nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA

Antofagasta, a trece de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, abogado, Juez del Juzgado de Policía Local de María Elena, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo acción de protección de garantías constitucionales, en contra de la Contraloría Regional de Antofagasta, representada por su Contralor Regional de Antofagasta, Marcelo Córdova Segura y por Jefe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Municipalidad de María Elena, representada por su Alcalde Omar Francisco Norambuena Rivera, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Evacuan informe las recurridas, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta, se funda en que la Contraloría en términos ilegales y arbitrarios, según aparece del Pre-informe N°585/2018, de 3 de septiembre de 2018, ha decidido que, como Juez de Policía Local, únicamente tiene derecho a gozar del total de sus remuneraciones correspondientes a ese cargo, en los términos del artículo 2 del D.L. N°812 de 1974, en la medida que cumpla íntegramente el horario fijado para el funcionamiento del juzgado por la respectiva Corte de Apelaciones, por lo que si se asiste al tribunal sólo los días de audiencia, como ocurre en el caso del recurrente, y no la totalidad de los días de funcionamiento del tribunal, sólo se deben percibir las remuneraciones proporcionales por el cumplimiento de la supuesta jornada parcial que ha servido, ordenando al municipio de María Elena adoptar las medidas tendientes a regularizar esta situación.

Indica que la acción se dirige igualmente en contra de la Municipalidad de María Elena, toda vez que haciéndose eco del actuar arbitrario e ilegal antes denunciado y "a fin de dar cumplimiento a lo observado por la Contraloría Regional de Antofagasta", le ha ordenado cumplir con el horario establecido para el debido funcionamiento del Juzgado de Policía Local, esto es, una jornada de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00, y los viernes de las 09:00 a las 13 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y refiere que se le ha dado bajo apercibimiento de procederse a realizar descuentos de sus remuneraciones, según se lee en el oficio N°27/2018, de 05 de octubre de 2018, emanado de la Municipalidad recurrida.

Refiere que ambos actos administrativos impugnados vulneran sus derechos y garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la Republica de Chile, toda vez que la obligación de asistencia fue personalmente exigida a su persona en este único momento, preciso y determinado, pero a ningún otro Juez de Policía Local de la Jurisdicción de la Corte, como los de los Municipios de Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, lo que constituye una diferencia arbitraria y perturba el derecho de igualdad ante la ley, y con respecto al derecho de propiedad, conforme al artículo 583 del Código Civil existe la propiedad sobre derechos incorporales, por lo que tiene derecho a percibir el total de sus remuneraciones si cumple su función y obligaciones, entre ellas, asistir al Tribunal en el horario de audiencias al público, viéndose amenazado su derecho de propiedad al condicionarlo a percibir el total de sus remuneraciones a cumplir el horario de funcionamiento del Juzgado. Por lo que solicita que se adopten las medidas que juzgue necesarias, ordenando dejar sin efecto lo dispuesto en el numeral 2 del capítulo III, sobre examen de cuentas del Pre-informe de la Contraloría Regional N°585/2018 y la orden contenida en el oficio alcaldicio N°27/2018, actuaciones que constituyen una amenaza de impedir continuar percibiendo el total de sus remuneraciones, si sólo cumple con asistir en el horario de audiencia al público fijado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, así como de obligársele a restituir las sumas que por ello se estiman indebidamente percibidas, con expresa condena en costas.

Señala que el día 8 de octubre del presente año lo notificaron del oficio emanado de la Municipalidad recurrida enterándose el mismo día de la existencia de observaciones de la Contraloría Regional, para luego obtener copia del contenido del Pre-informe N°585/2018.

Como antecedente preliminar argumenta el recurrente que fue designado en su cargo de Juez de Policía Local de María Elena el 05 de julio de 2010, por medio de un Decreto Alcaldicio N°84/2010, luego de un concurso público de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, desde esa fecha hasta la actualidad se ha desempeñado de forma ininterrumpida, con el grado 7° de la Escala Municipal, siendo siempre calificado con 6.70 puntos en lista sobresaliente.

