nombre reservado con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

Antofagasta, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

nombre reservado, cesante, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Cesantía, RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dar curso al pago del seguro de cesantía.

Evacuando informe la recurrida solicita el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente expone que prestaba servicios para Transportes Zapata EIRL, RUT RUT reservado, bajo vínculo de subordinación y dependencia desde el 1 de marzo de 2016, con una remuneración imponible de $650.000, refiriendo que decide poner término a la relación laboral por despido indirecto el 19 de marzo de 2019, por la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, atendido al no pago de cotizaciones previsionales, entre otros incumplimientos, interponiendo demanda el 2 de abril de 2019, en causa RIT O-408-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, la que concluyó en avenimiento, sin que lo cumpliera, iniciando las acciones de cobro respectivas.

Expone que desde el 2 de abril del presente ha efectuado infructuosos intentos para obtener el pago del seguro de cesantía, negándose la recurrida, pese a presentar los documentos consistentes en carta de despido indirecto con los respectivos comprobantes de envío, copia de la demanda y de resolución recaída en ella, sin embargo, siempre se indicó que debía esperar la decisión de la recurrida.

La negativa de dar curso al pago del seguro se extendió inclusive hasta el mes de junio del presente, donde le informaron que no se podría pagar ya que en su registro figuraba un pago por concepto de cotizaciones previsionales pagada por su ex empleador un mes después del despido, esto es el mes de abril de 2019, lo que se trataría de un error, ya que la relación laboral terminó el 19 de marzo de 2019.

Expone que para intentar subsanar esta confusión se remitió copia del avenimiento presentado por las partes, donde consta la fecha de terminación de la relación laboral. Agrega que la recurrida, actualmente exige que el ex empleador firme una declaración jurada donde declare que la cotización pagada con posterioridad al término de la relación laboral es un error, sin embargo he realizado numerosos intentos, negándose éste a firmarlo.

Agrega que si bien la desidia del empleador a firmar el documento ha sido el obstáculo, sin embargo, el término de la relación laboral puede acreditarse por otros documentos, como ocurre en la especie.

A continuación, cita los artículos 1, 2, 12 de la Ley 19.728, especialmente la última disposición legal referida en cuanto a los requisitos para acceder al pago de dicho beneficio.

En definitiva, indica que cumple con cada uno de los requisitos, deviniendo el actuar en arbitrario e ilegal, ya que la recurrida no ha dado cumplimiento a su obligación legal de pagar el seguro A mayor abundamiento, indica que la ley no establece un formato en especial para probar que la relación laboral se encuentra terminada pues quedaría al simple arbitrio de un tercero en este caso, el ex empleador, la posibilidad de acceder al seguro de cesantía en circunstancias que este seguro se creó para ayudar a las personas que se encuentren en situación de cesantía, y en este caso es precisamente lo que sucede pues la desidia del ex empleador ha causado que se niegue el pago de este seguir, pero la recurrida puede a través de todos los medios de prueba acompañados y emitidos por tribuales de justicia corroborar que la relación laboral se encuentra efectivamente terminada y que en consecuencia el pago de la cotización de abril es un error del ex empleador no imputable al recurrente, pues el avenimiento al tener fecha de junio de 2019, y la cotización adicional pagada corresponde al mes de abril ciertamente prima el instrumento que da cuenta que al mes de marzo la relación laboral se encuentra terminada.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, respecto del derecho a la integridad física y psíquica, dispuesta en el numeral 1° del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que actualmente se encuentra cesante y sin fondos a los cuales pueda acudir para solventará sus necesidades económicas, la recurrida se ha mantenido en una negativa constante por alrededor 5 meses de pagar el seguro de cesantía que por disposición legal debe hacerlo, por lo que no tiene dinero para solventar sus necesidades básicas, llegando a estar de allegado, lo que ha afectado su integridad psíquica.

Respecto del derecho de propiedad se puede ejercer sobre bienes corporales e incorporales, en la especie el derecho que otorgan los artículos 1, 2 y 12 de la ley 1978 para hacer exigible el pago del seguro de cesantía, y el derecho sobre esos dineros, corresponden al concepto de derecho de propiedad, el cual ha sido coartado y vulnerado a través de la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida.

SEGUNDO: Que el gerente general de la recurrida evacúa informe, solicitando el rechazo con costas. En primer término indica que el seguro de desempleo tiene como objetivo exclusivo, administrar dos fondos de Cesantía (fondo de cesantía integrado por las cuentas individuales y fondo de cesantía solidaria, integrado por el aporte del Estado y los empleadores), además de otorgar y administrar las prestaciones legales.

En dicho punto, indica que, conforme al artículo 51 de la Ley sectorial se encuentra obligada a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a las prestaciones, contenidas además en el Compendio de Normas sobre el seguro de cesantía, estableciendo expresamente que si la administradora detectare pago o declaración de cotizaciones correspondientes a períodos posteriores a la fecha de cese de la relación laboral que originó el beneficio, deberá suspender la prestación a contar del mes siguiente al mes de inicio de la relación laboral, recayendo en la entidad la responsabilidad de dar debido y oportuno cumplimiento a las instrucciones.

Agrega, además que el compendio indica que el afiliado podrá aportar la documentación entregada por el empleador en la que se aclare el período al que efectivamente corresponden las cotizaciones pagadas, verificada la información, la administradora deberá reactivar el pago, si correspondiese.

