Protección contra en contra del Servicio nacional de Migraciones

Antofagasta, a trece de marzo del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Eitan Gary Ayca Mendez, abogado, domicilio en domicilio reservado, representación de nombre reservado, venezolano, número de cedula de identidad de Venezuela NUM000, domicilio en domicilio reservado; quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del en contra del Servicio nacional de Migraciones, por emitir la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 2 de diciembre de 2025, que ordena su expulsión del país, vulnerando con ello su derecho a la igualdad ante la ley y al procedimiento racional y justo, garantizados por el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que mediante Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 2 de diciembre de 2025, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 129 en relación con el artículo 137 de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, el Servicio Nacional de Migraciones dispuso su expulsión del territorio nacional. Como fundamento de dicha decisión administrativa señala que el recurrente habría ingresado al país de manera clandestina, sin registrar movimientos migratorios ni someterse al control policial correspondiente, agregando que con fecha 30 de septiembre de 2025 fue notificado del inicio de un procedimiento sancionatorio, sin que hubiere evacuado descargos dentro del plazo de diez días hábiles conferido al efecto. Asimismo, indica que la autoridad estimó que su conducta vulneraba bienes jurídicos vinculados a la seguridad pública, al control de fronteras, a la protección de la política migratoria y, en definitiva, a la soberanía nacional.

Indica que no registra antecedentes penales, que la infracción que se le imputa no ha sido reiterada, que nunca ha sido beneficiado con permisos de residencia en el país y que no mantiene vínculos familiares en Chile. Señala además que la resolución que ordena su expulsión le fue notificada el día 10 de diciembre de 2025 y que hasta la fecha de interposición de la acción constitucional no había deducido recursos administrativos ni judiciales en contra de dicha decisión.

Contextualiza su situación personal dentro de la realidad política y social de Venezuela, afirmando que dicho país atraviesa desde hace años una profunda crisis económica, política y social que ha generado una migración masiva de ciudadanos hacia otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales que les permitan sostener a sus familias. Sostiene que, pese a ciertos cambios políticos recientes, la situación interna no habría variado sustancialmente, persistiendo la represión política, las detenciones arbitrarias y diversas vulneraciones a los derechos humanos. Añade que, según información proporcionada por sus familiares, en Venezuela continúan produciéndose detenciones y persecuciones contra quienes retornan al país, acusándolos incluso de traición a la patria o espionaje. Asimismo, señala que las dificultades para desplazarse dentro de la región sudamericana y la inexistencia de corredores humanitarios efectivos dificultan el retorno seguro de los migrantes a su país de origen.

En cuanto a sus antecedentes personales, señala haber nacido el 29 de noviembre de 1985 en el Estado de Táchira, Venezuela, tener actualmente cuarenta años de edad y encontrarse casado con nombre reservado, quien permanece en Venezuela junto a sus dos hijos menores de edad, de ocho y siete años respectivamente. Señala además que sus padres también residen en dicho país y que él carece de formación profesional formal, habiéndose desempeñado históricamente en distintos oficios. Explica que actualmente vive en la ciudad de Calama en una situación de precariedad económica, subsistiendo gracias a la ayuda de un particular, quien le ha permitido habitar una pieza en su domicilio mediante un préstamo de uso.

Afirma que, pese a su situación migratoria irregular, ha intentado realizar gestiones ante el Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de solicitar una visa, regularizar su situación o postular a la calidad de refugiado político; sin embargo, sostiene que dichas gestiones no habrían prosperado, ya que funcionarios del servicio le habrían indicado que no existe normativa que permita tramitar nuevas solicitudes una vez dictada la orden de expulsión, negándose incluso a recibir antecedentes adicionales. Señala igualmente que no dispone de Clave Única para efectuar trámites digitales y que, al intentar realizar gestiones presenciales en la oficina de Migraciones de Calama durante los días 1, 2 y 4 de febrero del presente año, se le habría indicado que cualquier trámite debía realizarse exclusivamente mediante plataformas virtuales, sin que se le permitiera solicitar prórrogas ni iniciar nuevas solicitudes de visado.

A su juicio, dicha actuación constituye una infracción al principio de igualdad ante la ley y a las garantías reconocidas en la Ley N°21.325, particularmente en su artículo 3°, que establece el deber del Estado de respetar y proteger los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en el país, con independencia de su condición migratoria, así como de asegurar procedimientos racionales y justos para resolver las solicitudes de ingreso o residencia.

