nombre reservado con SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Antofagasta, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, empresario, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Antofagasta, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario cometido en un sumario sanitario realizado por la recurrida, en virtud del cual se le impone una multa de 50 UTM por infringir el deber de cuidado como empleador con sus trabajadores, en un accidente de tránsito en que participó un trabajador, con resultado de muerte.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se fundó en la existencia de un acto ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº230215, de fecha 11 de enero de 2023, en la que, luego de la realización de un sumario realizado a raíz de en un accidente de tránsito en que participó un trabajador del recurrente y resultó muerto, se le impuso una multa de 50 UTM por infringir el deber de cuidado como empleador.

Alega que en el proceso sumario acompañó todos los documentos que acreditan que se cumplió a cabalidad con el deber de cuidado. Adiciona que el actuar de la recurrida al imponerle una multa de 50 UTM vulnera su derecho de propiedad, y agrega que la sanción impuesta contraviene el principio de proporcionalidad y realidad.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº230215, de fecha 11 de enero de 2023 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Antofagasta, con costas.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Antofagasta, al tenor del recurso.

Indica que con fecha 15 de julio de 2022, mediante Acta N°897 dio inicio a sumario sanitario contra el recurrente por accidente en carretera con resultado fatal de un trabajador del recurrente, ocurrido el 25 de enero de 2022. Producto del procedimiento administrativo sancionador a que dieron origen las deficiencias en la gestión de riesgos respecto de la conducción de tracto camión en carretera, es que se dictó la Resolución Exenta Nº230215 de 11 de enero de 2023, que aplicó sanción de multa de 50 U.T.M, por cuanto se tuvieron por configuradas infracciones al artículo 37 inciso l del Decreto 594/1999 del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, y al artículo 21 del Decreto 40/1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que establece el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

Señala que la resolución impugnada se dictó conforme a la normativa que regula la potestad sancionatoria especial que detenta la recurrida, conforme se desprende de los artículos 9 letra a), artículo 174, 156 y 171 del Código Sanitario; artículo 37 inciso 1 del Decreto 594/1999 del Ministerio de Salud, artículo 21 del Decreto 40/1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que cita.

Detalla los hechos constatados en el proceso de fiscalización, y respecto a las circunstancias del accidente, se señala: “El trabajador se encontraba conduciendo tracto camión, placa patente FHWF-16 y semi remolque JB-2627, desde Sitrans Ltda ubicada en Jorge Alessandri Rodríguez N° 10.700, hasta Sitrans Antofagasta ubicado en Ruta del Cobre, sitio 2, N°50, cuando a la altura del kilómetro 1063, Ruta 5 Norte, comuna de Taltal, vehículo menor realiza maniobra de adelantamiento y trabajador al percatarse de la situación se orilla hacia la berma y semi remolque se desliza por desnivel ocasionando volcamiento del camión, falleciendo conductor en el lugar”.

Añade que las deficiencias que se detectaron en el proceso de fiscalización y que derivaron en la instrucción del sumario sanitario son las siguientes: “3.1. Empresa HECTOR JESUS PACHECHO ALOCILLA no notifica de manera inmediata a la Seremi de Salud accidente del trabajo fatal. El accidente ocurre el día 25 de Enero de 2022 a las 13:00 horas, donde fallece el Sr. nombre reservado, contratado por la empresa HECTOR JESUS PACHECHO ALOCILLA como chofer. 3.2. No suprime todos los factores de riesgos y peligros, ya que no cumple con informar al trabajador todos los riesgos laborales, no cuenta con Procedimiento de trabajo seguro para la conducción. 3.3. Empresa no suprime todos los factores de riesgos y peligros, ya que no cuenta con exámenes ocupacionales y psicosensotécnico del conductor para verificar que se encuentre apto para desempeñar el cargo. 3.4. Empresa no da cumplimiento a su obligación de realizar investigación de accidente, ya que no presenta informe de la realización de ello”.

Precisa que luego de evacuado los descargos y antecedentes aportados por la sumariada, así como lo constatado por fiscalizador como ministro de fe, se dictó la Resolución impugnada; y los razonamientos de la recurrida que llevaron a aplicar la sanción están contenidos en los considerandos tercero y cuarto que cita.

A continuación, explica que el artículo 174 del Código Sanitario no ofrece mayores elementos que permitan moderar el monto de la sanción de multa, y solo se restringe a ofrecer un rango que va de 0,1 UTM hasta 1000 UTM. Explica que frente a un espectro tan amplio y sin mayores elementos legales de determinación precisa, es que se recurre a la razonabilidad para determinar el quantum a aplicar.

