Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Antofagasta, a tres de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Rodrigo Alejandro Cortés Tapia, abogado, domiciliado en domicilio reservado, a favor de nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de las Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, de quien ignoro su profesión u oficio, o por quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en la comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana domicilio reservado y/o en domicilio reservado de esta ciudad y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, de quien ignoro su profesión u oficio, o por quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulnerar las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esa parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de las recurridas.

Evacuan informe las recurridas, allanándose al presente recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en el descuento efectuado por la Caja de Compensación Los Andes, desde la remuneración del recurrente, respecto de las cuotas impagas de un crédito del año 2011 otorgado por la Caja de Compensación La Araucana.

Expone que con fecha 02 de diciembre de 2011, su representado suscribió un crédito número de operación 022000798056, suscrito a favor de LA nombre reservado.C.A.F por la suma de $1.531.320, con cuotas mensuales parciales y sucesivas de $ 191.415, pactándose en 12 cuotas, los pagos se realizaron mediante descuento por planilla con el empleador de aquella época hasta la cuota N°4, es decir, hasta el 30 de abril de 2012.

Al cambiar de empleador se suspendió el pago de las cuotas, razón por la cual las recurridas LA nombre reservado.C.A.F a través de la Caja de Compensación los Andes, ordenaron a que su actual empleador realice descuentos que no he autorizado.

Actualmente, su representado se vincula laboralmente como trabajador en la empresa SMG INGENIERIA S.A., domiciliada en domicilio reservado, mediante contrato de trabajo vigente.

Refiere que atendido el vínculo laboral de su representado con la empresa SMG, esta debe pagar mensualmente sus remuneraciones.

Señala que el actual empleador de su representado, desde el mes de Junio de 2018 a la fecha, ha realizado los descuentos de sus remuneraciones por concepto de créditos de cuotas impagas, según el detalle; mes de Junio $191.415, mes de Julio $191.415, mes de Agosto $ 191.415, mes de Septiembre $191.415 y también el mes de octubre igual cifra, vale decir, la empresa SMG ha descontado hasta la fecha, la suma que asciende a $957.075 (novecientos cincuenta y siete setenta y cinco) pesos. Sin contar la empresa SMG con el consentimiento de su representado para efectuar dichos descuentos, infringiendo el derecho a la propiedad de las remuneraciones y a la protección de las mismas que proporciona el Código del Trabajo.

Arguye que habiendo solicitado su representado las últimas liquidaciones de sueldo a la empresa SMG con fecha 20 de octubre de 2018, señala que dichos descuentos se producen mediante instrucciones por parte de la Caja De Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin existir, como se dijo, consentimiento previo ni autorización por escrito por parte de su representado a su empleador para realizar tal descuento.

De esta manera, según liquidaciones de sueldo a su representado se le han hecho descuentos por una deuda contraída el año 2011, y que luego, de casi 7 años pretende ser cobrada extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa de alguna orden judicial que autorice dichos descuentos.

Refiere que presuntamente amparadas en la Ley de Cajas de Compensación las recurridas efectúan descuentos que no han sido informados de manera alguna, y que corresponderían a una deuda que en todo caso- y para todo efecto legal- se encuentra prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil.

Agrega que nunca se ha notificado a su representada acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda, ni menos se le ha notificado de demanda alguna tendiente a perseguir el cobro de dichos créditos.

Estima que resulta manifiesta la arbitrariedad y vulneración a las garantías constitucionales de su representado, establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 3,16 y 24.

Solicita se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a las recurridas, el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de su representado, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, y abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de "la empresa SMG”, o por cualquier otro empleador que su representado tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando se tenga a su representada por allanada al referido recurso.

Expone que según su base de datos Institucional, el señor nombre reservado presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la empresa Servicios de la Minería, Rut RUT reservado

Indica que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar, Caja de Compensación La Araucana les ha solicitado se gestionen descuentos en la remuneración de su afiliado, el Sr. nombre reservado, por concepto de pago de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución.

Agrega que en este contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social, Caja Los Andes informó al empleador del Sr. nombre reservado los descuentos por el crédito social otorgado en La Araucana, montos que fueron recaudados y remesados a dicha entidad, según el siguiente detalle.

