Protección contra “EXSA CHILE SPA

Antofagasta, a doce de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Pablo Ortíz De Zárate Cerda, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Constructora nombre reservado SPA., Rut RUT reservado representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce Recurso de Protección en contra de “EXSA CHILE SPA.,” RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representado, todo ello debido a los actos u omisiones arbitrarias o ilegales cometidas por el recurrido y que privan, perturban o amenazan el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que más adelante se especificarán.

Evacua informe la recurrida, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que la recurrida no estaría dando cumplimiento al contrato de obras civiles celebrado entre las partes, ejerciendo vías de hecho para ingresar a las faenas e impidiendo el ingreso de los trabajadores de la recurrente.

Expone que la recurrida, EXSA CHILE SPA., es una empresa que actualmente se encuentra desarrollando un proyecto para la fabricación de una planta de Emulsión Matriz a granel y de ANFO en un terreno de su propiedad ubicado en la segunda región, en los terrenos de la Minera nombre reservado paralelo a la ruta B-400 y a una distancia de 7 kms., de la ruta Antofagasta-Mejillones, en la comuna de Antofagasta.

Para desarrollar este proyecto la recurrida ha estado conduciendo diversos procesos de licitación para la selección de contratistas y proveedores que hayan de ejecutar diversas obras y suministros para la construcción de la Planta.

Conforme a lo anterior y según consta de Contrato suscrito mediante instrumento privado en la 2a Notaría de Santiago de don nombre reservado de fecha 09 de febrero de 2018, CL17-002, denominado Contrato de Obras Civiles, Edificación y Montaje Proyecto “Planta Navio II”, la recurrente se adjudicó la ejecución de Edificación y Montaje Mecánico. Eléctrico e Instrumentación del Proyecto “Navío II”. La ejecución de dicho contrato se practicó en las dependencias que para tal efecto mantiene la recurrida en la ruta Antofagasta-Mejillones.

Indica que la Vigencia del contrato, según la cláusula Sexta, punto 6.1 del mismo, se mantendrá vigente hasta que la recurrente cumpliera la última prestación a su cargo, la recurrida otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago correspondiente.

Por su parte según la cláusula Vigésimo Primera, cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución del contrato o cualquier otro motivo será sometido a arbitraje, conforme al Reglamento procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile, vigente al momento de solicitarlo. El arbitraje tendrá sede en la ciudad de Santiago de Chile.

Asimismo, la misma cláusula, en su inciso segundo, refiere que las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago de Chile para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro único en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile, quedando este especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

Alega que actualmente la recurrente y recurrida se encuentran enfrascados en un conflicto en cuanto a la ejecución del contrato referido, situación que deberá ser sometido a jurisdicción Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile, el cual deberá resolver el asunto en definitiva.

Afirma el recurrente, que el día jueves 25 de Octubre del presente año, mediante un procedimiento en el cual un grupo de guardias privados de la recurrida, hicieron ingreso, sin autorización a las faenas donde la recurrente ejecuta las labores para el cumplimiento del contrato y donde además se encuentran en su interior maquinarias, vehículos, herramientas y diversas especies en general de propiedad de la recurrente. Los guardias antes referidos con una actitud violenta y totalmente ilegítima procedieron a ingresar mediante la fuerza (en las cosas) al interior de la faena, invadiendo a la obra, cortando cadenas, violentando accesos e impidiendo asimismo el ingreso de personal de la propia empresa de la recurrente al interior del recinto, despojando con ese hecho la legítima posesión que mantenía hasta entonces de dicho predio, e impidiendo o imposibilitando cualquier actividad propias de actos de la legítima posesión que hasta ese día la recurrente mantenía respecto de dicho recinto y dicho sea de paso, también impidiendo cualquier acto propio de los atributos de dominio (posesión, uso y goce), respecto de las especies de propiedad de la recurrente que se encuentran en su interior y que están directamente conectados o relacionados con la ejecución del contrato ya referido.

Estima que la actuación del recurrido, es abiertamente ilegal y arbitraria e infringe en forma directa lo establecido en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de La República.

