nombre reservado con GOBERNACION PROVINCIAL EL LOA

Antofagasta, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, por sí y en representación de sus hijos menores de edad nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por sí y en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, deduciendo recurso de protección de las garantías constitucionales del artículo 19 Nos 1, 2, 3, 3 y 24 de la Constitución Política de la República en contra de la Gobernación Provincial de El Loa, Calama.

Informó la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Decretadas medidas para mejor resolver, se agregó el Ordinario N° 275 de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama, donde se indica que no participó ni emitió opinión en la Resolución Exenta N° 787 de la Gobernación Provincial del Loa. Asimismo, se agregó Ordinario N° 5902-2017 del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, en donde justifica la solicitud de desalojo, lo fundamenta y afirma que la segunda postulación fue rechazada, pero que aún no se notifica a la parte, por lo que a su juicio nada impide el desalojo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en que la recurrida dictó la Resolución Exenta N°787 de fecha 20 de octubre de 2016, la que fue entregada el 17 de octubre de 2017 en su domicilio ubicado en domicilio reservado, oportunidad en la cual tomaron conocimiento íntegro de la misma, y que se ordena el desalojo del terreno donde han habitado por más de veinte años.

Refiere que la familia nombre reservado perteneciente al pueblo Atacameño y específicamente a la comunidad de Solcor, originario del Ayllu de Solcor, lugar en el que han habitado desde hace más de veinte años en el inmueble contiguo a la casa habitación y terrenos cultivables de su madre, doña nombre reservado, el que era utilizado por su familia para corrales de animales, de acuerdo a los usos y costumbres de su comunidad y familia.

Señala que iniciaron gestiones para obtener servicios básicos para instalar agua potable, alcantarillado y electricidad, realizando desde la Municipalidad de San Pedro de Atacama las gestiones para iniciar la regularización del terreno, la que es presentada al Ministerio de Bienes Nacionales en el año 2008, de conformidad al artículo 88 del D.L. N° 1.939, no obstante ello, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta con fecha 26 de enero de 2012, rechazó las dos solicitudes presentadas por el grupo familiar, argumentando materias formales.

Indica que se definen como una familia indígena que por generaciones ha vivido en San Pedro de Atacama, desarrollando prácticas tradicionales propias de los sistemas de vida del pueblo atacameño, como lo es la agricultura, uso colectivo del agua, pastoreo, crianza de animales y conocimientos propios de la cosmovisión andina y por ello, hoy en día, tienen el apoyo de la comunidad atacameña de Solcor quienes los han autorizado para habitar en su territorio y así continuar la reproducción de la cultura Lickanantay a sus hijos, comunidad constituida jurídicamente en el año 2004, que es la continuadora legal y moral del grupo humano atacameño.

Menciona que la comunidad de Solcor es de tipo territorial y como tal ha estado trabajando para recopilar los sitios que componen su territorio ocupado ancestral y colectivamente por sus miembros, los que están compuestos por sitios históricos, lugares destinados para el pastoreo, agricultura y sitios de significación cultural. En efecto, el sector donde habitan las recurrentes junto a sus hijos, es parte de dicho territorio, y por lo tanto, la comunidad ha dado su autorización para que habiten en este espacio.

Explica que el 17 de octubre aproximadamente a las 10.00 horas se presentan en su domicilio funcionarios de la Gobernación El Loa, acompañados de Carabineros con el fin de entregar a doña nombre reservado y nombre reservado, la notificación de la Resolución Exenta N° 787, de fecha 20 de octubre de 2016, procediendo a cerrar las viviendas, no siendo posible el ingreso a las mismas.

Señala que en el numeral séptimo de la Resolución N° 787 señala que “7. Dispóngase, que en caso que los ocupantes exhiban al momento de proceder a ejecutar la presente resolución un título aparente de ocupación, mera tenencia del bien, entendiendo a este como el terreno propiamente tal y no las construcciones realizadas en él, Carabineros deberá abstenerse de actuar, remitiendo dicho título a esta repartición pública con la información de la diligencia”, y que al momento de verificarse la diligencia de desalojo, les exhibieron a Carabineros una copia de la postulación que se encuentran tramitando ante el Ministerio de Bienes Nacionales de conformidad al artículo 88 del D.L. N° 1.939. Sin embargo, dicho antecedente no fue considerado por los Carabineros ni por los funcionarios de la Gobernación aun cuando se les informó que constituye un título aparente de ocupación, pues es un derecho que está pendiente de resolver y que el desalojo se encuentra en abierta contradicción con los resultados de dicho procedimiento administrativo, encontrándose actualmente en estado de preparación del caso para el Comité Consultivo del Ministerio de Bienes Nacionales.

