Protección contra DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, a dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad cubana, domiciliada en domicilio reservado, Región de Antofagasta, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales, en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representada legalmente por su jefe don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Antofagasta; por la negativa ilegal y arbitraria a la recepción de la solicitud de refugio de la recurrente con sus respectivos antecedentes y al envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, tras haberse presentado con fecha 04 de febrero de 2026, estimando vulnerada la igualdad ante la ley garantizada en el artículo 19 N.° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y ordenar el ingreso a tramitación de la solicitud de refugio, con su respectivo timbraje, para obtener la visa temporaria de refugio respectiva mientras se espera su evaluación.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción indicando que, con fecha 04 de febrero de 2026 la actora acudió a la Oficina de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, ubicada en domicilio reservado, para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Relata que, habiéndose presentado en la fecha referida y habiendo sido atendida, su requerimiento 1 específico no fue admitido a tramitación inmediata de la manera correspondiente, esto es, sin mayor dilación, a pesar de reunir todos los antecedentes y requisitos necesarios para que se accediera y se le diera curso a su solicitud. Asevera en su libelo que la autoridad rechazó de plano su petición, incurriendo en la grave omisión de no dejar registro alguno de la manifestación de su intención de solicitar refugio.

Sostiene que esta situación la mantiene en un estado de latente vulnerabilidad, toda vez que existe para la actora el claro riesgo de ser expulsada del país al no contar con ningún registro oficial de haber solicitado protección.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación recurrida, fundamenta que dicha conducta infringe lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley N.° 20.430, normas que establecen que, al realizar la solicitud, la autoridad migratoria debe requerir a la persona que declare los motivos que la forzaron a dejar su país de origen y remitir en el más breve plazo los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Argumenta que este trámite está siendo obstruido de forma arbitraria e injusta por la oficina de extranjería al rechazarlo de plano, omitiendo su obligación legal de recepcionar los antecedentes con la debida prontitud y celeridad.

Luego, apoyándose en jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema (Causa Rol N.° 91349-2022) y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol N.° 160021-2022), alega que a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones no les corresponde deliberar sobre la legitimidad o validez de los antecedentes expuestos por los solicitantes para imposibilitar el inicio de la tramitación. Sostiene que las únicas y precisas actuaciones válidas de la Administración consisten en proporcionar el formulario respectivo para que sea completado por el interesado y, de esa manera, posibilitar la formalización de la solicitud de reconocimiento. Asimismo, recalca, con base en la citada 2 jurisprudencia, que la normativa especial de la Ley N.° 20.430 no contiene disposición alguna que obligue a los extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente al país a someterse al trámite de “autodenuncia” como condición previa para formalizar la petición de refugio, debiendo prevalecer dicha norma especial.

Adicionalmente, expone que el proceder de la autoridad transgrede el derecho humano fundamental a buscar y recibir asilo, el cual no puede ser limitado arbitrariamente, encontrándose consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y amparado por el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, acusa la vulneración del Principio de No Devolución estatuido en el artículo 4° de la Ley N.° 20.430, el cual exige otorgar protección desde el momento mismo en que se manifiesta oralmente o por escrito la intención de solicitar refugio, voluntad que en la especie no fue recibida por los organismos pertinentes, negándose a entregar los antecedentes que puedan formalizarla.

Estima vulnerada con dichas actuaciones y omisiones la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N.° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley. Argumenta que el proceder de la recurrida importa una discriminación arbitraria y un trato desigual en contra de la actora, en contraste evidente con el trato dispensado a otros extranjeros a quienes, en una situación jurídica equivalente, sí se les han tramitado sus solicitudes sin los entorpecimientos ni dilaciones sufridas en este caso.

Por todo lo expuesto, solicita a esta Iltma. Corte declarar que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, ordenando el ingreso a tramitación de la solicitud de refugio, con su respectivo timbraje, para así obtener la visa temporaria de refugio respectiva mientras se espera la evaluación de la recurrente por parte de una comisión calificada. 3 SEGUNDO: Que, informó don Guillermo Quezada Bruzzone, abogado, en representación de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes. Argumenta, en primer término, que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, toda vez que resulta improcedente al no existir un acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, afirma que la actora, doña nombre reservado, de nacionalidad cubana, no registra fecha de ingreso al país, desprendiéndose necesariamente de ello su ingreso clandestino al territorio nacional eludiendo los controles migratorios fronterizos. Agrega que, respecto a la concurrencia de la recurrente a las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones ubicadas en calle Granaderos N.° 2262 de la comuna de Calama, no existe constancia de dicha situación en sus registros. Sin embargo, aclara que en dicha sucursal no existe una oficina de refugio ni el personal se encuentra capacitado para dichos efectos. Por consiguiente, sugiere que la extranjera debe concurrir a las oficinas de la Dirección Regional en Antofagasta, ubicadas en domicilio reservado, en horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, lugar donde efectivamente existe la oficina de refugio y personal dispuesto y capacitado para que manifieste su intención, inicie el procedimiento y se realice la entrevista de admisibilidad establecida en el artículo 28 bis de la Ley N.° 20.430.

