Protección contra Carabineros de Chile

Antofagasta, a nueve de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 1 comparece don nombre reservado, chileno, 32 años, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, ex cabo primero de Carabineros de Chile, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 3 inciso quinto, número 16 libertad de trabajo, número 17 admisión a todas las funciones y empleos públicos, además de la del artículo 19 número 4 protección de la vida privada y pública y la honra fundada en la disposición de la recurrida de darlo de baja por conducta mala con efectos inmediatos.

A fojas 30 informa el recurso la Prefectura de Carabineros Antofagasta, a través del Coronel de Carabineros don nombre reservado, prefecto, solicitando el rechazo del recurso por estimar que no se ha vulnerado garantía individual alguna.

Puesta la causa en estado se han traído los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su acción indicando que con fecha 18 de mayo del presente año, fue notificado por el jefe del retén de Carabineros Playa Blanca, de la Resolución Nº 268, emitida por la Prefectura de Carabineros Antofagasta, que dispone su baja de las filas de la institución por conducta mala con efectos inmediatos, misma que tiene carácter de condicional y que se encuentra sujeta al resultado final del sumario administrativo, teniendo el derecho a ejercer las instancias de impugnación desde la fecha de la notificación, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile.

Citando la resolución referida, indica que se resolvió la baja conforme a lo estipulado en el artículo 25 numeral 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, en concordancia con lo previsto en el artículo 127 número 4, letra a) y el inciso 5º del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile número 8. En cuanto los hechos, la resolución indica que el día de “hoy” (es decir el de la fecha de la resolución), alrededor de las 7:20 horas, en calidad de franco, vistiendo de civil y en estado de ebriedad, conducía un vehículo motorizado de propiedad de un tercero, colisionando con un bus, haciendo presente que el funcionario conducía sin licencia de conducir y sin la documentación del móvil. Agrega que practicado el examen de alcoholemia, al que se había negado en primera instancia, registró Grado 1 del alcohol en la sangre y fue sometido a sumario breve -al negarse a practicarse el examen con el dispositivo intoxilizer-, el que arrojó que estaba en estado de ebriedad. Se agrega que el actuar referido constituye una falta grave, que contraviene el régimen disciplinario institucional, lo que hace inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile, al incurrir en una transgresión que perjudica el decoro y dignidad policial y significa un desprestigio a la institución, al participar en una conducta reprochable, infringiendo las faltas tipificadas en el artículo 22 numeral 1, letra h), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, concurriendo las agravantes del artículo 33 letras a), e) y f) y favoreciéndole la atenuante de la letra a) del mismo artículo.

Respecto a los hechos, el recurrente sostiene que el día domingo 18 de mayo condujo el automóvil referido en la resolución, de propiedad de un tercero, hasta el sector de esta ciudad, alrededor de las 4 de la mañana, en compañía de una muchacha de nacionalidad colombiana, con la finalidad de mantener una actividad de convivencia, lugar en que ingirió tres vasos de whisky. Luego, alrededor de las 7:30 horas, retornó el sector urbano, conduciendo el vehículo con la ciudadana antedicha, por avenida Jaime Guzmán, y mientras conversaba con la pasajera y sin ninguna mala intención de su parte, se descuidó de la conducción y provocó un accidente de tránsito, colisionando con un bus. Ante lo ocurrido, prestó auxilio a su acompañante, solicitando en forma inmediata al personal del SAMU de esta ciudad, quienes la trasladaron al Hospital Regional. Hace presente que nadie resultó lesionado, solamente el inculpado y su acompañante. Cuando llegó Carabineros, fue trasladado al Hospital Regional para la alcoholemia respectiva, resultando con apreciación del médico grado clínico 1, siendo detenido por conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad y lesiones de carácter leve y daños en colisión, conforme parte policial que cita, quedando en espera de citación por parte del Ministerio Público. Señala que el mismo día, alrededor de las 16 horas, se presentó ante el Prefecto de Carabineros de Antofagasta Coronel nombre reservado, quien escuchó sus descargos, los que no fueron suficientes para él, dándolo de baja de las filas con efectos inmediatos, conforme a la Resolución Exenta Nº 268. A las 11 de la noche del mismo día, el jefe del retén de Carabineros Playa Blanca, retiró sus especies que mantenía cargo, informándosele que debía hacer abandono de forma inmediata del cuartel y residencia que mantenía en su calidad de soltero.

