Protección contra Presidente del Directorio de la Sociedad de Transportes Públicos de Pasajeros Lí

PAGE Antofagasta, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

La comparecencia del abogado Miguel Zepeda Pinto en representación de nombre reservado RUT RUT reservado, nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; nombre reservado RUT RUT reservado; y nombre reservado RUT RUT reservado, presentando recurso de protección en contra del Presidente del Directorio de la Sociedad de Transportes Públicos de Pasajeros Línea 10 Antofagasta S.A., o LÍNEA 10 S.A., RUT RUT reservado:, nombre reservado, RUT RUT reservado, transportista, o quien haga las veces de tal o 1e suceda o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado.

El informe de la recurrida solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se señala en el recurso que con fecha 30 de Junio de 2017 se celebró Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Transportes Públicos de Pasajeros Línea Diez de Antofagasta S.A. de, reducida a escritura pública con fecha 8 de Agosto de 2017, en la que se realizó la votación de Directorio para el periodo 2017-2019, transgrediéndose en esta los estatutos sociales que rigen el proceso de elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.

En concreto, señalada como transgredidos el artículo 23 N° 3), 26 y 29 de los Estatutos referidos al no cumplirse los requisitos en ellos dispuestos para la elección, como es el hecho de haberse celebrado la Junta en primera o segunda citación conforme a los requisitos o quorum mínimo necesario para adoptar acuerdos y especialmente por el hecho de no constar fehacientemente en el Acta la comparecencia de los socios accionistas y acciones que éstos representan, lo cual se debe verificar necesariamente con el Libro Registro de Accionista.

Indica que en la referida Asamblea se produjo una fuerte discrepancia respecto a la inobservancia de los estatutos por parte de un grupo de supuestos accionistas asesorados por el abogado Fidel Castro Allendes, quienes impusieron su voluntad eligiendo el Directorio sin observar las normas señaladas, sin que quedaran consignadas en el acta las reclamaciones realizadas en dicho acto por los accionistas recurrentes en estos autos.

Agrega a ello que la directiva elegida en forma irregular procedió a reducir a escritura pública el Acta de la Primera Sesión de Directorio celebrada el 21 de Julio de 2017, ante el Notario Público don nombre reservado, designando unilateralmente los cargos del Directorio, el cual quedó conformado por nombre reservado como Presidente, nombre reservado de 80 años como Tesorero y nombre reservado como Secretaria quienes luego, mediante el uso de la fuerza, descerrajaron las cerraduras de las oficinas de la empresa Línea 10 S.A. tomando posesión de dichas dependencias por la fuerza, cambiando chapas, cerraduras y llaves de dichas oficinas.

Con posterioridad, fueron enviadas las actas de reunión extraordinaria y de primera reunión de Directorio a Banco Estado, con el objeto de ejercer sus poderes y facultades bancarias, económicas y financieras. Sin embargo, desde dicha institución, y en razón e las manifiestas irregularidades advertidas en el Acta de Reunión Extraordinaria, se congelaron las cuentas corrientes de la empresa y se formularon las siguientes observaciones al Acta: No indica fecha de celebración; no señala si se celebró en primera o segunda citación; no constan los accionistas comparecientes con la debida mención de las acciones que representan, ni certificación del Notario con la cantidad de accionistas presentas y las acciones que representan.

A raíz de ello, el Notario Francisco Martínez Torres realizó una Escritura Complementaria y/o Rectificatoria de fecha 4 de Septiembre de 2017, en la que se indica que por omisión o error no se incorporó en el Acta el listado de accionistas de la sociedad, certificando que de un universo de 25 accionistas participaron 23 (cinco de ellos con poderes de representación a voz y voto), y faltaron 2 accionistas, nombre reservado y nombre reservado; certificó además que ningún miembro del directorio, accionista o apoderado asistente objetó la validez y modalidad del proceso eleccionario, lo que es absolutamente falso. Sin embargo, dicha escritura de complementación no salvó requisitos que resultan de la esencia para la validez de los acuerdos adoptados como es señalar si la Junta se celebró en primera o segunda citación, y señalar los socios accionistas que comparecieron mencionando el número de acciones que representan, a efectos de determinar si hubo quórum suficiente para adoptar los acuerdos que en ella se consignan.