Mes informado valor fecha de transferencia jun-18 191.415 26/07/2018 jul-18 191.415 23/08/2018 ago-18 191.415 25/09/2018 sep-18 191.415 25/10/2018 oct-18 191.415 En trámite Señala que Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros a encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco "Proyecto Intercajas".

Las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 N° 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833.

Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

Cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N° 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

En el contexto normativo antes descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago de los créditos sociales otorgados al Sr. nombre reservado, ha informado al empleador del recurrente la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

Alega que no obstante lo informado precedentemente, esa Caja de Compensación ha venido en allanarse a la acción constitucional incoada en autos, y ha dispuesto las gestiones tendientes a evitar futuros descuentos a la remuneración del recurrente, mediante su remoción de la nómina de cobros que es remitida a su empleador.

Sin perjuicio, hace presente que las nóminas de descuentos en remuneraciones son informadas por sistema a los empleadores los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivas dichas retenciones, de modo que, a la fecha de esta presentación, los descuentos para las remuneraciones del presente mes de noviembre ya habían sido informados al empleador del recurrente.

Concluye que no existiendo oposición de esa parte al recurso interpuesto, solicitamos se les exima del pago de costas.

TERCERO: Que Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita se tenga a su representada, por allanada al referido recurso.

Expone que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, la Caja a la que actualmente se encuentra afiliado el deudor, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud del carácter social de los mismos.

Señala que con fecha 02 de diciembre de 2011, se le otorgó al afiliado don nombre reservado, el crédito social folio №022-000798056, por la suma nominal de $2.000.000- (dos millones de pesos), pactado en 12 cuotas mensuales de $191.415.- (ciento noventa y un mil cuatrocientos quince pesos), cada una.

Expresa que al inicio de la relación contractual, es decir a partir del año 2012, el recurrente cumplía con sus obligaciones tal y como estaba pactado al momento de celebrar dicho contrato, en efecto pagó desde la cuota №1 hasta la №4 inclusive, mediante descuentos en la liquidación de remuneraciones por parte de su empleador De La Fuente y Carpanetti Limitada, RUT №78.421.650-0, no recibiendo más pagos por dicho concepto a pesar de enviar todos los meses las respectivas nóminas de descuento, sin señalar nada su empleador, ni tampoco existe registro alguno de que el recurrente haya acudido a las dependencias de esta entidad para regularizar la deuda, a pesar de tener conocimiento de la misma.

De esta manera, se comenzó a contar del mes de abril de 2013 a informar las cuotas para descuento vía Sistema Intercajas, no recibiendo pago alguno, hasta el mes de mayo de 2018, en que es posible ubicar al recurrente por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. En consecuencia se procede a enviar la respectiva nómina para descuento, el que fue aplicado conforme lo informa el propio recurrente en el mes de junio de 2018, pagándose las cuotas №5 a №8 inclusive.

Alega que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 22 de la Ley №18.833 y el Decreto Supremo №91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por ende el nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación acreedora o diputada en el pago las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor.

Refiere que en cuanto al descuento en su remuneración, estas tienen su origen en un crédito social contraído con la C.C.A.F. La Araucana, el que era de pleno conocimiento del recurrente, de esta forma, y en virtud del artículo 1.546 del Código Civil, es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones como las del caso de marras, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia y que tiene que ser iniciada por el deudor.

Aduce que malamente pudo su representada y la C.C.A.F. Los Andes, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, han obrado conforme a derecho y además salvaguardando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 №3 y №16 de la Constitución y, en especial la garantía consagrada en el artículo 19 №24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, pasando en consecuencia a cometer un acto arbitrario e ilegal si lo informado a deducir por concepto de crédito social ha sido declarado prescrito tanto respecto de su acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, por un Tribunal de Justicia, lo que no aconteció en este caso.

Indica que, el descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema InterCajas, es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario №67989 de 13 de diciembre de 2016 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social que sirven para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma de descuento también validada por la Dirección del Trabajo en dictamen №4527/093 del año 2011.

