nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Antofagasta, a catorce de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Chile nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, de esta misma ciudad, interpone recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó la abogada Verónica Loyola Fajardo, en representación del Instituto de Previsión Social.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Chile nombre reservado, fundamentando el recurso sostiene que comenzó su vida laboral en el año 1956 desempeñándose en una serie de trabajos, entre ellos, auxiliar de bus, garzón, soldado, conductor y chofer de minería. En función de lo anterior, sus cotizaciones e imposiciones se distribuyeron, según el sistema previsional de la época, entre diversas Cajas, a saber: Capredena entre los años 1965-1966; Empart, de empleados particulares, entre los años 1968-1994, Servicio de Seguro Social y Canaempu.

Indica que a partir del año 1994, fecha en que recibió su jubilación y pensión de invalidez, correspondía haber percibido los fondos que durante décadas reunió en las diversas Cajas y fuentes de ahorro previsional. Sin embargo, solo ha recibido los valores correspondientes a los ahorros del Servicio de Seguro Social y Canaempu, de manera parcial lo correspondientes a Empart, no así los provenientes de Capredena, lo que justifica la interposición del presente arbitrio.

Sostiene que a partir de la entrada en vigencia del Decreto con Fuerza de Ley 3500, de 1980, todos los trabajadores imponentes tenían la opción de optar entre cotizar en el antiguo sistema de reparto o en el nuevo sistema de Administradora de Fondos de Pensiones. En ese contexto, decidió mantener su cotización en el sistema de previsión antiguo o anterior, jubilando a partir del 1 de enero del año 1995, obteniendo una pensión de invalidez.

Precisa que al momento de proceder al cobro de éstas prestaciones advirtió que los fondos reunidos correspondientes a la Caja Empart no estaban siendo pagados, consultando en el otrora Instituto Nacional de Previsión, quien manifestó que al momento de generarse la liquidación de fondos se procedió a realizar un descuento conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley 3501, no obstante que dicha normativa no resultaba aplicable, lo que motivó que dejara una serie de requerimientos ante dicha institución sin obtener respuesta, incluso con fecha 26 de noviembre del año 2018 la Superintendencia de Pensiones requirió mediante oficio al Director del Instituto Nacional de Previsión un pronunciamiento lo que no ha ocurrido.

Expresa que los valores consignados en Empart, no han sido entregados íntegramente a la fecha, lo que importa un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida, cuestión que se manifiesta nuevamente al no recibir el pago integro de su pensión con fecha 14 de enero del presente año.

Explica que la actuación administrativa que se impugna, dice relación con el descuento efectuado por Empart correspondiente a los artículos 4 y 2 inciso segundo N° 13 del Decreto con Fuerza de Ley 3501 que transcribe, cuya lectura abonaría por la ilegalidad del obrar de dicho descuento, pues no existe ni siquiera norma reglamentaria que funde o motive la decisión ni menos ha mantenido vínculo alguno con las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones para practicar dicho descuento.

Refiere que en su calidad de pensionado de Empart, desde el año 1995 ha sufrido un trato discriminatorio respecto de los demás afiliados al sistema, que no han visto negadas sus prestaciones, siendo inexplicable que aun cuando no se cambió de sistema se aplique un descuento permanente en el tiempo que no ha sido corregido ni restituido por la administración , asimismo, la negativa de entregar el pago íntegro de los fondos que le corresponden, lo priva del derecho de propiedad que detenta sobre éstos.

SEGUNDO: Que la abogada Verónica Loyola Fajardo, en representación del Instituto de Previsión Social, insta por el rechazo del recurso.

