Protección contra Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones

Antofagasta, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado

nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado y de su hijo nombre reservado, domiciliados en la comuna de Calama, quienes interponen acción de protección de garantías constitucionales, en contra del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la dictación de las resoluciones de fechas 23 y 27 de enero de 2026, en causa RIT O-124-2025, que denegaron la solicitud de fijar una audiencia de cautela de garantías y adelantar la revisión la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa sobre la imputada, vulnerando con ello las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, Nº2, N°3 y N°9 de la Constitución Política de la República; solicitando a esta Corte de Apelaciones adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, autorizando a la actora a viajar a la Región Metropolitana para acompañar a su hijo a sus atenciones de salud, o en subsidio, ordenando al tribunal recurrido que decrete de manera urgente una audiencia de cautela de garantías, con expresa condena en costas.

Informó al tenor del recurso doña nombre reservado, jueza presidenta del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción indicando que su representada, doña nombre reservado, se encuentra sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total, contemplada en el artículo 155 letra a) del Código Procesal 1 Penal, desde el mes de noviembre de 2025, en el marco de la causa RIT O-124-2025 seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, en la cual el Ministerio Público investiga su presunta participación en diversos ilícitos.

Señala que la actora es madre y cuidadora legal de su hijo y también recurrente, el adolescente nombre reservado, de 17 años de edad, quien padece una serie de complicaciones médicas de extrema gravedad. Detalla extensamente que el menor presenta una discapacidad calificada como severa en un 67,5%, de carácter principalmente mental intelectual y secundaria sensorial auditiva, acompañada de movilidad reducida. A lo anterior se suma el diagnóstico del síndrome de Leopard Noona Like, patología compleja que le provoca hipoacusia bilateral, micropene, epilepsia, pie plano, hiperlaxitud, síndrome de Madelun en sus manos y una severa deformación de su caja torácica detectada a los 5 años, condición que le exige recibir inyecciones de testosterona de manera permanente. Agrega que el adolescente es paciente histórico de la Fundación Teletón, donde requiere asistencia tres veces por semana para someterse a terapias de kinesiología, fonoaudiología, fisiatría y sesiones en piscina; tratamientos que en la actualidad se han visto gravemente interrumpidos debido a la imposibilidad de traslado de su madre, única persona a cargo de sus cuidados diarios.

Expone que la urgencia imperiosa que motiva la presente acción constitucional radica en que el menor requiere trasladarse a la ciudad de Santiago para asistir a una atención médica de especialidad impostergable, agendada para el día 17 de febrero de 2026 en la Clínica Alemana con la otorrinolaringóloga doctora nombre reservado, para posteriormente ser ingresado y someterse a una intervención quirúrgica en el 2 Hospital Calvo Mackenna. Enfatiza que, dada la condición de extrema dependencia del adolescente, resulta indispensable e irremplazable que viaje a la Región Metropolitana en compañía exclusiva de su madre cuidadora, toda vez que ella es quien mantiene el apego y conocimiento absoluto de sus necesidades, y es la única habilitada legalmente para prestar el consentimiento informado requerido para la cirugía y realizar las coordinaciones intrahospitalarias pertinentes.

Refiere que, ante este delicado escenario médico, la defensa solicitó a la judicatura recurrida la fijación en fecha próxima de una audiencia de cautela de garantías, con el único fin de exponer pormenorizadamente estos antecedentes de salud y adoptar las medidas necesarias que permitieran el traslado, siendo rechazada de plano mediante resolución de fecha 23 de enero de 2026, argumentando escuetamente el tribunal que la imputada no se encontraba sujeta a la medida de prisión preventiva y que no se habían acreditado circunstancias excepcionales que justificaran alterar la agenda judicial ni modificar el régimen cautelar vigente.

Frente a esta negativa, se dedujo un recurso de reposición reiterando la gravedad y urgencia del estado de salud del adolescente y solicitando, en subsidio, que se adelantara para estos precisos fines la audiencia de revisión de medidas cautelares que ya se encontraba programada para el 12 de marzo de 2026. Acusa que dicha solicitud fue igualmente rechazada mediante resolución de 27 de enero de 2026, oportunidad en la que el tribunal mantuvo su decisión bajo la mera excusa administrativa de mantener una “agenda restringida”, pronunciándose de manera incongruente sobre la falta de presupuestos para un sobreseimiento definitivo, materia que la defensa jamás había solicitado ni argumentado. 3 En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos, el recurrente sostiene que el accionar del tribunal desconoce abiertamente la legislación nacional e internacional protectora de la familia. Arguye que se transgrede la Ley Nº21.645 sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que resguarda expresamente a las madres cuidadoras de personas con dependencia severa.

