nombre reservado con nombre reservado

6 Antofagasta, a ocho de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Rony Antonio Acosta Yáñez, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de MASSIEL ESTEFANÍA ZAVALA BARRIOS, abogada, GONZALO BENJAMÍN ZAVALA BARRIOS, ingeniero civil, ambos con domicilio en domicilio reservado, y de la sociedad INVERSIONES SAN MIGUEL SpA, del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado y nombre reservado, kinesióloga, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, por considerar vulnerados los derechos fundamentales consagrados en los numerales 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política por actos ilegales y arbitrarios de las recurridas.

Informó la recurrida nombre reservado por sí y en representación oficiosa de nombre reservado.

Puesta causa en estado se han traído los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundamentando la acción, sostiene que por escritura pública del 26 de mayo del año 2009, la recurrida nombre reservado y nombre reservado, constituyeron la sociedad "Transportes Barrios Hermanas Limitada”, del giro de su denominación, debidamente publicada e inscrita en el Registro de Comercio de Santiago. Posteriormente, por escritura pública, del 23 de Julio de 2014, se modificó su administración correspondiendo a ambas socias, en forma conjunta o separada e indistintamente, con limitaciones pactadas en el mismo instrumento y se dispuso el traslado del domicilio social a la ciudad de Antofagasta, cumpliendo las formalidades de publicidad y validez. Actualmente, son titulares de la sociedad Transportes Barrios Hermanas Limitada, la recurrida nombre reservado e Inversiones San Miguel Spa, constituida formalmente el año 2013, conformada como únicos socios por los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellidos nombre reservado.

Sostiene que ante una serie de discrepancias en la administración y marcha del negocio, solicitaron la designación de un árbitro que posibilite la disolución de la sociedad, considerando la falta de voluntad de la recurrida y socia de arribar a un acuerdo para el término del negocio social. Así, se inició una gestión voluntaria tramitada bajo el Rol V-442-2017, del Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, y que se ha visto entorpecido, por el ejercicio de una acción de nulidad incoada por la recurrida, el que si bien rechazado en la instancia, fue objeto de recursos ante esta Corte bajo el Rol Civil 899-2017.

Con el objeto de evitar maniobras dilatorias como las ejercidas por la recurrida, requirieron acceder a la información contable de la empresa, sin embargo, mediante diversos actos, la recurrida ha impedido obtener información relativa al manejo comercial y administrativo de la empresa. Sobre ello, precisa que solicitaron a nombre reservado, segunda representante legal de la empresa, interceder para acceder a la entrega de dicha información, para lo cual, contrataron los servicios profesionales del contador auditor nombre reservado para el análisis del último año de operación.

Expresa que el día 3 de noviembre de 2017, el contador auditor referido, junto a nombre reservado y el notario público nombre reservado, concurrieron a las oficinas de la empresa, con el fin de informar tanto de la contratación de sus servicios y que tal labor la iniciaría el día 6 de noviembre de 2017. Sin embargo, el ingreso a las dependencias no fue permitida, ni tampoco acceder a la documentación, según dichos manifestados vía telefónica por la otra recurrida, nombre reservado, fundando dicha negativa en la existencia de un juicio de disolución, falta de autorización del juez árbitro y que la documentación contable de los últimos 10 años estaba siendo auditada en Santiago.

Ante dicha negativa, acudió nuevamente el contador el día siguiente, siendo atendido por un dependiente y una de las contadoras internas, quienes manifestaron haber recibido instrucciones de no permitir el ingreso de parte de nombre reservado. Lo que se habría repetido al día siguiente, al encontrarse cerradas las oficinas de la empresa.

Indica que hasta la fecha de interposición del recurso no han logrado acceder a las instalaciones de la empresa de la que son socios, por expresa prohibición e impedimento de la recurrida nombre reservado, quien negó el acceso tanto a nombre reservado, como al contador Auditor ya referido, situación que ha mantenido posteriormente la otra de las recurridas nombre reservado, considerando que tales actos vulnerarían derechos fundamentales según expresa.

Sobre tales derechos, sostiene en primer término la afectación del derecho de propiedad sobre el derecho personal que tienen en la sociedad y por consiguiente, de los registros contables. En segundo término, derechamente alega la vulneración del debido proceso, al autotutelar los derechos de los recurrentes, al existir procedimientos preestablecidos regulados por la ley, que contemplan en caso de controversia, al tenor del pacto social, que la resolución de tales asuntos será discutido ante un juez árbitro quien decretará cualquier medida cautelar preventiva respecto de los derechos y obligaciones sociales de los bienes que administra la entidad, no pudiendo admitirse, en ningún caso, que uno de los socios determine cómo desarrollar la actividad ni menos prohibir el ejercicio de los derechos sociales de otro. En último lugar, considera también del actuar de las recurridas, que se vería amagado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, por la prohibición impuesta por un particular, que no ha respetado el derecho de los recurrentes en la sociedad.

