nombre reservado con HDI SEGUROS S.A

PAGE Antofagasta, a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de HDI SEGUROS GENERALES S.A., con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulnerados el derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Se agrega informe de HDI Seguros generales S.A.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundamentando su acción, sostiene el recurrente que a mediados del mes de septiembre del presente año, sufrió dos siniestros su vehículo Chevrolet Sail, patente FVGC-27, asegurado por la recurrida. En ese contexto, el día 7 de noviembre de 2017, el liquidador designado autorizó expresamente el pago directo y en dinero efectivo de ambos siniestros, para lo cual se le exigió la firma de dos finiquitos ante ministro de fe, los que se protocolizaron el día 10 de ese mismo mes.

Refiere que estando en conocimiento la recurrida que sobre el vehículo recaía como medida precautoria el embargo de dicha especie, ello no privaría al recurrente de las facultades esenciales del dominio, pues de las 48 cuotas en que fue pactado con el respectivo acreedor, se mantenía un saldo de 7 cuotas impagas que habrían sido regularizadas a través de un proceso de refinanciamiento y renegociación con la entidad que denomina www.pactio.cl. Agrega que una vez que solicitó el depósito de tales indemnizaciones en su cuenta corriente, recibió el día 15 de noviembre del actual, un comunicado vía correo electrónico del liquidador, por el cual le informaba que se suspendía el proceso de pago por tener un embargo, lo que no se ajustaría a las normas comerciales sobre el contrato de seguro.

Expresa que en el caso concreto, los finiquitos son transacciones válidamente celebradas, tienen fuerza obligatoria y solo podrían modificarse por consentimiento de las partes o por causas legales lo que no habría ocurrido, sin que la facultad de la recurrida de revisar los contratos, se haya fundado en motivos razonables, resultando a su juicio afectado el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al estimar que la suspensión del pago por la existencia de un embargo, lo priva de tal derecho constitucional, en relación a las facultades esenciales del dominio derivados del contrato de seguro, solicitando en definitiva se acoja el recurso, dejando sin efecto la mentada suspensión de pago, al existir una transacción que tuvo por efecto precisamente precaver un litigio eventual.

SEGUNDO: Que informa por la recurrida el abogado Juan Cristóbal De la Cerda Hausdorf.

Reconoce la existencia del contrato de seguro, como el hecho que, evaluados los siniestros, se optó por la liquidación directa de los mismos. Sobre ello agrega que el liquidador una evaluadas las circunstancias de los siniestros y reunidos los antecedentes necesarios, procedió a acoger la cobertura de los daños reclamados, mediante las respectivas ordenes de trabajo al taller denominado “SALFA”, concesionario oficial de la marca Chevrolet, sin embargo, el recurrente informó que prefería que los siniestros se indemnizaran en dinero, dado que requería una solución inmediata y que en dicho taller demoraría la reparación del vehículo siniestrado.

Indica que tras una revisión efectuada por el liquidador, se acogió la solicitud del asegurado y hoy recurrente de indemnizar ambos siniestros en dinero. Posteriormente, durante el proceso de análisis de pago y conforme la normativa legal vigente sobre la materia, advirtió que el vehículo asegurado mantenía limitaciones al dominio vigentes e inscritas, tal como se consignaría en la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, En relación al fundamento de su actuar, el artículo 565 del Código de Comercio, relativo al ejercicio de derechos de terceros sobre la indemnización, establece según cita “La cosa que es materia del seguro será subrogada por la cantidad asegurada para el efecto de ejercitar sobre ésta los privilegios e hipotecas constituidos sobre aquella. Para ello, los respectivos acreedores deberán notificar al asegurador de la existencia de sus privilegios e hipotecas”, destacando finalmente del mismo artículo que “Las mismas reglas se aplicarán cuando la cosa asegurada haya sido objeto de medida precautoria, embargo, o esté afecta a derecho legal de retención”. De lo anterior, concluye que correspondería consignar el dinero de la indemnización ante el 27 Juzgado Civil de Santiago, en el cual se ejecuta el proceso de realización de prenda.

Finalmente, señala que su representada con el fin de dar una solución definitiva, manifiesta su voluntad que si el recurrente lo estimare, aun mantiene las órdenes de trabajo al taller denominado “SALFA” para la reparación de la materia asegurada.

TERCERO:Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos de propiedad, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

CUARTO: Que la alegación del recurrente se circunscribe a la suspensión del pago de las indemnizaciones derivadas de los siniestros denunciados. En ese sentido, no resulta controvertido que las partes acordaron mediante sendos finiquitos acompañados, que la recurrida pagaría la suma de $ 176.108 y 374.850 pesos como indemnización por tales siniestros.

Por su parte, la recurrida reconociendo dichos instrumentos, justifica su obrar en la norma contendía en el artículo 536 del Código de Comercio, que configura, en aquellos casos en que el objeto asegurado se encuentre embargado, la subrogación real del monto de indemnización por el objeto asegurado, que en este caso sería parcial. Sobre ello, conviene destacar que dicha justificación aparece en lo formal, como suficiente para desestimar la presenta acción, en tanto, descarta que derive de un actuar caprichoso o antojadizo al encontrar fundamento en una norma integrante del contrato de seguro, sin que se haya acreditado norma contractual alguna que imponga el pago de la indemnización a todo evento, o bien, a pesar de existir un embargo.

QUINTO: Que resulta oportuno destacar, no constituye el recurso de protección una vía por la cual se pueda, y tal como pretende el recurrente, lograr el cumplimiento de una prestación contractual consistente en el pago de una indemnización, al escapar del objeto y naturaleza del recurso, medio cautelar por excelencia de garantías fundamentales, y que carece de vocación como medio de cumplimiento o ejecución de obligaciones contenidas en instrumentos privados de los que dan cuenta los ofrecidos.

Por ello, no constituyendo una vía de cumplimiento de obligaciones, que en la especie, si bien no discutidas en su existencia, si resultan controvertidas en relación al accipens de las mismas, máxime si entendemos que en la especie, la indemnización significó la subrogación real parcial del bien objeto del seguro, lo que impide acceder al recurso de protección, al recaer tanto sobre derechos dubitados y no constituir un medio o procedimiento para el cumplimiento de obligaciones contractuales como las pretendidas en autos.

Sin perjuicio de ello debe hacerse notar que el artículo 565 del Código de Comercio no hace distinción alguna si la pérdida del bien es total o parcial y, por tanto, en una primera aproximación, la decisión de la recurrida resulta, en esta sede, irreprochable. Además debe recordarse que la empresa de seguros mantiene la oferta de hacer efectivo la póliza de seguros reparando directamente el siniestro, en talleres de la empresa que, pública y notoriamente, representa a la marca del vehículo siniestrado por lo que el recurrente no se ha visto privado de derecho alguno y menos el de propiedad.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de HDI Seguros Generales S.A.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3106-2017 (PROT)

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