Asimismo, acusa la inobservancia de los estándares internacionales fijados en las Reglas de Bangkok de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente sus reglas 58 y 61, que imponen a los tribunales el deber inexcusable de considerar las responsabilidades de cuidado de las mujeres imputadas y priorizar la evaluación de medidas alternativas a la privación de libertad, aplicando una perspectiva de sensibilidad de género.

Asevera que este proceder judicial vulnera diversas garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En primer término, denuncia la conculcación del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (Nº1), al generar en la madre un severo menoscabo emocional, ansiedad y pérdida de paz interior por verse impedida de desarrollar sus obligaciones de cuidado, amenazando colateral y directamente la integridad física de su hijo al imposibilitarle el acceso vital a sus terapias de rehabilitación y a la cirugía programada. En segundo lugar, acusa la vulneración de la igualdad ante la ley (Nº2) y del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y debido proceso, fundado en la presunción de inocencia (N°3), toda vez que el tribunal, al negarse arbitrariamente a oír a la defensa en una audiencia bajo el pretexto burocrático de no alterar su agenda, brinda un trato discriminatorio a la imputada, privándola de la bilateralidad 4 de la audiencia, consolidando como inamovible la versión del ente persecutor y otorgándole de facto un tratamiento punitivo propio de una persona criminalmente condenada, sin juicio previo. Finalmente, reclama la grave vulneración del derecho a la protección de la salud (N°9) respecto del adolescente nombre reservado, cuyos avances terapéuticos y urgencias quirúrgicas dependen en un 100% de la comparecencia de su madre, derecho que hoy se encuentra materialmente coartado por la negativa del tribunal a permitir el desplazamiento hacia los centros de salud en Santiago.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte que se acoja en todas sus partes la acción constitucional deducida, declarando la conculcación de las garantías precedentemente señaladas, y restableciendo el imperio del derecho mediante la dictación de una orden dirigida al Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones para que autorice a doña nombre reservado, en su indelegable calidad de madre cuidadora, a viajar a la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a fin de acompañar a su hijo en las atenciones de salud y quirúrgicas programadas. En subsidio, para el evento de no accederse a lo principal, solicita que se ordene al tribunal recurrido que decrete de manera urgente e inmediata la celebración de una audiencia de cautela de garantías para exponer formalmente los antecedentes médicos que se ha negado a escuchar bajo el argumento de no alterar su agenda, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó doña nombre reservado, jueza presidenta del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, exponiendo que es efectivo que la causa RIT O- 124-2025 corresponde a una investigación de carácter compleja y reservada, en la cual la recurrente, doña nombre reservado, ostenta la calidad de imputada por la presunta comisión de múltiples 5 delitos graves, tales como lavado de dinero, blanqueo de activos, robo con violencia, robo en bienes nacionales de uso público y asociación ilícita.

Explica que, en dicho contexto procesal, con fecha 17 de enero de 2026, la defensa técnica de la recurrente ingresó un escrito solicitando expresamente que se fijara una “audiencia de sobreseimiento definitivo”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 250 del Código Procesal Penal, junto con la “discusión de revisión de medidas cautelares”.

La magistrada hace presente y enfatiza que a dicha presentación original no se adjuntó ningún tipo de documento de respaldo. Frente a tal petición, mediante la resolución de fecha 23 de enero de 2026, el tribunal resolvió no dar lugar a lo solicitado, fundamentando su decisión en que la imputada no se encuentra sujeta a la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva y que no se acreditaron circunstancias excepcionales que, conforme a los artículos 9, 122, 139, 140 y 155 del Código Procesal Penal, justificaran alterar la agenda judicial ni modificar el régimen cautelar vigente.

Sostiene la informante que, con fecha 26 de enero de 2026, la defensa interpuso un recurso de reposición argumentando que se había peticionado con urgencia una cautela de garantías debido a la salud de su hijo, acompañando supuestos antecedentes médicos y certificados de discapacidad, y advirtiendo que el menor requería viajar a la ciudad de Santiago el 17 de febrero para intervenciones quirúrgicas. La defensa alegó que la cautelar resultaba desproporcionada y privaba al niño de su derecho de acceso a la salud, solicitando en subsidio el adelantamiento de la audiencia ya fijada para el 12 de marzo de 2026. Al respecto, el tribunal informante subraya categóricamente que, pese a lo señalado por la defensa en la redacción de su escrito, 6 tampoco se acompañaron los referidos documentos a la solicitud en el sistema.

Argumenta que, en vista de lo anterior, mediante la resolución de fecha 27 de enero de 2026, la sentenciadora rechazó de plano la reposición, argumentando que el tribunal mantiene una agenda restringida atendida la tramitación simultánea de causas penales complejas. Añade que la investigación se encuentra en una etapa inicial bajo la dirección exclusiva del Ministerio Público y que la imputada mantiene dicha calidad sin encontrarse sobreseída, no advirtiéndose motivo suficiente conforme al artículo 362 del Código Procesal Penal para alterar lo resuelto. Reitera que no concurrían presupuestos que permitieran examinar hipótesis de término anticipado (sobreseimiento definitivo) tal como erráticamente lo había solicitado la defensa en su primer escrito.

Concluye afirmando que el tribunal actuó con estricto apego a derecho, resolviendo de manera coherente con las peticiones concretas formuladas y desestimando la alteración de la agenda judicial al no acreditarse documentadamente los antecedentes excepcionales. Finaliza destacando que su actuar no constituye una privación arbitraria, toda vez que ya se encuentra debidamente agendada una audiencia de revisión de medidas cautelares para el día 12 de marzo de 2026, instancia ordinaria en la que se revisará la situación de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 7 disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, circunscrito el conflicto a los términos expuestos por las partes y del mérito de los antecedentes acompañados, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte estriba en determinar si la decisión del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, contenida en las resoluciones de fechas 23 y 27 de enero de 2026 dictadas en la causa RIT O-124-2025, constituye un acto arbitrario o ilegal que amenace o perturbe las garantías constitucionales invocadas.

La primera de ellas en cuanto no dio lugar a la petición de la recurrente de que se fijara en fecha próxima una audiencia de cautela de garantías, a propósito de discutir la posibilidad que dicha judicatura autoriza a la imputada a viajar a la ciudad de Santiago acompañando a su hijo menor de edad para la realización de un procedimiento médico. 8 La segunda resolución que por esta vía se impugna guarda relación con la resolución de fecha 27 de enero del año en curso que no dio lugar a la reposición presentada por la defensa respecto a la decisión relacionada con precedencia, ni a la petición subsidiaria de adelantar la audiencia de revisión de medidas cautelares programada para el 12 de marzo del presente año.

SEXTO: Que, a propósito de la decisión del asunto, se ha de establecer a priori, un aspecto que la acción constitucional deducida, como las presentaciones deducidas por la defensa ante la jueza cautelar cuya decisión da origen a estos antecedentes, omiten, esto es, hacer referencia a lo que el recurrente entiende por “amparo de garantía” en los términos del artículo 10 del Código Procesal Penal.

En efecto, los actores dan como un asunto no controvertido, si la naturaleza de la petición que se formula puede ser considerada una de aquellas materias que se encuentran en la hipótesis de la regla en referencia.

Valga expresar desde ya que se ha de tener presente que el Código Procesal Penal contempla diversas instituciones que tiene por finalidad servir como verdaderos mecanismos de protección de garantías, entre ellas, se encuentra la cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal. Esta tiene por objetivo garantizar que la persona imputada pueda ejercer ciertos derechos que les otorgan las garantías judiciales, como el acceso a tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, el derecho a presentar pruebas, a confrontar prueba de cargo, a entrevistarse libre y privadamente con el defensor, entre otros. Estas garantías judiciales pueden estar consagradas en diversas fuentes normativas, tales como la Constitución Política de la República, en el estatuto procesal mismo, o en los tratados 9 internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

La hipótesis de procedencia de este instituto impone como requisito que el imputado no se encuentra en condiciones de ejercer alguna de sus garantías judiciales, alternativa en que se faculta al juez de garantía para adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de estos derechos.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, se debe determinar a priori, si requerir una autorización para viajar a una ciudad distinta en la que se encuentra cumpliendo la imputada la medida cautelar de arresto domiciliario total, se ajusta a la hipótesis de una cautela de garantías del artículo 10 del procesal.

Se puede advertir a priori, que las decisiones impugnadas, por esta vía, no guardan relación con garantías judiciales que la recurrente se encuentre impedida de ejercer, desde ya, es ella misma quien requiere se fije una audiencia en el marco del artículo 10 del procesal para discutir el permiso que demanda para viajar fuera del lugar en que cumple su medida cautelar con los fines que señala y la segunda decisión incide en no haber adelantado una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Sin perjuicio que las peticiones de la defensa, puedan tener el carácter de un asunto que deba resolver en sede cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal, lo cierto es que en lo que aquí interesa es si dichas decisiones afectan o quebrantan las garantías que anuncia como vulneradas la recurrente, en sus palabras que se trate de decisiones carentes de razonabilidad que privan, amagan o restringen los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso fundado 10 en la presunción de inocencia, y el derecho a la protección de la salud de los recurrentes.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes allegados y del informe evacuado, es posible establecer como hechos pacíficos o no controvertidos los siguientes: 1.- Que, doña nombre reservado es imputada en la causa RIT O-124-2025 del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, encontrándose sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total. 2.- Que, la actora es madre y cuidadora legal del adolescente nombre reservado, quien padece una discapacidad severa del 67,5% y diversas patologías complejas, conforme acredita mediante los antecedentes médicos acompañados al recurso. 3.- Que, mediante resolución del 23 de enero de 2026, el tribunal denegó una solicitud de audiencia de cautela de garantías formulada por la defensa, argumentando que la imputada no está en prisión preventiva y que no se justificaba alterar la agenda judicial. 4.- Que, el 26 de enero de 2026, la defensa repuso de la decisión aludida en el numeral que precede, y en subsidio requirió adelantar la fecha de la audiencia de revisión de medidas cautelares. Esta petición fue rechazada de plano el 27 de enero bajo el argumento de mantener una agenda restringida.

NOVENO: Que, en relación a las garantías supuestamente conculcadas por las decisiones contenidas en las resoluciones respecto de las cuales se acciona, estas deben ser rechazadas conforme a los fundamentos sucesivos.

En primer lugar respecto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, consagrada en el 19 Nº1 de la CPR, toda la argumentación que se entrega por la recurrente dice relación con una persona distinta a la 11 imputada, en rigor a su hijo, y la decisión impugnada reflexiona sobre tópicos vinculados a la agenda del tribunal, a la persona de la imputada, a su condición de encontrarse con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, y por lo demás la autorización para concurrir a un examen fuera de la ciudad donde la imputada cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total, no se ajusta a la hipótesis de que la imputada no se encuentra en condiciones de ejercer alguna de sus garantías judiciales, que es el basamento del requerimiento elevado a decisión por la defensa, como un supuesto de cautela de garantía, sino que obedece a una autorización vinculada al modo de cumplir la medida cautelar que se le ha impuesto, que tiene como fundamento el examen que debe practicarse a su hijo, pero el que se hubiese dado lugar o no a su petición, no atenta en contra de las garantías consagradas en el artículo 19 Nº1 de la carta política respecto de la imputada.

En relación a la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la CPR, en tanto allí se prohíbe la discriminación arbitraria y se establece que no hay grupos privilegiados, es la propia resolución por las razones que entrega la que, al contrario a lo que la actora supone, está precisamente respetando dicha igualdad, porque la misma agenda del tribunal, restringida y acotada no le permite privilegiar o adelantar sobre otras audiencias, suponemos sobre personas que se encuentran sometidas a prisión preventiva, u otros casos previamente agendados, dar lugar a dicho adelantamiento, desde que se trata precisamente de una imputada que se encuentra sometida a una medida cautelar de menor intensidad y cuya petición puede ser resuelta por una vía distinta a la intentada, equiparando de este modo a los 12 justiciables, y respetando de tal modo a la garantía que se asume como vulnerada en este capítulo.

Respecto al Derecho a defensa jurídica y a un debido proceso. En este caso, según sostiene la recurrente, la presunción de inocencia resguardado en este artículo 19 N°3 de la CPR por lo cual se prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal, esto quiere decir que la inocencia se presume, siendo solo posible desvirtuar dicha presunción por medio de un juicio previo, tramitado en conformidad a la ley y en observancia a las garantías que en ella se amparan.