El Tribunal en Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta con fecha 02 de agosto de 2012, fijó como horario de funcionamiento del Juzgado de Policía Local de María Elena el correspondiente a los días lunes a jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y los días viernes de las 08:00 a las 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, estableciéndose que el horario de atención de audiencias del Juez será los días lunes y miércoles de 15:00 a 19:00 horas y los viernes de 15:00 a 18:00 horas, indicando que desde el comienzo se ha sujetado a ese horario, sin embargo, con fecha 08 de agosto del presente año la asesora jurídica de la Municipalidad recurrida le remitió oficio N°26 de la misma fecha, requiriéndole que registre su asistencia a un registro biométrico establecido desde el 30 de marzo de 2016, siendo la primera vez que se lo piden, ya que utilizaba el libro de asistencia existente en el propio Juzgado y el mismo que utilizaban sus antecesores en el cargo.

Ahora bien, alega que el Pre-informe N° 585/2018 observa y a propósito del numeral 2 de su capítulo III, sobre Examen de Cuentas, que durante la revisión practicada a esa Municipalidad se estableció que el Juez de Policía Local ha incumplido su jornada laboral, la cual señala, es aquella que la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta ha fijado como horario de funcionamiento del referido Juzgado, habiendo percibido remuneraciones en exceso, en circunstancias que sólo le habría correspondido percibir aquellas proporcionales al tiempo servido en el horario de audiencia del referido juzgado, también establecido por esa Iltma. Corte, fundándolo en los Dictámenes N° 19.133 y N° 33.471, ambos del año 2000, según el cual los cuales los Jueces de Policía Local tendrían derecho a gozar del total de las remuneraciones correspondientes a ese cargo únicamente en la medida que cumplan íntegramente el horario fijado para el funcionamiento del Juzgado por la respectiva Corte de Apelaciones, por lo que si un Juez asiste al tribunal sólo los días de audiencia, como lo hace el recurrente, no tendrá derecho a percibir las remuneraciones totales a las que se refiere el artículo 2 del Decreto Ley N° 812 de 1974, sino sólo las proporcionales por el cumplimiento de la jornada parcial que sirve. Agrega además que el Municipio debe adoptar las medidas tendientes a regularizar la situación. Atendido lo anterior, el recurrente indica que solicitó al Alcalde el día 10 de octubre de 2018 una reconsideración, la que se fundó en la doctrina que se estima es la vigente de la Contraloría General contenida en el Dictamen N° 33175/2012 de 05 de junio de 2012 la que aún no ha sido resuelta.

Cita, entre otros, el artículo 21 del Decreto Ley N° 249 de 1973, que fija una escala única de sueldos para el personal de diversas reparticiones públicas, que estableció una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas distribuidas de lunes a viernes, y el Decreto Ley N° 272 de 1974, mediante su artículo 16, que agregó a las Municipalidades del país a la lista de instituciones reguladas por Decreto Ley N° 249 y expuso que el Decreto Ley N° 812 de 1974, por su parte, determinó expresamente en su artículo 1° que: "El artículo 21 del decreto ley 249, de 1973, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1974, no se aplica ni ha sido aplicable a los Juzgados de Policía Local", y en su artículo 2°, dispuso que: "Corresponde exclusivamente a la Corte de Apelaciones respectiva fijar el horario de funcionamiento de estos Juzgados, el que se entenderá completo para el solo efecto de las remuneraciones". Por lo que indica que el artículo 1° del Decreto Ley N° 812, expresa e imperativamente se eximió a los juzgados de policía local de la jornada semanal obligatoria de cuarenta y cuatro horas, debiendo estar éstos al horario que determine la respectiva Corte de Apelaciones, estableciéndose que ello no podrá provocar efecto alguno sobre sus remuneraciones.

Agrega que el horario de un Juez al despacho no es propiamente su jornada laboral, toda vez que conforme al artículo 312 del Código Orgánico de Tribunales y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que determina la forma de funcionamiento de los Tribunales y demás servicios judiciales, la jornada de trabajo judicial no es coincidente con la jornada laboral de los jueces, ya que no tiene límite de tiempo, comprendiendo tanto las horas de audiencia, atención de público, firma de resoluciones, oficios redacción de resoluciones, estudios, las que no debe necesariamente efectuar en el recinto del Tribunal, sin confundir el horario de funcionamiento del Tribunal, el que general debe atender durante un lapso superior al de las audiencias del Juez, para desarrollar el trabajo administrativo, la que requeriría la presencia del Secretario, de lo que se desprende del artículo 475 del Código Orgánico de Tribunales.

