nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Antofagasta, a veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Gustavo Alejandro Hancenn Pino, abogado, en representación de nombre reservado, ex – Carabinero, Cabo 1°, dotación de la 1era Comisaría de Carabineros de Calama, dependiente de la Prefectura de Carabineros “El Loa Nro 29”, cédula de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representado legalmente por el Procurador Fiscal de la Región de Antofagasta, don Alfredo Larreta Granger, ante el acta de notificación, de Carabineros de Chile Prefectura El Loa N°29, Primera Comisaría de Calama, de fecha 22 de enero de 2025, mediante el cual se le notificó la Resolución N°88 de fecha 15 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Carabineros, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 02 de diciembre de 2024, mediante la cual se confirmó la medida disciplinaria consistente en “Baja por conducta mala”, toda vez que, en su tramitación, se habrían conculcado los principios de juridicidad y legalidad, artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, transgrediendo además, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°3, igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; su inciso 7° sobre la presunción de inocencia; y, su inciso 6° sobre el debido proceso; solicitando, se declaren infringidos los artículos que invoca; y, la adopción de medidas necesarias para el inmediato reintegro del actor a las filas de Carabineros de Chile, y a la dotación de la cual formaba partes antes de la sanción aplicada en su contra.

Informó la recurrida al tenor del recurso, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Funda el recurrente su presentación, precisando que, la medida disciplinaria impuesta en su contra consiste en “la baja de las filas de la institución por conducta mala, con nota de conducta mala”, al señalar, en el considerando N°1 de la resolución impugnada que el recurrente, el “día 27 de septiembre del año 2020, siendo las 03:45 aproximadamente, y encontrándose de franco, conducía su automóvil particular P.P.U DJGZ-16, en estado de ebriedad, perdiendo el control de éste, impactando un poste del alumbrado público, ubicado en la intersección de calles Balmaceda con Ecuador, siendo sorprendido por personal de Servicio en la población a un costado del vehículo y en evidente estado de ebriedad, razón por la cual, fue trasladado a urgencia del Hospital local de la ciudad de Calama para constatar lesiones, donde se negó a realizarse el examen de alcoholemia, posteriormente fue llevado a la 1era Comisaría Calama para la adopción del procedimiento de rigor, donde fue sometido a Sumario Breve. Se hace presente que además infringió lo establecido en artículo 318 del Código Penal, al no contar con permiso para circular en toque de queda”.

Que, por lo anterior, con fecha 29 de septiembre de 2020, el Mando de la Prefectura “El Loa”, dispuso la instrucción del sumario administrativo correspondiente, tipificándole las faltas establecidas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, en el Título V, artículo 22, N°1, letra d), relativas a la integridad moral del funcionario o al prestigio de la Institución, donde se estiman como tales, todos los actos que menoscaben la dignidad o el decoro funcionario, o que perjudiquen el buen nombre o el prestigio de la Institución, entre ellas, “observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada que trasciendan a terceros;”.

Que, además de la falta anterior, se le tipificaron aquellas del artículo 22 N°2, letras a) y c), donde se clasifican todos los actos que impliquen el desconocimiento o quebrantamiento de las normas que reglan el sistema jerárquico y disciplinario, o que vulneren los principios de consideración y respeto para con los miembros de la Institución, en especial, “El incumplimiento que no alcance a constituir delito, de las órdenes de los superiores relativas al servicio, o el cumplirlas en forma negligente, tergiversándolas o con tardanza perjudicial”; y, “La negligencia intencionada o el descuido que constituyan una manifiesta falta de cooperación al servicio o a las disposiciones superiores”, respectivamente.

Asimismo, se le tipificó lo señalando en el artículo 22 N°3, del mencionado reglamento, a saber “Contra el buen servicio serán estimadas como tales: a) No cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos.”

Alega que, en el sumario administrativo en cuestión, no se agotaron en su totalidad las diligencias investigativas y no se acreditaron debidamente los hechos imputados al actor, haciéndolo responsable administrativamente de un hecho por el cual no existe una sentencia condenatoria firme que haga efectiva su responsabilidad penal; desde ahí, destaca como fundamento de la presente acción, que sin certeza jurídica sobre la culpabilidad del afectado, sino que presumiendo su culpabilidad, se le sancione con la eliminación de las filas de la institución, la más gravosa de las medidas existentes dentro de la normativa de Carabineros, en contravención a principios y garantías contenidas en la Constitución Política de la República.

