nombre reservado con ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Antofagasta, a dieciocho de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, en su calidad de representante legal y presidente del Sindicato de Trabajadores SQM Salar de la ciudad de Antofagasta y Daniel Osvaldo Aguirre Aguirre, Abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, deducen recurso de protección en favor y en beneficio de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, representada legalmente por nombre reservado, Run RUT reservado, Ingeniero Civil, y nombre reservado, gerente general, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por no haber prestado, en favor de las personas en cuyo nombre recurre, el servicio de atención médica determinado por el propio prestador, según lo dispuesto por la ley, cuestión que significa privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho constitucional establecido en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República, para que se garantice la atención médica adecuada y oportuna disponiendo los recursos necesarios y el reembolso correspondiente, como también se le otorgue la cobertura de las enfermedades profesionales con costas.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en la negativa sistemática y arbitraria de atención médica oportuna y adecuada en favor de los recurrentes por parte de la recurrida. En específico, a todos los recurrentes se les negó la atención médica necesaria por una enfermedad profesional ante la ACHS, omisiones que persisten hasta la fecha. Además, no se ha puesto a disposición de los recurrentes el resultado del examen del COVID-19, privándolos por este acto del ejercicio de una serie de derechos que emanan de su condición médica, haciendo presente que pertenecen al Sindicato de Trabajadores S.Q.M SALAR presidido por Claudio Castillo Barraza, en atención a que todos son trabajadores de la empresa Sociedad Química y Minera De Chile S.A con contrato indefinido de trabajo y vinculo de subordinación y dependencia del empleador ya referido en la Región de Antofagasta, empresa que se encuentra adherida en materia de seguridad laboral y salud de sus trabajadores y para el cumplimiento de las prestaciones de la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, por lo que los trabajadores del Sindicato deben atenderse por accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales en dicha entidad y en el contexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país y en específico en el mes junio de 2020 los recurrentes se encontraban ejerciendo sus labores en planta de SQM Salar de Atacama. Tomando conocimiento que un compañero de trabajo de la empresa con quien compartían el bus de traslado a la planta (contacto estrecho) había dado positivo por COVID 19 por lo cual fueron puesto en cuarentena en forma inmediata en el hotel residencia que la empresa tiene para dichos efectos.

Los trabajadores comenzaron a presentar síntomas leves de cefalea y tos para lo cual la empresa empleadora gestiona el examen de PCR por COVID 19 en laboratorio particular, examen que resultó positivo por COVID, siendo atendidos y dados de alta se les notificó por la profesional de la ACHS que su enfermedad fue catalogada como enfermedad común y que cualquier síntoma o recrudecimiento de su padecimiento debía ser atendido por la asistencia pública, a través del Samu y el Hospital Regional o, en su defecto, por la salud privada de acuerdo con sus propios recursos.

Insisten que no existió mayor tratamiento médico, de modo tal que, a la fecha de la presentación de esta acción, los afectados se encuentran sin tratamiento médico prescrito por profesional competente de la ACHS al ser un contagio provocado en el lugar de trabajo y con ocasión de este, siendo una enfermedad profesional.

Respecto del trabajador nombre reservado, quién concurrió a la Clínica la Portada, se realizaron los exámenes de rigor los cuales tuvieron un valor de $240.000 pesos, los cuales debieron ser costeados por el trabajador de acuerdo con su previsión.

Estima que la arbitrariedad, en estos casos, consiste en la ausencia de razón o fundamento en la negativa a prestar atención médica a pacientes, diagnosticado con COVID-19, que han manifestado sintomatología crítica. En efecto, no existe ningún motivo jurídico expresado, que sustente la decisión del recurrido en no otorgar las prestaciones médicas y administrativas requeridas. Junto a lo anterior, es preciso señalar que la ACHS como prestador de servicios de salud de acuerdo con las normas de la Ley 16.744 no puede eximirse de cumplir con sus obligaciones cuando éstas acarrean como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, por lo que están incumpliendo con su obligación legal de velar por la salud y la vida de las personas, y específicamente los trabajadores, contrariando todas las normas constitucionales, legales y reglamentarias que amparan el derecho ya señalado. En particular se está contraviniendo gravemente las disposiciones de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud y las normas de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Solicita ordenar a la recurrida que garantice una atención médica adecuada y oportuna en favor de sus representados, disponiendo los recursos necesarios para dicho efecto y reembolsando todos los recursos económicos que los recurrentes han tenido que desembolsar en la atención privada de su salud, otorgándole plena cobertura por dichas enfermedades profesionales, con costas.

SEGUNDO: Que Marcelo Simian Tascón, abogado, en nombre y representación de la recurrida Asociación Chilena de Seguridad, en adelante e indistintamente ACHS, Corporación de Derecho Privado administradora del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, solicitó el rechazo del recurso respecto de nombre reservado porque dio negativo a COVID-19, mientras que nombre reservado y nombre reservado, sufrieron padecimientos calificados como NO laborales, pues conforme a sus relatos no se encuadran dentro de las hipótesis, definiciones de contagio y contacto estrecho definidas por el Ministerio de Salud, a la época de los hechos. En este caso, no existen otros elementos que permitan hacer dudar de la calificación realizada por la autoridad sanitaria, mientras que el último nombre reservado, sí fue calificado como laboral, toda vez que fue reportado como tal dentro de los contagios por contacto estrecho contenidos en el listado que emiten las Secretarías Ministeriales de Salud y que unifica el Ministerio de Salud, en cuyo caso, se entregó al trabajador reposo por veinte días y pago de subsidio. En la normalidad de los casos, para que una enfermedad sea calificada o reconocida como de origen laboral, debe ser estudiada por una comisión médica, la que deberá determinar las causas y condiciones que dieron origen al malestar, para que así el empleador pueda adoptar las medidas necesarias para prevenir que los trabajadores se vuelvan a enfermar. En la situación del país, el esquema tradicional para la evaluación y calificación de enfermedades profesionales ha sido modificado por normas ad-hoc a propósito de la pandemia del COVID-19, ordenándose por la Superintendencia de salud los respectivos dictámenes, en este caso; Dictamen 1013-2020, de 5 de marzo de 2020, Dictamen 1081-2020, de 11 de marzo de 2020, Dictamen 1124-2020, de 16 de marzo de 2020, Dictamen 1161-2020, de 18 de marzo de 2020, Dictamen 1220-2020, de 27 de marzo de 2020, Dictamen 1482-2020, de 27 de abril de 2020, Dictamen 1598-2020, de 8 de mayo de 2020, Dictamen 1887-2020, de 4 de junio de 2020, Dictamen 1953-2020, de 10 de junio de 2020, Dictamen 2121-2020, de 1 de julio de 2020.