En cuanto al derecho, fundamenta su defensa precisando que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N.° 21.655, la cual introdujo importantes modificaciones a la Ley N.° 20.430, estableciendo una nueva etapa inicial para el procedimiento de determinación de la condición de refugiado y fijando nuevos 4 requisitos para la admisibilidad y formalización. Explica que, si bien el artículo 26 de la Ley N.° 20.430 habilita a toda persona a solicitar refugio en Chile con independencia de su condición migratoria, para que adquiera la calidad de solicitante y el requerimiento se entienda formalizado, es imperativo cumplir con una serie de presupuestos formales y de fondo.

En primer lugar, respecto a los extranjeros con ingreso clandestino o residencia irregular, subraya que el artículo 6 de la Ley N.° 20.430 y los artículos 8 y 35 de su Reglamento exigen que deben presentarse ante la autoridad contralora de fronteras, a saber, la Policía de Investigaciones, dentro del término de 10 días contados desde la infracción migratoria, a objeto de alegar una razón justificada para ello. En segundo lugar, señala que el artículo 28 de la ley especial y el artículo 37 de su Reglamento determinan que toda solicitud debe contener datos mínimos respecto del solicitante, sus motivos y encontrarse respaldada mediante pruebas documentales. Advierte que, de no cumplir la solicitud con dichas menciones y documentos mínimos, la autoridad notificará al solicitante otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar, conforme al artículo 28 ter de la Ley N.° 20.430 y al artículo 146 de la Ley N.° 21.325, bajo apercibimiento de entenderse por desistida la solicitud de no cumplirse lo requerido dentro del plazo legal.

Añade que, una vez cumplidos los requisitos formales, procede el análisis del último requisito de admisibilidad consagrado en el artículo 28 bis de la Ley N.° 20.430, el cual exige que la petición se encuentre fundada, es decir, que los motivos expuestos se condigan con las hipótesis del artículo 2° de la citada ley. Este análisis es realizado por la Secretaría Técnica mediante un informe técnico, elaborado en base a una entrevista personal de admisibilidad que se llevará a cabo en no más de 20 días contados desde la presentación de su solicitud o desde que esta fue subsanada. Precisa que, en el evento de que la 5 solicitud sea calificada por el organismo técnico como manifiestamente infundada, será declarada inadmisible mediante resolución fundada, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley N.° 19.880, resolución que es susceptible de recurso de reposición.

La recurrida hace especial hincapié en que, por aplicación del artículo 32 de la Ley N.° 20.430, solo una vez que se ha cumplido con todos estos requisitos referidos a la forma, oportunidad, contenido y fundamentación mínima, y la solicitud es declarada admisible y formalizada, la autoridad extenderá al peticionario y a su familia una visa de residencia temporaria por ocho meses, prorrogables, mientras su solicitud se encuentre en tramitación.

Concluye argumentando que, a través de la presente acción constitucional, la recurrente pretende que se le reconozca su calidad de refugiada por la vía judicial, materia cuya competencia la Ley N.° 20.430 entrega a la Secretaría Técnica, intentando eludir la observancia previa de una serie de requisitos de forma y fondo imperativos que no son cumplidos por la actora. Por todo lo expuesto, solicita a esta Iltma. Corte tener por evacuado el informe y rechazar la presente acción de protección por carecer de todo sustento normativo y resultar totalmente improcedente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados, que 6 puedan ser afectados por acto arbitrario o ilegal.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, la controversia sometida a conocimiento y resolución de esta Corte se circunscribe a determinar si la negativa del Servicio Nacional de Migraciones a recepcionar y tramitar la solicitud de refugio de la actora en sus dependencias de Calama constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Al efecto, corresponde dilucidar si dicha omisión infringe el deber de la Administración de recibir y canalizar estos requerimientos según los artículos 26 y 27 de la Ley N.° 20.430, o si, por el contrario, el proceder de la recurrida se encuentra jurídicamente justificado por la alegada falta de personal capacitado en dicha sucursal y por el presunto incumplimiento de los nuevos requisitos y etapas de admisibilidad introducidos por la Ley N.° 21.655.