Como cuestión previa, alega la extemporaneidad, considerando que el recurrente tomó conocimiento de los hechos hace más de 20 años. Así, mediante Resolución de Concesión N° 03-RUT reservado, del 21 de abril de 1995, del Director del Instituto de Normalización Previsional, le fue se concedida una pensión de invalidez definitiva, a contar del 1 de enero de 1995, por haberse verificado la pérdida de más de dos tercios de su capacidad de trabajo. Además, el 11 de agosto del año 2000, presentó el mismo recurrente una solicitud de reliquidación de pensión, la que fue objeto de pronunciamiento por la entidad en los siguientes términos… “Se ha analizado la totalidad de los antecedentes que conforman su expediente de Pensionado por Invalidez, causante N° 182.591, y se ha determinado comunicar a Ud. lo siguiente: No procede efectuar revisión ni probable ajuste a su pensión, dado que éste se encuentra prescrito, por cuanto han transcurrido más de 05 años desde la fecha que se concedió el beneficio 21 de abril de 1995 y la fecha de la presentación de sus antecedentes 11 de agosto del 2000. Lo anterior, de acuerdo a los Dictámenes N° 000654 y 3081 del 03 de Febrero de 1984 y del 29 de Agosto de 1993 respectivamente, ambos de la Superintendencia de Seguridad Social y a las normas establecidas en los Artículos N° 2514 y 2515 del Código Civil, y en conformidad a la nueva Ley N° 19.260 entrada en vigencia el 04 de diciembre de 1993”. Circunstancias que demostrarían que el recurso sería extemporáneo, pues desde el mes de enero de 1995 habría percibido de manera mensual e ininterrumpida su pensión bajo los mismos parámetros en los que recibió la del mes de enero de 2019.

Expresa que no sería procedente el recurso impetrado por no resultar la vía idónea para la revisión y reliquidación de una pensión de invalidez, como asimismo, que se declare que no corresponde aplicar el descuento contemplado en el Decreto Ley 3501, al exceder del ámbito de aplicación de la presente acción.

Informa por otra parte, que el asunto o hecho que se estima vulneratorio, en la forma propuesta en el recurso estaría afecto a caducidad, tanto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 19.880 que “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen a los actos de los órganos de la administración del Estado”, que impone un plazo de dos años desde la notificación o publicación del acto, como en la propia Ley N° 19.260, en que si bien reconoce que el derecho a pensionarse es imprescriptible, establece que la revisión de los beneficios previsionales ya concedidos, como es el caso del recurrente, tiene un plazo de caducidad, pues en su artículo 4 señala …”En todo caso, la mensualidades correspondientes a las pensiones de invalidez, vejez, sobrevivencia, de jubilación por cualquier causa, y a los demás beneficios de seguridad social que emanen o se relacionen con el respectivo régimen de pensiones, tales como bonificaciones, o rebajas de cotizaciones o aportes por permanencia en servicios, que no se soliciten dentro del plazo de dos años contados desde la fecha en que ocurriere el hecho causante del beneficio, sólo se pagarán desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Igual norma se aplicará en los casos de reajustes, acrecimiento, aumento o modificación de dichos beneficios. Los referidos beneficios son revisables de oficio o a petición de parte en los casos en que se comprobaren diferencias en la computación de períodos de afiliación o servicios, en las remuneraciones imponibles consideradas para la determinación del sueldo base de pensión, o, en general, cuando existiere cualquier error de cálculo o de hecho en la liquidación. Son, asimismo, revisables cuando se hubiere cometido algún error en la aplicación de las leyes o cualquiera otro error de derecho. Igual revisión y por las mismas causas, procederá respecto de los reajustes legales que experimente el beneficio. La revisión a que se refiere el inciso anterior solamente podrá efectuarse dentro del plazo de tres años contado desde el otorgamiento del beneficio o del respectivo reajuste….”