Asimismo, invoca el artículo 7 de la misma normativa, que establece el deber del Estado de promover que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos necesarios para su permanencia regular en el país. Sostiene que la autoridad migratoria habría omitido ponderar adecuadamente las circunstancias personales y humanitarias del caso, limitándose a exigir el cumplimiento de la orden de expulsión sin permitir la presentación de nuevos antecedentes ni la tramitación de solicitudes migratorias alternativas.

Afirma además que la acción constitucional de protección constituye un mecanismo jurisdiccional destinado a restablecer el imperio del derecho frente a actos que amenacen o vulneren garantías fundamentales, citando al efecto el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes cuando se vean afectados sus derechos fundamentales.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, declarando que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones es ilegal y arbitraria y que ha vulnerado su derecho constitucional a la igualdad ante la ley, disponiéndose, en consecuencia, que se deje sin efecto provisionalmente la Resolución Exenta N°NUM001 que ordena su expulsión del país, otorgándosele un plazo prudente para formular una solicitud de visa o regularizar su situación migratoria.

SEGUNDO: Que, Guillermo Quezada Bruzzone, abogado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, informa solicitando el rechazo del presente recurso por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que, conforme a los registros del Servicio Nacional de Migraciones, el recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó al territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado, eludiendo el control de las autoridades migratorias competentes, sin que conste la realización de trámite alguno o solicitud de regularización migratoria por parte del extranjero. Esta situación fue informada al Servicio mediante el Parte Policial N°NUM002, de fecha 10 de octubre de 2025, emitido por la Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de Calama, en el cual se da cuenta del ingreso irregular del extranjero al país por un paso no habilitado.

En virtud de dichos antecedentes, y conforme a lo dispuesto en el artículo 132 bis de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería y en el artículo 141 de su reglamento, con fecha 2 de mayo de 2025 se notificó personalmente al recurrente del inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra, mediante la correspondiente acta entregada por la Policía de Investigaciones de Chile. En dicha notificación se le informó al afectado que disponía de un plazo de diez días hábiles para formular sus descargos y acompañar los antecedentes que estimara pertinentes respecto de la causal de expulsión invocada. Sin embargo, el extranjero no presentó descargos dentro del plazo conferido, razón por la cual la autoridad administrativa resolvió el procedimiento considerando únicamente los antecedentes disponibles en el expediente administrativo.

La autoridad migratoria señala además que el recurrente nunca ha contado con residencia regular en Chile ni ha efectuado gestiones destinadas a regularizar su situación migratoria, y que al ponderar los antecedentes del caso conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley N°21.325 y el artículo 137 de su reglamento, constató que el extranjero no registra antecedentes penales en Chile, aunque se desconoce si mantiene registros policiales o condenas en su país de origen; que no se acreditan vínculos familiares en el territorio nacional de aquellos previstos por la legislación migratoria; que no se verifican contribuciones de carácter social, cultural, económico o científico relevantes en el país; y que la infracción cometida consiste en el ingreso al territorio nacional por paso no habilitado, conducta que vulnera bienes jurídicos protegidos por el Estado, tales como la seguridad pública, el control de fronteras, la política migratoria y la soberanía nacional.

Con base en dichos antecedentes, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 2 de diciembre de 2025, mediante la cual se dispuso la expulsión del recurrente del territorio nacional, estableciendo además la prohibición de ingreso al país por el plazo de cinco años contados desde la ejecución de la medida.

Esta resolución fue notificada personalmente al extranjero por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile el día 10 de diciembre de 2025, dejando constancia mediante el acta correspondiente. Asimismo, informó al afectado que podía interponer el recurso especial contemplado en el artículo 141 de la Ley N°21.325 contra la resolución administrativa, recurso que finalmente no fue ejercido por el recurrente.

En el ámbito jurídico, sostiene que la resolución de expulsión fue dictada por autoridad competente y dentro del marco de las atribuciones que la ley confiere a dicho órgano administrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 126, 127 N°1, 32 N°3, 132 y 132 bis de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. En particular, señala que el artículo 32 N°3 de dicha normativa establece una prohibición imperativa de ingreso al país respecto de los extranjeros que ingresen o intenten ingresar por pasos no habilitados, eludiendo el control migratorio, circunstancia que constituye una causal legal suficiente para decretar la expulsión del territorio nacional.

Enfatiza que la autoridad administrativa, al adoptar la medida de expulsión, ponderó adecuadamente los bienes jurídicos comprometidos por la conducta infraccional del extranjero, estimando que el ingreso irregular al país constituye una vulneración grave a la seguridad pública y al control de fronteras, afectando intereses colectivos resguardados por el Estado y comprometiendo el orden social.

