones. Asimismo falta de deferencia y respeto por la autoridad y sus pares, como deficiencia en las relaciones con el grupo de trabajo. Finalmente mantiene una inadecuada relación interpersonal con sus pares, lo que afecta el normal funcionamiento del Tribunal”.

Añade que al calificar a la funcionaria recurrente, se mantuvo la nota entregada por la comisión pre-calificadora, por los siguientes fundamentos:

“Reitero los fundamentos de la comisión precalificadora. Posee los conocimientos y tiene la experiencia para realizar su trabajo correctamente. Sin embargo y tal como lo indica la comisión, no muestra disposición para asumir alguna tarea extra por pequeña que sea, constantemente se muestra disconforme con las órdenes y hace ver su disconformidad en forma incorrecta. En este orden de ideas, esta juez y las restantes jefaturas del Tribunal, hemos tenido siempre especial cuidado en entregar a todos(as) facilidades ante las dificultades cotidianas y la pandemia, especialmente con la funcionaria calificada, sin embargo no aparece como suficiente para ella. Por último mantiene inadecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros lo que afecta al equipo en tu totalidad, quienes ha manifestado su descontento tanto en cuanto al clima laboral que genera, como por la carga de trabajo que asumen”.

Indica que con fecha 21 de noviembre del año en curso, la recurrente envío correo electrónico dirigido a don nombre reservado y a doña nombre reservado, con copia a la Jueza recurrida y a doña nombre reservado, en que solicitaba a la Comisión Pre-calificadora copia del acta de precalificación, copia de su hoja de vida funcionaria, copia de todos los antecedente tenidos a la vista para calificar y fundamentar la misma. Y solicitó a la comisión calificadora copia del acta de calificación, copia de su hoja de vida funcionaria, copia de todos los antecedentes tenidos a la vista para calificar y fundamentar la misma.

Indica que dicho correo fue respondido por la recurrida el mismo día en el siguiente tenor:

“Estimada nombre reservado: Junto con saludar, le comento que su hoja de vida y el acta de calificación, debe pedírsela a nombre reservado. En cuanto a lo restante, le indico que para su calificación no hubo un documento, en particular que haya tenido a la vista. Saludos Cordiales.”

En la misma fecha don nombre reservado, le responde el mismo correo a la funcionaria recurrente y le envía el acta de calificación, el acta de la precalificación y su hoja de vida funcionaria, al tenor de lo siguiente:

“Doña nombre reservado en base a lo informado por Magistrado nombre reservado, adjunto la documentación solicitada. Hago presente que la Comisión Precalificadora de igual forma no tuvo a la vista documento alguno. Atte. nombre reservado. Oficial Primero Suplente”.

Añade que con fecha 24 de noviembre la recurrente envió correo a los integrantes de la Comisión Pre-calificadora, a doña nombre reservado y a la recurrida con un documento adjunto singularizado como “Apelación calificación”. Dicho correo con su archivo adjunto fue remitido a la Iltma. Corte de Apelaciones, el mismo día por don nombre reservado para su conocimiento y superior resolución.

A continuación, alega que el recurso debe ser rechazado por cuanto los hechos planteados no son materia de un recurso de protección. Refiere que el asunto controvertido y sometido a conocimiento de esta Iltma. Corte de Apelaciones son, a juicio de la propia recurrente, incumplimientos al Código Orgánico de Tribunales y el Acta citada en el marco del régimen de calificación a los miembros del Poder Judicial, atribuyendo trasgresiones al procedimiento y haber vulnerado derechos constitucionales, uno de los cuales, ni siquiera tiene amparo constitucional.

Recalca que la recurrente impugnó la calificación a través de un recurso de apelación que fue remitido para su conocimiento y resolución a esta Corte, en el marco del régimen y procedimiento de calificación, razón por la que no ha existido ningún acto u omisión que haya afectado su proceso calificatorio. En consecuencia, la acción constitucional de protección, no es la vía idónea para cuestionar o controvertir la calificación y el o los fundamentos del que fue objeto, puesto que la normativa legal contempla la vía de impugnación y de revisión y que la recurrente ejerció sin complicación alguna.

Añade que si lo que cuestiona la recurrente es “la omisión en cuanto a la entrega de antecedentes”, no hubo antecedentes adicionales que se hayan tenido a la vista, y aquellos existentes le fueron enviados a su sólo requerimiento en la forma y oportunidad respectiva.

A continuación arguye que la garantía constitucional del debido proceso no se encuentra amparada por la acción de protección, ya que únicamente, el numeral N°3 del artículo 19 encuentra amparo en relación a la proscripción de “comisiones especiales”.

Refiere que queda de manifiesto que la recurrente no reclama del deber legal y reglamentario de tener que ejercer la función de calificación, sino que su alegato se concentra en cuestiones procedimentales (si le entregaron o no ciertos documentos), por lo que considerando que los recursos en el procedimiento de calificación han sido ejercidos por la recurrente, se transforma en más temerario su recurso.

Luego, y en cuanto al fondo del recurso, indica que la recurrente confunde los argumentos al momento de precisar los hechos que vulneran la igualdad ante la ley y el debido proceso, ya que por una parte, alega que se le ha impedido apelar fundadamente y, por otro lado, reclama sobre la nota de calificación sosteniendo que se realizó en forma subjetiva en base a rumores, cercanía o amistad; cuestión que como se ha indicado no es materia de un Recurso de Protección.

