nombre reservado con GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece Juan Manuel Olivares Araya, abogado, en representación de doña nombre reservado, comerciante, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta y en contra de la Gobernación Provincial de la II Región.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar constitucional se fundamenta, en que con fecha 22 de junio de 2017, la Gobernación Provincial de Antofagasta emite la Resolución Exenta N° 822, que decreta el desalojo administrativo de la propiedad fiscal individualizada como Sitio N°1, manzana 31, sector La Chimba de esta ciudad, copia que es dejada en su domicilio el 3 de noviembre pasado, en la que se le indica que el 10 de noviembre de los corrientes se llevaría a cabo el desalojo con auxilio de la fuerza pública.

Señala que la recurrente ocupa el inmueble premunida de un título que la propia Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales le otorgó, pero que hoy desconoce, bien raíz que fue subdividido, dando origen al sitio individualizado como Huamachuco N° 12.591 B MZ 31 ST 1B, de una superficie de 1.000 metros cuadrados, y una superficie construida de 96 metros cuadrados, asignándole el Rol de avalúo N° 16132-0008 del Servicio de Impuestos Internos, encontrándose registrado a nombre de la recurrente y del Fisco.

Expone que de no existir un acto administrativo de la Secretaria Regional Ministerial, no podría emitirse los certificados de avalúo fiscal, detalle de contribuciones y formularios para el pago de las mismas a nombre de la recurrente, encontrándose al día en el pago del impuesto territorial.

Refiere que con el acto administrativo en contra del que se recurre ha amenazado y perturbado las garantías constitucionales, puesto que las recurridas han decidido el desalojo desde un terreno fiscal que ocupa amparada por un título de mera tenencia, omitiendo y falseando antecedentes, existiendo una vulneración al debido proceso, al adoptarse la sanción sin un procedimiento previo, sin poder efectuar descargos al respecto, afectando con ello el derecho de propiedad respecto de su calidad de mero tenedor, puesto que a su juicio, cumple con todos los requisitos que se le impusieron para ello, puesto que su tenencia no es una mera expectativa sino un derecho adquirido al haber transcurrido prácticamente 20 años, en razón de que señala que han visto perturbados los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicita en definitiva que se restablezca el imperio del derecho y se declaren nulos los actos administrativos que implicaron el desalojo administrativo y la dictación de la Resolución Exenta N° 822, de fecha 22 de julio, que fue notificada el 3 de noviembre pasado.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, expone que el 16 de marzo de 2017, debido a una denuncia de ocupación ilegal de parte de Inmobiliaria Constructora Uno Limitada, fiscalizadores concurrieron al inmueble fiscal individualizado como Manzana 31, sitio 1, Sector La Chimba, fundada en que mediante Resolución Exenta N° E-1941, de fecha 17 de diciembre de 2015, rectificada mediante Resolución Exenta N° 219, de fecha 14 de marzo de 2017, se otorgó en arrendamiento dicho inmueble por el plazo de 4 años. Los funcionarios al llegar al lugar comprobaron la ocupación ilegal, emitiendo al efecto, ficha de fiscalización ID 956314, el 3 de mayo pasado, encontrándose dentro de los ocupantes la reclamante.

Refiere que con fecha 3 de febrero de 2005 se ingresa a la Secretaría Regional Ministerial, solicitud de postulación a título gratuito contenida en el expediente administrativo N° 315696, por parte de la recurrente y a raíz de la confección del plano Ministerial N° II-27588-C-U se solicitó al Servicio de Impuestos Internos enrolar el inmueble fiscal. Sin perjuicio de ello, y en atención a la respuesta desfavorable de la Dirección de Obras Municipales de Antofagasta, de acuerdo a la solicitud N° 64, de 04 de julio de 2007, la postulación no prosperó y fue archivada mediante Resolución Exenta N° 243, de 28 de febrero de 2011. Luego el 24 de marzo de 2010, presenta solicitud de venta directa, la que fue rechazada por el Comité consultivo mediante Ordinario SE02-304-2012, en razón a que el uso del inmueble era distinto al declarado. Por ello, al no contar la recurrente con ningún tipo de autorización por parte del Ministerio, se procedió mediante oficio N° 002180, de fecha 04 de junio de 2017, a solicitar a la Gobernación Provincial el desalojo y la restitución del inmueble.

Explica que el recurso hace alusión al desconocimiento de los actos administrativos, en circunstancia que las omisiones las ha efectuado la propia recurrente, puesto que al menos desde el año 2005 existe aceptación tácita de ser una ocupante sin título, razón por la que se encuentra en carácter de ilegal, lo que motivó el desalojo y restitución del inmueble.

Señala que la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales es la encargada de la adquisición, administración y disposición de los bienes fiscales conforme el D.L. N° 1339 de 1977 y D.L. N° 3274 de 1980 y no habiendo acreditado título que ampare su ocupación que mantiene del inmueble fiscal, y en atención a las facultades de administración, declaró a la recurrente como ocupante ilegal, y por ello solicitó su desalojo. Agrega que no cuenta con título alguno, ya sea de ocupación o mera tenencia que hiciere procedente lo dispuesto en el artículo 26, letra f) del D.F.L. N° 22 de 1959.

Expone en síntesis que la orden de desalojo se ha efectuado en uso de sus facultades de legales, en cumplimiento al mandato legal, de modo tal que no se han vulnerado garantía constitucional alguna que alega la recurrente, solicitando el rechazo del presente recurso de protección.

