Protección contra abogado jefe del consultorio jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial d

Antofagasta, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, postulante de la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna de Calama, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del abogado jefe del consultorio jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial de Calama, don nombre reservado y en contra de la Corporación de Asistencia Judicial representada por su Director general, por el acto arbitrario que vulnerara sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de Chile.

Evacuan informe las recurridas, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que las recurridas han puesto termino a la práctica profesional, no permitiendo continuar con la misma, vulnerando sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 2, 3 y 4 de la Constitución.

Expone que el día martes 20 de noviembre de 2018, comunica al jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Calama la pérdida de $100.000. Inmediatamente don nombre reservado señala que su paso por la Corporación ha sido pésimo.

Refiere que es la primera vez que escuchaba un comentario de esa naturaleza. Le dice que el día anterior había entregado un sobre con el contrato de transacción y dinero a funcionaria para que lo guardara, y que ahora no estaba el dinero.

Indica que el jefe del consultorio comenzó a defender a la funcionaría que llegó a su oficina, y juntos comenzaron a cuestionar su práctica.

Señala que en ningún momento señaló o insinuó sobre quien podría ser responsable o que podría haber sucedido con el dinero.

Alega que el jefe del consultorio le expresó que no podría continuar la práctica, señalándolo como responsable, y gritándole que la funcionaria no tenía necesidad de tomar el dinero.

Arguye que se le dijo que terminaba su práctica ese mismo día y que se pondrían inmediatamente en contacto con el director regional.

Agrega que el monto de $100.000 corresponde a un contrato de transacción realizado entre don nombre reservado y doña nombre reservado.

Añade que el día 19 de noviembre don nombre reservado, quien fuera demandado por la Corporación de Asistencia Judicial en representación de doña nombre reservado por no pago de renta de inmueble, firmo contrato de transacción en su oficina asignada en el consultorio jurídico de Calama, por el cual se comprometía a pagar la suma de $600.000 a doña nombre reservado por concepto de 4 meses de pago de cánones de arrendamiento vencidos.

Aduce que entregó la primera cuota de $100.000 en efectivo ese día y el resto de monto lo pagaría en 10 cuotas mensuales por un monto de $50.000 que depositaría en cuenta de ahorro del Banco del Estado de Chile.

Expresa que don nombre reservado firmó el contrato, puso su huella y le entregó la suma de $100.000, la que depositó personalmente en sobre cerrado junto al correspondiente contrato de transacción. Guardando el sobre en caja fuerte de la corporación.

Al día siguiente, al llegar dona nombre reservado a su oficina solicitó a la secretaria el sobre para entregar el dinero y que firmara el contrato de transacción, sin embargo, al llegar este, se da cuenta al abrirlo que el dinero no estaba, realizando denuncia a la Policía de Investigaciones.

Plantea que el jefe del consultorio le informó que de acuerdo a lo que había conversado con Director Regional y con el objeto de no perjudicarle habían decidido darle una "suspensión preventiva".

Señala que el 21 de noviembre por la tarde se reúne con nombre reservado en notaría y entrega de manera voluntaria, de su propio patrimonio y sin reconocer responsabilidad por la pérdida del dinero, la suma de $100.000.

Estima que la recurrida ha efectuado un acto ilegal y arbitrario, en cuya virtud amenaza, privando de las garantías constitucionales, del derecho de la integridad física y psíquica de las personas, respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, la igualdad ante la ley y el no juzgamiento por comisiones especiales. Derechos que se encuentran consagrados y resguardados en la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Solicita se ordene a la recurrida permitir continuar con su Práctica Forense, que cesen los hostigamientos, y demás medidas que juzgué necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de sus derechos constitucionales, todo con costas del recurso.

SEGUNDO: Que nombre reservado, Abogado Jefe del Consultorio Jurídico Calama de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, domiciliado en domicilio reservado; informa solicitando el rechazo del recurso.

Señala en primer lugar que los hechos en que se funda el recurso han sido relatados de manera sesgada y tendenciosa, omitiendo importantes antecedentes que obligaron al suscrito a adoptar las medidas preventivas que se indicarán, mismas que fueron refrendadas por la autoridad superior de la institución mediante la dictación de la resolución respectiva, la que a estas alturas tiene plena ejecución y que dispuso el traslado del recurrente a otra unidad de la CAJTA a cumplir con el saldo de su período de práctica profesional.