Sobre la primera alegación, reitera que a la recurrente le fueron entregados los documentos y antecedentes solicitados cuando fueron requeridos, y que tuvo la oportunidad de deducir el recurso de apelación en tiempo y forma.

Respecto de la calificación propiamente tal, recalca que esta se compone de dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo o personal, y en este último es donde participa la comisión pre-calificadora. Que la recurrente no reprocha acto alguno a la comisión de pre-calificación, a pesar de haber sido esta quien le asignó la nota que luego fue ratificada por la recurrida, por compartir los fundamentos expresados para ello. Por lo tanto, omite la recurrente indicar que fueron sus propios pares quienes la calificaron con la nota 6.33, y que para los efectos de la determinación de dicha calificación, y que constituyen los fundamentos de la Pre-calificación, sus propios colegas le hacen ver la inoportuna respuesta a los requerimientos realizados en el ámbito de sus obligaciones y atribuciones, la falta de deferencia y respeto por la autoridad y sus propios pares, y las inadecuadas relaciones interpersonales con sus compañeros y equipo de trabajo, y que afecta al Juzgado en su totalidad.

Reitera que tanto la pre-calificación como la posterior calificación se fundan en el trato inoportuno y poco empático con sus compañeros de trabajo, incluso respecto de algunos que han tenido graves dificultades a nivel personal y que han necesitado flexibilidad para retornar a sus funciones; y que desatiende la urgencia que en algunas oportunidades se le deban dar a los requerimientos de sus pares, dilatándolos, respondiendo tardíamente o reclamando.

Destaca que la funcionaria recurrente durante el año 2020 fue calificada con nota 6.55 y el año 2021 obtuvo una nota 6.5, expresándose en tal oportunidad que “Durante el período calificado ha tenido un desempeño correcto, sin perjuicio de lo indicado, se le insta a mejorar sus conocimientos, adecuarse a los procesos de cambios, asumir un compromiso y disposición con su trabajo y una actitud más positiva en sus labores”. En consecuencia, a la recurrente se le indicó expresamente en el periodo de calificación anterior a éste, que debía asumir un compromiso y disposición con su trabajo, adecuarse a los procesos de cambio y adoptar una actitud más positiva en sus labores.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, los actos y omisiones denunciados por la recurrente, consisten en la negativa de la recurrida a entregarle copias de las actas de precalificación y calificación, hoja de vida y copia de los antecedentes tenidos a la vista para precalificar y calificar.

Por consiguiente, si bien en el libelo se hace mención al proceso de calificación y su resultado aquello se realiza a modo de contextualizar el recurso; es así que del petitorio del recurso se desprende que lo que se está impugnando por esta vía no es el resultado de la calificación, sino la circunstancia de que la supuesta negativa de la recurrida a entregarle la documentación solicitada, habría vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, y le estaría impidiendo realizar una apelación fundada respecto de dicha calificación.

SEXTO: Que del contenido del informe evacuado por la recurrida, y de los antecedentes acompañados por esta, especialmente la cadena de correos electrónicos acompañados; se desprende que a la recurrente le fueron entregados el acta de calificación, el acta de precalificación, y su hoja de vida funcionaria; y que no se le entregaron otros antecedentes por cuanto para su precalificación y posterior calificación no se tuvo a la vista ningún documento en particular. Asimismo, la alegación de la recurrente, en cuanto a que no recibió respuesta a la solicitud de copias por parte del órgano calificador, no es tal, ya que consta que la jueza recurrida respondió a dicha solicitud indicándole expresamente a la recurrente que para su calificación no hubo un documento en particular que se haya tenido a la vista.

Por otro lado, del correo electrónico de 24 de noviembre de 2022 acompañado en el informe, se desprende que con fecha 23 de noviembre a las 23:38 horas., la recurrente envió a la recurrida correo electrónico con un documento singularizado como “Apelación calificación”. Y de acuerdo a lo informado por la recurrida, dicho recurso de apelación fue remitido a esta Corte para su conocimiento y resolución.

SÉPTIMO: Que de lo analizado se puede concluir que, contrario a lo alegado por el recurrente, su solicitud de copias de documentación requerida fue acogida, según se desprende de la documentación acompañada por la recurrida, especialmente los correos electrónicos acompañados. Y que si no le fue entregada documentación adicional –específicamente los antecedentes tenidos a la vista para precalificar y calificar-, aquello no se debe a un mero capricho de la recurrida, sino que a la inexistencia de dicha documentación. Por otro lado, se concluye que no se le ha impedido a la recurrente ejercer su derecho a apelación; por el contrario, los recursos en el procedimiento de calificación han sido ejercidos oportunamente por la recurrente, a través del respectivo recurso de apelación, conforme a lo ya razonado en el considerando anterior.

OCTAVO: Que en consecuencia, advirtiéndose que el proceso de calificación se efectuó de conformidad a la normativa interna que lo regula y resolviendo favorablemente las solicitudes efectuadas por la funcionaria recurrente, no se vislumbra la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida que vulnere garantía constitucional alguna, presupuesto básico de la acción constitucional deducida, por lo que esta será rechazada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra del Órgano Calificador del Segundo Juzgado de Letras en la Civil de Antofagasta, que recae en la persona de la jueza, doña Elizabeth Araya Julio.

Regístrese y comuníquese.

Rol 33440-2022 (PROT)