Sobre el fondo sostiene que el recurso no puede prosperar al considerar que su mandante, ha actuado dentro de las obligaciones y facultades que le han sido legalmente concedidas, estando bajo sus obligaciones la de administrar el sistema de pensiones de las antiguas cajas de previsión y otorgar los distintos beneficios previsionales que éstas concedían, tales como jubilaciones, montepíos e indemnizaciones previsionales, como habría ocurrido con el recurrente, a quien el año 1995 al calcularse su pensión de invalidez, en condición de afiliado a la Ex Caja de Previsión de Empleados Particulares. Sobre ello, destacada que si bien concurrieron al cálculo de su pensión las cotizaciones previsionales que registraba en la Ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, en el Ex Servicio de Seguro Social y en la Ex Caja de Previsión de Empleados Particulares, es sobre esta última que fue concedida la pensión de invalidez que actualmente percibe, y no en relación con Ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas como erróneamente señala, siendo relevante ello para determinar que el factor de descuento aplicable a su pensión no sería 1,1305, sino de 1,182125, en su calidad de pensionado de la Ex Caja de Previsión de Empleados Particulares, siendo dicho descuento de carácter legal, establecido en el DL 3501, aplicable a aquellos beneficiarios cotizantes del antiguo sistema de reparto. En concreto tratándose de los cotizantes o afectos a la Caja de Previsión de Empleados Particulares y sus organismos auxiliares, corresponde al factor de descuento según Régimen General 1,182125”, como reza el artículo 2 del Decreto Ley en comento.

Precisa a modo ilustrativo que el DL 3.501, que fijó un nuevo sistema de cotizaciones previsionales, debe interpretarse en relación con el Decreto Ley 3.500, también de 1980. Este último cuerpo legal, estableció porcentajes de cotizaciones inferiores a las establecidas en los antiguos sistemas de reparto, por lo que el legislador estableció el descuento en el que funda el presente arbitrio con el objeto de evitar que la contratación de los afiliados al nuevo sistema de pensiones resultase más beneficiosa, por ser menos costosa para los empleadores, evitando así que se desincentivase la contratación de los afiliados al antiguo sistema, como es el caso del recurrente. El descuento en cuestión obedece a un factor de porcentaje que está establecido para su aplicación respecto de cada una de las antiguas cajas de previsión, y debe ser aplicado al momento de calcular la pensión de origen, lo que realizó este Servicio Publico en la oportunidad respectiva.

Descarta que exista vulneración de garantías fundamentales Así, refiriéndose a la igualdad ante la ley, el Instituto ha aplicado la legislación que corresponde a su situación previsional particular y en ningún caso le ha impedido percibir tales beneficios. Sobre el derecho de propiedad, reitera que el descuento está establecido por ley, a los trabajadores que se mantuvieron afiliados al antiguo sistema de reparto y en relación a la garantía contenida en el numeral 26 del artículo 19 que dispone que la Constitución contempla “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio” no aparece desarrollada la forma en que ello se produciría lo que impide acceder a ello.

Finalmente, plantea que no resulta posible acceder, vía recurso de protección, a las peticiones destinadas a declarar que el no pago integro de las prestaciones correspondientes a cotizaciones pagadas en Empart sea una conducta ilegal o arbitraria, como a la pretensión de disponer la reliquidación y pago de prestaciones adeudadas como sucesivas, como a la condena en costas planteada.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma.

CUARTO: Que en lo atingente a la caducidad y extemporaneidad es necesario precisar que el acto arbitrario o ilegal imputado por el recurrente se vincula a un descuento proveniente del DL 3501 que a su juicio es improcedente y que modificó la base de cálculo de la pensión de invalidez, situación que se encuentra prevista en la Ley 19.260 y que está relacionada con el cálculo, modificaciones o incrementos de la pensión que viene siendo otorgada desde enero de 1995, por lo tanto la arbitrariedad o ilegalidad surgió en el descuento mismo para lo cual el legislador estableció un procedimiento determinado que exige la intervención del órgano estatal en el estudio del procedimiento de liquidación, cuyo pronunciamiento jurisdiccional incluso ordena la consulta de manera que se trata de procedimientos revisables dentro de dos o tres años a partir de la resolución que otorga la correspondiente pensión y, por lo mismo, no cabe entrar a discutir en este procedimiento cautelar de emergencia la procedencia o improcedencia de la prescripción para luego inmiscuirse en las formas de cálculo, conflicto que resulta extemporáneo dada la naturaleza de este recurso, razón por la cual deberá rechazarse el presente recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Chile nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese y comuníquese.

ROL 329-2019 (PROT)