SERVICIOS RAUL EDUARDO ELGUETAGERMAL con FISCALIA REGIONAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, a ocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece Francisco Javier Moll Aguirre, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Servicios Raúl Eduardo nombre reservado Germain E.I.R.L., representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Fiscalía Regional de Antofagasta, representada por el Fiscal Regional Alberto Ayala Gutiérrez, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por dictar la resolución que rechazó la reclamación administrativa, vulnerando sus derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, para que se deje sin efecto la resolución recurrida, ordenando la entrega del vehículo con costas.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que es propietario de la camioneta marca Dodge, modelo: NEW RAM 1500 LARAMIE 4X4 5.7, número de motor: DS594310, número de chasis: 1C6RR7NT9DS594310, año 2013, PPU: FVRZ.22-7, la cual se encuentra inscrita a nombre de la empresa Servicios Raúl Eduardo nombre reservado Germain E.I.R.L., conforme certificado de Anotaciones Vigentes, requiriendo en varias ocasiones a la recurrida la restitución del vehículo.

Expone que en contra del representante legal de la empresa recurrente nombre reservado, se sustentaron 2 investigaciones; una por obstrucción a la justicia y otra por estafas, las cuales fueron agrupadas en la causa única RUC N°1501198100-0 y ambas versaban sobre un vehículo materia del presente recurso.

Sostiene que en el procedimiento seguido en su contra se decretó el sobreseimiento total y definitivo conforme el artículo 250 letra d) del referido código. No existiendo comiso u otra medida restrictiva o diligencia de prueba sobre el vehículo de propiedad de la empresa recurrente Servicios Raúl Eduardo nombre reservado Germain E.I.R.L., y por ende, corresponde su restitución. Vehículo que se encuentra desde el mes de mayo del año 2016 en el Corral Municipal de Calama, sufriendo los deterioros y daños a consecuencia del clima y el transcurso inexorable del tiempo.

Relata que presentó varias solicitudes antes la fiscalía local de Calama para la restitución del vehículo, todas rechazadas por distintos motivos. Presentando ante la Fiscalía Regional de Antofagasta, reclamación contra la fiscalía local de Calama por el rechazo sistemático e injustificado a la restitución de un bien de propiedad de la recurrente. Resolviendo, el fiscal regional, con fecha 01 de abril del año en curso rechazar el reclamo fundado en qué; "Existiendo antecedentes que dicen relación con la venta del vehículo a un tercero, no encontrándose acreditado el dominio, del solicitante no ha lugar por ahora.”

Alega que la decisión de la Fiscalía Regional de Antofagasta, de rechazar la reclamación deducida es un acto administrativo, ilegal y arbitrario que debe ser dejado sin efectos, restableciendo al efecto el imperio del derecho. En cuanto el rechazó sistemático e infundado de la restitución de un vehículo del cual existe un legítimo propietario, constituye en sí mismo la imposición de una medida penal denominada comiso, que es una sanción de carácter penal, por ende, de naturaleza personalísima, y forma parte de las denominadas penas pecuniarias, pues la medida de incautación de la camioneta, respecto de la cual su representada no tiene responsabilidad penal alguna que se investigue y habiéndose extinguido la responsabilidad penal de su representante legal se convirtió la incautación en una sanción de comiso.

Solicita se deje sin efecto la resolución que rechazó la reclamación formulada y se ordene a la Fiscalía Regional de Antofagasta y de Calama la restitución del vehículo, ya individualizado, con costas.

SEGUNDO: Que Alberto Ayala Gutiérrez, abogado, Fiscal Regional de Antofagasta, informa solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que el 14 de diciembre de 2015, nombre reservado, representante de la recurrente en estos autos, denunció ante Carabineros de Chile el robo del vehículo marca Dogde, modelo RAM, placa patente FVRZ.22-7, indicando que el día 16 de noviembre a eso de las 18:00 horas en circunstancias que había realizado un viaje a la ciudad de La Serena por 26 días, dejó la camioneta estacionada en el interior de su domicilio ubicado en domicilio reservado, y que al regresar el día 12 de diciembre se percató que individuos desconocidos sustrajeron dicho vehículo.