Solicita se ordene a la recurrida, que respete las cláusulas contractuales a que se obligó mediante la suscripción del ya referido contrato y se abstenga de cualquier perturbación de la posesión y/o el dominio de los bienes que la recurrente se encuentra poseyendo o son de su legítimo dominio o las que U.S. ILTMA., juzgue necesarias, en justicia y equidad, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Rodrigo Marín Eterovic, en representación de Exsa Chile SPA (en adelante, “EXSA”), solicita el rechazo del presente recurso.

Alega la incompetencia absoluta, en razón de la materia y de existir una clausula compromisoria.

Expone que la recurrente reclama en contra de los efectos propios de la terminación del Contrato, decretada por EXSA, en ejecución de los derechos que a su representada le otorga la cláusula vigésima del Contrato, frente a los incumplimientos graves de Constructora nombre reservado a sus obligaciones principales y, en particular, debido a la decisión unilateral de la recurrente de paralizar a sus trabajadores por más de cinco días hábiles consecutivos, circunstancia que a la luz del Contrato constituye un abandono de los obras conforme al literal h) de la sección 20.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

Manifiesta que una pretensión como la realizada por el recurrente es propia de una acción declarativa de incumplimiento contractual, pero jamás de un recurso de protección. En efecto, tratándose de un asunto absolutamente controvertido —EXSA está plenamente facultada para decretar el término unilateral del Contrato, especialmente considerando los incumplimientos flagrantes de Constructora nombre reservado—, la recurrente no puede ejercer una acción que presupone un derecho indubitado.

Plantea que los derechos que se estiman conculcados no emanan del supuesto “acto arbitrario e ilegal”, sino que de un pretendido incumplimiento contractual, de modo tal que la controversia de autos es, en realidad, si existieron incumplimientos y si resultaba contractualmente procedente que EXSA termine unilateralmente el Contrato, frente a los correlativos incumplimientos graves y reiterados el Constructora nombre reservado. El debate que se expone demuestra por sí mismo la improcedencia de la acción de protección deducida.

De esta manera, si lo que reclama el recurrente es que el Contrato fue inválidamente terminado (y por lo tanto, la prohibición de ingreso a la faena es injusta), Constructora nombre reservado debió recurrir a un juicio de lato conocimiento para que se determine si los derechos que se reclamarán son efectivos.

Agrega que de acuerdo al artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”. Si bien de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política, las Cortes de Apelaciones tienen competencia para conocer en primera instancia de los recursos de protección, lo cierto es que carecen de competencia cuando lo que se pretende es una decisión propia de un proceso de lato conocimiento, que debe ser conocido por un juzgado de letras o, en este caso, por un juez árbitro.

Conforme a dicha disposición ha procedido esta parte, quién presentó con fecha 30 de noviembre de 2018 una Solicitud de Arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, exponiendo en relación al objeto del arbitraje que será la “controversia surgida bajo el contrato de obras civiles, edificación y montaje electromecánico a suma alzada No. CL17-002 para el Proyecto Planta Navío II, celebrado entre Constructora SpA y ExsaChile SpA el 9 de febrero de 2018, debido a los graves y reiterados incumplimientos de Constructora nombre reservado SpA.”

En definitiva, en este caso, el negocio que ha sido sometido al conocimiento de S.S. Iltma. no dice relación con la amenaza o perturbación de una garantía constitucional, sino con una pretensión de carácter declarativa que dice relación con la válida o inválida terminación unilateral del Contrato.

Indica que la cláusula Vigésimo Primera del Contrato es una cláusula compromisoria, mediante la cual las sociedades contratantes acordaron sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria todo cuanto diga relación con el Contrato, y entregando su conocimiento a la justicia arbitral. Esta circunstancia constituye una razón adicional por la cual esta Iltma. Corte de Apelaciones es incompetente para conocer de la pretensión del recurrente. La materia, de acuerdo al recurso de protección deducido y aunque la contraria intente disfrazar su pretensión, dice relación explícita con aplicación, interpretación, duración del Contrato —o en subsidio, con “cualquier otro motivo”—, lo que de acuerdo a la expresa voluntad de las partes debe ser conocido por un Juez Árbitro designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Arguye que la presentación del recurso no constituye la vía idónea para que la recurrente reclame la protección de las garantías fundamentales supuestamente conculcadas por el incumplimiento de un contrato.