Expone que el día lunes 19 de noviembre de 2018, encontrándose el suscrito en cometido funcionario fuera de la ciudad de Calama, el postulante recurrente tenía una actividad en el caso de la usuaria del servicio nombre reservado, cuya causa de arrendamiento tenía pocas opciones de cobro en proceso judicial, instando el postulante por un arreglo extrajudicial con el demandado de la causa en relación a rentas pendientes de pago, proceso en virtud del cual acordaron hacer una reunión para firmar el acuerdo y pagar la primera cuota en las oficinas de la institución, ubicadas en domicilio reservado. Dicha reunión se realizaría el día 19 en la jornada de la tarde.

Indica que según le informa el postulante a la secretaria de la unidad nombre reservado, la usuaria del servicio Sra. nombre reservado no podía asistir, por lo que al recibir el dinero de la primera cuota del acuerdo de su contraparte, lo iba a guardar en el escritorio de su cubículo, de uso personal, señalando que la usuaria indicó que iría al día siguiente a retirar el dinero. La secretaria le indicó que no era conveniente dejar el dinero en el escritorio, al carecer éste de cajones con llave, y que podía dejar el dinero en un sobre cerrado en la caja fuerte de la unidad, que, a pesar de no ser un procedimiento habitual, se estimó en el momento como lo más seguro para la situación descrita. El postulante hizo el sobre, y le pidió a la secretaria pegamento para cerrarlo, entregándole esta scotch para cerrar el mismo, manifestando él en ese momento que se le había olvidado algo, volviendo a su cubículo, ubicado en otra zona de la unidad con el sobre, para luego retornar y entregarle el sobre ya cerrado a la secretaria. Ella no le solicitó la apertura del sobre para contar el dinero, dando fe de lo manifestado por el postulante y procedió a guardar el sobre en la caja fuerte de la unidad, de la que sólo tienen clave ella y este abogado.

De esta manera, el martes 20 de noviembre la secretaria ingresa a la oficina y le indica que el postulante le pidió el sobre y ella lo saca de la caja fuerte. A los minutos, se presenta el postulante de manera destemplada en su oficina, indicando que tenía un problema serio, señalando que el dinero no estaba en el sobre e imputando del hecho a la secretaria de la unidad, como única persona que tuvo conocimiento y acceso al sobre con el dinero. Hace presente que la secretaria de la unidad lleva más de 15 años de servicio en ella con una conducta intachable desde todo punto de vista.

Expresa que atendido el tono de su voz y la imputación realizada, la secretaria de la unidad se presenta en su oficina, mostrándose angustiada por el relato realizado por el postulante, negando responsabilidad en los hechos referidos, manifestando un relato en que se advertía que el postulante estuvo sólo con el sobre antes del cierre del mismo y que ella no tuvo acceso nunca al dinero al entregarle el sobre ya cerrado. Que, agrega que el postulante nunca indicó en su relato formulado ante el suscrito que el sobre estuviera vulnerado o alterado en su cierre, como elemento mismo de la denuncia que formulaba.

Reitera que el postulante insistía a viva voz y en presencia de la secretaria que debía creer en su relato por ser él un egresado de derecho, indicándole el suscrito que no era posible hacer eso y desechar con ello los 15 años de servicio intachables de la secretaria de la unidad, sumado a un hecho adicional en relación a su práctica, y que dice relación con que había tomado conocimiento, ese mismo día, que el postulante recurrente no había asistido a la hora a una audiencia de conciliación de una causa asignada para su tramitación en calidad de demandante, lo que significó pedir nuevo día y hora para realizar la diligencia, situación de la que no avisó al abogado jefe y tutor de su práctica en el área civil, a pesar de que al inicio de su práctica -en la charla de inducción-, explícitamente se le indicó que debía informar todas las situaciones referidas a sus causas y cualquier hecho que pudiere significar retardo en las mismas, hecho este último que el postulante reconoció en ese momento, sin darle mayor relevancia.