En ese contexto, concluye que la expulsión constituye una medida proporcional, idónea y necesaria para restablecer el orden jurídico alterado por la infracción migratoria.

Respecto de la supuesta vulneración del derecho constitucional a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, el Servicio sostiene que dicha alegación carece de fundamento, por cuanto la autoridad actuó en estricto apego a la normativa vigente, la cual no contempla mecanismos que permitan regularizar la situación migratoria de extranjeros que hayan ingresado al país por pasos no habilitados. En consecuencia, abstenerse de dictar la medida de expulsión implicaría mantener al extranjero en una situación migratoria irregular, lo que además generaría un trato privilegiado respecto de otras personas que han cumplido con las normas legales de ingreso al territorio nacional.

Asimismo, sostiene que el recurrente habría incurrido en afirmaciones incorrectas en su recurso, particularmente al señalar que habría intentado gestionar una visa o realizar trámites migratorios ante el Servicio sin éxito, indicando que tales afirmaciones no se condicen con la realidad administrativa del Servicio Nacional de Migraciones, puesto que no consta solicitud alguna presentada por el extranjero en tal sentido.

Invoca diversas disposiciones constitucionales y tratados internacionales que reconocen la facultad soberana de los Estados para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio, destacando que el derecho a residir y circular dentro del país solo se garantiza a quienes se encuentren legalmente en él, y que la expulsión de extranjeros es procedente cuando se adopta mediante decisión fundada de la autoridad competente y en los casos previstos por la ley, circunstancias que, a juicio del Servicio, se verifican plenamente en el caso de autos.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, conforme a los términos en que ha sido planteada la presente acción, el conflicto jurídico que se somete al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 2 de diciembre del 2025, que ordena la expulsión del recurrente del territorio nacional, constituye un acto ilegal o arbitrario que importe una privación, perturbación o amenaza actual a su derecho a la libertad personal y seguridad individual, susceptible de ser reparada por la vía del recurso de amparo, o si, por el contrario, se trata del ejercicio regular de potestades legales de la autoridad administrativa migratoria, cuyas eventuales controversias deben ser conocidas y resueltas por las vías administrativas o jurisdiccionales ordinarias que el ordenamiento contempla.

SEXTO: Que, en cuanto al examen de legalidad del acto impugnado, de los antecedentes acompañados aparece que el Servicio Nacional de Migraciones dictó la resolución recurrida en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere para conocer, resolver y rechazar las solicitudes de residencia definitiva formuladas por personas extranjeras, cuando concurren causales legales que así lo ameritan. En efecto, la decisión cuestionada se fundó en la existencia de una infracción migratoria consistente en el ingreso al territorio nacional por paso no habilitado, antecedente que, conforme a la normativa vigente en materia migratoria, constituye causal expresa de rechazo del beneficio solicitado, circunstancia que fue previamente comunicada al interesado, otorgándosele un plazo para formular descargos, el que no fue utilizado. En tales condiciones, no se advierte que la autoridad haya actuado fuera del ámbito de sus competencias ni prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, sino que, por el contrario, el rechazo de la residencia definitiva y la consecuente orden de abandono del territorio nacional se sustentan en antecedentes objetivos y en una causa legal expresamente prevista, lo que excluye, desde esta perspectiva, la configuración de una ilegalidad en el actuar administrativo reprochado.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde analizar si el acto administrativo impugnado adolece de arbitrariedad en los términos que habilitan la procedencia de la presente acción cautelar, esto es, si se trata de una decisión antojadiza, carente de razonabilidad o desprovista de fundamento suficiente. Al respecto, la resolución cuestionada aparece motivada en antecedentes fácticos concretos, debidamente registrados por la autoridad policial competente, y en una causal legal expresa que impide el otorgamiento de la residencia definitiva, sin que conste que la autoridad recurrida haya prescindido de elementos relevantes, actuado con capricho o aplicado criterios disímiles o incoherentes respecto de situaciones análogas.

Asimismo, la orden de abandono del territorio nacional que se reprocha constituye una consecuencia legal del rechazo del permiso de residencia, prevista por el legislador, y no una medida de carácter compulsivo equiparable a una expulsión, quedando, además, sujeta a los mecanismos de impugnación administrativa que el propio ordenamiento contempla. En este contexto, no se configura una actuación arbitraria que, por sí sola, permita estimar amenazada o perturbada la libertad personal del amparado en los términos exigidos por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Eitan Gary Ayca Mendez, abogado, representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

ROL 313-2026 (PROTECCIÓN)