nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

PAGE Antofagasta, a doce de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado y Gonzalo Gutiérrez Miño, abogados, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponen recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por su Director Regional, Rómulo Gómez Sepúlveda, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, por considerar vulnerado el derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó mediante Oficio el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y Gonzalo Gutiérrez Miño, abogados, quienes interponen recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, por considerar vulnerado el derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Fundamentando el recurso señalan que la vulneración se produce por el cobro retroactivo de diferencias de impuesto territorial pretendido por la recurrida, a consecuencia del aumento del avalúo fiscal de su propiedad, ubicada en domicilio reservado de la ciudad de Antofagasta, rol de avalúo 19201-61, hecho del cual tomaron conocimiento el 8 de noviembre del presente año, al recibir la notificación de la resolución N° A02.2017.00021113 de fecha 13 de octubre de 2017.

La mentada resolución, en lo pertinente, señala que inspeccionado el bien raíz, y previas citas legales, modificó a partir del 1 de enero de 2015, el avalúo del bien raíz Rol 192012-61, registrado en las bases de datos de dicho servicio a nombre de nombre reservado y Otra, de $65.626.975 a $91.765.226, montos en moneda del segundo semestre de 2017, detallando el nuevo cálculo de contribuciones desde el primer semestre de 2015 al segundo semestre de 2017, valores que según reza la resolución, se verán reflejados en los roles reemplazo/suplementarios a publicarse el segundo semestre de 2017 y en los correspondientes roles semestrales de contribuciones.

Indica que la totalidad de las contribuciones se encontraban pagadas con anterioridad a la dictación de la referida resolución, luego de ella, la información actualizada respecto a las cuotas suplementarias consecuencia de la modificación del avalúo fiscal, ascienden a un total de $748.889, desde el año 2015 a la fecha, con vencimiento el 31 de diciembre del presente año.

Sobre la oportunidad del recurso, la notificación de la resolución contiene un timbre de recepción de correo del día 7 de noviembre de 2017, sin embargo, los reales actos vulneratorios comenzarán a regir desde que se materialice el cobro que sitúa en la fecha de vencimiento de las cuotas suplementarias, el 31 de diciembre del presente año.

En relación al derecho de propiedad, éste se vería amagado por la modificación a partir del 1 de enero de 2015 del avalúo y la pretensión de cobrar, retroactivamente, las diferencias de impuesto territorial. Si bien reconoce que la ley 17.325, en su artículo 10 permite modificar el avalúo fiscal de un bien raíz, con posterioridad a dicha ley, se dictó el Código Tributario que en su artículo 26 establece según cita “no procederá el cobro (de impuestos) con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentadas por el servicio”, estimando que esto ocurriría en la especie, al obrar de buena fe en el pago del impuesto territorial, siendo improcedente su cobro retroactivo. Asimismo, alegan que desde el momento que incorporaron en su patrimonio los efectos de los pagos de contribuciones, las diferencias de valores del periodo en cuestión, importaría una amenaza de dicho patrimonio.

Consideran que la actuación del Servicio significa una transgresión a la teoría de los actos propios, toda vez que ha sido el propio Servicio quien determinó inicialmente los valores cobrados, de modo que si con posterioridad estableció que existía un error de cálculo, no puede ser de cargo del contribuyente, sino que solo deben operar hacia el futuro. Por otra parte, luego de citar el artículo 52 de la ley 19.880, sostienen que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen sus derechos, lo que ocurriría en la especie.

