Protección contra Superintendencia de Pensiones

Antofagasta, a once de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por el Superintendente Osvaldo Macías Muñoz, ambos domiciliados en domicilio reservado, estimando vulneradas la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº24, por lo que solicita que AFP Provida acepte el desistimiento del trámite de pensión de vejez y le permita a su representada pensionarse por invalidez, ya que los pagos efectuados por la AFP por pensión de vejez se encuentran íntegros en la cuenta vista de la pensionada, y finalmente condenar en costas a la recurrida equivalente al aporte adicional que le permita financiar a su representada una pensión del 70% de su promedio imponible al que tendría derecho en caso de acceder a una pensión de invalidez total.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su acción cautelar en que su representada el 31 de julio del año en curso es notificada del Oficio Ordinario N° 16.0129 emitido por la recurrida el 19 de julio del mismo año, el cual corrobora y reitera lo informado por AFP Provida no acogiendo la solicitud de dejar sin efecto el trámite de pensión de vejez gestionado por su representada el 10 de enero de 2019, aduciendo que el desistimiento se realizó el 17 de enero de 2019, fecha posterior a la disponibilidad del primer pago de su pensión, el que se verificó el día 15 de enero del miso año. Sin embargo, no da respuesta del derecho que le asistía a la señora nombre reservado de recibir información integral de sus derechos previsionales, pudiendo haber gestionado una pensión de invalidez hasta los 65 años.

Ilustra que su representada el 10 de enero de los corrientes concurrió a AFP Provida con la finalidad de informarse de sus opciones de pensión, en dicha oportunidad la funcionaria de la AFP, no le otorgó información de todas las opciones a las cuales podía acceder considerando sus 61 años, estas son, tramitar una pensión de vejez o invalidez, sin considerar el delicado estado de salud de la recurrente con signos evidentes de Diabetes Mellitus con daño renal, Hipoacusia Bilateral además de Hipertensión Arterial.

Destaca que la afectada el 17 de enero concurrió a su oficina para ser asesorada, oportunidad en que le explicó las diferencias entre una pensión de invalidez y la de vejez. Luego, ese mismo día concurrieron a la AFP Provida y suscribieron el desistimiento de la pensión de vejez para así iniciar el trámite de la pensión de invalidez. Posteriormente, el 19 de enero del mismo mes y año la señora nombre reservado envía carta al Superintendente de Pensiones informando el desistimiento y las razones de este.

Enfatiza que el 10 de abril del año en curso Recibió respuesta de la AFP Provida indicándole que no es posible acoger su solicitud ya que el desistimiento lo suscribió el 17 de enero de 2019 fecha posterior a la disponibilidad del primer pago de su pensión, sin indicar en la misiva el hecho de que el área de beneficios de la AFP no informó a la pensionada respecto del sistema y sus beneficios. Así, el 09 de mayo del presente año la afectada interpuso un reclamo en las oficinas de la Superintendencia por su disconformidad con la respuesta entregada por la AFP Provida, el cual fue respondido el 19 de julio actual corroborando la decisión de la entidad previsional de no acoger su desistimiento.

Concluye, estimando que la actuación de la Superintendencia en su rol fiscalizar es arbitrario e ilegal ya que atenta contra lo establecido en lo normado en el Libro III, Título I, Letra A del otorgamiento y pago de pensiones, Capítulo IV, Estándares de Servicio para los tramites de pensiones u otros beneficios, letra a) contar con personal capacitado para informar y orientar a los afiliados respecto del sistema previsional y sus beneficios, vulnerando la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO:

Que informó Daniel Garrido Santoni en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, solicitando el rechazo del recurso en virtud de los siguientes antecedentes:

Principia exponiendo que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, ya que lo solicitado por la recurrente no es otra cosa que la modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, cuestión que no se condice con la naturaleza cautelar de la acción deducida, pretendiendo en definitiva cuestionar la constitucionalidad del D.L 3.500. Por su parte, tampoco existe un derecho indubitado, razón por la cual no puede prosperar el recurso.

