nombre reservado con ITAÚ CORPBANCA S.A.

Antofagasta, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Arturo Farías Marambio en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Banco Itaú Corpbanca.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su acción cautelar en que el 24 de julio del año en curso, luego de una serie de intentos fallidos de transacciones vía internet y en forma presencial mediante su tarjeta de débito, llamó a su ejecutivo del banco quien le señaló que su cuenta había sido cerrada indicándole que le debería haber llegado una carta. Posteriormente, concurrió a las dependencias del banco recurrido con la finalidad que le entreguen dicha carta, enterándose que el banco al cual pertenece hace más de quince años decidió en forma unilateral y arbitraria cerrar su cuenta indicando lo siguiente: “De nuestra consideración, por la presente, informamos que el cierre de su cuenta corriente, así como de los demás productos que mantenía con Itaú Corpbanca, se ha ejecutado de acuerdo a las causales establecidas en el contrato de condiciones generales suscrito por usted así como a lo dispuesto en la normativa vigente…”.

Expone que a la fecha de presentación de su recurso no ha recibido respuesta acerca de la causal específica que el banco ha considerado para efecto de cerrar sus productos, siendo el actuar de la institución arbitrario, abusivo e ilegal, afectando sus derechos como consumidor.

Destaca que siempre ha tenido un comportamiento impecable, tiene sus obligaciones financieras al día y jamás ha sido objeto de un protesto, viéndose en la actualidad perjudicado ya que su cuenta corriente es una herramienta de trabajo, existiendo además cheques pendientes de cobro y cargos programados a su cuenta bancaria.

Cita como argumentos de derecho el artículo 1° de la Ley de Cuentas Corrientes, artículo 17 b de la Ley 19.496, según el cual en los contratos financieros de adhesión no pueden existir términos anticipados o unilaterales sin expresión de causa, por lo que toda cláusula que lo permita debe tenerse por no escrita, lo anterior en relación con el artículo 1545 del Código Civil.

Afirma que en la especie se ha vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental.

Finalmente, solicita que se deje sin efecto la medida adoptada por el banco y se reponga su derecho como cuentacorrentista, ordenando la reapertura de sus productos.

SEGUNDO:

Que informó nombre reservado, en representación del banco recurrido solicitando el rechazo del presente recurso en consideración a los siguientes antecedentes.

Reconoce que el banco adoptó la decisión de cerrar unilateralmente dos cuentas corrientes del recurrente, decisión que le comunicó oportunamente mediante carta certificada de fecha 25 de junio de los corrientes, dirigida al domicilio que el actor registraba en el banco. En dicha comunicación, además se le informó que el proceso de cierre no sería inmediato, sino que se verificaría en el plazo de quince días corridos desde la fecha de emisión de la carta a efecto de que adoptará todas las medidas necesarias para evitar algún perjuicio, e indicándole que de existir un saldo a su favor sería devuelto a través de un vale vista.

Precisa que el recurso interpuesto debe ser rechazado ya que no reúne las características propias de una acción de protección, en consideración a su naturaleza cautelar y la necesidad de acreditar un derecho indubitado.

Descarta que la actuación del banco sea ilegal o arbitraria, ya que la decisión del cierre de los productos fue comunicada por la vía establecida en el contrato, sin perjuicio, que el actor también se informó presencialmente, cumpliéndose con la normativa recopilada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y con lo prescrito en el contrato de cuenta corriente suscrito por las partes, específicamente su cláusula Décimo Séptima que faculta al banco a realizar el cierre unilateral de la cuenta del actor, razón por la cual, no puede catalogarse la decisión del banco de ilegal.

Respecto a la arbitrariedad alegada, la normativa bancaria le impone un deber de cuidado respecto de las operaciones que se verifican por su intermedio. En este contexto, a principios de este año, y conforme a su política interna de lavado de activos, se detectó un depósito en la cuenta corriente del recurrente por una suma que excedía su comportamiento habitual, siendo posteriormente girado el dinero mediante un cheque cuyo beneficiario final era una persona condenada por delito tipificado en la Ley 20.000. Así, en una primera instancia no se pudo verificar la coherencia de la operación en cuestión, y peor aún, cuando se le requirió al recurrente información adicional, ésta no fue entregada.

Por lo expuesto, se generaron las alertas correspondientes procediendo a realizarse una investigación por la Gerencia de Riesgo Operacional & Compliance, lo que derivó que el caso fuera presentado en el Comité de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Cohecho, instancia que en el mes de junio del presente año adoptó la decisión de cerrar las cuentas corrientes del cliente. En virtud de lo anterior, en caso alguno se puede predicar que la decisión fue arbitraria, la que se razonó en más de una instancia, lo que demuestra la seriedad en este tipo de determinaciones.

Concluye aclarando que todas las acciones del banco se han enmarcado en el ejercicio legítimo de su giro, y que la discusión de la legalidad de la medida adoptada escapa de la materia que puede ser discutida a través del recurso de protección. Por su parte, tampoco se está indagando ni calificando un delito, sino que sólo se adoptaron las medidas necesarias para prevenirlo según lo prescriben las leyes 19.913 y 20.393.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, de los antecedentes expuestos por las partes y los documentos acompañados, se desprende que lo alegado por el recurrente corresponde a un supuesto incumplimiento contractual del banco recurrido a propósito de la decisión de cerrar sus productos bancarios. En consecuencia, la pretensión del actor no puede ser acogida por esta vía, puesto que no corresponde dilucidar sus alegaciones mediante una acción de naturaleza cautelar, máxime cuando ellas requieren de probanzas las que deben verificarse en un juicio declarativo de derechos, escapando, por lo mismo, de la finalidad que tiene el recurso de protección.

En definitiva, no se advierte que esta Corte pueda adoptar alguna medida, razón por la que la acción constitucional no pueda prosperar en la forma solicitada por el recurrente.

Sin perjuicio de ello, debe consignarse que, formalmente, el Banco cumplió con obligaciones legales, adoptando la medida proporcional a los hechos, sobre la base de antecedentes objetivos todo, por cierto, de lo que eventualmente pueda demostrarse en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por Arturo Farías Marambio en representación de nombre reservado, y en contra de Banco Itaú Corpbanca.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3129-2019 (PROT)

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