El recurrente ha planteado en su recurso una cuestión de fondo, que requiere un juicio de lato conocimiento para ser conocida y resuelta, lo que se manifiesta con claridad al revisar los derechos que dice le han sido conculcados y el fundamento de esa supuesta afectación. Así, al revisar su recurso de protección, se constata que en todos los párrafos la recurrente hace referencia a la relación contractual que mantuvo con mi representada, a los términos del Contrato, e incluso en su parte petitoria solicita que se ordene a la recurrida que “respete las cláusulas contractuales a que se obligó mediante la suscripción de ya referido contrato y se abstenga de cualquier perturbación de la posesión y/o el dominio de los bienes que la recurrente se encuentra poseyendo o son de su legítimo dominio”. Que se ordene a una parte a respetar las cláusulas contractuales, no es otra cosa que una petición de cumplimiento forzado del contrato.

Refiere que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de Exsa que autorice la acción constitucional interpuesta, pues se ha limitado a ejercer sus derechos contractuales. En subsidio de lo expuesto anteriormente, el recurso de protección debe ser de todos modos rechazado, pues EXSA no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, sino que ha ejercido los derechos contractuales emanados del Contrato.

Aduce que de acuerdo a las clausulas del contrato, EXSA podía poner término anticipado, ipso-facto y de pleno derecho al Contrato, cuando Constructora nombre reservado incurriera en un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones principales que contempla el Contrato, tal como si abandonare las obras por más de cinco días consecutivos, entre otras causales. De verificarse un caso de estas características se acordó que el Contrato terminaría sin necesidad de trámite o procedimiento judicial, administrativo o arbitral de ninguna especie, salvo el envío de una carta certificada a Constructora nombre reservado.

Señala que en septiembre pasado Constructora nombre reservado abandonó las obras, al paralizar a sus trabajadores por más de cinco días hábiles consecutivos, su representada, mediante carta certificada fechada el 26 de septiembre de 2018, notificó a Constructora nombre reservado el término del Contrato.

En consecuencia, su representada no sólo obró conforme a lo estipulado, sino que fue más allá, ya que otorgó un plazo razonable para retirar cualquier especie y maquinaria de propiedad de Constructora nombre reservado, y permitiendo a Constructora nombre reservado la mantención de un “nochero” que se ocupara del resguardo de aquellos bienes muebles que, a pesar de las insistencias de nuestra parte, aún no han sido retiradas de la faena.

Incluso, recientemente, con fecha 30 de noviembre de 2018, EXSA ha insistido nuevamente a Constructora nombre reservado a que retire del sitio del proyecto todos los bienes y existencia de su propiedad, a más tardar el día 6 de diciembre de 2018, indicándose que de no cumplirse con el señalado retiro, dichos bienes dejarán de ser custodiados y protegidos por EXSA, entre otras cosas. El envío de esta comunicación es del todo razonable, y evidencia que EXSA se ha regido permanentemente por lo acordado en el Contrato, y que ha puesto siempre y en todo momento los bienes muebles de la recurrente a su entera disposición.

Reitera que el término unilateral se ajustó plenamente a lo acordado en el Contrato, máxime cuando en éste no se exigía declaración, trámite ni procedimiento judicial, administrativo o arbitral previo.

De lo expuesto, debe concluirse que el recurso de autos debe ser desestimado, pues, en la especie, no sólo no ha habido acto u omisión ilegal o arbitraria sino que, por el contrario, su representada actúo apegada estrictamente a la legalidad vigente, sin abuso y dentro del marco jurídico aplicable.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, procede pronunciarse primeramente por las excepciones de incompetencia absoluta deducidas por el recurrente. La primera, fundada en la materia, en cuanto se trataría de una acción declarativa de incumplimiento contractual. La segunda, en cuanto existe entre las partes cláusula compromisoria.

Ninguno de dichos argumentos puede acogerse desde la perspectiva de la incompetencia, por cuanto, como se razonará seguidamente, el presente recurso está llamado a impetrar aquellas medidas urgentes, tendientes a salvaguardar derechos y garantías constitucionales, frente a amenazas o afectaciones, potenciales o futuras y a no resolver directamente un litigio contractual entre las partes. La razón esgrimida como de incompetencia absoluta en cuanto a la materia, debe razonarse al tenor, por consiguiente, de los requisitos para que acoger el recurso, es decir, si puede este tribunal irrumpir en el espacio de un pacto contractual a propósito de un recurso de protección y cuál sería ese espacio. Si resulta del análisis que la vía de protección no es la herramienta adecuada, deberá ser rechazada, pero no importa el conocimiento previo por este tribunal.