Sin perjuicio de lo anterior, la resolución impugnada, específicamente en el considerando sexto, considera atenuantes a fin de contribuir a la moderación de la multa, ponderándose la irreprochable conducta anterior, la colaboración con la investigación y el hecho de subsanar las deficiencias en la gestión de riesgos; determinándose el monto de la multa cursada, considerando además el resultado fatal y la particularidad del accidente, el que se provoca en una actividad que es por esencia riesgosa, como lo es la conducción en carretera.

Añade que, para obtener una eventual rebaja de la multa, el recurrente dispone de la etapa recursiva ante el Servicio, así como la vía judicial ordinaria mediante reclamación.

Finaliza indicando que no se aprecia el actuar ilegal o arbitrario que pudiese afectar el derecho de propiedad invocado, así como tampoco se especifica de qué manera se vulneró el principio de legalidad y realidad, y que, como consecuencia de ello, se haya generado una vulneración al artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la acción se desprende que el recurrente funda su recurso en que la Resolución Exenta N°230215, al fijar la multa, no ponderó circunstancias modificatorias que atenuaban su responsabilidad, y que dicho acto administrativo se dictó en vulneración al principio de realidad y proporcionalidad, vulnerando su derecho de propiedad Asimismo alega que dio cumplimiento al estándar de seguridad respecto del trabajador involucrado en el accidente, en cumplimiento del deber de protección eficaz que pesa a su respecto como empleador.

SEXTO: Que, de los antecedentes acompañados y las alegaciones de ambas partes, así como de los fundamentos plasmados en la resolución recurrida, se colige que en el sumario sanitario realizado contra el recurrente, este tuvo la posibilidad de efectuar sus descargos y aportar antecedentes y medios de prueba. Asimismo, del análisis de la resolución impugnada, se observa claramente que para resolver se tuvieron en cuenta las circunstancias atenuantes, específicamente, que no reviste el carácter de reincidente en sumarios sanitarios de similar naturaleza durante los últimos seis meses; que ha colaborado en el proceso, y que ha adoptado medidas destinadas a superar las infracciones que motivaron el inicio del sumario.

SÉPTIMO: Que se debe tener presente que el recurrido está facultado legalmente para ejercer la potestad sancionadora en esta materia. Por tanto, ha de entenderse que los actos administrativos dictados en ejercicio de sus funciones gozan de presunción de legalidad.

De esta manera, considerando los vicios denunciados por el recurrente, estos no constituyen alegaciones que puedan analizarse y revisarse en un procedimiento cautelar sin forma de juicio como el presente, especialmente si todo ello pudo alegarse oportunamente por las vías idóneas durante el transcurso del sumario sanitario. Además, según se advierte de los antecedentes de la causa, el actor no ha deducido la debida reposición, como tampoco reclamación judicial ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880 y artículo 171 del Código Sanitario.

En consecuencia, teniendo en consideración además la existencia de otras vías idóneas para recurrir e impugnar los actos de los recurridos por la vía ordinaria, donde las partes pueden efectuar sus alegaciones y rendir las probanzas en un procedimiento con forma de juicio, forzoso resulta concluir que la acción de protección no es la vía idónea para discutir aquellos aspectos de mérito del sumario sanitario, motivo por el cual solo cabe rechazar dichas alegaciones.

OCTAVO: Que en cuanto a la alegación de que no se habría respetado el principio de realidad y proporcionalidad al establecer la cuantía de la multa, se debe considerar que el rango legal establecido en el artículo 174 del Código Sanitario para este tipo de sanciones es muy amplio, pudiendo abarcar de las 0,1 UTM a las 1000 UTM. Al recurrente se le aplicó una multa de 50 UTM, que corresponde a un valor 20 veces menor al máximo legal. Por otro lado, y como se indicó en el considerando anterior, para fijar el quantum de la multa se consideraron tanto las circunstancias atenuantes como las agravantes existentes, como asimismo la entidad de las infracciones detectadas.

Por tanto, debe entenderse que la calificación de la gravedad de infracción y la determinación de la cuantía de la sanción está entregada a la recurrida, pudiendo aplicar la sanción propuesta, la que se encuentra dentro del rango legal, y respecto de la cual se entregaron y detallaron los fundamentos, motivaciones y circunstancias consideradas para aplicar la sanción.

NOVENO: Que, en consecuencia, no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del servicio recurrido al momento de aplicar la sanción, necesariamente debe rechazarse el recurso deducido.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA con costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 319-2023 (PROT)

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