Sostiene el recurrente, que nunca quiso desvirtuar los hechos, pero alega que en todo momento la superioridad supuso que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad. Reconoce que se negó a realizarse la prueba respiratoria, pues estos equipos están mal estado, aduciendo a situaciones pasadas en las cuales el resultado de la alcoholemia determinada ha resultado menor a los que arrojaba el examen Intoxilizer. Señala que sí se efectuó la alcoholemia respectiva, estando a la espera de los resultados. Agrega que el haber sido juzgado en todo momento que conducía en estado de ebriedad, se contrapone a la presunción de inocencia establecida en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Por ello, se han vulnerado sus derechos y deberes constitucionales, del artículo 19 Nº 3, en cuanto a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se ha establecido con anterioridad por ésta; Nº 16, respecto a la libertad de trabajo y protección; y Nº 17, en cuanto a la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes.

Se cuestiona el recurrente por qué no se esperó el resultado de la alcoholemia respectiva y el pronunciamiento del Ministerio Público, aludiendo que fue víctima de abuso de autoridad y maltrato de obra a un inferior, pues la alcoholemia es una prueba fundamental para llevar a cabo un juicio y ponerlo a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente o ante el Juzgado de Policía Local en su caso.

Indica que dependerá del resultado de la alcoholemia que se le practicó, si es que se desempeñaba en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o en condiciones físicas o psíquicas deficientes, siendo las dos primeras de competencia del Ministerio Público y la última de competencia del Juzgado de Policía Local respectivo. Al respecto, también reconoce que incurre en falta por conducir el vehículo sin licencia y sin documentación del móvil, cancelando las multas que se le impusieron por este concepto.

Respecto de los hechos, indica que el accidente se ocasionó no por su estado de ebriedad, como menciona la Resolución Exenta, sino que fue por un descuido en la conducción al ir conversando con su acompañante, sin dolo o malicia de su parte. Empero, de todas formas se resolvió la baja de las filas de la institución por conducta mala, con efectos inmediatos, sin considerar que falta el resultado de la prueba principal, la alcoholemia, que el médico de turno le diagnóstico grado clínico 1, misma que no es prueba fundamental para determinar si estaba o no en estado de ebriedad, que estuvo detenido por conducción del vehículo motorizado en estado de ebriedad, quedando en espera de citación por el Ministerio Público, y que en todo momento, se le imputó que conducía ebrio, vulnerándose, como se dijo, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales antes referidas. Así, se le dio de baja sin elementos probatorios.

En cuanto las imputaciones indicadas en la resolución exenta, hace presente, respecto a la consignada en el Nº 1 letra h) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, que sanciona la ebriedad o intemperancia expuesta al público, que no se ha acreditado este estado, insistiendo en la falta de resultados de la alcoholemia respectiva, agregando que en ningún momento, en el accidente, hizo pública su condición de funcionario de Carabineros. Por su parte, en cuanto a la agravante de la letra a) del artículo 33, consistente en incurrir simultáneamente en dos o más transgresiones, sostiene que las imputaciones se efectuaron sin fundamento legal y reglamentario, pues no se ha probado que conducía en estado de ebriedad, toda vez que la pérdida del control del móvil no fue por el estado etílico sino producto de un descuido al ir conversando con quien lo acompañaba; en cuanto la letra e) de la misma disposición, consistente en ser la falta atentatoria al decoro o dignidad policial, niega la concurrencia de la misma porque vestía de civil y nunca hizo pública su condición funcionaria; en cuanto la letra f), consistente en importar la falta un descrédito o desprestigio para la institución o un menoscabo para el servicio, reitera sus alegaciones.

Hace presente que concurre su respecto la atenuante de responsabilidad de la letra a) del Reglamento de Disciplina, consistente la buena conducta anterior del inculpado, pues en 11 años y 3 meses de servicio, nunca registrado sanción disciplinaria alguna, teniendo excelentes calificaciones en los últimos 3 años de carrera funcionaria, cumpliendo con todas sus obligaciones.

Hace presente además que, conforme la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nº 18.961, se establece la obligación de parte de los funcionarios en ajustarse a las normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas. Luego, estas disposiciones no se cumplen respecto de los propios Carabineros, al vulnerar el derecho al debido proceso de los propios integrantes de la institución. Esta situación lo perjudicó derechamente, sin respetar su inocencia, apoyando la ilegalidad hasta el final, demostrando abuso de poder y sin dar cumplimiento a lo que señaló el señor General Director de Carabineros el día 27 de abril del año en curso, cuando hablo de la ética y moral de la institución. Así, queda claro que en el particular se optó por separarlo de las filas sin medios probatorios, apartándolo del lugar en que mantenía su residencia en su calidad de soltero, pese a que no ha sido desvinculado de Carabineros de Chile hasta no terminar sumario respectivo y enviarlo a la Contraloría para su estudio y verificación, haciendo presente que todavía sigue perteneciendo a Carabineros hasta agotar todos sus recursos legales y reglamentarios.

Alude también a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, respecto a la actuación de los órganos del Estado, además de la Ley Nº 19.653. Alega que se ha afectado su salud al haberse dañado su estado psicológico por no poder trabajar y hacer una vida normal, además que su familia está agobiada por esta injusticia. Así, la recurrida no se ha percatado del inmenso mal que le ha ocasionado, dictando una resolución sin ninguna justificación, ocasionándole daños y perjuicios innecesarios, abusando de sus prerrogativas. Se ha afectado con ello, sus recursos económicos y medio de subsistencia, sólo con el deseo de perjudicarlo, solicitando que lo expuesto se ponga en conocimiento del General director de Carabineros.

Indica que se le ha tratado incluso como delincuente, ha sido amenazado por sus mandos, los que no entienden que es inocente de los cargos que, sin medios probatorios legales, pretenden imputarle.

Por último, sostiene que el mando de la Prefectura Antofagasta ha demostrado el no cumplimiento de los oficios Reservados números 22 y 320 de la Subdirección General de Carabineros de Chile, relativos al debido proceso, como asimismo la Circular Nº 1671, de la misma Subdirección, relativa a la protección a la honra y dignidad de las personas en indagaciones administrativas.

Solicita se acoja el recurso y que se detenga la actuación consiste en darlo de baja de las filas de la institución, mientras no se resuelve el asunto que motiva el conflicto jurídico, a la espera que llegue el resultado final de la alcoholemia respectiva, que finalmente determinará el estado en que conducía.

SEGUNDO: Que, la recurrida informa el recurso de protección, solicitando su rechazo. En cuanto los antecedentes de hecho, da cuenta del accidente relatado en la resolución de autos. Alude que el médico de turno del centro de atención de salud, registra una apreciación grado 1 de alcohol en la sangre, siendo sometido en la unidad policial a un sumario breve, en atención a que se negó a practicar el examen de intoxilizer. Por ello, el Prefecto sustentó fundadamente la responsabilidad administrativa que le asiste al ex funcionario, pues se acreditó, con medios de prueba fidedignos, un hecho contrario a los principios legales y reglamentarios, que lesiona el régimen disciplinario institucional y hacen inconveniente su permanencia en la institución, toda vez que incurrió en una transgresión que lesiona el decoro y dignidad policial, significando un descrédito al prestigio institucional y un menoscabo a la función policial.

En cuanto los antecedentes reglamentarios que fundamentan la decisión adoptada, indica que el recurrente incurrió en faltas tipificadas en el artículo 22 Nº 1, letra h) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, afectándole las agravantes del artículo 33 letras a), e) y f), concurriendo la atenuante de la letra a) del mismo artículo y texto. Así, conforme dispone el artículo 9 del Reglamento de Disciplina, el conocimiento y la resolución de las faltas que cometan los subalternos, es un deber funcionario y propio de los oficiales de la institución, por lo que al conocerse de una falta, el respectivo jefe tiene el deber de sancionar, y si no lo hiciere incurriría en una violación a principios de ética y mando. Agrega que el artículo 13 del mismo Reglamento señala que la sanción administrativa es totalmente independiente de la responsabilidad penal y civil, la que no tiene incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa. Así, conforme al artículo 43 letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, se dispone el retiro absoluto del personal por eliminación o sanción disciplinaria en proceso administrativo. Además, el Reglamento tantas veces aludido dispone, en su artículo 23, la sanción disciplinaria de baja por conducta mala; por su parte, los prefectos de Carabineros tienen competencia para imponer la baja por conducta mala, conforme al artículo 35 Nº 4 de la misma disposición. A su turno, el Reglamento de Selección y Ascensos en su artículo 127 Nº 4 letra e), dispone la posibilidad de eliminación por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio de la investigación o sumario respectivo, siendo esta la medida administrativa que se adoptó por su parte.

Indica que el recurrente fue oído por el oficial respectivo, se adoptó una decisión como la referida, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo designándose a un Mayor de Carabineros al efecto y que será quien debe establecer los hechos en que está implicado el recurrente, pieza sumarial que aún está en tramitación y no ha concluido, por lo que el recurrente cuenta con los recursos administrativos, incluido el de solicitar la revisión del Director General de Carabineros o el examen de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la legalidad del acto administrativo impugnado, indica que el mismo se asienta en el artículo 127 Nº 4 inciso 5º del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, el cual cita, aludiendo también a otras disposiciones que confieren al prefecto facultades disciplinarias, razón por la cual se adoptó la resolución que se impugna por esta vía. Así, al ordenar la baja de las filas de la institución, se ejerció la potestad disciplinaria que le corresponde, siendo esta una atribución discrecional, para cuya adopción se requiere que la falta sea de gravedad y que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución. Hace presente además, que en la ley Nº 18.834 se contempla una facultad similar respecto de los funcionarios públicos de la administración del Estado.

Concluye que en el caso de autos, de la pieza sumarial instruida se evidencia que la falta en que incurrió el recurrente afecta su integridad moral, el prestigio de la institución y el buen servicio policial, por lo que tiene mérito suficiente para ser calificada de grave, existiendo antecedentes probatorios suficientes en la investigación para estimar, en principio, que el funcionario tiene responsabilidad en los hechos que constituyen la falta. Agrega que los reparos que efectúa el ex funcionario al sumario, carecen de relevancia, pues todo procedimiento administrativo es una consecución de actos y trámites que tienen por finalidad concluir en uno terminal, el que no debe confundirse con el acto administrativo que aplicó la sanción disciplinaria de baja, pues la investigación aún no está finalizada y la decisión puede ser enmendada por la vía de los recursos administrativos.

Por las razones expuestas, solicita el rechazo del recurso de protección, indicando que el recurrente no tiene un derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba y que además la resolución administrativa adoptada no es caprichosa sino que ajustada a la reglamentación referida y se resguardó siempre el debido proceso administrativo.

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección se ha establecido como un estatuto jurídico sustantivo y procesal, cuyo fin es amparar de manera eficaz el libre ejercicio de los derechos que la norma mencionada enumera, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que afecte el legítimo ejercicio de tales derechos esenciales.

CUARTO: Que según queda de manifiesto en el texto del libelo ya referido en el considerando primero de esta sentencia, lo que provoca la interposición de este arbitrio constitucional, lo constituye el hecho que la Prefectura de Carabineros de Chile Antofagasta, dio la baja por conducta mala con efectos inmediatos al recurrente por los hechos ya reseñados, lo que constituye, a su juicio, un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, es decir, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y en particular el inciso quinto que señala que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho; además, la garantía constitucional del artículo 19 Nº 4 que consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, ya que se ha provocado el descrédito del recurrente y se ha afectado su vida personal y familiar, al apartarlo de la institución, afectándose su honra; además del numeral 16 relativo a la libertad de trabajo y numero 17 respecto al desempeño de funciones públicas sin otras restricciones que aquellas que establezcan la Constitución y las leyes.