Refiere que el resto de los funcionarios había tomado conocimiento de la situación dado lo destemplado del tono del recurrente y lo acongojada de la secretaria de la unidad, generándose ipso facto un clima laboral complejo dentro del consultorio, por lo que el suscrito debió adoptar una definición y, por ende, se informó al postulante que dada la gravedad de los hechos se debían denunciar los mismos a la Fiscalía Local de Calama, al revestir ellos caracteres de delito y que, con el fin de resguardar la situación de la funcionaria y de él, se dispondría su suspensión provisoria, a fin que la Dirección General pudiera estudiar la mejor opción para la continuación de su práctica profesional, teniendo presente que la situación en el consultorio a su respecto era insostenible y que, además, la funcionaria que él sindicó estaba sujeta a contrato de trabajo y, por lo mismo, no procedía legalmente separarla de sus funciones. Para evitar perjuicio en la tramitación de las causas de los usuarios del servicio, se le pidió que hiciera entrega de las carpetas que tenía asignadas, lo que se realizó sin inconvenientes, asumiéndolas todas el suscrito.

Plantea que las acciones de denuncia señaladas anteriormente se realizaron al día siguiente, 21 de noviembre de 2018, despachándose el oficio N° 328/2018, a la Dirección Regional Antofagasta de la CAJTA y el oficio N° 329/2018 al Ministerio Público, Fiscalía Local de Calama, generando este último la causa RUC 1801148021-3, seguida ante el ente investigador.

Menciona que el día 21 de noviembre, siendo las 9:10 horas aproximadas, el postulante recurrente ingresó a la unidad y se dirigió directamente a su cubículo, quedando la secretaria paralogizada y sin poder dirigirle palabra, indicando a viva voz que iba a realizar gestiones en el computador de su escritorio, que se debe precisar no es personal sino que institucional. Escuchándolo, el suscrito se dirige al cubículo y le indica que dado que estaba suspendido provisoriamente, no podía ejecutar actos en los computadores institucionales, indicando él que deseaba sacar sus archivos personales, a lo que el suscrito accedió, permaneciendo junto a él en el cubículo hasta el término de la eliminación de éstos. Asimismo, se le informa que ya se habían hecho los documentos dando cuenta de los hechos y que desde la Dirección General se le haría llegar la resolución respectiva.

Aduce que el 26 de noviembre, se le informa que la Dirección General de la CAJTA procedió a dictar la resolución N° 2520/2018, de 23 de noviembre de 2018, que dispuso, en lo pertinente, lo siguiente:

“1.- Dispóngase, como medida preventiva y con el carácter de provisoria, la suspensión de la práctica profesional del postulante don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, por el período comprendido entre el 21 y el 28 de noviembre de 2018.

2.- Dispóngase el traslado del postulante en práctica forense don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, desde el Consultorio Jurídico de Calama a la Oficina de Defensa Laboral de Calama, ambas unidades dependientes de esta Corporación, a contar del 29 de noviembre de 2018.

El período comprendido entre el 24 de septiembre y el 20 de noviembre de 2018 en que don nombre reservado desarrolló su práctica profesional en el Consultorio Jurídico de Calama se descontarán de su ciclo de práctica, el que se computará como efectivamente desarrollado para todos los efectos legales y reglamentarios, sin perjuicio de las medidas que eventualmente podrían aplicarse”.

Dicha resolución se recibió físicamente en el Consultorio Jurídico de Calama el martes 27 de noviembre, conteniendo además la orden al suscrito de notificarla al postulante, iniciando por ello de inmediato los contactos para ubicarlo y notificarle de la misma, llamándolo al número que dejó como contacto en el consultorio, sin que contestara los llamados, por lo que se le envió un correo electrónico y se lo dejó citado para el 28 de noviembre al mediodía, en las oficinas de la ODL Calama, ubicadas en domicilio reservado de esta ciudad, a fin de efectuar la notificación de la resolución y, asimismo, lograr que los abogados de dicha unidad pudieran conocerlo y generar la continuación de la práctica profesional del postulante recurrente, correo del que acusa recibo y señala que concurrirá a la reunión.

Señala que el día y hora indicados se realizó la reunión, se notificó al postulante de la resolución antes indicada, y se dejó al postulante recurrente en reunión con el abogado de la ODL Calama don nombre reservado, a fin de interiorizarlo en sus funciones en dicha unidad, asumiendo aquellas el postulante en los términos establecidos en la resolución indicada, cuestión que se mantiene hasta ahora.

Adiciona que el día 22 de noviembre la usuaria nombre reservado concurre en la tarde al consultorio jurídico y le indica a la secretaria que ocurrió una situación que ella estima como extraña, dado que el postulante recurrente la había contactado telefónicamente el día 21 de noviembre y le dijo que fuera a una notaría de la ciudad en la tarde, porque él iba a entregarle la cuota en dinero que estaba pendiente y que para ello debía firmar un recibo. La usuaria concurrió y firmó lo que pensó en un principio era un simple de dinero, empero al leerlo en su domicilio se percata de que tenía consideraciones ajenas a lo conversado con el postulante recurrente, lo que la motivó a entregarlo en la unidad.