TERCERO: Que informó la abogada Fabiola Riveros Rojas, Gobernadora Provincial de Antofagasta. Indicó que de acuerdo a lo solicitado por el Secretario de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, mediante Oficio OTD. N° SE02-002280/2017, de fecha 01 de junio pasado, se le requirió la restitución administrativa del inmueble fiscal ya individualizado, al tratarse la recurrente de una ocupante ilegal, informándole que se dedica al rubro transporte desde hace más de 30 años. En razón de ello dictó la Resolución Exenta N° 822, de fecha 22 de junio de 2017, en la que se resuelve requerir el desalojo administrativo, por carecer de derecho alguno para tal beneficio, hechos que constituyen una ocupación irregular de una propiedad fiscal. Añade que en la referida resolución administrativa se indica que se debe efectuar en forma inmediata, acto seguido de realizada la notificación por parte de Carabineros der Chile.

Cita al efecto D.F.L. N° 22, de 1959, artículo 26, letras e) y f), artículo 33 y 34, modificado por la Ley N° 3.457, del año 1980 y la Ley N° 19.175 del año 1992, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 4°, letra h). En razón de ello, expone que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar al dictar la resolución recurrida.

Solicita en definitiva que se declare inadmisible la presente acción constitucional.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que en su informe la Gobernadora Provincial de Antofagasta, Fabiola Riveros Rojas, solicitó que se declarase inadmisible el recurso de protección por carecer de fundamentos de hecho y de derecho válidos para ello, petición que deberá ser rechazada por cuanto el N° 2 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección dispone que ello procede cuando la presentación es extemporánea o no se señalan hechos que pueden constituir vulneración a garantías de las mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y de la presentación efectuada por el recurrente se ha dado cumplimiento a lo que el aludido Auto Acordado exige, lo que además consideró la sala tramitadora para acogerlo a tramitación, por lo que su petición será rechazada.

SEXTO: Que es un hecho no discutido que el Fisco de Chile es titular del dominio del inmueble que la recurrente ocupa y cuyo desalojo ha sido decretado por la Gobernación Provincial de Antofagasta.

SÉPTIMO: Que el artículo 4 letra h) de la Ley N° 19.175 dispone que entre las atribuciones del Gobernador se encuentra la de “ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el Gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

Por su parte el artículo 26° letras e) y f) que se refiere a las atribuciones del Gobernador que dispone:

“e) Ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común;

f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley.

Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Tierras y Colonización. En el intertanto, se abstendrá de actuar.

Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a comunicar al Gobernador las inscripciones de propiedades de particulares que no tengan título anterior inscrito” y del artículo 34 del D.F.L. N° 22 de 1959 que señala que “los Intendentes y Gobernadores podrán decretar el auxilio de la fuerza pública, en los casos de oposición o resistencia al cumplimiento de las órdenes o resoluciones de carácter ejecutivo que dicten en el uso de sus atribuciones”.

OCTAVO: Que de los antecedentes examinados resulta acreditado que la Gobernación Provincial de Antofagasta con fecha 22 de junio de 2017 dictó la Resolución Exenta N° 822, en la que se dispuso que se procediese a la restitución inmediata del inmueble individualizado como Sitio N° 1, manzana 31, sector La Chimba, de esta ciudad, fundado en la ocupación ilegal de la propiedad fiscal que ocupa.

NOVENO: Que, como ya se ha señalado anteriormente, el Fisco de Chile es titular en el dominio del suelo en el que se encuentra ubicado el inmueble, no acompañando la recurrente documento alguno que permita establecer que cuenta con un título o aparente de mera tenencia que justifique la ocupación de la reclamante.

DÉCIMO: Que en consecuencia, no cabe sino concluir que la Secretaría Regional Ministerial y la Gobernadora Provincial de Antofagasta procedieron a actuar de conformidad a la ley y que la Gobernación dictó la resolución que ordenaba el desalojo sobre la base de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga, ya que dice relación con la ocupación ilegal, de manera que no existe por parte de los recurridos acto alguno que se pueda calificar de ilegal o arbitrario, por lo que no se ha infringido ninguna de las garantías constitucionales que se han señalado como vulneradas y tampoco el derecho de propiedad.

UNDÉCIMO: Que en su informe la Gobernadora Provincial de Antofagasta, Fabiola Riveros Rojas, solicitó que se declarase inadmisible el recurso de protección por carecer de fundamentos de hecho y de derecho válidos para ello, petición que deberá ser rechazada por cuanto el N° 2 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección dispone que ello procede cuando la presentación es extemporánea o no se señalan hechos que pueden constituir vulneración a garantías de las mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y de la presentación efectuada por el recurrente se ha dado cumplimiento a lo que el aludido Auto Acordado exige, lo que además consideró la sala tramitadora para acogerlo a tramitación, por lo que su petición será rechazada.

DUODÉCIMO: Que de la relación de hechos el recuso e informe, no se desprende la existencia de un acto ilegal o arbitrario que pueda ser subsanado a través este recuso de urgencia, o las medidas correctivas que pueda adoptar esta Corte, pues la decisión fue adoptada por la autoridad competente en el marco de sus atribuciones, por lo que deberá rechazarse.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Juan Manuel Olivares Araya, en representación de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3038-2017 (PROT)

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