Así, el 07 de enero de 2016 el recurrente solicita a través de la plataforma SIAU de la Fiscalía que se despache una orden de investigar a la SEBV de Carabineros para que se busque el vehículo, el Fiscal a cargo de la investigación despacha una orden de investigar a la SEVB de Carabineros para que se proceda a la búsqueda del vehículo, informando el recurrente a la Fiscalía respecto del posible tenedor del vehículo.

Ante esto, el Fiscal despacha la instrucción particular N°3285/2016 en la que se solicita a la BICRIM de la PDI entrevistarse con la víctima (recurrente de autos) y requerir antecedentes respecto del paradero del vehículo, ubicar, individualizar y apercibir al sospechoso y solicitar la entrega voluntaria del vehículo.

Con fecha 03 de mayo de 2016 se recepciona en la Fiscalía Local de Calama el informe policial N°2.924/00812 que da cuenta que se había ubicado el vehículo supuestamente robado el que se encontraba en poder de nombre reservado, quien en ese acto fue detenido por el delito de receptación, procediéndose luego a la incautación del vehículo. Además, en dicho informe se adjunta la declaración de nombre reservado, quien indica que había adquirido el vehículo referido a través de un ex colega de trabajo y amigo de nombre nombre reservado, quien le había señalado que un conocido suyo vendía un vehículo de determinadas características en la suma de 18 millones de pesos, interesándose en adquirirlo, agregando que no tenía el dinero en ese momento para pagarlo, por lo que nombre reservado le señaló que se haría cargo de cancelar la suma total al vendedor. Luego de eso, le llevaron el vehículo a su casa, comenzando a utilizar el vehículo normalmente, que incluso pagó el permiso de circulación y el seguro obligatorio. Encontrándose con el vendedor del vehículo quien le indicó que nombre reservado no le había pagado el total de las cuotas. Que a fines del año 2015 nombre reservado le señala que el vehículo tenía unos problemas para realizar la inscripción y que estaba solucionando con el vendedor. Finaliza señalando que el día de su detención, personal de la PDI le informa que existía una denuncia en Carabineros por el robo del vehículo y que debía entregar el mismo.

Además, en el informe de la BRIDEC se acompaña la declaración de nombre reservado, quien en resumen indica que, conoce a nombre reservado hace algún tiempo, que en el mes de mayo un familiar le encargó que buscara una camioneta para su amigo nombre reservado, ya que estaba interesado en comprar una camioneta marca Dogde modelo RAM. Que, en esas circunstancias conoció a nombre reservado, quien le indicó que tenía una camioneta de las características buscadas a la venta en la suma de 18 millones de pesos, acordando la compraventa del vehículo y las condiciones de pago, las que consistían en el pago de la suma de $7.500.000 con un cheque al día y el resto en siete documentos, con la condición de llevar a cabo la transferencia del vehículo. Una vez que el vendedor (y recurrente en estos autos) hace entrega de la camioneta, se la entrega a nombre reservado quien comienza a utilizarla como propia. Posteriormente, nombre reservado le informa que al pagar el permiso de circulación se había enterado de que el vehículo presentaba un embargo. Ante esto, se dirige a hablar con el vendedor quien le informa que él sabía que el vehículo tenía una prenda pero que lo estaba solucionando y le solicita que le diera un par de semanas para arreglar el asunto. Agrega que, en diciembre se entera que el vendedor del vehículo había denunciado el robo. Además hizo entrega de una factura emitida por "Fabricación y montaje estructural nombre reservado Empresa individual", por la suma de $10.710.000, correspondiente al 50% de la venta de la camioneta marca Dodge, modelo RAM, donde se indica que el vehículo queda en poder del comprador. También, se acompaña una copia del cheque por la suma de $7.500.000 con el que se pagó parte de la mitad del valor del vehículo.

Relata que en mayo de 2016, nombre reservado presenta denuncia en la Fiscalía de Calama por el delito de estafa en contra del recurrente de autos nombre reservado.

A su vez, ante la evidencia de que la denuncia presentada por el recurrente de autos, nombre reservado, era falsa, se solicitó al Tribunal de Garantía audiencia para formalizarlo por el delito de obstrucción a la investigación, lo que se concretó en mayo de 2017, acordando una suspensión condicional del procedimiento, estableciéndose como condiciones a cumplir por el lapso de un año la firma bimensual y la de fijar domicilio, las que cumplió satisfactoriamente, decretándose el sobreseimiento definitivo de la causa en mayo de 2018.

En cuanto a las solicitudes de devolución de la camioneta incautada, comienzan a realizarse por parte del recurrente a partir de octubre de 2016 teniendo como argumento principal, ser dueño del vehículo, en virtud de la inscripción emanada del Registro Civil.

Solicitudes que han sido reiteradamente rechazadas por la Fiscalía, por distintas razones, que van desde el incumplimiento de requisitos formales en la solicitud a cuestiones de fondo que, en lo fundamental, dicen relación con los antecedentes que existen en la carpeta investigativa, que dan cuenta que el recurrente transfirió la propiedad del vehículo a otra persona que lo compró, concurriendo todos los requisitos legales, es decir título (contrato de compraventa) y modo (tradición de la especie), no siendo por ende el dueño en la actualidad, careciendo así, de legitimidad activa para solicitar su entrega.

Además, la única razón por la que la Fiscalía en su oportunidad incautó el vehículo fue por la denuncia de robo realizada por el señor nombre reservado, la que como ya se indicó con anterioridad era falsa. Es decir, el tenedor legítimo hasta ese momento, el señor nombre reservado quien obtuvo el vehículo a través del señor nombre reservado, sufrió, injustificadamente el ser despojado del vehículo, correspondiendo por lo tanto, a juicio del Fiscal Regional, que el Ministerio Público le haga devolución del mismo a él y no al recurrente, porque independientemente de lo señalado en el certificado de inscripción del vehículo en el Registro Civil, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley del Tránsito, dicho certificado sólo hace presumir la propiedad del vehículo, presunción meramente legal que admite prueba en contrario, y es precisamente esto último, las pruebas que se acompañaron a la investigación, las que permitieron establecer la falsedad de la denuncia y la transferencia de la propiedad del vehículo.

Estima que las decisiones del Fiscal Adjunto de Calama, y del Fiscal Regional, que en su momento denegaron la devolución de la camioneta al recurrente, no son ni arbitrarias ni ilegales, ya que las mismas se han tomado en consideración de los antecedentes tenidos a la vista, y que como ya se ha expuesto, dan cuenta de la transferencia del dominio del vehículo a una tercera persona.

Además, no hay que perder de vista que el recurrente instrumentalizó al Ministerio Público para intentar obtener por una vía de facto la posesión de la camioneta que había transferido, a través de una denuncia falsa. Es decir, el recurrente vende y transfiere un vehículo por el que recibe más de la mitad del dinero de parte del comprador, y ante la cesación del pago del resto del precio pactado (debido a la imposibilidad de efectuar la transferencia por la inscripción de un embargo} decide denunciar falsamente su sustracción, para luego, una vez incautado este, solicitar su devolución, pretendiendo quedarse con el dinero y con el vehículo, a su entender, ajeno a esas alturas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el recurrente no desconoce que el representante legal de la empresa nombre reservado fue formalizado por obstrucción a la investigación y Estafa, siendo el objeto material de ambos ilícitos el vehículo marca Dodge, año 2013, PPU FVRZ.22-7.