Por último, tras indicar que las actuaciones impugnadas son ilegales, pues han incurrido en vulneración de los artículos 5, 8 y 53 del Decreto Ley N° 307 de 1978, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local y de ambos artículos del Decreto Ley N° 812 de 1974, cita extendida Jurisprudencia.

SEGUNDO: Que informando la Contraloría Regional de Antofagasta, solicita el rechazo. Explica que efectivamente en un proceso de auditoría se elaboró un Preinforme, donde se demuestra que el recurrente no había cumplido con el horario fijado por la Iltma. Corte de Apelaciones para las audiencias, por lo que se observó que no se encuentra acreditada la ejecución del gasto en remuneraciones del actor durante el año 2017.

Indica que el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones y atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, pero no como una vía para pedir que se determine el sentido y alcance de una preceptiva determinada, ni tampoco como una instancia de declaración de derechos, que es lo que pretende el recurrente al deducir la presente acción no ha intentado amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que busca impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones de la Contraloría Regional sobre la materia, cuestionando los criterios interpretativos utilizados en el Pre-informe de observaciones N° 585/2018, quedando en evidencia que se trata de una cuestión de lato conocimiento, tendiente a obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho indiscutido que se encuentre amagado, de modo que la cuestión sobre la cual se suscita constituye un asunto ajeno a su naturaleza.

Agrega que la actuación que se impugna no es ilegal, toda vez que ha actuado dentro de las competencias legales, atribuidas por el artículo 98 de la Constitución Política de la Republica de Chile, los artículos 1, 6 incisos primero, 16 y 21 A de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría General que fija normas que regulan las auditorias efectuadas por esta Entidad Fiscalizadora, y la resolución N° 1002 de 2011 de la Contraloría General sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, normativa conforme a la cual se encuentra habilitada para efectuar auditorias, por lo que el pre-informe impugnado tuvo su origen como resultado de una auditoria, sin constituir una decisión o juicio definitivo en relación a las objeciones allí planteadas, por lo que no procedería el recurso de protección en su contra.

En síntesis, señala que la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, mediante oficio N° 1.733-2018 de fecha 6 de agosto de 2018, comunicó al Alcalde de la Municipalidad de María Elena, la resolución N° 99, de 30 de julio de 2012, la cual mantiene el horario de funcionamiento del Juzgado de Policía Local de María Elena de acuerdo a lo informado mediante oficio N° 21/12 por don nombre reservado, pero respecto al horario de audiencia del Juzgado de Policía Local de María Elena, de acuerdo a lo indicado por el recurrente en el proceso de auditoría, no fue posible acreditar el cumplimiento de dicho horario, el que grafica con un cuadro comparativo.

Por último, indica que no existe vulneración o afectación a las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, ya que se ha actuado dentro del marco legal y constitucional y para contar con la protección constitucional al derecho de propiedad reclamado, es necesario que ingrese al patrimonio del afectado, condición que no se verificó en la especie al no haber cumplido con el horario establecido.

TERCERO: Que nombre reservado, Alcalde, en representación de la Ilustre Municipalidad de María Elena, solicita su rechazo por improcedente.

Expone que fue la Contraloría Regional quien los instruyó como Municipio para que se hicieran cargo de los reparos, observaciones y objeciones formuladas, y fue en ese contexto que se despacho el oficio N° 27 de fecha 05 de octubre de 2018.

Explica que las instrucciones de la Contraloría General de la República o de la Contraloría Regional de Antofagasta, son obligatorias, las que deben cumplir de manera estricta, bajo el principio de legalidad que están sujetos los organismos públicos.

Refiere que como consta en las paginas 14, 15, 21 y 22 del Preinforme de la Contraloría Regional de Antofagasta, la jornada de trabajo y el horario diario de labores que debe cumplir el recurrente surgen del oficio N° 1733-2018 de fecha 06 de agosto de 2018, emanado de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Indica que no han dispuesto la reducción de las remuneraciones del recurrente y tampoco ha ordenado la devolución de algún monto pagado al recurrente por tal concepto, siendo el Órgano Contralor quien en su informe final dispondrá lo pertinente.