Agrega que ante estos gravísimos hechos, los recurrentes citaron a los socios a Junta Ordinaria con el objeto de revocar el Directorio, cita a la cual asistieron sólo los recurrentes de la presente acción, acordándose por unanimidad solicitar al abogado Castro Allendes y al presidente electo nombre reservado la entrega del libro de registro de accionistas, para constatar el cumplimiento de los quórums legales de acuerdo a lo antes señalado. Con fecha 02 de octubre recibieron respuesta del abogado quien señaló que no tiene dicho libro y nunca lo ha tenido, pese a que del acta de la reunión del 30 de junio, redactada por el mismo abogado, manifiesta tener en su poder dicho Libro. Asimismo, el Presidente electo, quien fue requerido con el mismo objeto el 11 de octubre, mediante carta certificada, se ha negado a entregar el libro, haciendo caso omiso a cualquier consulta que le formularen los socios.

Señala en definitiva que el acto que se estima ilegal y arbitrario corresponde a la negativa a dar respuesta a los requerimientos de los accionistas a la observancia de los estatutos sociales así como la falta de respuesta al requerimiento formal planteado el Presidente el 11 de octubre, por la cual se solicitó la entrega del Libro Registro de Accionistas.

Indican que dicho acto atenta contra la garantía a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, contemplada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, al impedírsele a los recurrentes a desarrollar su giro de transporte público de pasajeros, así como el derecho de propiedad garantizado por el N° 24 de la misma norma, por cuanto el Libro Registro de Accionistas pertenece al patrimonio de la sociedad, y no al Presidente del Directorio o abogado asesor de forma exclusiva.

Consecuencia de ello, solicita que acogiéndose el presente recurso se ordene hacer entrega del Libro Registro de Accionistas a la parte recurrente, poniéndolo a disposición de todo socio accionistas en las oficinas de secretaría de la empresa, con declaración de nulidad absoluta de la elección del Directorio que preside, disponiendo se proceda a elección de nuevo Directorio conforme lo establecen los estatutos sociales y la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y sus modificaciones; sin perjuicio de otras medidas que se estime del caso adoptar para el restablecimiento del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que en su informe, el recurrido reconoce que los recurrentes son todos accionistas de la sociedad, titulares de acciones comunes o tipo “A” y de acciones preferidas o tipo “B”, salvo el Sr. nombre reservado, quien sólo es titular de una acción tipo “A”.

Hace presente, como antecedente de la constitución y posteriores modificaciones de la sociedad, que en el año 2006 se acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas homologar las acciones a los cupos (vehículos en explotación) existentes a la fecha, que eran 52. De tal manera, se dividió el capital social en 52 acciones, a las que se les denominó como “acciones comunes” o “acciones tipo A”, que dan derecho a voto y explotar económicamente un taxibús dentro del recorrido asignado.

Con posterioridad, se aumentó el capital social con el objeto de realizar inversiones inmobiliarias (terminal de buses), para lo cual se crearon 51 acciones preferidas o “tipo B”, dejándose fuera al socio nombre reservado quien durante un largo periodo no tuvo participación en la sociedad por haber sido condenado en causa penal por delito de apropiación indebida en perjuicio de la misma, razón por la cual nunca aportó dineros para tales inversiones. Los accionistas preferidos o tipo B, tienen una preferencia en el reparto de utilidades, si las hubiere, especialmente si se enajena un inmueble.