En subsidio alega la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, puesto que si bien es cierto la afiliada suscribió constancia solicitando dejar sin efecto su solicitud de pensión de vejez, no se procedió a la anulación dado que la beneficiada había recibido su primer pago de pensión bajo la modalidad de retiro programado dos días antes de su desistimiento, es decir, el 15 de enero actual. Cita al efecto el artículo 2° del D.L 3.500 y el Compendio de Norma de Sistema de Pensiones.

Concluye expresando que la propia entidad fiscalizadora ha establecido que: “En el caso de los afiliados que solicitaron pensión de vejez y no tengan derecho a optar, la Administradora podrá acoger favorablemente el desistimiento del trámite de pensión si el afiliado manifiesta su desistimiento por escrito antes de recibir el primer pago de pensión definitivo en la modalidad de retiro programado.”

TERCERO: Que informó la Superintendencia de pensiones instando por el rechazo del recurso, ya que a su juicio la acción deducida debe ser declarada inadmisible puesto que la petición de la recurrente excede el ámbito establecido para el recurso de protección, lo anterior, ya que mediante carta del 01 de julio de 2019 se dio respuesta al requerimiento de la recurrente, informándole que el 15 de enero último recibió el primer pago de pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado, encontrándose disponible este en su cuenta por un monto de $90.237, además, atendido lo informado por la AFP Provida se informó a la pensionada que la actuación de la entidad previsional se ajustó a derecho, específicamente a la normativa establecida en el Compendio de Normas de Sistema de Pensiones, no siendo procedente acoger el desistimiento de la recurrente. Por su parte, no desvirtúa lo razonado el hecho que la beneficiaria no hubiese retirado el pago de su pensión, ya que como se ha dicho su desistimiento fue presentado posterior al pago.

Finalmente, destaca que no existe arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la Superintendencia consistente en comunicarle a la afiliada la improcedencia de su solicitud de desistimiento. Asimismo, la señora nombre reservado reclama no haber sido debidamente asesorada al momento de requerir su pensión de vejez, porque no le habrían explicado que le asistía el derecho a solicitar su pensión de invalidez. Sin embargo, los beneficios previsionales no operan de pleno derecho y éstos deben ser solicitados de manera explícita, más aún tratándose de aquellos que involucran enfermedades o afecciones cuyo padecimiento debe ser exteriorizado por quien las sufre para proporcionarle la asesoría adecuada. En consecuencia, para obtener pensión de invalidez no basta con padecer algún tipo de enfermedad, sino que debe someterse el afectado a un proceso de evaluación y calificación de invalidez ante las Comisiones Médicas que establece el D.L 3.500, debiendo dichas entidades determinar si tales afectaciones provocan un menoscabo laboral permanente.

CUARTO: Que habiéndose solicitado informe a la Comisión Médica Central dependiente de la Superintendencia de Pensiones, a fin de que indicara con precisión si la recurrida cumplía con las condiciones para obtener una pensión de invalidez. Esta manifestó que no está facultada para pronosticar el grado de invalidez de un trabajador afiliado, ni emitir un informe pericial sin que se haya iniciado un proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez conforme a la normativa legal. Sin perjuicio de lo anterior manifiesta que a través del oficio 24.318 de 15 de noviembre de 2019, instruyó a AFP Provida que suspendiera el pago de la pensión de vejez, acogiendo el desistimiento de la afiliada y la citara para iniciar solicitud de pensión de invalidez, por lo que la recurrida inicio la gestión el 21 de noviembre de 2019, siendo citada el 22 de noviembre de 2019 ante la Comisión Médica Regional para ser evaluada. Emitiendo posteriormente a esta Ilma. Corte el resultado del porcentaje de invalidez y la respuesta a la concesión de pensión de invalidez.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, teniendo en consideración los antecedentes que fundan el recurso y lo señalado por las recurridas en su informe, lo que pretende la recurrente mediante su acción de garantías constitucionales es que su Administradora de Fondos Previsionales acoja el desistimiento de la pensión de vejez que la beneficiaria suscribió con la entidad previsional el 10 de enero del año en curso, consistente en el pago de la suma de 2,99 UF mediante la modalidad de retiro programado, emitiéndose el día 15 de dicho mes y año el primer pago a través de deposito en su cuenta bancaria.

