Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior

Antofagasta, a dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, pidiendo pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente dentro de un plazo de sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

El Ministerio del Interior, evacuó el informe pidiendo el rechazo del recurso, con costas, y el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, solicitó el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso, que la recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó al país como turista y después cambió su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, para establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile y luego obtuvo la residencia definitiva. Añade que el recurrente solicitó el beneficio migratorio de nacionalización el 25 de agosto de 2022, realizando el pago íntegro y oportuno de la solicitud, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna por parte del recurrido, ni se ha liberado la orden de giro, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Seguidamente se alude a la admisibilidad del recurso de protección y tras ello a la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado, indicando que las garantías y derechos constitucionales afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización, pues desde la petición realizada el 31 de enero de 2025, hasta la fecha han transcurrido un año y veintiséis días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, citando jurisprudencia al efecto.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al consagrar, entre otros, los principios de celeridad y economía procedimental.

Por otra parte, sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito o fuerza mayor, pues, el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de la constitución, por lo que no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa frente la vía judicial, añadiendo que tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, situación que en la especie no se configura, citando jurisprudencia al efecto.

Seguidamente enfatizó que en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, añadiendo que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, añadiendo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes, destacando los principios de la ley 19.880, e indicando que los mismos se están desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa del recurrente.

Por otro lado, se aludió a la aplicación del artículo 27 de la Ley 19.880 y tras ello se solicitó se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la petición de la recurrente, dentro de un plazo de 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación y en general se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Paulina Rivas Núñez, en representación del Ministerio del Interior, pidiendo el rechazo de la acción, con costas.

Señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de ese Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados. Añade que el artículo 157 N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de ese Ministerio, lo que implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, para revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de ese Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Expresa que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya fue recibida de parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Afirma que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, ya que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, análisis plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera; y asimismo, las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14, de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización.

Indica que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna, siendo improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que indica.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que Carlos Salas Arriagada, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe requerido solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso de protección.

Indica que la actora nacional de Venezuela ingresó por primera vez al país con fecha 9 de julio de 2017, y tras cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva en el país, mediante la Resolución Exenta N°243433 de 7 de septiembre de 2019 del Ministerio del Interior, se le otorga permanencia definitiva en el país, permiso de residencia que se encuentra actualmente vigente. Añade que el 25 de agosto de 2022, la recurrente solicitó a esa autoridad, mediante la plataforma web de trámites (SIMPLE) de ese Servicio, carta de nacionalización, mediante petición ID N°53825095 y luego de haber pasado todas las etapas de análisis respectivas, con fecha 25 de marzo de 2025 ese Servicio remitió al Sr. nombre reservado el Oficio Ordinario N°12.709, por medio del cual se acompañó a dicha autoridad: El expediente íntegro del procedimiento administrativo respectivo, la calificación de ese Servicio respecto de la solicitud del recurrente, y el proyecto de decreto respectivo dejado a la aprobación de la autoridad competente, por lo que a la fecha la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en trámite, a la espera de la decisión final emanada de la autoridad Administrativa competente para otorgar esta particular gracia.

Seguidamente aludió a la concesión de la carta de nacionalización indicando que es por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, los que detalla según las normas que cita, destacando que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que la autoridad competente, el Presidente de la República, resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior.

Luego sostuvo la carencia de legitimación pasiva del Servicio Nacional de Migraciones, porque ya se remitió a la Subsecretaría del Interior el oficio respectivo con la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, por lo que el impulso procesal del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de las atribuciones de una autoridad distinta a la recurrida en la presente acción de protección.

Por último y tras hacer presente que la recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, beneficio asimilado al actual beneficio residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, por lo que actualmente mantiene condición migratoria regular en el país, termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de Carta de Nacionalización de la recurrente, presentada con fecha 25 de agosto de 2022.

SÉPTIMO: Que el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”. A turno, el artículo 2° del D.S. precitado establece los requisitos para que a los extranjeros se les pueda otorgar carta de nacionalización, mientras que su artículo 4° precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada.

Por su parte los artículos 5° y 6° del D.S. N°5.142 establecen la obligación de la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones y el plazo en que dicho informe debe ser evacuado y remitido a la Dirección General de Investigaciones, para que ésta remita los antecedentes al Ministerio del Interior.

OCTAVO: Que, no debe perderse de vista que, en la especie, ha transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la solicitud de carta de nacionalización, sin que la misma haya sido resuelta, habiendo intervenido el Servicio Nacional de Migraciones en el procedimiento administrativo lo que descarta la falta de legitimación pasiva que alega.

NOVENO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

DÉCIMO: Que la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, conculcando la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Manuel Torres Salinas, en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, el Ministerio del Interior deberá pronunciarse sobre la petición de carta de nacionalización de la recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 309-2026 (Protección)