INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EDMUNDO CEBALLOS DIAZ EIRL con PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta a siete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Iván León Hernández en representación de Ingeniería y Construcción Edmundo Ceballos Díaz E.I.R.L, interponiendo recurso de protección en contra del Primer Juzgado Civil de Antofagasta y en contra de Arturo Iribarren Pérez, juez de dicho tribunal.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente deduce su acción de protección de garantías fundamentales estimando que la recurrida ha infringido la normativa legal y constitucional, puesto que en el marco de un procedimiento concursal de liquidación no ha sido emplazado válidamente, debiendo estimarse como nula y contraria a derecho la notificación practicada, en base a los siguientes hechos:

Principia señalando que es objeto de un proceso concursal de liquidación forzosa iniciado el 11 de septiembre de 2018, sustanciado bajo el rol C-4619-2018 caratulado “Komatsu Cummins Chile Arrienda S.A con Ingeniería y Construcción Edmundo Ceballos Díaz E.I.R.L” ante el tribunal ya indicado. En dicho contexto, es atendible que los procedimientos se rigen por la Ley N°20.720, y la primera notificación debe practicarse personalmente o de forma subsidiaria por el artículo 44, de acuerdo con las normas del código de procedimientos, y así también lo entendió el tribunal y el juez de la instancia a través de la resolución que da curso al procedimiento fijando audiencia dentro del quinto día desde la notificación según dichas normas. Por ende, las notificaciones en el procedimiento concursal se rigen por el Código de Procedimiento Civil, lo que no ha sido modificado por la normativa concursal.

Precisa que el 02 de enero del año en curso, se enteró que existía un procedimiento concursal en su contra cuando trató de ingresar al portal del Servicio de Impuestos Internos, siéndole denegado el acceso, informándose posteriormente que no era un problema de clave sino de la existencia del mencionado procedimiento. Lo anterior, evidencia que nunca fue debidamente emplazado, vulnerándose con ello principios básicos del derecho, como la igualdad ante la ley y el debido proceso, al amparo de la actuación del juez recurrido.

Agrega que revisado el expediente virtual se advierten garrafales errores en la etapa de notificación que ha generado su indefensión, en especial, su comparecencia a la única audiencia del procedimiento, consistentes en tres actuaciones de la receptora Thelma Maluenda correspondiente a dos búsquedas positivas los días 27 y 29 de noviembre de 2018, y éste último día la propia notificación subsidiaria del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo constancia que la acreedora haya solicitado dicha notificación y tampoco que el tribunal así lo ordene, limitándose el tribunal a señalar que la audiencia se realizaría al quinto día de efectuada la notificación personal o aquella realizada conforme al artículo 44 del mencionado código, resultando contrario a derecho que un ministro de fe notifique subsidiariamente el mismo día y en el mismo horario en que practicó la segunda búsqueda.

Enfatiza que a mayor abundamiento los títulos que sustentan la acción correspondiente a 21 facturas que datan de junio y julio del año 2017 carecen de mérito ejecutivo, y peor aún se encuentran prescritas, cuestión que además de las garantías fundamentales indicadas, ha conculcado su derecho de propiedad.

Hace presente que debido a lo expuesto solicitó el 04 de enero de los corrientes la nulidad por falta de emplazamiento, resolviendo acertadamente el tribunal el 08 de enero de este año dar tramitación a la incidencia, confiriendo traslado y acogiendo la suspensión del procedimiento. Por su parte, la contraria el día 11 del mes en curso solicitó la corrección del procedimiento en virtud del artículo 5° de la Ley N°20.720, la que prescribe que en estos procedimientos no se contemple el incidente mencionado. Finalmente, el tribunal sin fundamento acogió la corrección del procedimiento señalando que el incidente no procede en la liquidación forzosa, evidenciando una falta de rigurosidad y de su obligación de realizar el examen de admisibilidad de forma correcta, colocando en riesgo su patrimonio.

Expone que interpuso recurso de apelación subsidiaria en contra de la resolución que dejó sin efecto la tramitación del incidente, acompañando fallos para sustentar su petición, a pesar de ello, el juez recurrido rechazó la reposición y dio lugar a la apelación, remitiéndose los antecedentes recién el 01 de febrero de este año, con lo que se han mantenido los perjuicios en su contra.

Finaliza estimando que se han conculcado sus garantías constitucionales, vulnerándose la igualdad ante la ley, puesto que no se ha aplicado la normativa legal en forma equitativa a todas las personas, lo que ha desencadenado que también se vulnere el debido proceso, ya que se le ha impedido el ejercicio de su defensa y finalmente el derecho de propiedad al haber sido privado de la administración de sus bienes, corriendo el riesgo que éstos se liquiden, permitiendo el tribunal al liquidador concursal actuar mientras el procedimiento se encontraba suspendido retirando éste cheque de la secretaria del tribunal y procediendo a la incautación de bienes el 09 de enero del presente año, viéndose además afectada esta garantía por la junta extraordinaria del 30 de enero de 2019 en la cual se está tratando la venta de sus bienes, produciendo en definitiva que distintos acreedores aceleren sus créditos.

En definitiva solicita se ordene practicar la notificación conforme a derecho retrotrayendo la causa al estado procesal correspondiente, declarando nulo todo lo obrado posteriormente a la notificación ilegal, y con ello reestablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO:

Que comparece como tercero nombre reservado en representación de Komatsu Cummins Chile Arrienda S.A. solicitando se le tenga en dicha calidad ya que lo resuelto en la presente acción afectaría a su representada por ser acreedora y demandante en el procedimiento concursal de liquidación forzada de la recurrente.