Indica que, si bien la resolución que dispuso la sanción que reclama, señala en su considerando N°2 que respecto de los hechos imputados se dio cuenta a la Fiscalía Local de Calama, por conducción en estado de ebriedad, y por infringir normas higiénicas y de salubridad; es del caso que, en audiencia de juicio simplificado de fecha 17 de mayo de 2021, se arribó respecto del hecho imputado de conducción en estado de ebriedad, una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, haciendo presente que, la aceptación de condiciones por parte del actor no constituyó de manera alguna una aceptación de responsabilidad penal, sin que se haya discutido sobre la materia del juicio, la que únicamente puede terminarse por sentencia definitiva, dando de dicha manera, por solucionado el caso sin pronunciamiento final, para posteriormente en mayo de 2023, resolverse el sobreseimiento total y definitivo respecto del mismo. De idéntica manera, sostiene que se procedió respecto de los delitos imputados contra la salud pública.

Arguye además, que la Resolución N°88, carece de motivación, por cuanto no analiza cómo el actor incurrió en los hechos que se le imputan, ni tampoco se fundamenta la gravedad de la conducta, presumiendo su culpabilidad, aun cuando, no pesa sobre él una sentencia que lo juzgare por dichos hechos imputados, al haber sido sobreseído total y definitivamente. Que, a su juicio, para que el acto de la recurrida se ajuste a derecho no basta que se denuncie y se investigue, y luego se desatienda de los sobreseimientos que constan en la causa, pues debe probarse en un procedimiento penal regular que los hechos imputados al actor son constitutivos de delito, examinándose todos los elementos del hecho punible, sin que pueda imponer una pena o sanción, cualquiera sea naturaleza al no haberse acreditado cada uno de los presupuestos en un juicio penal, de lo contrario, se estaría afectando su derecho a un debido proceso, junto con devenir, la decisión adoptada en su contra en ilegal, porque su única motivación fáctica no fue eficazmente investigada por las autoridades.

Asimismo, reprocha que las resoluciones N°88 y N°452, se dictaron en un procedimiento administrativo con infracción de la Ley N°19.880, al ser la conducta que motiva la sanción un delito, por lo que no puede existir sanción sin previo examen de culpabilidad, en aplicación del principio de presunción de inocencia, por lo que debió fijarse un término probatorio al tenor del inciso 2° del artículo 35 de la referida ley.

Luego, previa remisión a los fallos N°479 y N°480 del 2006, ambos del Tribunal Constitucional, los cuales establecen que, pesar de existir algunas diferencias entre pena y sanción, ambas son manifestaciones del ius puniendi del Estado, de lo cual se infiere que el estatuto constitucional establecido en el N°3 del artículo 19 de la Constitución es aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, siendo por tanto, aplicable el derecho al justo y racional procedimiento protegido por el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, garantía constitucional que alega como infringida en marras, y lo que tornaría en ilegal la actuación del Estado, en la especie, Carabinero de Chile, al disponer la expulsión de sus filas del protegido de autos.

Hace presente además, que en el sumario en cuestión no se encuentra acreditado que el actor iba conduciendo el vehículo, pues éste ha señalado desde un inicio que la persona que lo hacía era un conocido del lugar donde compartía y que al chocar el poste huyó bajo el temor de ser detenido; sin perjuicio de ello, la vista fiscal y las consecuentes resoluciones exentas dan por acreditado a través de simples presunciones que el recurrente iba manejando en estado de ebriedad, en circunstancias que él y los demás funcionarios policiales habrían señalado que se encontraba a unos metros del vehículo siniestrado.

SEGUNDO: Que, informó Oliver D. nombre reservado, Coronel de Carabineros Prefectura el Loa, instando por el rechazo del presente recurso.