Finalmente a modo de petitorio, solicita el cese inmediato de los actos vulneratorios, permitiendo el ingreso de los recurrentes o a la persona que éstos designen a las dependencias de la sociedad, reconociendo de esta forma el derecho que tienen a obtener la información contable sobre el desarrollo y estado de los negocios sociales, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó la recurrida nombre reservado por sí y en representación oficiosa de nombre reservado.

Expresa graves errores respecto de los hechos como de otras imputaciones, que tilda derechamente de falsas. En primer término, sobre la causa Rol V-442-2017 seguida ante el Tercer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, efectivamente se inició un procedimiento de designación de árbitro, en el cual, a su parecer, existiría un defecto en la notificación, motivando un incidente de nulidad, actualmente en esta instancia jurisdiccional, sin que ello pueda estimarse de maniobra dilatoria, sino solo tiene por objeto la corrección de una infracción del procedimiento.

Sobre el acceso a la información contable, niega absolutamente haber impedido el ingreso, haber instruido una prohibición o impedir la revisión de información contable o registros de cualquier especie al señor nombre reservado. Por el contrario, sostiene que ingresó a las oficinas en compañía de un notario, junto a otros representantes de Inversiones San Miguel Spa, debatiendo temas propios de la empresa y revisando, in situ, la documentación contable existente.

Asimismo, a diferencia de lo sostenido, no solicitaron la entrega de copias de la documentación contable, sino que tenían la intención de llevarse de la oficinas comerciales toda la documentación existente, incluidos libros contables, lo que sería contrario a la obligación legal que pesa sobre ésta de mantener la documentación contable en el sitio donde están emplazadas las oficinas de la empresa, tal como lo exigirían tanto normas del Código de Comercio como Tributario que regulan las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos. A lo anterior agrega, que no solo por la obligación legal recién referida sino también por la absoluta desconfianza ante las eventuales acciones que los representantes de la recurrida puedan cometer con dicha información, relatando que durante el último tiempo, se han sustraído diversos valores desde la cuenta corriente de la Sociedad sin su autorización, mas aun estando en un proceso de liquidación. En ese sentido indica, que en caso que el juez árbitro ya designado estimare estrictamente necesaria la entrega de parte de tal documentación, será puesta a disposición para su revisión en la etapa procesal correspondiente.

Sobre el recurso propiamente tal, alega que el arbitraje que se está ventilando o bien una demanda de rendición de cuentas son las vías procesales idóneas, de modo que los hechos denunciados, a su parecer, son remediables sin la necesidad de este arbitrio, sumado al hecho que no se verían afectadas las garantías fundamentales esgrimidas por las recurrentes.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma.

CUARTO: Que el primer supuesto de la acción de protección, se refiere a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, desprendiéndose del tenor de la acción interpuesta, que los actos que se estiman ilegales y arbitrarios, se reducen a la negativa de las recurridas a entregar la información contable del último año de operación, tal como se lee en el párrafo segundo del numeral cinco del libelo, la que por vías de hecho y de manera reiterada ha sido negado, lo que impide el ejercicio del derecho que detentarían en calidad de socios.

QUINTO: Que desde luego, tal como lo ha afirmado en reiteradas oportunidades esta Corte, conviene advertir que la garantía constitucional del debido proceso, en la forma propuesta por el recurrente no goza del amparo taxativo y limitado contenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que descarta a priori un desarrollo de dicha pretensión o al menos en base a los fundamentos propuestos.

Por otra parte, conviene destacar que no resulta controvertido que a la fecha existe un juez árbitro designado para la resolución de las controversias surgidas entre las partes, habiéndose realizado el primer comparendo con fecha 27 de diciembre del año 2017 siendo el objeto de dicho procedimiento arbitral resolver las diferencias entre los socios de la empresa Transportes Barrios Hermanas Limitada, de lo que sigue que, con independencia de la eventual ilegalidad y/o arbitrariedad que pudieron cometer las recurridas al impedir que una de las representantes legales de la sociedad accediera a la documentación contable de la misma, hoy en día el asunto se encuentra bajo el amparo del derecho, mediante la fórmula de solución de conflictos entre los socios de la empresa previstos en la ley y la reglamentación estatutaria, por lo que hoy en día esta acción constitucional, atendida su carácter cautelar, carece de oportunidad.

SEXTO: Que si lo anterior no fuera suficiente, concurre por la negativa lo dispuesto en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil que precisamente dispone un procedimiento jurisdiccional y reglado por el cual es posible requerir, apercibimiento mediante, a la exhibición de la documentación contable de la sociedad, cuestión que no le está vedado a los recurrentes acceder a ello.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Rony Antonio Acosta Yáñez, abogado, en representación convencional de MASSIEL ESTEFANÍA ZAVALA BARRIOS, GONZALO BENJAMÍN ZAVALA BARRIOS, y la sociedad INVERSIONES SAN MIGUEL SpA, en contra de nombre reservado, y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3182-2017 (PROT)

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