Indica que existe una vulneración al artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, atribución de vigilancia de los bienes del Estado que derogó tácitamente aquella relativa a exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado, contenida en el artículo 26 letra f) del D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, referente al Gobernador Departamental y que fuese radicada en el Gobernador Provincial, conforme lo previene el artículo único del D.L. N° 1439, de 1976, pues en mérito de lo previsto en la parte final de esta última disposición, la atribución indicada será ejercida por el Gobernador mientras no se dicten las normas definitivas sobre estas materias, lo cual aconteció́ el 21 de marzo de 1993, mediante la vigencia de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Por otro lado, el D.L. N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en su artículo 19, inciso segundo, previene que: “Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.” Agregando, en su inciso tercero que: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá́ ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, son que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”. De las disposiciones legales reseñadas se desprende, a su juicio que, para efectos de distinguir las atribuciones que le competen al Gobernador para ordenar el desalojo, es necesario diferenciar en forma previa, la naturaleza jurídica del bien del Estado, esto es, si se trata de bien nacional de uso público o bien fiscal, y que según una interpretación literal y estricta de la letra h) del artículo 4 de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la atribución del Gobernador Provincial para efectos de decretar el desalojo dice relación con bienes que posean el carácter de nacional de uso público, y no así de bienes fiscales, en relación al artículo 589 del Código Civil. Por lo anterior, la decisión del Gobernador Provincial del Loa, resulta ser arbitraria e ilegal pues se desprende de la propia Resolución que el inmueble en cuestión, posee la naturaleza jurídica de bien fiscal y no es un bien nacional de uso público, debiendo proceder el recurrido, en cuanto a su restitución, conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y, en consecuencia, el gobernador se encontraba impedido de ejercer la atribución contenida en la letra h), del inciso segundo del artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, más aún cuando, implícitamente se funda en la atribución derogada del artículo 26 letra f) del D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda.

Agrega que el desalojo verificado el 17 de octubre de 2017, se le hizo entrega de una resolución dictada hace casi un año y que ha perdido toda eficacia como acto administrativo compulsivo para legitimar la actuación de la Administración del Estado, y considera que atendido el tiempo transcurrido entre la dictación de la última resolución en el proceso administrativo y la diligencia de desalojo, se ha generado el decaimiento del acto administrativo como consecuencia de la contravención a los principios fundamentales que deben guiar a la administración del Estado y que están consagrados legalmente en el artículo 3º de la Ley N° 19.880, solicitud que fue declarada admisible por parte del SEREMI de Bienes Nacionales. Asimismo se infringe el principio de la inexcusabilidad establecido en el artículo 14 de la Ley sobre procedimientos administrativos, en relación al artículo 27 de la Ley Nº 19.880 que establece un plazo de seis meses para las actuaciones de los órganos administrativos, razón por la cual entiende que la resolución de 20 de octubre de 2016, tiene como efecto jurídico la extinción y pérdida de eficacia del acto administrativo recurrido. Por último, se vulnera el principio de coordinación, al no existir un criterio único sobre la situación de la familia nombre reservado, ya que por una parte se está realizando la tramitación de una nueva postulación ante Ministerio de Bienes Nacionales que puede culminar positivamente y por otro lado se ordena la ejecución del desalojo.