De esta manera, se han impuesto normas específicas que regulan el contacto estrecho laboral, cómo se realiza la trazabilidad de dichos casos, y cómo se califican al amparo de la Ley 16.744. En este sentido, un contacto estrecho está expresamente definido, a la fecha de los hechos de la causa, en el numeral 6° de la Resolución Exenta N°424, de 7 de junio de 2020 (publicada en el D.O. el 9 de junio de 2020), de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, actuándose dentro de las facultades de la Ley 16.744 y demás normativas reglamentarias, en consecuencia, si la calificación es justificada o injustificada, desde el punto de vista técnico, ello es revisable en el marco de un procedimiento de reclamación ante un órgano competente para resolver las controversias que se susciten entre los organismos administradores y los pacientes atendidos por ley 16.744 como es la Superintendencia de Seguridad Social. En este sentido, el Recurso de Protección viene a velar por derechos preestablecidos y preexistentes, siendo una institución de carácter cautelar y no declarativa de derechos.

De hecho, los mismos reclamantes y recurrentes de autos han presentado idéntico reclamo, en los mismos términos que el de autos, sólo cambiando las referencias a ser un recurso de protección, y lo han presentado ante la SUSESO como una reclamación del art. 77 de la Ley 16.744, pidiendo al ente fiscalizador que recalifique sus casos de patologías comunes a laborales, no como una medida de carácter cautelar, sino como una resolución de efectos declarativos y, conforme a la normativa especial aplicable debido a la pandemia de COVID -19 y citada previamente, ese análisis lo realiza la autoridad sanitaria que es la encargada de realizar y analizar la trazabilidad de los casos. Para que un caso sea declarado como laboral, se requerirá que: Se constate la existencia de un contagio con COVID-19, mediante test POCR positivo; que la autoridad sanitaria (SEREMI de Salud), mediante trazabilidad, constate el origen del contagio, que remonte y demuestre que éste ocurrió directamente a causa o con ocasión del trabajo; que la autoridad sanitaria (SEREMI de Salud) notifique a la ACHS (o al organismo administrador correspondiente), de la existencia de un contagio, por contacto estrecho de origen laboral, mediante la inclusión del nombre del trabajador contagiado, en las nóminas epidemiológicas laborales.

Concluye la Asociación Chilena de Seguridad ha actuado conforme a derecho, conforme los procedimientos y protocolos definidos por la Autoridad Sanitaria y por la SUSESO, y dentro del marco de la Ley 16.744.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la controversia se centra en la calificación efectuada por la recurrida respecto de los cuadros de COVID-19 de los trabajadores como de origen común y no laboral y la prescindencia de las atenciones de salud adecuadas.

SEXTO: Que, en este sentido, el recurso de protección reconoce y protege derechos indubitados, sin que pueda transformarse en un recurso declarativo de derechos como pretenden los recurrentes, situación que escapa al objetivo del recurso de protección que como acción cautelar busca garantizar derechos vulnerados no discutidos.

Además, como informa la recurrida, los recurrentes interpusieron el respectivo reclamo, en los mismos términos que el de autos, ante la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 16.744, solicitando al ente fiscalizador que recalifique sus casos de patologías comunes a laborales.

Por ende, reconoce, a lo menos implícitamente, que no se trata de derechos indubitados, los cuales deben ser declarados en una acción, ya sea, administrativa o judicial, de lato conocimiento.

En consecuencia, tratándose de una acción que busca la declaración de derechos y siendo estos de lato conocimiento, los cuales escapan al objetivo y naturaleza del recurso de protección, solo cabe rechazar el presente recurso desde que tres de los trabajadores no comprobaron estar afectados por el virus que ha generado la pandemia y solo uno de ellos fue contagiado con las prestaciones y la protección correspondiente, de manera que no es posible inmiscuirse en actitudes que deben calificarse como consecuencia de una investigación en lo referente a la actuación oportuna, como también las medidas que deben adoptarse para proteger y prevenir los aspectos de salud y vida de los trabajadores porque ello se definirá en el resultado de los procedimientos de reclamo que se han reconocido, como también las fiscalizaciones que pudieron realizar los organismos pertinentes, especialmente la aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo y de los reglamentos dictados por la autoridad de salud. Por consiguiente el Servicio de Salud de Antofagasta, la Secretaría Ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo a través de su respectiva Inspección Provincial son los organismos que podrán definir y calificar las actuaciones del empleador y la Asociación Chilena de Seguridad en el tratamiento y prevención de los problemas de salud que generaron los trabajadores recurrentes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por Claudio Castillo Barraza, en su calidad de representante legal y Presidente del Sindicato de Trabajadores SQM Salar de la ciudad de Antofagasta y Daniel Osvaldo Aguirre Aguirre, Abogado, en favor y en beneficio de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3279-2020 (PROTECCIÓN)