En cuanto al recurso presentado en su contra, solicita su rechazo por ser extemporáneo, toda vez que se impugna a través de este la elección de un directorio que se llevó a cabo el 30 de junio de 2017. Sin perjuicio de ello, se solicita en el petitorio la anulación de la elección del directorio, lo que excede con creces una acción cautelar como la presentada, máxime si los propios estatutos de la Compañía establecen perentoriamente que el mecanismo de resolución de controversias es un arbitraje (artículo 42 estatutos).

Indica que el recurso debe igualmente desestimarse por cuanto la Junta en cuestión fue presidida por los recurrentes que conformaban el antiguo directorio (nombre reservado, nombre reservado y Castro), quienes luego de esta no han entregado los libros de la sociedad ni tampoco han rendido cuenta de los dineros percibidos durante el mes de julio de 2017. Por otra parte, los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, resultaron electos como miembros del comité de disciplina en la misma Junta. De tal manera, indica, considerando que son los propios recurrentes quienes han realizado las actuaciones que hoy pretenden desconocer, sería contravenir sus propios actos el desconocer hoy los efectos de las gestiones que han realizado desde el mes de junio en adelante.

En cuanto al fondo del asunto, indica que el recurso debe rechazarse toda vez que los recurrentes perdieron las elecciones de directorio para el presente periodo, en unas elecciones que se desarrollaron de la misma forma en que estos fueron electos con anterioridad. Pese a este hecho, refiere, el directorio saliente ha entorpecido el desarrollo de la sociedad y es en razón de ello que se constituyó el nuevo directorio revocando los poderes anteriores, realizando las inscripciones correspondientes y dando cuenta de ello a la autoridad de Transportes, al Servicio de Impuestos Internos y a Banco Estado, con el objeto de operar la cuenta corriente de la sociedad. Sin embargo, desde esta última institución, entendiendo que existía una controversia interna, se decidió bloquear la cuenta corriente, situación que se mantiene a la fecha.

Agrega que las múltiples omisiones y errores de referencia en que se incurrió en el acta de la Junta de accionistas del 30 de junio obligó al Notario a realizar de oficio las correcciones necesarias, sin que ni el actual Presidente ni el abogado Castro Allendes tuvieran injerencia en aquello.

Indica en definitiva que son los recurrentes quienes no sólo pretenden desconocer una actuación legítima y propia de los órganos de la sociedad, sino que además, se han negado a entregar toda la documentación de la compañía que estaba en su poder y que subrepticiamente retiraron desde las oficinas de la empresa, tales como libros de actas de directorio y junta, libro de accionistas, documentación tributaria, claves de acceso a cámaras y equipos computacionales, etc. De esta forma, es falso absolutamente que su parte tenga en su poder el libro de accionistas, pues la única referencia que existe es una declaración que hace el propio señor nombre reservado, quien al redactar el acta –que hasta esta fecha no se puede ni siquiera enmendar o hacer reserva de ella- dice que otras personas tienen el libro de accionistas, lo que resulta completamente absurdo, si estando en la Presidencia del directorio convocó a juntas teniendo dicho antecedente a la vista para la validación de los quórums.

Agrega que en la Junta de accionistas, quienes ejercieron el derecho a voto –como ha ocurrido en las cuatro elecciones pretéritas- fueron los accionistas tipo “A” de acuerdo a su cantidad de acciones, y que ante la falta del libro de accionistas, el actual directorio acordó con la información histórica reconstruir el libro, a lo menos, desde el año 2006 en adelante, a fin de poder mantener dicho registro dentro de las oficinas de la sociedad.

Consecuencia de lo señalado, estima que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario de los recurridos ni tampoco una afectación de garantías constitucionales, desde que a todos los recurrentes se les ha reconocido su condición de accionista de la compañía, y aunque el acta reducida por uno de los propios recurrentes es muy pobre y contiene graves deficiencias, el actual directorio ha adoptado todas las medidas para asegurarse que los accionistas tengan reconocidos formal y expresamente sus derechos y acciones, tanto en la comunes como en las preferidas.