SEPTIMO: Que, lo pretendido por la recurrente debe ser analizado a la luz de la normativa vigente en la materia, específicamente el Compendio de Normas Previsionales dictado por la Superintendencia de Pensiones, el que establece en su número 2 denominado “Análisis de Documentación” que: “Al recepcionar una solicitud de pensión u otro beneficio, previa verificación de la afiliación del trabajador, la Administradora deberá respaldar en la respectiva solicitud y en cualquier otro documento que adjunte o envíe el afiliado, la fecha de recepción mediante timbre de la agencia y firma de un dependiente autorizado de la Administradora. Además, se abrirá el correspondiente expediente de trámite y se pondrá a disposición del solicitante una copia de la solicitud.”, obligación que se concretó por parte de la entidad previsional a través de la Solicitud de Pensión de Vejez, Declaración Jurada Simple de Beneficiario de Vejez y Anexo de Pensiones, documentos que en su totalidad fueron suscritos el 10 de enero de este año por la recurrente y de los cuales se desprende su manifestación de voluntad para ser beneficiaria de una pensión de vejez conforme al D.L 3.500.

OCTAVO: Que, en el compendio indicado también se regula la información que la AFP deberá otorgar a sus afiliados al momento de recibir la solicitud de cualquier beneficio, las cuales se refieren en general a la realización de tramites administrativos para obtener los beneficios previsionales, tipos de beneficiarios y la posibilidad que tienen los pensionados por vejez de seguir ostentando la calidad de trabajadores dependientes. En este sentido, no puede sostenerse que la entidad previsional haya incurrido en una omisión arbitraria por el hecho de no infórmale a la recurrente la posibilidad de optar a una pensión de invalidez, lo anterior, en primer lugar, porque dicha pensión se encuentra regulada en el propio D.L 3.500, y por consiguiente desde su entrada en vigor se presume conocida en concordancia con lo establecido en el artículo 8 del Código Civil. Abona lo anterior, que el derecho a este tipo de pensiones es eventual, ya que a diferencia de la pensión de vejez que para su procedencia requiere de la disponibilidad de fondos y la llegada a cierto rango etario, la de invalidez se otorga a las personas afiliadas a una AFP que sufren un menoscabo permanente en su capacidad de trabajo a consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de sus capacidades físicas o intelectuales, circunstancia que debe ser calificada exclusivamente por la Comisión Médica respectiva.

NOVENO: Que, finalmente el compendio ya referido admite la posibilidad de desistirse de la solicitud de pensión, cuyo trámite debe realizarse por escrito, y específicamente en el caso de pensionados por vejez que no tengan derecho a optar por una modalidad de pensión, el desistimiento se podrá acoger si éste se verifica antes de que el beneficiario reciba el pago de su primera pensión, cuestión que no ocurrió en la especie, ya que como se ha señalado en los informes de las recurrida y se desprende de los documentos acompañados, el pagó se realizó dos días antes de que la recurrente manifestara su decisión de desistirse, y por tanto debe entenderse que esta es extemporánea. En este mismo orden de ideas, la comunicación de la Superintendencia informando que no es procedente el desistimiento de la recurrente tampoco constituye una actuación arbitraria, ya que se ajusta a lo establecido en el compendio que regula la materia.

DECIMO: Que consta en estos autos que la Comisión Médica de la Segunda Región de Antofagasta de la Superintendencia de Pensiones aceptó la invalidez definitiva total de la recurrente, y el devengamiento de la pensión de invalidez a contar del día 19 de noviembre del presente año, por lo que el presente recurso ha perdido oportunidad al haberse dispuesto por la autoridad administrativa el fin perseguido por la recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3135-2019 (PROT)

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