Refiere que los recurrentes están sujetos a un régimen jurídico especial de protección contenidos principalmente en la Ley Nº 19.253 y en el Convenio 169 de la OIT. La Ley Indígena en su artículo 1º inciso cuarto contiene un mandato transversal a los organismos de Estado: “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.” Esta norma de carácter general refiere tanto a comunidades como a familias indígenas como grupos humanos que son diversos culturalmente. Señala que desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena (año 1993) se han ejecutado políticas públicas que buscan proveer de terrenos a familias indígenas que han sido menoscabadas de sus territorios históricos en sus comunidades y por ello enfrentan situaciones de pobreza material. Sin embargo, refiere que no ha sido aplicada en esta región, básicamente debido a que gran parte del territorio indígena hoy se encuentra inscrito a nombre del Fisco y por lo tanto, no existe ninguna política pública específica que se haga cargo de esta necesidad social, respecto a familias indígenas en estado de vulnerabilidad social como lo es el grupo familiar recurrente. En este sentido, cabe señalar que el artículo 3° transitorio de la Ley Indígena, si bien establece un compromiso respecto al saneamiento de tierras indígenas por parte de Ministerio de Bienes Nacionales y CONADI, este ha sido aplicado sólo respecto a algunas comunidades atacameñas a quienes se les ha ido regularizando de manera parcial sus territorios ocupados ancestralmente, lo que no ha ocurrido en el Ayllu de Solcor ni sus familias han sido objeto de dicho reconocimiento, lo que explica el procedimiento de desalojo. Lo anterior no es menor, ya que toda la comuna de San Pedro de Atacama ha sido declarada una Área de Desarrollo Indígena (ADI) denominada Atacama La Grande, declarada mediante Decreto N° 70/1997 del Ministerio de Planificación, y por ende, existe un reconocimiento oficial por parte del Estado de Chile respecto a la preexistencia del territorio Lickanantay y sus habitantes dentro de esta comuna.

A su entender, en el proceso administrativo que culmina con la orden de desalojo recurrida, no se ha respetado el artículo 8º del Convenio 169 de la OIT, que reconoce el pluralismo jurídico dentro de una sociedad diversa étnicamente en la cual coexisten diversos pueblos con sus propias instituciones jurídicas y políticas, distintas a la de la sociedad dominante, estableciendo como única limitación para el ejercicio de estas instituciones el respeto a derechos fundamentales de las personas. En este sentido, las instituciones propias de las comunidades atacameñas o lickanantay son perfectamente compatibles con nuestra normativa interna, específicamente el pueblo se caracteriza por ser esencialmente asambleísta, siendo el principal órgano de deliberación y de toma de decisiones la Asamblea de cada una de las comunidades. Por su parte, sus representantes encarnados en sus dirigentes responden al principio de “mandar obedeciendo” y deben liderar sus comunidades con pleno respeto de sus asambleas. La comunidad de Solcor ha manifestado su voluntad respecto al caso, resolviendo que la ocupación en el Ayllu de Solcor es legítima, no obstante ello, la comunidad no ha sido escuchada ni respetada por la recurrida. Por último, hace valer el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT que contempla un derecho colectivo para los pueblos indígenas, que dispone que:

“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.”

Expone que la orden de desalojo contenida en la Resolución Nº787 de la Gobernación Provincial de El Loa Calama ha privado, perturbado y amenazado los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 6 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

La vulneración traduce en la afectación a la integridad física de los niños y adolescentes que pertenecen a la familia de mujeres indígenas jefas de hogar y el derecho a tener una vivienda adecuada. Menciona que la gravedad de la afectación de la Sra. nombre reservado se ha agudizado ante la resolución judicial del Tribunal de Familia, que en audiencia de fecha 25 de octubre de 2017, le ordenó entregar a sus hijos a los padres de los niños, a menos que ella pueda solucionar su situación habitacional, puesto que se encuentra acampando en casa de un comunero de la comunidad de Solcor que la está auxiliando. Por su parte, doña nombre reservado mantiene la custodia de su hijo menor Ismael, quien es apoyado por sus dos hermanos mayores, pero quien ha manifestado alteraciones en su conducta por la situación que está enfrentando su familia. Citando al efecto la Convención sobre los Derechos del Niño, que hace una referencia particular a los niños indígenas en varias de sus disposiciones. En consecuencia, al ser expulsados los niños nombre reservado del territorio de su comunidad a un lugar incierto, el recurrido les ha negado su derecho a practicar su cultura, desarraigándolos del entorno en el que se han criado, colindante a su abuela y tías, junto a sus vecinos comuneros, mientras que hoy están siendo separados como familia, y especialmente los niños varones nombre reservado, están fuera de la esfera de cuidado de su madre nombre reservado. Los niños al pertenecer a una comunidad indígena ven agravadas las afectaciones que generará en sus vidas este proceso de desalojo, en tanto, junto con ser privados de un hogar están siendo separados de su entorno cultural y social en el que han crecido y desarrollado como parte de una colectividad diferenciada.