Expone que, el recurrente presentó solicitud de prestación por cesantía el 18 de junio de 2019, acompañando finiquito de contrato de trabajo, donde consigna que la relación laboral se extendió desde el 1 de marzo de 2016 al 19 de marzo de 2019, acogiendo a tramitación la solicitud e informando las fechas de pago a que tendría derecho una vez que la administradora realizara los controles previos al pago del beneficio. Agrega que al momento de efectuar los controles, detectó que el 10 de mayo y 10 de junio del presente, el empleador declaró el reconocimiento de deudas previsionales en favor del recurrente (DNP), respecto de cotizaciones correspondientes a los meses de abril y mayo de 2019, esto es, por períodos posteriores a la fecha de cese de la relación laboral que originó el beneficio de cesantía.

Por lo anterior, los días 24 de junio y 1 de julio del presente informa sobre la suspensión del beneficio, esto es, por cotización posterior a finiquito. Asimismo, acudió a la sucursal de esta ciudad, donde se le explicó el motivo de la suspensión y la forma en que debía proceder para reactivar el pago del mismo, esto es, aportando documentación en la que su ex empleador aclarase el motivo por el que había realizado DNP por períodos posteriores a la fecha de terminación de la relación laboral, para comprobar si mantenía o no la condición de cesante.

Refiere que no se ha privado del beneficio, sino que solamente se suspende para cumplir con la normativa que regula el caso en que un beneficiario registre un pago o una declaración de cotizaciones (DNP), correspondientes a períodos posteriores a la fecha de término de la relación laboral y verificar su situación de cesantía y que a la fecha no ha sido acompañada Por lo anterior, la sociedad administradora ha obrado de acuerdo a la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad, limitándose a dar cumplimiento a las obligaciones legales.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que no es un hecho discutido por las partes que el recurrente solicitó la prestación por concepto de seguro de cesantía el 18 de junio del presente, acompañando a su solicitud un finiquito suscrito el 18 de junio del presente, donde se consigna que la causa de terminación de la relación laboral corresponde a “mutuo acuerdo de las partes”, finalizando aquella el 19 de marzo del presente, haciendo referencia en su cláusula segunda a un avenimiento celebrado entre las partes.

En seguida, conforme a los documentos acompañados, se advierte que el ex empleador del recurrente efectuó declaración y no pago de las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2019, con fecha 10 de mayo y 10 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la fecha de terminación de la relación laboral, lo que habilitó a Administradora de Fondos de Cesantía adoptar la medida de suspensión del referido beneficio.

QUINTO: Que, en relación a la ilegalidad alegada por el recurrente, conforme a lo dispuesto en la Ley 19.728 que establece un seguro de desempleo, el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía dictado por la Superintendencia de Pensiones y la Circular 1445 que establece normas y procedimientos para otorgar y pagar las prestaciones de cesantía y retiro de fondos de la misma entidad fiscalizadora, disponen la obligación de la recurrida de suspender la prestación a contar del mes siguiente al mes de inicio de la relación laboral cuando detectare pago o declaración de cotizaciones correspondientes a períodos posteriores a la fecha de cese de la relación laboral que originó el beneficio.

De lo anteriormente expuesto, es posible concluir que la decisión de la recurrida se ha ajustado al cumplimiento de la normativa sectorial respecto a la suspensión del beneficio del seguro de cesantía, encontrándose habilitada y obligada a dicha actuación.

SEXTO: Que en cuanto a la arbitrariedad de la actuación desplegada por la recurrida, aquella se configura cuando la actuación de la recurrida encuentre fundamento en un mero capricho, no fundado o justificado o abusivo.

Al respecto, la recurrente alega que se ha incurrido en ella al tener que probar el término de la relación laboral en la forma solicitada por la recurrida. En efecto, de acuerdo con los antecedentes, específicamente los avisos de suspensión de pago enviados al recurrente, que fueron incorporados por la Administradora de Fondos de Cesantía, que expresan que el motivo de suspensión del beneficio, se debe a cotización posterior al finiquito, indicando como acción requerida: “solicitar al empleador que pagó la cotización posterior al finiquito, emitir certificado aclaratorio y entregar en AFC, si correspondiese”.

En efecto, conforme a los antecedentes, esto es, la forma de terminación de la relación laboral a través del despido indirecto, la judicialización de la controversia, la suscripción del avenimiento, que devino en la posterior aprobación por parte del tribunal, permiten otorgar plausibilidad a lo sostenido por el recurrente, esto es, la negativa de la suscripción del documento proporcionado al recurrente, donde debía rectificar las declaraciones y no pago correspondientes a las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2019, resultando en definitiva arbitraria dicha determinación, si no es posible que el recurrente pueda acreditar su estado de cesantía por otros medios, no resultando imputable al beneficiario del seguro de cesantía la actuación del ex empleador.

En consecuencia, advirtiendo que la conducta de la recurrida devino en arbitraria al exigir que sea el trabajador quien solicite a su ex empleador la rectificación o aclaración, considerando especialmente los hechos que devinieron al terminar la relación laboral, debiendo adoptar las medidas idóneas que permitan verificar y efectuar el control legal que exige la normativa respectiva, afectando la garantía constitucional del derecho de propiedad respecto de sus fondos por concepto de seguro de cesantía.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Cesantía, debiendo la recurrida dar curso al pago de los beneficios correspondientes al Seguro de Cesantía en favor del recurrente.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3091-2019 (PROT)

� Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171, todos del Código del Trabajo.

Que el trabajador con contrato indefinido registre en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley.

En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta Individual por Cesantía un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta ley, y Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación.