SINDICATO DE TRABAJADORES NUMERO 2 con CONSORCIO AEROPORTUARIO DE CALAMA S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA

Antofagasta, a nueve de septiembre de dos mil veinte VISTOS:

La comparecencia de Rodrigo Arismendi Oliden, quien en representación del Sindicato de Trabajadores Número Dos de la División Chuquicamata de Codelco Chile, Centro de Trabajo Chuquicamata, representado por su Presidenta, nombre reservado, Chilena, dirigente sindical; del Sindicato De Trabajadores Número Tres De La división Chuquicamata De Codelco Chile, Centro De Trabajo Chuquicamata, representado por su Presidente, nombre reservado, dirigente sindical y; de la Central De Trabajadores Del Cobre, representada por su Presidente, nombre reservado, dirigente sindical, todos domiciliados en domicilio reservado, de Calama, interpuso recurso de protección en contra del Consorcio Aeroportuario De Calama S.A. Sociedad Concesionaria, representado por nombre reservado; de la Dirección General De Aeronáutica, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; del Ministerio de Defensa Nacional, representado legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y; contra todos aquellos que resulten responsables, por el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, solicitando se les ordene el cierre y suspensión total del funcionamiento del aeropuerto el loa de Calama, así como del flujo Aéreo existente en el mismo, mientras no se levanten las medidas de emergencia sanitarias establecidas a causa del virus denominado Covid-19.

Compareció como tercero independiente nombre reservado, por sí y en representación de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, representados por el abogado Juan Cayo Rivera.

Informaron los recurridos, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos, que atenta contra el derecho a la vida e integridad física y síquica, consagrada en el artículo 19 N°1 y el derecho a la protección de la salud del artículo 19 No 9 de la Constitución Política de los recurrentes y la comunidad, consistente en realizar y autorizar vuelos con violaciones graves a la normativa de salud, promoviendo el aumento de los contagios de Covid-19 en la comuna.

Señaló que como se de público conocimiento, el virus Covid-19 se ha propagado en Calama, foco que se ha agudizado en las áreas mineras, las que restringieron los trabajos a servicios mínimos y solo con trabajadores de la ciudad.

En el aeropuerto de Calama se realizan diez vuelos al día en promedio, sin respetar el distanciamiento social, perjudicando la salud de las personas que trabajan en el aeropuerto y de los habitantes de la comuna, sin que la autoridad a cargo, la Concesionaria, la Dirección General de Aeronáutica ni los militares, controlen o impidan estas graves violaciones a la normativa de salud. Por ello, la única medida efectiva para controlar y evitar que se siga acrecentando la cifra de contagios y muertes en la comuna, es impedir el acceso de nuevos focos de contagio desde fuera de la ciudad, lo cual ocurrirá, suspendiendo el flujo Aéreo desde el aeropuerto de Calama, mientras no se levanten las medidas de emergencia sanitarias establecidas.

Finalizó indicando que los actos son arbitrarios, ya que persiguen una finalidad económica, por sobre la vida y salud de las personas, y son ilegales, ya que contravienen las normas y protocolos sobre protección y cuidado del contagio del coronavirus, al permitir y no impedir que las personas no mantengan distanciamiento social, promoviendo la posibilidad de contagios, creciendo el foco de contagios en la ciudad, enfermándose y falleciendo, personas ajenas a la utilización del servicios de aeropuertos.

En consecuencia, solicitó que se ordene a los recurridos el cierre y suspensión total del funcionamiento del aeropuerto El Loa de Calama, así como del flujo Aéreo existente en el mismo. Ello, mientras no se levanten las medidas de emergencia sanitarias establecidas a causa del virus denominado Covid-19.

SEGUNDO: Que los terceros independientes adhirieron a la acción de protección, fundando su interés en que el transporte aéreo que se realiza en el aeropuerto, llega directamente a San Pedro de Atacama, posibilitando el contagio por Covid–19.

Señaló que, como es de público conocimiento, la influencia del turismo y la minería hacen que el transporte y traslado de personas no cese, y aun cuando existen ciertas restricciones producto de un control sanitario a la entrada de San Pedro de Atacama, este se ve vulnerado al no estar en funciones todo el día, y tampoco opera el control en las siete entradas habilitadas de la comuna, dos de ellas internacionales, por lo que el tránsito de personas es constante y aportado en su mayor cantidad por el referido aeropuerto.

En la comuna de San Pedro de Atacama, se evidencia una tasa de contagiosidad más alta que Antofagasta, si se compara con el número de población, perjudicando la situación de los pueblos originarios, lo que se ve acrecentado por las deficientes condiciones sanitarias existentes en la comuna, que no tiene dispositivos médicos para atender a pacientes de complejidad, debiendo ser derivados a Calama. Además, la única medida sanitaria con la que se cuenta, es una barrera sanitaria.

Realizó un análisis de las dificultades que presentan las comunidades indígenas de San Pedro de Atacama para enfrentar la pandemia, en cuanto a la falta de dispositivo de salud de complejidad, lejanía en los traslados de pacientes hacia el hospital de Calama, mala conexión en materia de comunicaciones, deficiente realización de rondas médicas en los pueblos, falta de trazabilidad en contagios y fiscalización de personas contagiadas y constante tránsito de trabajadores venidos desde y hacia las labores de minería que se desarrollan en la comuna y lugares cercanos a esta. En este sentido, relató el caso particular de la comunidad de Toconao y de Peine, en la que se adoptaron medidas de control de entrada y salida de personas, debido a que la población minera incluso supera la cantidad de habitantes locales, pero por problemas con personas no residentes, se tuvo que levantar la barrera adoptada, y desde el 19 de mayo, existe libre acceso a personas externas, lo que originó contagios en la comunidad, situación que también se vio agravaba por la lejanía de los lugares de atención médica y ausencia de ambulancias.

Por lo expuesto, se vulneran los derechos establecidos en los artículos 2 y 25 N°4 del Convenio 169 OIT, artículos 7.21 y 24.2 de la Declaración De Las nombre reservado, del año 2007, los que se relacionan con los Derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentra el derecho a la salud. Asimismo, se vulneran las garantías contenidas en los N° 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que informó nombre reservado, General de Aviación, Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en representación de esta última, solicitando el rechazo del recurso, fundado en que el servicio ha actuado con apego a la normativa aeronáutica vigente y cumpliendo con las instrucciones de la autoridad sanitaria y del Jefe de la Defensa Nacional de la Región, sin vulnerar garantía constitucional alguna.

En primer lugar, alegó la improcedencia del recurso de protección, atendido a que no es la vía idónea para solicitar la adopción de medidas de políticas públicas, atendida su naturaleza cautelar. Ello, porque las medidas públicas para enfrentar la pandemia solo pueden ser determinadas por la autoridad sanitaria, en ejercicio de su facultades y legales, sin que se pueda obligar – por esta vía – al Poder Ejecutivo a adoptar la medida solicitada por los actores. Además, las medidas a adoptar para la gestión de la emergencia son complejas y múltiples, sin que se pueda adoptar por esta vía una medida especifica como la solicitada, por carecer la judicatura de capacidad y medios técnicos en materia de asignación de recursos públicos y de gestión de políticas estatales, especialmente a través de un proceso cautelar.

En segundo lugar, refirió que la acción de los recurrentes se plantea como una acción popular, ya que no se precisa a las personas respecto de las cuales se presenta la acción, ni su interés directo, lo que es ajeno al recurso de protección, pues se trata de una acción cuyo objeto es la cautela de derechos de personas determinadas.

En tercer lugar, no existiría acción ilegal o arbitraria, ya que las competencias regulatorias y fiscalizadoras de la DGAC están expresamente determinadas en la ley y deben ser ejercidas en el ámbito aeronáutico; careciendo, por lo tanto, de habilitación legal para instruir la medida sanitaria solicitada, por encontrarse fuera de sus atribuciones, de conformidad a la Ley N°16.752 y D.L. N°2.564. No obstante, se han adoptado medidas a nivel nacional, para proteger a los funcionarios y cumplir con las atribuciones legales durante la pandemia, adoptando protocolos de seguridad para los funcionarios que trabajan de forma presencial, protocolos de sospecha de contagio Covid-19, sanitización de edificios institucionales y recintos aeroportuarios y entrega de insumos.