Por razones análogas deberá desecharse el segundo argumento de incompetencia, porque la vía constitucional permite accionar para salvaguardar los derechos afectados, sin perjuicio de otras acciones de fondo que pudieran corresponder.

Por consiguiente, procede analizar, en definitiva, si el presente recurso puede prosperar a la luz de los requisitos de fondo exigidos.

QUINTO: Que para que pueda acogerse la acción constitucional impetrada, deben reunirse los siguientes requisitos: a) una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) una conexión de dicha conducta con los derechos y/o garantías amparados por la acción constitucional que se hayan visto amenazados, menoscabados o dañados; c) que la medidas que deban adoptarse para restaurar el imperio del Derecho por esta Corte, no sean desproporcionadas, ni ajenas a las finalidades de garantía del recurso, debiendo ser, además, oportunas.

SEXTO: Que en lo que atañe a la acción u omisi, ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽que tañe a la acci ademrcionadas, ni ajenas a las fianlidades del recurso tramos requiere que la conducta sea ilegal oón, resulta evidente que la recurrida, en contra de quien se ha deducido el presente recurso ha realizado una acción, consistente en la terminación unilateral del contrato celebrado con el recurrente, debiendo precisarse por esta Corte si dicho acto puede tener el carPTIMO: ﷽﷽﷽legal o arbitrario.entista, debiendo precdisarse por esta Corte si dicho acto puede tener el car conducta sea ilegal oácter de ilegal o arbitrario.

SÉPTIMO: Que en relación con la ilegalidad, ésta equivale al neologismo, traducido por primera vez al español por Jiménez de Asúa, antijuridicidad (Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho penal, t. III: El Delito, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 5ª edición, p. 956).

No obstante, cabe precisar el alcance de la expresión ilegalidad para el recurso de protección y si ésta puede ser o no, entendida como antijuridicidad. Como afirma nombre reservado, en el concepto de antijuridicidad se pueden encontrar las siguientes acepciones: a) una concepción objetiva centrada en el desvalor del resultado en sentido propio: la antijuridicidad consistiría en la violación de una norma jurídica primaria que protege el bien jurídico o derecho subjetivo lesionado; b) otra, centrada en el desvalor del resultado en sentido impropio: existencia de un deber jurídico absoluto de alterum non laedre: la antijuridicidad resulta mera causación del daño, a menos que concurra una causa de justificación; c) una tercera, que partiría de la conducta en sí: la conducta sería antijurídica por ser dolosa o negligente (Sánchez-Friera González, María, La responsabilidad civil del empresario por deterioro del medio ambiente, Editorial Bosch, 1994, pp. 211-212).

A juicio de esta Corte, resulta patente que la antijuridicidad exigida en el caso del recurso de protección es aquella que se denomina formal y no material, es decir, aquella en que la conducta se opone directamente en contra de una norma positiva y no infringe de modo general los valores del ordenamiento. Así lo ha declarado expresamente nuestra Excma. Corte Suprema, en la sentencia de 5 de julio de 1996, en la que declaró que el recurso de protección persigue proteger los derechos taxativamente mencionados en el texto constitucional, frente a actos ilegales, es decir, contrarios al texto legal, y no frente a actos contrarios al ordenamiento jurídico en su totalidad (Rol 34024, citado por Zuñiga Urbina, Francisco, “Control judicial de los actos políticos. Recurso de protección ante las “cuestiones políticas”, Ius et Praxis 14 Nº 2 (2008), pp. 283-284).

OCTAVO: Que, para analizar la ilegalidad del acto, se debe razonar en relación con los incumplimientos contractuales alegados en estrados y, de otro lado, el ejercicio de una facultad contractual, asociada al incumplimiento de un deudor. En este sentido, parece evidente que no todo ejercicio de una facultad otorgada por el contrato, en la medida que se apegue a éste afectaría las garantías constitucionales en cuestión. Así, a vía ejemplar, una compañía eléctrica que cesa temporalmente en la distribución de la energía necesaria, se constituiría de inmediato en sujeto pasivo de la acción cautelar constitucional.