Por último, señala que han sido vulneradas directamente por el desalojo, en su calidad de mujeres indígenas jefas de hogar, ya que, han acudido a diversas instancias administrativas sin ser escuchadas en sus peticiones. Los organismos involucrados han vulnerado la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer la cual busca que los Estados garanticen igualdad de trato, a través de la eliminación de discriminación directa e indirecta hacia las mujeres, pues considera que este último tipo de discriminación se ha manifestado en el caso, ya que, existen barreras estructurales de discriminación que han culminado en la aplicación de una medida coercitiva en su contra al pertenecer a un grupo que ha sido históricamente discriminado y postergado en la sociedad chilena: como mujeres de ascendencia indígena.

El mandato del Constituyente respecto a no existan personas ni grupos privilegiados, se refiere a establecer legislación que garantice la equidad, lo cual es compatible con políticas de discriminación positiva que tengan por objetivo la igualdad de personas que históricamente han sido objeto de desigualdades arbitrarias en la sociedad. Es por ello, que el principio de igualdad mandata a tratar bien a los iguales y distinto a los diferentes.

Indica que el acto ilegal del Gobernador Provincial en el cual se insiste en un desalojo en vez de una acción judicial, importa un juzgamiento por un órgano distinto del tribunal que señala la ley para dirimir una controversia, conocido como principio de juez natural. Es por ello que también se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Así las cosas, la actuación unilateral de la Administración, sin interponer las acciones legales que el propio Decreto Ley N° 1939 establece u otras que estimen pertinente, constituye el ejercicio de una potestad que no se encuentra prevista para la situación denunciada en autos, lo que trae como consecuencia que la recurrida se adjudique para sí funciones jurisdiccionales, recurriendo a la auto tutela, la que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, ello sin perjuicio de extralimitarse en la mismas conforme lo previenen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia para una correcta resolución de la materia de fondo que subyace a la resolución arbitraria e ilegal de la administración, corresponde que el caso sub lite sea ventilado a través de un proceso de carácter jurisdiccional que permita a ambas partes sostener sus pretensiones bajo los principios del debido proceso legal.

La Constitución asegura a todas las persona en su artículo 19 N° 6, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Considera que el grupo familiar ha sido menoscabado en esta garantía constitucional al expulsarlos del Ayllu de Solcor donde han desarrollado su vida en comunidad a través de la práctica continua de las tradiciones propias.

Señala que al momento de ser anexado el territorio lickanantay al Estado chileno, los atacameños tenían derechos comunitarios privados preexistentes. Es por ello que recién a partir de 1904, personas y comunidades atacameñas comenzaron a inscribir sus terrenos en el Conservador de Bienes Raíces de El Loa-Calama de conformidad a las normas chilenas. Dado que esta modalidad registral era totalmente ajena a los sistemas de propiedad indígena, -cuyo título era la propia ocupándolos procesos de primera inscripción en los territorios indígenas fueron muy lentos. Por esa razón, el Fisco de Chile en el año 1933 inscribió la superficie total del territorio de la comuna de San Pedro de Atacama. Esta inscripción en mayor cabida se efectúa sin perjuicio del derecho de propiedad que puedan tener otros dueños –como las comunidades y personas atacameñas- pues aunque el título fiscal englobó la superficie total de la comuna, este en ningún caso expropió o extinguió las propiedades preexistentes o “subyacentes” –que no estaban inscritas. Es por ello que la inscripción a mayor cabida basada en el artículo 590 del Código Civil que señala que “Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño”, sólo se refiere a terrenos que no han sido reclamados por personas y comunidades originarias de San Pedro de Atacama.

Del análisis referido, entienden que el título que se hace valer en el acto administrativo recurrido, con el fin de forzar el desalojo, no es legítimo y carece de validez, en tanto, el Estado desconoce que dicha inscripción de propiedad debe reconocer los derechos de propiedad de las familias atacameñas originarias.

A partir de la década de 1960 existe una política pública de incorporar el sistema de propiedad atacameña particular al sistema registral chileno, a través del otorgamiento por transferencia de títulos de dominio gratuitos de acuerdo al D.L. 1.939 de 1977 y el DL 2.695 de regularización de la pequeña propiedad raíz, los que se aplicaron en casi todos los pueblos y ayllus atacameños y como vimos fue uno de los fundamentos a considerar en la Declaratoria del ADI Atacama La Grande en el año 1997.