Sostiene que el vehículo es propiedad de la empresa Servicios Raúl Eduardo nombre reservado Germain E.I.R.L. de acuerdo al certificado de anotaciones vigentes, por ende, corresponde que el Ministerio Público restituya la especie mueble.

Por su parte, el recurrido no ha dado lugar a las reiteradas solicitudes de restitución del vehículo, en virtud de los antecedentes que existen en la carpeta investigativa que dan cuenta que el actor transfirió la propiedad del vehículo a otra persona quien lo compró, no siendo el recurrente el actual dueño del vehículo, careciendo así, de legitimidad activa para solicitar su entrega. Correspondiendo, a juicio del recurrido, que el vehículo sea entregado a nombre reservado, legitimo tenedor del bien mueble al momento de la incautación, quien fue despojado del vehículo por la falsa denuncia de robo realizada por el recurrente.

SEXTO: Que, si bien el certificado de inscripción y anotaciones vigentes de vehículos motorizados otorga a quien figura como propietario una presunción simplemente legal, es un antecedente suficiente para que el Ministerio Público proceda a la restitución del vehículo, considerando especialmente el tiempo transcurrido sin que el comprador nombre reservado realice gestión alguna en orden a solicitar la restitución del vehículo y acredite su calidad de propietario.

Resulta evidente que la denuncia que dio origen a la causa penal sobreseída, ha derivado en un conflicto de carácter civil, que lógicamente debe ser resuelto por el tribunal civil respectivo, pero antes de que ello ocurra, y atendida la presunción que ampara a quien figura como dueño del vehículo en la inscripción respectiva del Registro Civil, no resulta procedente que el Ministerio Público retarde indefinidamente como lo ha hecho hasta ahora por más de cinco años, la restitución del móvil a quien presente un indicio de dominio, que en este caso es el recurrente.

De esta manera, existiendo un germen de derecho en favor del recurrente en cuanto a la inscripción del vehículo a su nombre, aquella medida de incautación sustentada por el Ministerio Público desconociendo la inscripción presuntiva y sin reclamo del eventual propietario nombre reservado, se torna ilegal y arbitraria.

Lo anterior no significa en ningún caso, un pronunciamiento definitivo acerca del dominio sobre el vehículo, sino que constituye una decisión de carácter urgente frente a una situación de perjuicio que se ha mantenido de manera indefinida respecto de la cosa en disputa, perjuicio que resulta procedente enmendar respecto del presunto dueño, a quien, en principio, se le afectaría su eventual derecho de propiedad, ya que se le priva de la posesión que le corresponde sobre la cosa, la que además en la situación actual, se encuentra expuesta de manera evidente a deterioro e incluso destrucción por el paso del tiempo.

En consecuencia, existiendo una actuación ilegal y arbitraria al no restituir el vehículo al recurrente, vulnerando su derecho de propiedad, solo cabe acoger la acción de protección deducida en estos autos.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, SIN COSTAS, el recurso de Protección interpuesto por Francisco Moll Aguirre, Abogado, en representación de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Servicios Raúl Eduardo nombre reservado Germain E.I.R.L., en contra de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

Acordado con el voto en contra de la Ministra Sra. Virginia Soublette Miranda, quien fue de parecer de rechazar el recurso por no existir derechos indubitados en favor del recurrente, considerando que los antecedentes deben ser conocidos en un juicio de lato conocimiento en virtud que el certificado de inscripción y anotaciones vigentes de vehículos motorizados otorga a quien figura como propietario una presunción simplemente legal en cuanto a ser el legítimo poseedor de la especie, atendido a las formas de tradición de los bienes muebles y la práctica en relación con la compraventa de vehículos motorizados, admite prueba en contrario para determinar al legítimo poseedor, situación de hecho que se encuentra cuestionada conforme a los antecedentes aportados por el recurrido, quien reconoce como legítimo poseedor del vehículo de marras a la víctima de la falsa denuncia de robo, nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3006-2021 (PROTECCIÓ