SEGUNDO: Que informó el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que conforme la información que obra en poder del Departamento de Avaluaciones, el bien raíz materia de la presente acción, forma parte del Condominio Brisas de Costa Laguna, compuesto de 129 unidades acogidas a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, según certificado N° 039, del 27 de diciembre de 2012, de la Dirección de Obras Municipales. Agrega que con la finalidad de proceder a su inclusión en el Catastro del Servicio, la Inmobiliaria Ciudad del Norte, como dueña del proyecto, solicitó la asignación de Roles de Avalúos para los predios que se construirían en el Lote denominado STA 1, lo que motivó asignar el 15 de enero de 2013, Roles de Avalúos en Trámite, para las 129 viviendas. Por otra parte, la recepción definitiva de cada unidad habitacional, fue obtenida separadamente, mediante cinco certificados emitidos por la Dirección de Obras Municipales.

Expresa, que por tratarse de una propiedad acogida a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, el terreno en que se emplazan las construcciones es común para todas las unidades vendibles, concurriendo a prorrata en un porcentaje del bien común, conformado por el terreno, pavimentos de circulación interna y espacios comunes. Sobre ello, la recepción final del Condominio, Rol Bien Común 19201-90001, presentado ante la Dirección de Obras el año 2012, incluyó una superficie de terreno total de 16.778 metros cuadrados, la que fue informada por la Inmobiliaria y no fue objeto de modificación al ser recepcionadas las etapas restantes y finales.

Posteriormente, el Servicio al verificar los planos del Loteo DFL2, constató que la superficie neta del bien común, corresponde a un total de 50.366 metros cuadrados y las superficies de circulación (pavimentos), alcanzaba los 12.332,15 metros cuadrados, superficie que difería de aquella informada al requerirse la asignación de roles, que como indicó, era de solo 16.778 metros cuadrados. Lo anterior motivó, según explica, la modificación el Rol de Avalúo del bien común 19201-90001, y de manera consecuencial, el avalúo de cada una de las unidades vendibles del Condominio.

Sobre el recurso propiamente tal, alega su improcedencia por no constituir la vía idónea para el conocimiento de los hechos, al existir un procedimiento especial contenido en el Artículo 150 del Código Tributario, dispuesto para aquellos contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios, que aun estaría vigente.

En relación al acto objeto del recurso, sostiene su legalidad, citando lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 17.325 que faculta al Servicio a modificar los avalúos o contribuciones por una serie de causales y entre éstas, por errores de cálculo. Por otra parte, el artículo 13 de la misma ley, establece la fecha a partir de la cual regirán dichas modificaciones, norma que en su primer inciso dispone “Las modificaciones de avalúos o de contribuciones regirán desde el 1º de enero del año siguiente a aquél en que ocurra el hecho que determine la modificación, o en caso de no poderse precisar la fecha de ocurrencia del hecho, desde el 1º de enero del año siguiente a aquél en que el Servicio constate la causal respectiva”. Por su parte, el inciso siguiente señala “Las modificaciones de avalúos a que se refieren las letras a), b), c) y f), del artículo 10º, regirán desde la misma fecha en que estuvo vigente el avalúo que contenía el error o la omisión”.

En ese sentido, informa que al haberse verificado, en septiembre del presente año que la información entregada por la Inmobiliaria de la superficie del Condominio, resultaba sustancialmente diferente del registrado en el Plano del Conjunto STA 1, procedió a emitir la Resolución en comento, que modificó el avalúo fiscal de los recurrentes, aumentando su valor, de conformidad al citado artículo 10 de la ley 17.235 y su aplicación retroactiva, al tenor del artículo 13 del mismo cuerpo normativo.

En relación al cobro retroactivo y la aplicación del artículo 26 del Código Tributario, éste último no resultaría aplicable a los actos administrativos finales dictados por la autoridad del Servicio, en tanto, dicha norma exige la presencia de dos requisitos, el primero, la buena fe del contribuyente de ajustarse a una determinada interpretación y el otro, que dicha interpretación conste en Circulares, Dictámenes, Informes u otros documentos oficiales del Servicio, apuntando que sobre la materia, no existe una interpretación a la que se hayan ajustado de buena fe los recurrentes, sino que sería simplemente una disconformidad frente a la modificación de avalúo, el que estima, se ajusta a derecho.

