nombre reservado con CODELCO CHILE

Antofagasta, a trece de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Carolina Paz Latorre Cruz, abogada, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, Calama, en representación convencional de nombre reservado, ingeniero comercial, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Corporación Nacional de Cobre Chile Codelco, División Chuquicamata, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Calama, por considerar vulnerado el derecho fundamental consagrado en el numeral 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó por la recurrida el abogado Nemesio Orellana Rojas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando la acción constitucional sostiene que su representado es trabajador de la empresa recurrida desde el año 1989, desempeñando hoy el cargo de ingeniero jefe, cuya relación laboral se encuentra vigente, así como también el Reglamento Interno aplicable a toda la División, en el que se establece el procedimiento de investigaciones laborales y en particular aquel vinculado al acoso sexual en el ambiente laboral.

Indica que estando con feriado legal el recurrente, fue informado por su jefatura que había sido denunciado por acoso sexual en contexto laboral y que seguramente sería llamado a declarar. Por tal razón el día lunes 12 de noviembre del presente año, a su regreso fue inmediatamente citado al departamento de relaciones laborales siendo notificado formalmente de la existencia de un proceso de investigación en su contra confiriéndole un plazo de 24 horas para responder o declarar, sin recibir registro o copia de los antecedentes de la acusación, a pesar de requerirlo, siendo sólo informado de manera verbal de quienes son las denunciantes y escuetamente lo que señalan, por lo cual pidió una ampliación de plazo para evacuar sus descargos el que fue concedido por un día, reiterando la necesidad de contar con la información de cargo para el correcto ejercicio del derecho de defensa, por su parte, dicha solicitud en ningún caso afectaría la reserva del procedimiento Explica que el negar a su mandante de información fidedigna del proceso, como la entrega de copias, vulnera su garantía constitucional del debido proceso, de no ser sancionado por comisiones especiales, situación que puede en definitiva poner en riesgo su estabilidad laboral y posibilidades en el empleo, incluso afectando su derecho de propiedad.

Sostiene que la decisión de no entregar antecedentes al propio acusado y hoy recurrente, resultaría ilegal al vulnerar las normas del Reglamento Interno, vinculada a la escrituración del procedimiento, el derecho a ser oído, como el de efectuar los descargos y aportar antecedentes.

Luego de citar la normativa contenida en el Reglamento interno vinculada a los procedimientos frente al acoso al interior de la División recurrida sostiene que se vería afecta la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales, transformando a quien tiene a cargo la investigación en una comisión especial con poder sancionatorio que no respeta la garantía del debido proceso, entendiendo por éste último el conjunto de garantías procesales que tienen por objeto asistir a los individuos durante el desarrollo del proceso, y así protegerlos de los abusos de las autoridades y permitirles la defensa de sus derechos, sin que el empleador en amparo de la potestad de dirección y mando pueda abstenerse de respetar.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida el abogado Nemesio Orellana Rojas instando por el rechazo de la presente acción constitucional.

Reconoce la existencia de un proceso por denuncias presentadas el 26 de octubre del presente año, formuladas por escrito y recibidas por representantes de la Dirección de Relaciones Laborales que al constatar que contenía todos los elementos de hecho necesarios para comenzar una investigación, procedieron a darle curso conforme el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad.

Sostiene que dio cabal cumplimiento al mandato legal del artículo 211 C del Código del Trabajo, en particular con el deber de reserva de la investigación laboral con motivo de las denuncias, sin exponer los antecedentes a terceras personas, contrariando a la recurrente por cuanto éste fu debida y oportunamente informado de todos los cargos por los cuales se dio inicio a la investigación, pero manteniendo reserva de la identidad de las denunciantes. Por su parte, constaría en el informe laboral que ambas partes fueron oídas, de hecho, el propio recurrente y denunciado presentó antecedentes referidos expresamente a las denuncias que se efectuaron en su contra, lo que en definitiva significó conforme la investigación y antecedentes recopilados por el investigador que fueron posteriormente considerados por la persona habilitada al interior de la empresa para poner término a la relación laboral, cuestión que aparece refrenda en la documentación acompañada por el mismo recurrido Refiere a propósito de la garantía fundamental que se estima amagada, que si bien formalmente el recurso hace referencia al inciso quinto numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política, no se presentarían antecedentes o argumentos que permitan acreditar tal vulneración, sino que se dirigen a la afectación del debido proceso. Por su parte, descarta que la presente acción sea pertinente para el control de la actuación del empleador en el contexto de una investigación laboral, en razón de existir otros medios altamente especializados como el de Tutela de derechos fundamentales o de reclamación del despido, propios de la jurisdicción laboral.

Expresa que la investigación laboral iniciada con motivo de las denuncias formuladas contra el recurrente se habría ajustado plenamente a lo dispuesto en el Código del Trabajo (artículo 2 y 211- A y siguientes) y a las disposiciones del Reglamento Interno de la estatal. Además, la investigación en cuanto tal, correspondería a un proceso previo de levantamiento de información y recomendaciones de acción, distintas al acto de juzgar encomendado según la organización propia de la recurrida a un sujeto distinto, rechazando que su obrar afectare la garantía fundamental.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma, que en el caso del numeral 3 del artículo 19 solo hace referencias a la proscripción de ser juzgado por comisiones especiales.

CUARTO: Que el primer supuesto de la acción de protección, se refiere a la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que en la especie el recurrente circunscribe a la no entrega de información fidedigna, completa y acabada de los hechos consignados en la investigación seguida en su contra a pesar de ser requerido, lo que afectaría – según sus dichos – el derecho al juez natural cuyo establecimiento sea anterior a la circunstancia fáctica sobre el cual recaiga el acto de juzgamiento, lo que redundaría además en la afectación del debido proceso.

QUINTO: Que sin perjuicio de los argumentos sobre la garantía fundamental que se estima amagada, cuestión que la recurrida alerta, se dirigen más bien al debido proceso y con ello, ajeno al amparo constitucional, lo cierto es que basada en la información allegada por la empresa, al día 20 de noviembre del actual y posterior a la interposición de la presente acción, el recurrente habría sido desvinculado o su contrato terminado, precisamente, por los hechos contenidos en la denuncia los que al parecer de su empleador revestirían la gravedad suficiente para justificar el despido luego de casi 30 años de servicios en su interior. Lo anterior, si bien causalmente pueda estar vinculado con la reticencia a la entrega de antecedentes por parte de la recurrida y con ello, poder ejercer de mejor manera el derecho a defensa en la investigación, aquello resulta inoficioso a esta altura o estadio procesal, en consideración a la desvinculación laboral del recurrente ya materializada, por lo que no cabe sino rechazar el recurso por manifiesta falta de oportunidad.

En ese sentido, la calificación o justificación del despido, como los antecedentes que se tuvieron en vista para proceder del modo que lo hizo la recurrida, superan los extremos de esta sede cautelar, contemplando el Legislador medios idóneos y especializados para discutir, ahora, en procedimientos de lato conocimiento todas aquellas circunstancias que motivaron el despido del recurrente a cuya sujeción deberá dirigirse el actor de pretender su control jurisdiccional.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Carolina Paz Latorre Cruz, abogada, en representación convencional de la Corporación Nacional de Cobre Chile Codelco, División Chuquicamata.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3143-2018 (PROT).