SEXTO: Que, en cuanto a los presupuestos fácticos de la presente acción, resulta ser un aspecto de la mayor relevancia tener presente que, si bien la autoridad recurrida informa que no existe constancia en sus registros de la presentación de la actora en la oficina de Calama el día 04 de febrero de 2026, reconoce expresamente en su informe que en dicha dependencia “no existe oficina de refugio” y que el personal “no se encuentra capacitado para dicha situación”.

Por tal motivo, la propia Administración señala que sugiere a la extranjera concurrir a las oficinas de la Dirección Regional en Antofagasta para que manifieste su intención y para la debida tramitación de su solicitud.

De este reconocimiento expreso se colige inequívocamente la efectividad de las alegaciones vertidas 7 por la recurrente. En efecto, la falta de registro administrativo que el Servicio Nacional de Migraciones esgrime a su favor es la consecuencia lógica y directa de la conducta reprochada, desde que justamente lo que se imputa a través de la presente acción constitucional es la negativa ilegal y arbitraria de los funcionarios a atender el requerimiento, tramitar la solicitud y dejar registro formal de la intención de la actora de pedir asilo. Así, la admisión de carecer de personal idóneo en Calama y la derivación de la solicitante a la ciudad de Antofagasta, no hacen sino confirmar la veracidad del rechazo de plano denunciado en el recurso.

SÉPTIMO: Que, sobre el particular, cabe tener presente que la normativa especial aplicable a la materia es perentoria y clara. El artículo 26 de la Ley N.° 20.430, en su texto expresamente modificado por la Ley N.° 21.655, dispone en su inciso tercero que: “La solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones”. De esta norma se colige la obligación ineludible de la Administración del Estado de organizar sus medios y contar con personal debidamente capacitado en cada una de sus dependencias territoriales para atender, recepcionar y tramitar de manera oportuna este tipo de requerimientos.

En consecuencia, la excusa esgrimida por la autoridad administrativa en su informe, pretendiendo justificar su negativa en la mera falta de idoneidad técnica o capacitación de sus propios funcionarios en la ciudad de Calama y sugiriendo la concurrencia de la extranjera a la ciudad de Antofagasta, contraviene el tenor literal de la ley. Dicho actuar resulta abiertamente ilegal y arbitrario, puesto que la Administración no puede invocar su propia deficiencia organizativa para incumplir un mandato legal expreso, imponiendo a la solicitante una carga y un traslado geográfico que el ordenamiento jurídico no prevé.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, deben descartarse de plano las alegaciones de fondo del Servicio 8 Nacional de Migraciones relativas al presunto ingreso clandestino de la actora, la falta de registro de su fecha de ingreso y el eventual incumplimiento de los nuevos requisitos formales y de admisibilidad introducidos por la Ley N.° 21.655.

En efecto, la propia normativa invocada por la Administración establece un procedimiento formal reglado que proscribe absolutamente el rechazo de plano o verbal en ventanilla. El nuevo artículo 28 bis de la Ley N.° 20.430 consagra de forma indubitada que, en caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos formales (tales como los exigidos en los artículos 26 y 28 de la ley, y 37 de su reglamento), la autoridad no está facultada para negarse a recibir los antecedentes, sino que “el Servicio Nacional de Migraciones deberá notificar al solicitante de la resolución.

Ella especificará los requisitos formales que fueron incumplidos y la forma y el plazo en que deben cumplirse o subsanarse”. Para cumplir con este trámite, la ley otorga perentoriamente al solicitante un plazo de quince días hábiles para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud.

Por lo tanto, la actuación material de los funcionarios de no admitir a tramitación inmediata la solicitud para, al menos, proceder a la evaluación formal descrita imperativamente en la ley, dejar la constancia respectiva y permitir la eventual subsanación de los antecedentes, constituye una vía de hecho que desconoce el mandato legal y la reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la cual ha asentado que no corresponde a los funcionarios de las Direcciones Regionales deliberar a priori sobre la procedencia de la petición para imposibilitar el inicio del trámite.

NOVENO: Que, en base a lo razonado, la negativa de la recurrida a recibir la solicitud de refugio y dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N.° 2 de 9 la Constitución Política de la República. Lo anterior, por cuanto se ha dispensado a la actora un trato discriminatorio, injusto y desigual, impidiéndole acceder al cauce legalmente establecido para evaluar su necesidad de protección internacional, dejándola en situación de indefensión y vulnerabilidad frente al inminente riesgo de ser expulsada del país al carecer de un registro formal de su petición.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida recibir en su oficina de la ciudad de Calama, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la actora junto a sus antecedentes, y darle el curso legal conforme a lo prescrito en la Ley N.° 20.430, procediendo a su registro y posterior evaluación de admisibilidad de acuerdo a derecho y absteniéndose de exigir traslados a otras dependencias territoriales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 324-2026 (Protección) 10