Ninguna de las resoluciones recurridas formula reflexión alguna en torno a la acreditación de la culpabilidad de la imputada en los hechos que se le atribuyen, la negativa a las peticiones formuladas guarda estricta relación con la agenda del tribunal, y a la cautelar determinada a su respecto, que asume como de menor intensidad que la prisión preventiva. Las razones que entrega la actora a fin de justificar la supuesta vulneración de la presunción de inocencia, son las que de regular se proponen en distinta doctrina nacional y extranjera, pero aun cuando pueda compartirse la misma, lo cierto es que ninguna vinculación tiene la presunción de inocencia con no haber dado lugar a los requerimientos de la defensa, ni por cierto a la calidad de imputada que tiene nombre reservado en los hechos que se le atribuyen, ni a la medida cautelar que se ha dispuesto a su respecto, pues conocido es que el estándar para determinar una medida cautelar es menor al de condena, y el análisis que se verifica al establecerla se relaciona con aspectos diferentes a los que se examinan al decidir sobre la condena de la justiciable.

DÉCIMO: Que, finalmente en relación al Derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19 Nº9 de 13 la CPR; el que se vería afectado de manera grave la salud de su representado y recurrente nombre reservado, ya que al depender exclusivamente de su madre cuidadora para poder realizar los tratamientos de salud necesarios, no se advierte de qué modo, la decisión impugnada se pronuncia respecto a las razones que se tiene para no dar lugar a la petición de la defensa, y los atentados a la salud que se ilustran en el recurso, solo dan cuenta de las consecuencias derivadas de dicha decisión, pero no se trata de un pronunciamiento respecto de una persona sobre la cual el juzgador de garantía tenga competencia alguna, y si bien no se dio lugar a la autorización que demandaba la imputada, ello se encuentra dentro de las opciones o probabilidades de cualquier autorización que siga el curso pertinente respecto de alguien que se encuentra sujeto a una medida cautelar, pero que no guarda relación con el hijo de la encartada.

Con todo, si lo dicho ya es suficiente para rechazar la acción constitucional deducida, del análisis de lo expresamente peticionado en el recurso deducido y de los antecedentes acompañados, se advierte que la presente acción ha perdido oportunidad, desde que, tanto de las solicitudes previas formuladas ante el Juzgado de Garantía como del propio libelo de protección, se colige inequívocamente que la pretensión central de la actora radicaba en obtener autorización o alterar el régimen cautelar para viajar a la ciudad de Santiago el día 17 de febrero de 2026, por las atenciones y razones médicas de urgencia relativas a su hijo.

De esta forma, a la fecha de la dictación del presente fallo, ha transcurrido en exceso dicho período, por lo que la acción interpuesta ha perdido su objeto y finalidad cautelar urgente, tornando inoficiosa e imposible la adopción 14 de las medidas solicitadas para amparar el derecho reclamado respecto de esa fecha específica.

Se debe añadir a lo dicho, que la situación procesal y cautelar de la recurrente no quedó desprovista de control jurisdiccional, por cuanto se revisaría por el tribunal natural mediante una audiencia ordinaria de revisión de medidas cautelares ya fijada para el día 12 de marzo de 2026, instancia procesal idónea y oportuna en la cual la defensa pudo debatir las modificaciones al régimen vigente que estime pertinentes.

Finalmente, se ha de tener presente que, la naturaleza eminentemente cautelar y de urgencia de la vía constitucional intentada, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de garantías fundamentales, no constituyendo una instancia supletoria de los procedimientos ordinarios ni una vía general de impugnación de las resoluciones judiciales, respecto de las cuales su aplicación es de derecho estricto y carácter excepcionalísimo.

Así las cosas, solo corresponde rechazar la acción constitucional impetrada lo que así será declarado en lo resolutivo de la presente, desde que la decisión del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, contenida en las resoluciones de fechas 23 y 27 de enero de 2026 dictadas en la causa RIT O-124-2025, no constituye un acto arbitrario o ilegal que amenace o perturbe las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre 15 Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección deducido por nombre reservado nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado y de su hijo nombre reservado, en contra de la decisión contenida en las resoluciones de fechas 23 y 27 de enero de 2026 dictadas en la causa RIT O-124-2025 del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, por no constituir estas actos arbitrarios o ilegales que amenacen o perturben las garantías constitucionales invocadas.

Regístrese y comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 299-2026 (Protección)

Redacción del ministro titular señor Jaime Rojas Mundaca.

No firma el ministro titular señor Hernán Cárdenas Sepúlveda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo por encontrarse haciendo uso de feriado legal. 16