Siguiendo a Rioseco, el recurso de protección, como regla general, no puede ser empleado para resolver aquellos conflictos en el que alguna de las partes considere incumplida alguna obligación derivada de contrato, salvo en aquellos casos en los que, de no mediar el recurso, no estaría preservado el derecho de dominio (Rioseco Enríquez, Emilio, El Derecho civil y la Constitución ante la jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 139). En este sentido, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por sentencia de 19 de marzo de 2007, frente a un problema de incumplimiento contractual, resolvió: “La vía escogida por el actor no resulta procedente para resolver el conflicto planteado –incumplimiento de contrato de arrendamiento de mediagua- por lo que el mismo debe ser resuelto mediando una acción extraordinaria. Se rechaza pues, el recurso de protección interpuesto, por improcedente”. (Publicado en Microjuris: MJJ15914, rol N° 34-07).

NOVENO: Que, desde esta perspectiva, acorde lo planteado en el recurso, existe una discusión contractual relativa a las condiciones del contrato y el incumplimiento de una de sus obligaciones principales. Todas dichas conductas, sin embargo, no pueden discutirse por la vía del recurso de protección, por cuanto, como se ha razonado supra, son cuestiones ajenas al recurso, por las razones que se señalarán. En efecto, en principio, este Tribunal no puede ser llevado mediante el uso impropio de arbitrio constitucional a intervenir en un conflicto entre partes relativo a la inejecución de una obligación contractual. Por otro lado, no puede obtenerse una declaración de protección, por mucho que haya habido daños, de una declaración de arbitrariedad, además, de actos pretéritos y agotados indefectiblemente.

Como sea que el recurso de protección no tiene por finalidad la declarar certeza de derechos o meras declaraciones de ilegalidad o arbitrariedad, menos aún tiene por objeto sancionar conductas, tratándose de los hechos concretos ya acaecidos. En este sentido, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 12 de junio de 2003, confirmado por la sentencia de la Corte Suprema de 22 de julio de 2003, se declaró: “SEXTO: Que por todo lo expuesto precedentemente y teniendo además presente que el recurso de protección que regula el artículo 20 de la Carta Fundamental tiene por fin restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, éste sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha carta establece y estimando éstos sentenciadores que no existe, en el caso de autos, un derecho inminente, cierto, indubitado e indiscutible amagado, ni se ha verificado un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida; careciendo además de oportunidad el presente recurso ya que no habiéndose verificado un acto cierto que constituya una amenaza o vulneración a alguna garantía constitucional, no existe posibilidad de que se adopte medidas para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección a los afectados, por lo que no cabe sino desechar el recurso de protección deducido en estos autos”. (Microjuris, MJJ8702, Cadagán Azocar, Porfirio y otros con Empresa Eléctrica Aysen”, rol 2483-03. En la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 31 de diciembre de 2009, Microjuris, MJJ22782, nombre reservado con Banco Santander, se rechazó el recurso cuando la recurrente pretendía la protección frente a amenazas virtuales).

NOVENO: Que tampoco hay antecedentes, salvo los dichos del recurrente, para estimar que el recurrido hubiese, efectivamente, ingresado por la fuerza y hubiese provocado sobre los bienes del demandado vías de hecho o que le hubiese privado del dominio de tales bienes, cuestión controvertida en autos por lo demás.

DÉCIMO: Que, finalmente, no se advierte de qué modo pudieran haberse afectado los derechos constitucionales reclamados. En cuanto al artículo 19 Nº 16, lleva razón el recurrido cuando advierte que el presente recurso no tiene relación alguna con la libertad de trabajo de los empleados del recurrente.

En lo que se refiere al derecho de propiedad, es cierto que el artículo 19 Nº 24 consagra, de manera amplia, el derecho de propiedad sobre todas las clases de cosas corporales e incorporales. Y, aunque pueda admitirse, desde esta perspectiva amplia, la propiedad sobre otros derechos, el recurrente debe necesariamente indicar necesariamente cuál es el derecho afectado, cosa que no se ha hecho o de que manera precisa, el dominio sobre sus bienes han sido afectados, cuestión respecto de la que, como se ha referido supra, no constan antecedentes suficientes en autos.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Ortíz De Zárate Cerda en representación de Constructora nombre reservado SPA en contra de Exsa Chile SPA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2993-2018 (PROT)

Redactó el abogado integrante Sr. Cristian Aedo Barrena.

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