Por último, señala que el recurrente se compara con otros Jueces de Policía Local de otras comunas que no son dependientes de la Municipalidad de María Elena, por lo que no puede existir un trato desigual en que haya incurrido el Municipio.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que la Excelentísima Corte Suprema en un fallo del año 2012 pronunciándose sobre lo mismo que se discute en estos autos estableció lo siguiente:

“Tercero: Que para resolver el asunto es necesario realizar una reseña al marco jurídico aplicable.

El artículo 21 del Decreto Ley Nº 249 (publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1974) fijó para el personal de las instituciones, servicios y organismos señalados en el artículo 1º una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas distribuidas de lunes a viernes.

El Decreto Ley Nº 272 de 1974 mediante su artículo 16 agregó a las Municipalidades del país a la lista de instituciones enumeradas en el artículo 1º del DL 249.

A su vez, el artículo 1 del D.L. Nº 812 de 1974 dispone: “Declárase que el artículo 21 del Decreto Ley N° 249 de 1973 publicado en el Diario Oficial de 05 de enero de 1974 no se aplica, ni ha sido aplicable a los Jueces de Policía Local”.

El artículo 8 inciso segundo de la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, dice “Los jueces de policía local estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones”.

A su turno, el artículo 53 del mismo cuerpo legal expresa que la Corte de Apelaciones previo informe del Municipio y del Juez de Policía Local correspondiente fijará los días y horas de funcionamiento de estos Juzgados en su respectivo territorio. En ningún caso las audiencias al público serán inferiores a tres por semana y se celebrarán en días distintos con una duración de al menos tres horas cada una.

Cuarto: Que de las disposiciones señaladas es claro concluir que mediante el artículo 1º del D.L. Nº 812 -texto de carácter interpretativo- se eximió a los jueces de policía local de la jornada semanal obligatoria de cuarenta y cuatro horas. Dicha conclusión se refuerza por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Nº 15.231 ya citado.

Por otra parte, el claro tenor del artículo 2 del Decreto Ley N° 812, el que declara que: “corresponde exclusivamente a las Corte de Apelaciones respectiva fijar el horario de funcionamiento de estos Juzgados, el que se entenderá completo para el solo efecto de las remuneraciones”, no deja dudas respecto a que desde el punto de vista de las remuneraciones, el horario que fija la Corte de Apelaciones al Juez de Policía Local, cualquiera que este sea, no afecta a su remuneración la que deberá ser percibida íntegramente por esta funcionario, de acuerdo a lo que disponga la planta de la respectiva Municipalidad.

SEXTO: Que el trabajo de una Juez no consiste únicamente en la atención al público, puesto que debe desempeñar otras labores propias de su función, consistentes principalmente en el estudio de expedientes y la redacción de las resoluciones, que no necesariamente se realizan durante el horario fijado para atender audiencias, ni en el recinto mismo del Tribunal. No debe olvidarse que ha sido esta misma Corte, dando cumplimiento a la norma legal, reunida en Tribunal en Pleno con fecha 02 de agosto de 2012, fijó como horario de funcionamiento del Juzgado de Policía Local de María Elena el correspondiente a los días lunes a jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y los días viernes de las 08:00 a las 13:00 horas y de 15:00 a 18:00, estableciéndose que el horario de atención de audiencias del Juez será los días lunes y miércoles de 15:00 a 19:00 horas y los viernes de 15:00 a 18:00 horas.

Tampoco debe confundirse el período en que está abierta la Secretaría de un Juzgado con el horario de asistencia de un Juez, pues en general, aquella debe atender durante un lapso siempre superior al de las audiencias del magistrado, para desarrollar el trabajo administrativo correspondiente, que no requiere la presencia física del Juez, pero sí del personal administrativo.

SÉPTIMO: Que las consideraciones precedentes, son suficientes para concluir que el oficio N° 27/2018, de 05 de octubre de 2018 del Alcalde de la Municipalidad de María Elena, fundada en el Pre-informe N.° 585/2018, de 3 de septiembre de 2018 de la autoridad Contralora ha incurrido en vulneración de los artículos 8 y 53 de la Ley N° 15.231 y del Decreto Ley N° 812, y de la misma Constitución Política de la República, lo que transforma su actuar en ilegal e inconstitucional.