Que, esta actitud del postulante recurrente resulta curiosa, pues por un lado ya estaba suspendido, por lo que no podía contactar a una usuaria del servicio al no tener carpeta de la causa, y, por otro, si ha imputado a un tercero la comisión de un hecho consistente en la pérdida de dineros, escapa a cualquier lógica asumir él la entrega del dinero de manera inmediata y sin esperar el resultado de la investigación por el mismo requerida, menos aún sin informarle adecuadamente a la usuaria del contenido de lo que firmaba, cuestión que ella manifestó en la unidad.

Refiere que la práctica profesional de los egresados de derecho constituye una obligación legal para quienes pretenden obtener el título de abogado, que solo se puede efectuar en aquellas instituciones especialmente señaladas por la ley, las que, como contrapartida, tienen el deber de recibir a los interesados en realizarla, es decir, entregarles un lugar donde desempeñarla durante el período legal, pues acorde con lo preceptuado en el N° 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, el desarrollo de la anotada práctica implica el cumplimiento de una obligación legal para la obtención del diploma de abogado.

Que, dentro de esto, la única norma que regula la actividad del postulante en la institución es el Decreto Supremo 265/1985 del Ministerio de Justicia, que dada la época de su redacción en general no se refiere a la conducta del postulante respecto de su interrelación con el resto de las personas que se vinculan con él en el desarrollo de su práctica profesional, como por ejemplo otros postulantes o los funcionarios de la institución, cuestión que tampoco es tratada en el protocolo de postulantes, acuerdo programático entre las distintas corporaciones de país y vigente desde 2009, encontrando en el primero de los nombrados las únicas normas sobre procedimientos disciplinarios aplicables a postulantes en práctica, teniendo ambos documentos únicamente relación con actividades propias del desempeño profesional dentro de la práctica, mas no explícitamente sobre situaciones ajenas a dicha circunstancias, como la que nos ocupa.

Resulta evidente que no existe una relación contractual de origen civil o laboral que vincule a los postulantes al título de abogado con las CAJs, siendo su paso por estos servicios una experiencia complementaria a su formación profesional, teniendo su objeto un fundamento de orden social, empero sin que la práctica profesional en las CAJs permita establecer que los postulantes tengan condición de alumnos regulares de sus respectivas casas de estudio, por haber finalizado su programa formativo formal.

Entonces, si bien es cierto la relación de los postulantes con la institución no tiene un estatuto jurídico claro incluso hasta esta época, en cuanto a la naturaleza jurídica de su relación, necesariamente debe concluirse que existen disposiciones reglamentarias que obligan al postulante en relación con el desarrollo de sus causas y a la atención de usuarios y público en general y, asimismo, están los principios de buena fe y de no causar daño a otro, consagrados en nuestro Código Civil como un principio básico de toda relación, cualquiera sea su naturaleza.

Alega la ausencia de arbitrariedad en la decisión provisoria adoptada, ya que no es posible pensar que deba dar una protección unidireccional a su favor como pretende el postulante recurrente, sino que la actividad del jefe de la unidad debe también considerar la adopción de medidas equilibradas y adecuadas a la magnitud de los hechos que las motivan, y, además, proteger los derechos de todos los involucrados en la situación para evitar perjuicios mayores, incluyendo también a la secretaria por él señalada como responsable de los hechos, así como también asegurar la mantención del servicio y la calidad de éste respecto de los usuarios a que la institución sirve. Asimismo, la decisión preventiva adoptada igualmente protegía al recurrente, en la medida que permitía que fuera la autoridad superior del servicio que adoptara medidas por sobre una eventual definición del Abogado Jefe que, como superior inmediato en la unidad en que ocurrieron los hechos, igualmente podía estar inhabilitado de tomar cualquier otra definición a su respecto.