QUINTO: Que para conocer el grado de legalidad o ilegalidad de la decisión adoptada por la Prefectura de Carabineros de Chile Antofagasta, es dable analizar la normativa atingente a la materia.

En efecto, el artículo 9° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, establece que “Conocer y resolver las faltas que cometan los subalternos es un deber funcional y propio de la misión o puesto que desempeñan los Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros.

Esta atribución es inherente al cargo que se haya conferido…”.

Luego, el artículo 13 del Reglamento citado establece que “una misma falta deberá ser castigada por un solo superior y con una sola sanción disciplinaria.

No obstante, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos…”.

Por su parte, el artículo 23 del texto referido señala como sanción disciplinaria que se podrán aplicar a los funcionarios de Carabineros, entre otras, letra e) “baja por conducta mala”.

En este mismo sentido el artículo 127 N°4 inciso 5°, del Reglamento de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros de Chile N° 8, estatuye que “…cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o Investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la institución”.

SEXTO: Que del examen de las disposiciones analizadas precedentemente queda en evidencia el alcance de las normas reglamentarias que integran la potestad disciplinaria de la recurrida, de forma que no puede desconocerse las atribuciones que el marco legal le ha conferido, por lo que no surgen elementos de juicio válidos y suficientes que lleven a la conclusión de que hubo un actuar susceptible de ser calificado de ilegal, descartándose el arbitrio que se ha alegado, desde que la Institución actuó en uso de sus facultades y con fundamentos proporcionales a la gravedad de los hechos. Luego, debe tenerse presente que el Reglamento de Disciplina Nº 11 establece la obligación de los mandos de sancionar las faltas que cometan sus subalternos, ya que la omisión en el cumplimiento de este deber implicaría una violación a principios de ética y mando y que la aplicación de sanciones de tipo administrativo es independiente de la responsabilidad penal o civil derivada de los hechos en que incurriera el personal, por lo que la condena, el sobreseimiento y la absolución judicial no tienen incidencia alguna para aminorar o excluir la sanción administrativa.

SEPTIMO: Que, debe considerarse además que el acto administrativo que por esta vía se impugna reviste el carácter de condicional, sujeto al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud le asistirá al recurrente el derecho a ejercer las instancias de impugnación, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15. Así, se aprecia que el procedimiento seguido por la Institución en lo que respecta al ex Cabo 1ª nombre reservado se ajusta a los procedimientos establecidos por la reglamentación institucional en lo relativo a las investigaciones que se llevan a cabo cuando se trata de determinar irregularidades en la conducta profesional del personal y que la medida adoptada a su respecto se enmarca dentro de los cánones institucionales, ya que la reglamentación permite dar de baja a un funcionario sometido a investigación a la espera de lo que se resuelva al fin del procedimiento, según el artículo 127 antes citado, de manera que la baja del servicio aplicada es una medida transitoria que se transformará en definitiva sólo si a la postre resulta que los cargos formulados en contra del funcionario eran fundados y fueron legalmente establecidas tanto la participación de éste como su responsabilidad.

OCTAVO: Que, las consecuencias que el recurrente denuncia se han producido tanto a su persona como a su familia como consecuencia de la investigación de que está siendo objeto, solo pueden entenderse como una reacción frente a la situación que vive, la que es consecuencia de existir antecedentes en su contra y no de una actitud malintencionada o destinada a perjudicarlo como se aduce en el recurso.

NOVENO: Que, de los antecedentes expuestos precedentemente, sólo cabe concluir que la decisión recurrida se ajustó a los procedimientos legales y reglamentarios, habiéndose fundado y siendo proporcional a la gravedad de los hechos, sin que surja evidencia alguna que permita determinar que el actuar del recurrido carezca de sustentación jurídica ni que el mismo sea producto de la arbitrariedad, por lo tanto no ha podido violarse ninguno de los derechos o garantías que se denuncian en el presente recurso debiendo desestimarse.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido a fojas 1 y siguientes, por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 305-2014.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por las Ministras Titulares Sra. Cristina Araya Pastene y Sra. nombre reservado y por la Fiscal Judicial Sra. Myriam Urbina Perán. Autoriza el Secretario Titular señor Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a nueve de junio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.