Además, la autoridad sanitaria a adoptado medidas en la materia, como la implementación de aduanas sanitarias en distintos aeródromos y aeropuertos y Comités de operaciones de emergencia locales.

En el caso particular del Aeropuerto El Loa, este es administrado por la sociedad concesionaria CACSA, y es inspeccionado periódicamente por el departamento aeródromo y servicios aeronáuticos de la DGAC. Así, solo se cuenta con facultades para suspender el funcionamiento, según lo dispuesto en el artículo 12 del Código Aeronáutico y el Reglamento de Aeródromos, cuando no se cumplan con las condiciones técnicas aeronáuticas, lo que no acontece en la especie. Adicionalmente, el aeropuerto ha implementado una serie de medidas para enfrentar la pandemia, como control de acceso y barreras sanitarias, limitación del horario de prestación de servicios, separación de horarios entre vuelos, restricción de buses con pasajeros de la minería y control de estos, sanitización de las instalaciones, entre otros.

Hizo presente que no es efectivo que hayan aumentado el número de pasajeros, ya que estos han disminuido considerablemente en relación al año anterior.

En consecuencia, no se han vulnerado garantías de los recurrentes, ya que además, las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria buscan, precisamente, resguardar la integridad física y psíquica y la salud de las personas.

CUARTO: Que informó el abogado Carlos Mera Zirotti, por la recurrida Consorcio Aeroportuario de Calama S.A. Sociedad Concesionaria, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alegó la improcedencia del recurso, ya que lo solicitado excede su ámbito de aplicación, por tratarse de medidas privativas de la autoridad administrativa, particularmente, de la autoridad sanitaria.

Además, contrario a lo señalado por los recurrentes, el cierre del aeropuerto afectaría a la población, ya que se privaría de abastecimiento oportuno de insumos esenciales para la salud y alimentación, y el traslado rápido de pacientes, razón por la cual el funcionamiento de los aeropuertos es considerado por la autoridad como un servicio esencial.

Hizo presente que no es efectivo que el cierre del aeropuerto sea la única medida efectiva para la reducción de los contagios, ya que – además de no haberse acompañado ningún antecedente técnico que sustente dicha afirmación - se observa que en los últimos días se ha producido una disminución de estos en diversas regiones del país, y en ninguna se han cerrado los aeropuertos.

Refirió que no existe omisión ilegal o arbitraria imputable a la sociedad concesionaria, pues en cumplimiento de la normativa sanitaria dictada por la autoridad administrativa, desde marzo del presente, se han adoptado medidas para la protección de los trabajadores y usuarios del aeropuerto. Entre las medidas, se encuentran las siguientes: capacitaciones a los trabajadores, instalación de señalética, limpieza y desinfección de superficies, disposición de alcohol gel, entrega de elementos de protección personal, limitación de atención en restaurantes, habilitación de aduana sanitaria, medición de temperatura, modificación de los horarios de vuelos, control de buses de trabajadores de minería, entre otras.

Las medidas adoptadas, el 23 de junio del presente, fueron fiscalizadas por la SEREMI de Salud de Antofagasta, para verificar su cumplimiento, sin que se iniciara una investigación sumaria, pero si efectuando exigencias sanitarias, entre las que se encuentran indicaciones de zonas a demarcar y trabajar en evitar aglomeraciones. Dichas exigencias se materializaron en la resolución exenta N°1946, de 13 de julio, remitiéndose al día siguiente los antecedentes que acreditan el cumplimiento de las observaciones.

No obstante, la recurrida no participa en la planificación de jornadas de trabajadores de la minería ni los vuelos de las empresas de ese rubro, por lo que las medidas adoptadas no pueden dirigirse a limitar el flujo de pasajeros. Asimismo, la planificación de vuelos no es definida por la sociedad, sino por la DGAC con las aerolíneas.

Adicionalmente, no se ha verificado una privación, amenaza o perturbación en el ejercicio de las garantías constitucionales que se señalan afectadas, ya que no se le puede imputar una vulneración a la vida e integridad de las personas. Por otra parte, en cuanto a la garantía del N° 9 del artículo 19, este está enfocado a la protección del acceso a la salud, no aplicable en la especie.

Por último, la sociedad concesionaria está obligada legal y contractualmente a prestar el servicio público de manera continua e ininterrumpida, no estando facultada para suspender su prestación.