OCTAVO: Que además debe expresarse que lo denunciado por el juez de policía local en este recurso de protección atenta contra la independencia que debe gozar cada juez en nuestro ordenamiento jurídico.

De acuerdo al Decreto Supremo 307 que contiene la Ley 15.231 sobre Juzgados de Policía Local, especialmente sus artículos 5, 8, 11 y 53 queda asentado que el Juez de Policía Local es un Juez de la República, siendo su tratamiento de “Señoría”, y goza de independencia. En este aspecto el cuerpo legal citado es categórico en afirmar que los Jueces de Policía Local serán independientes de toda autoridad municipal en el desempeño de sus funciones. Son aplicables a los Jueces de Policía Local las disposiciones de los artículos 84°, 85° y 86° de la Constitución Política (actuales artículos 79, 80 y 82);durarán por consiguiente, indefinidamente en sus cargos y no podrán ser removidos ni separados por la Municipalidad.

Por lo anterior, al pretender la Municipalidad por medio de Oficio 26/2018 de fecha 8 de agosto de 2018, emanado de la Asesor Jurídico Sra. nombre reservado, exigir al Juez de Policía Local, que cumpla un determinado horario bajo el apercibimiento de pagarse solo en aquella parte que se acredite mediante un sistema de registro biométrico, constituye un acto arbitrario carente de razonabilidad, por cuanto no tiene las competencias para ello y además porque incumple la ley y la Constitución Política de la República, citados en el párrafo anetrior. Lo anterior se ve además asentado por el artículo 2 del Decreto Ley N° 812, el que declara que corresponde en forma exclusiva a la Corte de Apelaciones fijar el horario de funcionamiento de estos Juzgados, por lo que al inmiscuirse la Municipalidad en las funciones y competencia de los Órganos Jurisdiccionales es un atentado grave que debe ser corregido en esta instancia.

NOVENO: Que la misma arbitrariedad debe expresarse respecto al actuar de la Contraloría al señalar en su pre-informe que el Juez de Policía Local tiene derecho a gozar del total de sus remuneraciones únicamente si acredita cumplir íntegramente el horario fijado para el funcionamiento del Juzgado, por cuanto carece de competencia legal y constitucional sobre un juez para exigir lo que ordena en su pre-informe, como quedó dicho en el considerando anterior por cuanto la exclusividad de fijar sus funcionamiento es de la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de la Superintendencia Directiva, Correccional y Económica Además esta superintendencia también corresponde sobre los jueces de policía local a la Corte Suprema, no tiendo por lo tanto la Contraloría atribuciones para ello, por lo que su actuar se debió dirigir a la Ilustrísima Corte de Apelaciones en el evento de detectar alguna irregularidad y no a la Municipalidad, y al no hacerlo así se torna arbitrario.

DÉCIMO: Que como consecuencia de lo dicho, el Juez de Policía Local recurrente tiene derecho a percibir el total de sus remuneraciones mientras cumpla el horario fijado por esta Ilustrísima Corte, de manera tal que el actuar ilegal de la autoridad municipal afecta las garantías constitucionales consagrada en los artículos 19 Nº2 y N° 24 de la Constitución Política, en términos que se produce una desigualdad ante la Ley y una amenaza en el derecho de propiedad del recurrente sobre las remuneraciones que percibe como Juez del referido tribunal; razón por la cual el recurso de protección debe ser acogido con costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional de Antofagasta y la Municipalidad de María Elena, y se ordena dejar sin efecto el Pre-informe N.° 585/2018, de 3 de septiembre de 2018, sólo en aquella parte que ha decidido que, como Juez de Policía Local, únicamente tiene derecho a gozar del total de sus remuneraciones correspondientes a ese cargo, en la medida que cumpla íntegramente el horario fijado para el funcionamiento del juzgado por la respectiva Corte de Apelaciones, y además se ordena dejar sin efecto el oficio N° 27/2018, de 05 de octubre de 2018 emanado de la Municipalidad de María Elena.

Regístrese y comuníquese.

ROL 3048-2018 (PROT)

Redactada por el abogado integrante Sr. Fernando Orellana Torres.

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