Por lo mismo, la medida preventiva adoptada por el suscrito no era antojadiza, ya que no se ponía término a la práctica profesional del postulante en los términos de una sanción, cosa que corresponde a la caducidad de la misma, aplicable previo procedimiento reglado, sino que buscaba generar el tiempo suficiente para que se dispusiera una medida idónea a su situación por la autoridad superior del servicio, que conjugara todos los elementos asociados a este hecho y la debida protección de los derechos de todos los involucrados, teniendo presente que por norma laboral no podía suspender la relación laboral de la secretaria y que la situación generada con la visita del postulante al día siguiente de los hechos a la unidad, evidenciaba que no era posible una convivencia sana al interior de la unidad en tanto no existiera una definición de la autoridad superior del servicio, dada la lógica solidaridad del resto de los funcionarios con su compañera de trabajo.

Que, la definición de la situación fue adoptada por la Dirección General de la CAJTA de manera oportuna, pues mediante Resolución Exenta N° 2520/2018, de 23 de noviembre de 2018, es decir dos días después de enviado el oficio N° 328/2018 a la Dirección Regional de la CAJTA, permitió al postulante recurrente continuar desarrollando su práctica forense, disponiendo su traslado a la Oficina de Defensa Labora (ODL) de Calama, se la que tuvo presente la gravedad de los hechos referidos y, además, y ratificando la medida inicial adoptada, teniendo presente el mantener un adecuado clima laboral al interior de la unidad, acto con efectos a partir del 29 de noviembre de 2018, y que fuera notificada al postulante recurrente el día 28 de noviembre, lo que generó la continuación de su período de práctica profesional en dicha unidad a partir del día 29 de noviembre, inclusive, práctica que sigue cursando hasta la fecha del presente informe.

Estima que la medida adoptada en el momento de la denuncia carece del elemento de arbitrariedad, sino que era proporcional a los hechos, su gravedad y los involucrados.

Por ende, no es posible advertir la existencia de un acto arbitrario o una desproporción en la decisión preventiva adoptada inicialmente respecto del postulante recurrente, dado que la decisión adoptada tenía motivaciones suficientes y asociadas a los hechos mismos que son hoy materia de una investigación judicial y otra administrativa y, asimismo, no constituyó una sanción a su respecto, desde el momento en que se dispuso por la autoridad superior su traslado a otra unidad precisamente para permitir el adecuado desarrollo de su práctica profesional sin que se afectara su derecho a terminarla con la decisión adoptada inicialmente.

De la misma manera existe ausencia de oportunidad en la presentación del recurso, ya que de los antecedentes expuestos, se advierte que no existen actos vulneratorios a los derechos del postulantes y que los efectos pretendidos con el recurso han sido satisfechos debidamente con las decisiones adoptadas por la Dirección General de la CAJTA, contenidas en la Resolución Exenta N° 2520/2018, de 23 de noviembre de 2019, por lo que la acción constitucional deducida, en consecuencia, ha perdido oportunidad ya que no existen medidas cautelares de carácter urgente que pueda disponer la Corte para restablecer el imperio del derecho, cuando el postulante se encuentra actualmente desarrollando su práctica profesional en la ODL Calama, sin deducir recursos administrativos en contra de la resolución que dispuso su traslado dentro de plazo legal, desde la fecha de su notificación.

TERCERO: Que Carolina Paz Fernández Alvear, Abogada, Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, expone en iguales términos a lo informado por el Jefe del Consultorio Jurídico, alegando la falta de oportunidad en el recurso, la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad, y la falta de vulneración de garantías constitucionales.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que mediante Resolución Exenta N°2520/2018 de 23 de noviembre de 2018, la Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial Tarapacá y Antofagasta, dispuso la medida preventiva y con el carácter de provisoria de suspensión de la práctica profesional del postulante don nombre reservado, y también su traslado desde el Consultorio Jurídico de Calama a la Oficina de Defensa Laboral de Calama.

Dicha resolución le fue notificada personalmente el 28 de noviembre de 2018, sin que a la fecha dicho acto administrativo hubiese sido impugnado de manera alguna, razón por la cual dicha resolución se encuentra firme y en ejecución.

De los antecedentes informados por la recurridas fluye que el recurrente, nombre reservado, continuó desarrollando su práctica profesional en dependencias de la Oficina de Defensa Laboral de Calama, desde el 29 de noviembre de 2018, por lo cual el imperio del derecho se encuentra restablecido, no existiendo por ende medida alguna que adoptar en el marco de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del abogado jefe del consultorio jurídico de la Corporación de Asistencia Judicial de Calama, don nombre reservado y en contra de la Corporación de Asistencia Judicial representada por su Director General.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3220-2018 (PROTECCIÓN)