En síntesis y conforme lo expuesto, su representada y la C.C.A.F. Los Andes han actuado conforme a las facultades legales que su estatuto les provee, sin que se hayan atribuido funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia.

Ahora bien, no obstante lo informado precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda informada en esta presentación, esta Caja de Compensación viene en allanarse al recurso de protección incoado, informando que se han dispuesto las gestiones tendientes a hacer cesar los descuentos que haya de producirse en la remuneración del recurrente, teniendo presente que las nóminas de descuentos en las remuneraciones son informadas por sistema a los empleadores la tercera semana del mes anterior a aquel en que se hacen efectivas dichas retenciones, de modo que, el cese de los descuentos se pueden aplicar al mes siguiente del informado.

Solicita en mérito de lo expuesto se les exima del pago de costas, toda vez que es manifiesta la buena fe y la plausibilidad para litigar de esta entidad, al tenor de las disposiciones legales ya señaladas y por cuanto al ser las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, es posible colegir que existe un motivo plausible para litigar, esto es la protección del fondo social, obligación impuesta a las C.C.A.F., en virtud de los artículos 29 y 30 de la Ley №18.833 y que se destina a financiar los regímenes de prestaciones de crédito social y de prestaciones adicionales, por tanto los desembolsos que efectúan las C.C.A.F., por concepto de créditos sociales impagos y costas, constituye una disminución del fondo social, que produce un perjuicio al resto de los afiliados.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reprocha, consiste en el descuento realizado en sus remuneraciones de junio a octubre de 2018, respecto de un crédito del año 2011, luego de transcurridos siete años desde que contrajera la obligación con la Caja 18 septiembre, la cual no ejecutó en el intertanto ningún tipo de acción que diera cuenta de su interés a fin de obtener el pago de lo debido.

SEXTO: Que esta corte comparte los fundamentos expuestos en causa Rol 41.479-2017 de 29 diciembre de 2017 de la Excelentísima Corte Suprema:

“Cuarto: Que en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación siempre que se trate de un cobro oportuno, pero que de este modo ha forzado unilateralmente, garantía de pago improcedente considerando que durante aquellos diez años dio claras señales de desinterés en perseguir su solución, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía, sin perjuicio del derecho de la Caja de Compensación para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

Quinto: Que en efecto, las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, se encuentran vinculadas a la Constitución, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella, entre las que se encuentra el principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la arbitrariedad, esto es, que la función que ejercen debe reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente potestativo e intempestivo, encontrándose obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones a la afectada, luego de transcurrido tan extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa de la trabajadora de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que la actuación denunciada afectó la esencia de las garantías previstas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Carta Política.

Sexto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde ser declarado y otorgar amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas y esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente, en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin aviso previo.”

SÉPTIMO: Que las cuestiones centrales planteadas en el fallo citado en el motivo anterior son aplicables a este caso. Después de años de que las obligaciones se hicieron exigibles, la recurrida de manera unilateral e inconsulta procede a descontar de las remuneraciones del actor haciendo valer el contrato preexistente, pero sin darle oportunidad de hacer valer los derechos que razonablemente le asisten en atención a la oportunidad del cobro, sin perjuicio que el largo lapso transcurrido importan que no puede sostenerse que la necesaria autorización por parte del trabajador pueda estimarse hoy vigente si ha existido un largo silencio en la relación jurídica.

OCTAVO: Que sin perjuicio del allanamiento efectuado, se ha configurado la arbitrariedad e ilegalidad reclamada en el actuar de las recurridas, de esta manera procede acoger la acción disponiendo el cese del cobro, y la obligación de la recurrida de la restitución de las sumas descontadas entre julio y noviembre de 2018 ambos meses inclusive.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por Rodrigo Alejandro Cortés Tapia, a favor de nombre reservado en contra de las Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ordenándose el cese inmediato de los descuentos practicados por las aludidas Cajas a través de su empleador y la recurrida Caja de Compensación Los Andes debe reintegrar a nombre reservado los descuentos de los meses julio a noviembre de 2018 en el término de diez días contados desde que la presente sentencia se encuentre a firme.

Regístrese y comuníquese.

Rol 3006-2018 (PROTECCIÓN)