Finalmente, la problemática que ha generado esta diversidad de ordenamientos jurídicos que coexistieron y coexisten entre el Estado dominante y el pueblo atacameño, específicamente respecto al derecho de propiedad, ha resultado en una serie de normativas que reconocen los derechos a la tierra de las personas indígenas, como lo es la Ley Indígena N°19.253 y el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile en el año 2009 los que reconocen y protegen el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. Por lo anterior, es que como familia indígena sostienen que el desalojo los vulnera en su derecho a la propiedad, fundado en el derecho consuetudinario como familia perteneciente al pueblo atacameño, negándoles dicho reconocimiento al desalojarlos del inmueble que han ocupado por más de veinte años. Solicita decretar las medidas que se estimen necesarias, y en definitiva, dar lugar al recurso ordenando que se restablezca el imperio de derecho, se declare que el acto denunciado es ilegal y arbitrario y que sus efectos en la vida de nuestra familia y especialmente de sus hijos cesen, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó Jaime Siares Campusano, abogado, en representación de nombre reservado, Gobernador Provincial de El Loa, solicitando su rechazo. Indica que el presente recurso es extemporáneo, por cuanto la autoridad administrativa con fecha 14 de abril de 2016, decretó el desalojo administrativo de la propiedad Fiscal, ubicada frente a la parcela 30 Ayllu de Solcor, contenido en el plano N° 98, de la comuna de San Pedro de Atacama, mediante Resolución Exenta N° 216, inmueble ocupado ilegalmente por los recurrentes. Con fecha 20 de abril de 2016, fueron notificadas por Carabineros de Chile de la resolución señalada. Posteriormente, el 20 de octubre de 2016, se reiteró el desalojo administrativo mediante Resolución Exenta N° 787 de igual fecha. El 3 y 5 de noviembre de 2016 fueron notificadas ambas ocupantes de la Resolución Exenta N° 787.

Considera que el plazo para la interposición de la presente acción constitucional se encuentra precluido, puesto que ha transcurrido un año contado desde que las recurrentes fueron notificadas por Carabineros de Chile de la Resolución Exenta N° 787, el 3 y 5 de noviembre de 2016, pretendiendo las recurrentes de contar un nuevo plazo para ejercer la acción, arguyendo que tomaron conocimiento el 17 de octubre pasado.

Cita al efecto la Ley N° 18.575 y la Ley 19.880, señalando que las recurrentes han presentado una acción constitucional extemporánea, careciendo de todo sustento jurídico y fáctico.

Explica que el desalojo se ejecutó de manera voluntaria por parte de las recurrentes, restituyendo el inmueble el 17 de octubre de 2017, de modo que el presente recurso ha perdido oportunidad.

Sostiene que las recurrentes expresan que como consecuencia del actuar se le ha privado del ejercicio del artículo 19 Nos 1, 2, 3, 6 y 24 de la Constitución Política de la República, pero indica que la vida e integridad física y psíquica de las recurrentes estuvo afectada, ya que realizaron el desalojo del inmueble de forma voluntaria y sin mayores incidentes, como da cuenta del informe de Carabineros; señala que no se ha realizado distinción alguna, por lo cual el uso de ella está dentro de la esfera de sus facultades, no dando posibilidad para entenderla como un atentado contra el derecho de igualdad ante la ley. Expone que no existe asunto controvertido en sede judicial que se encuentre vigente, del que se haya tomado conocimiento, y que haya decidido juzgar por esta vía; en cuanto a la libertad de conciencia, no ha conculcado, puesto que la ejecución del desalojo administrativo no fue programado para que coincida con la tradición del 31 de octubre de la cultura indígena; y por último, respecto del derecho de propiedad, señala que las recurrentes no han indicado con calidad el dominio de algún bien que fuera de su propiedad, ni cómo el actuar de la recurrida ha podido lesionar su derecho de propiedad, por lo que señala que no puede vislumbrarse como pudiera haber ocasionado la afectación alegada, tratándose de una restitución de un bien del cual no son propietarias, sin indicar en qué consistió la supuesta vulneración alegada.

Refiere que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es necesario que los recurrentes acrediten la existencia de un derecho actual que esté determinado y que corresponda a uno de aquéllos que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no acreditándose el derecho de propiedad alegado, de modo que estima que no se encuentra ante un derecho que pueda ser amparado por medio de esta acción constitucional.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que habida consideración de lo expuesto por la recurrida, debe la Corte pronunciarse previamente sobre la oportunidad del recurso.

