ISS SERVICIOS GENERALES S.A con INSPECCION PROVINCIAL EL LOA CALAMA

PAGE Antofagasta, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Comparece Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA, Rut RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Provincia el Loa Calama, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar que se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Se agrega informe suscrito por Eduardo Machuca Cereceda, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo, quien solicita fundadamente el rechazo del recurso con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Provincia el Loa Calama, por estimar que se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Fundando su acción señala que el 14 de julio del actual, la recurrida dictó un acto administrativo signado con el número 1124/2016 y notificado el 18 de julio, el cual rechazó la solicitud de reconsideración de multa, por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Expone como antecedente, que el 13 de abril del presente año, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo del Loa, dictó la resolución N°1389.16.30, la que fue entregada en la oficina de Correos de Chile el 02 de mayo y recibida por la recurrente el día siguiente. Dicha resolución, aplicó una multa administrativa por el no otorgamiento del descanso compensatorio, frente a lo cual el 8 de junio del actual, interpuso un recurso de reconsideración ante la Dirección del Trabajo Santiago Norte, utilizando el formulario dispuesto por el órgano fiscalizador, dando cuenta que la infracción había sido subsanada.

Indica que la solicitud de reconsideración fue enviada el 8 de Junio de 2016, mediante el servicio “Chile Express” modalidad correo certificado, estimando que el rechazó por extemporaneidad, constituye un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos de su representada, tanto respecto a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, como afectar el derecho de propiedad.

Refiere que la norma contenida en el Artículo 512 del Código del Trabajo no consagra regla que señalen como debe computarse el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, por ello debe acudirse a lo dispuesto en la ley 19.880 y en especial su artículo 25, que establece que los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, considerando inhábiles además, los días sábado, lo cual aparecería avalado por lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol de Ingreso 11-2013 y la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 2789-2013 del 20 de junio del año 2013. En este sentido, la autoridad administrativa habría actuado de manera ilegal, excediendo sus atribuciones, al determinar que la reconsideración fue deducida fuera de plazo, en circunstancias que fue oportunamente interpuesta.

Finalmente en relación al derecho de propiedad, considera que la resolución de la recurrida afecta tal garantía al obligar a pagar una multa de 60 UTM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, privándola de hacer uso de rebaja o de dejar sin efecto la multa, sin justificación que la ampare.

SEGUNDO: Que informando el recurso, Eduardo Machuca Cereceda, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo, solicita fundadamente el rechazo con costas.

Expone que efectivamente rechazó la reconsideración administrativa, dictando la resolución N°1124/2016 por la extemporaneidad en su presentación, pues éste habría sido interpuesto el 9 de junio de 2016, fuera del plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la infracción.

Refiere que existen dos normas que dan cuenta de la naturaleza de los plazos en el Código del Trabajo, una situada en el artículo 312 relativa a la negociación colectiva que establece que en caso que los plazos terminen en día “hábil” (sic) se prorrogan al hábil siguiente y el artículo 435 que señala que los plazos establecidos en éste título se suspende durante los feriados. Apunta que tratándose de este último artículo, la referencia es al Título I del Libro V, no así al Título final del Código donde se ubicaría el artículo 512 el cual avalaría el actuar recurrida, al interpretar de ello, que el plazo que corresponde aplicar es de días corridos, contrariando lo sostenido por el recurrente .

Agrega que tal interpretación, ha sido recogida por esta misma Corte, en la causa Rol 1085/2014 deducida contra la Inspección del Trabajo de Antofagasta, como por el Dictamen Ordinario N° 17344 del 10 de marzo de 2014 de la Contraloría General de la República, de modo que estima que su actuar estaría conforme el ordenamiento jurídico vigente y que se ha seguido el procedimiento administrativo, demostrativo a su juicio, de la legalidad del acto y de carecer de arbitrariedad. En ese sentido, tampoco existirían normas constitucionales violentadas o afectadas, por lo que reitera el rechazo del recurso deducido en su contra.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales, se incluye el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal establecido previamente por la ley, como el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes, discurriendo el recurrente que se habrían visto afectados por el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo.

CUARTO: Que, como esta Corte ha señalado reiteradamente, el acto administrativo que alega el recurrente deviene en ilegal por cuanto el plazo de treinta días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo a efectos recurrir vía reconsideración ante el Director del Trabajo es de días hábiles y no de días corridos como lo sostiene latamente la recurrida, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso de carácter administrativo, y que el no precisar norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, y configurando una modalidad de cómputo de plazos "especial" como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, prevalece y se erige en aplicable por su tinte especial, por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y Código del Trabajo.

QUINTO: Que ahora bien, en cuanto a las garantías que se alegan vulneradas, aparece de los antecedentes, que la afectación ius fundamental se refiere a la igualdad ante la ley contemplada en el Articulo 19 N° 2 de la Constitución, al interpretar y consecuentemente aplicar de manera errónea los márgenes o extremos del plazo en favor del administrado para deducir el recurso de reconsideración, generando con ello un trato además de contrario a derecho, discriminatorio en contra del recurrente que fuerzan a acudir en su amparo. En ese sentido, la facultad cautelar del recurso ha sido tenido precisamente en cuenta al reconducir la alegación de vulneración de garantías fundamentales, considerando que ésta apreciación y calificación jurídica es propia de las atribuciones encomendadas por la Constitución Política a este tribunal.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA, en contra de Inspección Provincial del Trabajo Provincia el Loa Calama, dejándose sin efecto el Ordinario N° 1124/2016 de 14 de Julio de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente respecto de la resolución de multa N° 1389/16/30.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3198-2016 (PROT)

PAGE 4