De otra parte, indica, tampoco se ha visto afectado el derecho a ejercer una actividad económica lícita, pues todos los accionistas comunes o tipo “A” tienen derecho a explotar –por sí o por un tercero- un vehículo con cargo a su acción, y ello ha acontecido sin inconveniente alguno. De esta forma, concluye, el Directorio actualmente ejerce la administración de la sociedad anónima en forma regular, mantiene contacto con las autoridades respectivas, y ha sido requerido por ellas cuando se debe atender algún asunto de naturaleza oficial.

Solicita en consecuencia el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que deben distinguirse dos actuaciones que de acuerdo a lo señalado en el recurso, deben dejarse sin efecto, una por adolecer de vicios de nulidad y la otra por constituir un acto arbitrario e ilegal.

La primera de ellas, corresponde a la celebración de la Junta Extraordinaria de accionistas llevada a cabo el día 30 de junio del presente año, que fue reducida a escritura pública el 08 de agosto y complementada en el mes de septiembre, la que de acuerdo a los recurrentes, corresponde ser anulada por haberse transgredido en la misma diversas normas estatutarias que dicen relación principalmente con el llamado en primera y segunda citación y con la consignación en el acta de los accionistas comparecientes y el detalle de las acciones que cada uno de éstos representaba, para efectos de determinar el quórum necesario para adoptar los acuerdos.

La segunda, corresponde a la negativa injustificada tanto del Presidente electo del Directorio de la Sociedad, nombre reservado, como del abogado asesor Fidel Castro Allendes –no recurrido en autos-, de entregar el Libro de Registro de Accionistas y de dar respuesta a los múltiples requerimientos formulados por los socios recurrentes.

QUINTO: Que en cuanto al primer hecho, el recurso deberá ser rechazado, en primer término, por resultar del todo extemporáneo, toda vez que se trata de un acto llevado a cabo en junio del presente año en tanto que la acción de tutela constitucional se dedujo ante esta Corte el 04 de noviembre, habiendo transcurrido con creces el término legal de 30 días corridos para la interposición del mismo.

Sin perjuicio de lo señalado, la petición de declarar la nulidad absoluta del acto escapa de la lógica propia del recurso interpuesto, el que consiste en una herramienta de carácter cautelar cuyo objeto es el amparo de derechos y garantías constitucionales indiscutidas.

Lejos de ello, la controversia suscitada a propósito de la celebración de la Junta en cuestión y su posterior reducción a escritura pública, gira en torno a acusaciones cruzadas en las que incluso se ha visto involucrado un tercero que es Banco Estado, por lo que malamente puede decirse que el derecho invocado por los recurrentes y en cuya virtud pretenden la declaración de nulidad del acto societario se trate de uno de carácter indubitado. Por el contrario, se trata de un conflicto jurídico de índole contractual cuya resolución debe adoptarse a través de los mecanismos arbitrales establecidos en los propios estatutos de la sociedad o bien a través de un juicio de lato conocimiento.

SEXTO: Que en un sentido similar, el recurso no puede prosperar en lo que dice relación con la eventual negativa por parte del recurrido de hacer entrega del Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, ya que ello importaría la orden de hacer entrega de un documento que el recurrido niega poseer.

Nuevamente, no estamos frente a un derecho indiscutido entre las partes, tanto así que el mismo recurrido imputa a los miembros del antiguo directorio –hoy recurrentes- la posesión del Libro en cuestión, por lo que la discusión no puede zanjarse a través de un recurso de protección, ya que no es esta la vía para declarar la existencia de un derecho, existiendo para ello, como ya se dijo en el considerando que precede, los mecanismos impuestos por la propia sociedad para la resolución de conflictos societarios.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de nombre reservado en su calidad de Presidente del Directorio de la Sociedad de Transportes Públicos de Pasajeros Línea 10 Antofagasta S.A., o LÍNEA 10 S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3021-2017 (PROT)

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