En primer lugar, reconoce ser efectiva la medida disciplinaria aplicada al actor, adoptada con fecha 15 de diciembre de 2023 mediante resolución N°88, tomada de razón por la Contraloría con fecha 02 de diciembre de 2024; todo ello, notificado con fecha 22 de enero de 2025, en base a los hechos relatados por el recurrente en su presentación, acaecidos el 27 de septiembre de 2020, así como la instrucción del sumario administrativo correspondiente, el que se encuentra debidamente afinado, concluido, al haberse seguido todas y cada una de las etapas procesales administrativas que dispone la normativa reglamentaria, acto terminal que incluso fue sometido al examen de legalidad ante el ente contralor, quien tomó razón con fecha 02 de diciembre de 2024.

Hace presente que, el recurrente efectúo una presentación ante el órgano contralor, con fundamentos similares a los enunciados en la presente acción, destacando una solicitud de prórroga que no habría sido concedida, pero que fueron desestimados por dicha autoridad, indicando que todo lo denunciado no constituyó un vicio, puesto que el artículo 78 del Reglamento de Sumarios Administrativos, es facultativa, y por tanto la autoridad no se encontraba obligada a acceder a dicha prórroga, y que aun así, el recurrente presentó sus descargos, de lo que se advierte que comprendió con claridad los cargos formulados.

Asimismo, la Contraloría General de la República, en base a las imputaciones realizadas en contra del actor, concluyó que lo imputado fueron faltas administrativas y no un delito, desestimando igualmente la alegación en dicho sentido; mientras que, en lo atingente a las reclamaciones por parte del recurrente sobre la vulneración del principio de inocencia, la autoridad contralora determinó que no aparecieron indicios de prejuzgamiento en contra del actor, o infracción a dicho principio, por cuanto la medida disciplinaria aplicada fue impuesta conforme al mérito de la investigación, la que fue sustanciada legalmente.

En el mismo sentido, la Contraloría se hizo cargo sobre la alegación vertida en el sentido de que las conductas reprochadas no se encontraban acreditadas, pues el recurrente negó ser el conductor del vehículo al momento del accidente, sino que lo era un amigo, de quien no se recabaron antecedentes para efectos de su declaración. Así, estimó en virtud de los dictámenes que indica, que el mérito que puedan tener los elementos de convicción es un aspecto que es apreciado por quien sustancia el respectivo procedimiento y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria.

En conclusión, el órgano contralor indicó que la responsabilidad del inculpado en los hechos, así como las faltas y agravantes que se le atribuyeron, se encuentran debidamente acreditados, desestimando sus alegaciones, rechazando la presentación efectuada por este, por cuanto el sumario administrativo se encuentra ajustado a derecho.

Enfatiza que, el Sr. General Director de Carabineros, resolvió confirmar la medida disciplinaria de Baja por conducta mala, aplicada en su oportunidad, supeditado al término del sumario administrativo, normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos, N°15, en las instancias procesales pertinentes, la que fue objeto de todas las instancias recursivas a nivel institucional, siendo resuelto inclusive por la máxima autoridad institucional, y sometida y aprobada al trámite de la legalidad de la Contraloría General de la República, haciendo presente que, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil, de modo que la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de idénticos hechos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, según se desprende del libelo recursivo, el hecho que se reprocha como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente, consiste en la aplicación por parte de la recurrida, de la sanción disciplinaria de “LA BAJA DE LAS FILAS DE LA INSTITUCIÓN POR CONDUCTA MALA, CON NOTA DE MALA CONDUCTA”, contenida en la resolución N°88, de fecha 15 de diciembre de 2023, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 02 de diciembre de 2024, y notificada al actor con fecha 22 de enero del año en curso, que resolvió rechazar el recurso de apelación deducido en contra de la resolución N°452, de fecha 16 de diciembre de 2021, la que a su vez rechazó el recurso jerárquico interpuesto en contra del dictamen N°14.581/2, del 05 de julio de 2021, que aplicó la medida disciplinaria que se busca revertir a través del ejercicio de la presente acción.

Lo anterior, por cuanto a juicio del recurrente, no se habrían agotado en su totalidad las diligencias de investigación, y porque tampoco se habrían acreditado los hechos imputados, presumiéndose su culpabilidad al no haberse determinado su responsabilidad penal; en plena contravención con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, afectando su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°3, específicamente en aquella parte que dice relación con la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; su inciso 7°, sobre la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal; y, su inciso 6°, referida al debido proceso.