Sobre una eventual transgresión de los actos propios, la modificación se fundaría en un hecho no atribuible al Servicio, sino a una información errónea entregada por la Inmobiliaria.

Informa en cuanto a la aplicación del artículo 52 de la ley 19.880, que esta tendría el carácter de supletoria en aquellos casos de ausencia de norma especial. En la especie, insiste que existe una norma particular contemplada en la ley 17.235 que habilita su aplicación retroactiva y que prima por especialidad frente a la citada ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Finalmente, en torno al derecho de propiedad que se vería amenazado, descarta su afectación, reiterando el carácter legal y justificado de impuestos que debieron ser cobrados y pagados desde un inicio, sin que correspondan a nuevos cobros de impuestos, sumado a la existencia de un procedimiento especial de reclamación contenido en el ya citado artículo 150 del Código Tributario.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma, dentro de los cuales se incluye el derecho de propiedad en sus sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles.

CUARTO: Que el primer supuesto de la acción de protección, se refiere a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, desprendiéndose del tenor de la acción interpuesta, que este se dirige contra la resolución N° A02.2017.00021113 del 13 de octubre de 2017, que dispuso una modificación del avalúo fiscal del bien raíz de los recurrentes.

Sobre ello, lo cierto es que no existe reproche del mérito o fundamentos fácticos sobre los cuales sustenta el Servicio dicha modificación, ni menos se ha discutido la facultad que tendría éste a fin de rectificar o corregir errores de cálculo que inciden en el avalúo. Despejado lo anterior, las alegaciones se circunscriben al cobro que se haría de manera retroactiva, para lo cual alza como argumento normativo lo dispuesto en los artículos 26 del Código Tributario, y 52 de la ley 19.880, todos ellos vinculados al efecto retroactivo y sus aplicación de carácter excepcional, sumado a la vulneración de actos propios de la recurrida y un obrar de buena fe de los recurrentes.

QUINTO: Que resulta indispensable considerar la existencia de un procedimiento especial descrito en los artículos 150 y siguientes del Código Tributario, sin embargo, como se precisó en el considerando anterior, lo que se estima vulneratorio no es la modificación del quantum del avalúo fiscal, fruto de antecedentes constatados sino el cobro retroactivo que se hace de éstos.

En ese sentido, desde luego no constituye el recurso la vía para declarar derechos de tal naturaleza o en su caso, la procedencia o no de un cobro retroactivo, al escapar de la naturaleza cautelar propia del recurso de protección, lo que priva dicha alegación, y en esa medida, la aleja del amparo constitucional por tratarse de una cuestión de fondo, de lato conocimiento, propia de un procedimiento declarativo y si se quiere, de una discusión sobre lege data, atendida la normativa citada por la recurrida que la habilita, en lo formal, para el cobro de carácter retroactivo de un impuesto territorial mayor a consecuencia de un error de cálculo, y con ello, la base sobre la cual se pondera la mentada contribución.

Lo anterior, como se expuso, sobre la naturaleza cautelar del recurso, torna evidente, que el medio idóneo para resolver la controversia en autos no es el deducido, pues dado su carácter, no constituye una instancia para declarar derechos como sería el obrar al alero de la buena fe, o la improcedencia de un cobro retroactivo. En efecto, además de carecer de elementos que sustenten el factum de ello, lo cierto es que existiendo en el ordenamiento jurídico un procedimiento de reclamo ante el órgano respectivo, ello escapa de esta sede, dada su vocación de protección de aquellos derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, de modo que no cabe sino rechazar el recurso, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a los recurrentes.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por nombre reservado y Gonzalo Gutiérrez Miño, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3167-2017 (PROT)

Redactada por la Ministro Sra. Myriam Urbina Perán.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares Sra. Myriam Urbina Perán, Sra. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. Cristian Aedo Barrena. Autoriza el Secretario (S) Sr. Cristian Pérez Ibacache.

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