Además, solicitó se declare la inadmisibilidad del recurso, puesto que en la actualidad se encuentra pendiente el resultado definitivo del incidente de nulidad interpuesto por la recurrente. En otro orden de ideas, solicitó su rechazo por extemporáneo ya que el acto impugnado sería haber dado curso progresivo al procedimiento, en circunstancias que la notificación no fue legalmente practicada, tomando conocimiento el 22 de enero del presente año, sin embargo, lo aseverado no es correcto, puesto que el actor tomó conocimiento en una fecha anterior, en efecto, la resolución de liquidación le fue notificada a través del Boletín Concursal el 10 de diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 inciso final de la Ley N° 20.720, no pudiendo alegar ignorancia del boletín y sus publicaciones conforme al articulo 8° del Código Civil. Además, el liquidador nombre reservado se contactó telefónicamente con el representante legal de la recurrente el 12 de diciembre del año pasado para informarle la existencia del procedimiento concursal. En definitiva, el recurso se presentó el 01 de febrero del año en curso, transcurriendo con creces los 30 días corridos desde que se toma conocimiento del acto que se estima ilegal y/o arbitrario.

En subsidio de lo anterior, solicitó declarar inadmisible la acción cautelar por existir procesos judiciales pendientes, específicamente el recurso de apelación elevado ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones bajo el rol de ingreso civil 146-2019.

Finalmente, solicitó rechazar el recurso porque el tribunal recurrido actuó conforme a derecho apegándose a lo prescrito en el artículo 119 de la ley concursal, no existiendo una actuación que pueda ser considerada arbitraria y/o ilegal y por tanto en la especie no se han vulnerado los derechos fundamentales reclamados por el actor.

TERCERO: A su vez, evacuó informe el juez recurrido señalando que efectivamente el 11 de septiembre de 2018 se interpuso ante el Primer Juzgado de Letras demanda de liquidación forzosa contra el recurrente, dándose curso a la acción el 09 de octubre de ese año, certificándose en las fechas ya indicadas por la receptora Thelma Maluenda búsquedas positivas en el domicilio ubicado en domicilio reservado respecto del representante legal de la empresa demandada.

Enfatiza en lo relativo a los fundamentos del recurso, que el artículo 119 de la Ley N° 20.720 es claro en lo relativo a la revisión de la primera providencia y notificación de la demanda en este tipo de procedimientos que se practicará personalmente o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, no revistiendo dicha norma interpretación equivoca alguna, al disponer que la notificación se realizará conforme al artículo referido, previas certificaciones de búsquedas positivas, pudiendo notificarse en el domicilio del demandado sin que medie resolución del tribunal que así lo ordene.

Estima que la ley concursal debe primar sobre la ley general, por tanto, no existe vulneración alguna en la falta de emplazamiento alegada por el abogado de la recurrente, ya que el compendio normativo de insolvencia y Reemprendimiento regula la notificación en los procedimientos de liquidación forzosa, y ello no queda entregado a las normas del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, arguye que no se han vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por el recurrente, especialmente la del derecho de propiedad, considerando que estando notificado el recurrente no compareció a la audiencia inicial celebrada el 5 de diciembre de 2018, dictando el tribunal resolución de liquidación conforme al articulo 120 N°3 de la Ley del ramo, nombrando al efecto al liquidador conforme al número 4 del artículo 118 del mismo cuerpo normativo, no ejerciéndose en definitiva su derecho a defensa en la oportunidad procesal consagrada en articulo 120 N°2, coligiéndose que han operado las propias consecuencias de no haber ejercido sus derechos en la forma que la ley lo faculta, por haber estos precluido.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados, los cuales no se desprenden de lo aseverado por el recurrente en su acción y del contenido del informe de la recurrida, por el contrario, se ha constatado con la documentación acompañada que las alegaciones del actor se han hecho valer a través del recurso de apelación interpuesto en contra de aquella resolución que rechazó el incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento, ingresado a esta Corte bajo el rol civil 146-2019, encontrándose la gestión aún pendiente en esta instancia, a raíz de la reposición interpuesta el 06 de marzo del año en curso por el recurrente en contra de la resolución del 28 de febrero del presente año que acogió un recurso de hecho.

QUINTO: Que, por consiguiente, el procedimiento concursal y las peticiones del actor en el presente arbitrio se encuentran actualmente sometidos al conocimiento de este tribunal, lo que demuestra que el actor está ejerciendo simultáneamente, otras acciones jurisdiccionales para reclamar los derechos que estima conculcados, desnaturalizando con ello, el presente arbitrio. En este orden de ideas, al existir un recurso ordinario pendiente la presente acción extraordinaria orientada a cautelar situaciones de urgencia que conculque o amenace el ejercicio de derechos indiscutidos, no puede prosperar.

SEXTO: Que, finalmente no ha existido una vulneración de los derechos reclamados por el actor, puesto que el juicio concursal en el cual tiene la calidad de demandado, ha sido sustanciado conforme a la normativa legal que rige la materia, emplazándose en conformidad a lo preceptuado en el artículo 5° de la Ley N° 20.720, norma que no exige una declaración expresa del tribunal o la petición del acreedor en dicho sentido para proceder a la notificación de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, razones que se alzan como suficientes para estimar que la actuación del tribunal y el juez recurrido carecen de la arbitrariedad e ilegalidad reclamada por el recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por Iván León Hernández en representación de Ingeniería y Construcción Edmundo Ceballos Díaz E.I.R.L, en contra del Primer Juzgado Civil de Antofagasta y de Arturo Iribarren Pérez, juez de dicho tribunal.

ROL 327-2019 (PROTECCIÓN)