A su turno, la recurrida sostiene que, el sumario instruido se encuentra debidamente afinado, concluido, y respecto del cual se siguieron todas y cada una de las etapas procesales administrativas que dispone la normativa reglamentaria y, que habiéndose dictado un acto terminal por la máxima autoridad institucional, éste fue sometido al examen de legalidad de la Contraloría General de la República, el que tomó razón de dicho acto con fecha 02 de diciembre de 2024. Indica además, que el artículo 13 del decreto N°900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina, establece que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil, de modo que la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de idénticos hechos.

SEXTO: Que, para efectos de resolver el presente recurso, debemos en primer lugar, tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que, “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

SÉPTIMO: Que, en dicho contexto, habida consideración que la garantía constitucional que se invoca en el recurso, y tal como se dijo en el considerando quinto de la presente sentencia, corresponde a la contenida en el artículo 19, N°3, incisos 1°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en circunstancias que, la única garantía del N°3 ya referido y que puede ser amparada a través del recurso de protección conforme lo dispuesto el artículo 20 de la carta fundamental es aquella de su inciso 5°, la que en la especie, no se invocó, ni tampoco se hizo alusión alguna a su respecto.

Por lo anterior, no resultando posible establecer de los presupuestos fácticos que aporta el recurrente, la existencia de vulneración a la garantía constitucional aludida en los términos pretendidos por el actor, desde que, la autoridad que resolvió el sumario respectivo fue justamente aquella llamada por ley al efecto, resultando suficiente para disponer el rechazo del presente recurso.

OCTAVO: Que, aun soslayando lo anterior, se advierte que la Resolución N°88, de fecha 15 de diciembre de 2023, suscrita por el General Director de Carabineros de Chile, Sr. nombre reservado, se encuentra debidamente fundada en 25 puntos, en virtud de los cuales, en su parte considerativa, expone un orden cronológico de cómo sucedieron los hechos que se le imputan al actor, desde el 27 de septiembre de 2020; de la remisión de los antecedentes a la Fiscalía Local de Calama; la orden de instruir sumario, junto con las diligencias y etapas del mismo, así como su conclusión y la sanción que finalmente se dispuso aplicar en contra del actor por las faltas que le fueron tipificadas y latamente desarrolladas en el libelo recursivo; el recurso jerárquico opuesto en su oportunidad, así como el de apelación deducido posteriormente; todo lo cual concluyó con la dictación de la resolución N°88 de diciembre de 2023, y tomada de razón por el ente contralor con fecha 02 de diciembre de 2024.

Que, la alegación del actor en orden a que la decisión adoptada se torna ilegal, por cuanto la única motivación fáctica invocada no habría sido eficazmente investigada por las autoridades llamadas por ley a hacerlo, al haberse decretado el sobreseimiento total y definitivo de los delitos que se le imputaron, se debe señalar que aquello no tiene asidero alguno para efectos de resolver el presente recurso, por cuanto y tal como lo ha sostenido la recurrida, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil que se puede determinar respecto del ex funcionario, de modo que, el sobreseimiento al que se hace referencia en autos, no excluye la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de idénticos hechos, sin que dicha situación se traduzca además, en una vulneración al principio del non bis in ídem; máxime cuando, ha sido la propia Contraloría General de la República quien, mediante la dictación del folio N°E570505/2024, de fecha 20 de noviembre de 2024, resolvió rechazar la presentación del recurrente de autos, por estimar que el sumario administrativo instruido en su contra, en los aspectos reclamados y prácticamente idénticos a los invocados en el presente recurso, se encuentra ajustado a derecho.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Gustavo Alejandro Hancenn Pino, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, 1era Comisaría de Carabineros de Calama, Prefectura de Carabineros El Loa N°29.

II.- Que, se decreta el alzamiento de la orden de no innovar decretada mediante resolución de fecha veintidós de febrero del año dos mil veinticinco.

Regístrese y comuníquese.

Rol 308-2025 (PROT)