QUINTO: Que para la adecuada resolución de este punto, habrá de tenerse en cuenta que de acuerdo a los documentos acompañados por la recurrida consistentes en la Resolución Exenta N° 787 de fecha 20 de octubre de 2016 de la Gobernación Provincial de El Loa, resolvió requerir administrativamente a las recurrentes y a “todos los ocupantes ilegales y cualquier tercera persona extraña (…) que pudiere estar ocupando indebidamente el inmueble en referencia, esto es la propiedad raíz fiscal ubicada frente a la parcela 30 Ayllu de Solcor, contenido en el plano N° 98, comuna de San Pedro de Atacama (…)”, resolución que fue notificada mediante “Acta de notificación desalojo administrativo”, con fecha 3 de noviembre de 2016, a doña nombre reservado y a doña nombre reservado, el 5 de noviembre del mismo año, contando ambos documentos con la individualización de las recurrentes y con su firma estampada en él.

SEXTO: Que con lo expuesto en el motivo anterior, resulta inconcuso que las recurrentes tomaron conocimiento cierto del acto que cuestiona, el 3 y 5 de noviembre de 2016 con la notificación de la Resolución Exenta N° 787, de 20 de octubre de 2016, esto es, prácticamente un año antes de promover el presente recurso, pero debe entenderse que el acto respecto del cual se reclama y al que lo hacen constitutivo de una privación, perturbación o amenaza, es el desalojo, respecto del cual el recurso se encuentra planteado en tiempo y forma, debiendo en consecuencia rechazarse la extemporaneidad reclamada.

SÉPTIMO: Que en cuanto al fondo, independientemente de la resolución que dispuso la restitución del inmueble y el subsecuente desalojo, lo cierto es que con posterioridad existe un procedimiento de regularización, cuya resolución de rechazo aún se encuentra pendiente de notificación y, además, conforme al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo N° 169, sobre pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por Decreto N° 236 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 10 de octubre de 2008 y publicado el 14 del mismo mes, específicamente su artículo 6° N° 1 letra A y N° 2, con relación al Reglamento sobre el Procedimiento de Consulta Indígena, Decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales, publicado en marzo de 2014, por tratarse de personas que pertenecen a una comunidad indígena, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.253, para adoptar la decisión de la Resolución Exenta N° 787 del 20 de octubre de 2016, como también proceder al desalojo administrativo debió consultarse a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien de acuerdo a la ley es el organismo encargado de promover, coordinar o ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, procedimiento que se prescindió y que hace patente la ilegalidad del organismo estatal, a propósito de lo cual se causó la privación del derecho de propiedad, debiendo en consecuencia acogerse el recurso por este aspecto.

OCTAVO: Que además debe entenderse que la consulta al pueblo nativo y el tratamiento especial que ellos requieren, no se consideró y menos aún respecto de un acto cuyo cumplimiento tuvo una extensión en el tiempo que le hace perder la fuerza necesaria para demostrar que se estaba actuando dentro de la ley, de manera que desconociéndose tratados internacionales suscritos por Chile, como asimismo la particular situación de los recurrentes que pertenecen a la etnia indígena o nativa que tienen un cuerpo normativo específico, como es la Ley N° 19.253, en cuanto a su derecho ancestral a las tierras por el solo hecho de ser descendientes de nativos, la resolución se torna arbitraria e ilegal y, por lo mismo, no cabe sino, como se viene sosteniendo, acoger el recurso, dejando sin efecto dicha resolución, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y dar la debida garantía a los afectados.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el interpuesto a favor de nombre reservado por sí, y en representación de sus hijos menores de edad, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; y además nombre reservado, por sí y en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, en contra de la Gobernación Provincial de El Loa, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 787 de fecha 20 de octubre de 2016, debiendo restituirse el terreno mencionado en la resolución que se deja sin efecto, respecto de los recurrentes, quienes mantienen el derecho de ocupación mientras no se resuelva administrativamente la situación mediante un procedimiento que respete los derechos del pueblo indígena con la respectiva consulta exigida en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su Reglamento Decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales de fecha 15 de noviembre de 2013, publicado en marzo del año 2014.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2992-2017 (PROT)

Redacción del Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. nombre reservado y el Fiscal Judicial Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza el Secretario Titular Sr. Andrés Santelices Jorquera.

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