QUINTO: Que informó nombre reservado, General de Brigada Aérea, Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Antofagasta, Comenzó alegando la improcedencia del recurso, por exceder la pretensión de los recurrentes, el ámbito de la acción del recurso de protección, por no ser la vía para la adopción de medidas propias de políticas públicas.

Adicionalmente, no es posible para el recurrido adoptar medidas como la solicitada, ya que la adopción de estrategias es una atribución propia del Presidente de la República o del Ministerio de Salud, correspondiéndole al Jefe de la Defensa Nacional solo implementar las medidas dispuestas por el Ministerio, ya que la competencia técnica en materia sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la forma en que se planteó la acción, se asemeja a una acción popular, en favor de personas indeterminadas, característica ajena al recurso de protección.

Estimó que no existe una omisión ilegal o arbitraria recurrida que responda a una conducta de autoridad, ya que no hay acto u omisión de los servicios públicos, que pueda manifestarse como una vulneración al derecho a la vida, integridad o salud de los recurrentes. Por ello, lo que se pretende es obligar a la autoridad a adoptar una medida que ellos estiman adecuada.

Habiéndose declarado el 18 de marzo del presente, estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, se le designó como Jefe de la Defensa Nacional, encontrándose sus atribuciones reguladas en la Ley N°18.415, y supeditadas a las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud.

Así, en virtud de dichas atribuciones, se han adoptado una serie de medidas en la región, las que constan en distintas resoluciones exentas desde el 21 de marzo del presente, a la fecha, entre las que se encuentran medidas como aislamiento, instalación de aduanas sanitarias, cierre de establecimientos, prohibición de celebrar eventos públicos con más de cincuenta personas, uso obligatorio de mascarilla, entre otras. Y en particular, en lo que respecta al Aeropuerto de El Loa, se destinó en forma permanente personal militar en apoyo al control sanitario, se estableció un control de acceso y se han impartido instrucciones al Jefe del aeropuerto, para evitar aglomeraciones. A lo anterior, se suman las medidas que ha adoptado la DGAC.

De lo expuesto se refleja que las medidas adoptadas son dinámicas, y se adoptan conforme sean necesarias, por lo que corresponde sean decisión de la autoridad sanitaria.

SEXTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

OCTAVO: Que de las presentaciones realizadas, se desprende que el conflicto a resolver por esta vía, dice relación con determinar si existe un acto ilegal y arbitrario imputable a los recurridos, consistente en realizar y autorizar vuelos con violaciones graves a la normativa de salud, promoviendo el aumento de los contagios de Covid-19 en la comuna.

NOVENO: Que en primer lugar, conforme a lo señalado por los recurridos y la documentación acompañada al proceso, aparece que han adoptado las medidas pertinentes para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria en contexto de funcionamiento del Aeropuerto El Loa, dictando las resoluciones y protocolos correspondientes y adoptando medidas básicas como, por ejemplo, la adopción de protocolos de seguridad, implementos de seguridad de los usuarios y trabajadores, disminución del horario de funcionamiento, aplicación de medidas de distanciamiento social, horarios de ingreso de pasajeros a las dependencias, control en los accesos, barreras sanitarias y otros, de conformidad a la Ley y Reglamentación vigente. Por ello, no puede concluirse que su actuar haya sido arbitrario o ilegal.

No obstante, la determinación de si las medidas adoptadas son suficientes para los fines buscados es una cuestión de carácter técnico que debe ser resuelta por los organismos respectivos y que escapa al objeto del recurso de protección.

DÉCIMO: Que en consecuencia, lo solicitado por los recurrentes consiste en la adopción de medidas vinculadas con el actual Estado de Excepción Constitucional decretado en nuestro País, como es el cierre del referido aeropuerto, exceden los fines reservados para la presente acción de cautela de garantías, pues conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 18.415 y artículos 41 y 43 de nuestra Constitución Política de la Republica, recae en el Presidente de la Republica adoptar las medidas restrictivas de derechos y garantías contemplados en la normativa citada, constituyendo aquella prerrogativa una decisión de carácter política administrativa que no puede adoptarse mediante la interposición de este arbitrio, ya que no es la vía idónea para aquello, toda vez que responden a la ejecución de una política pública de orden sanitario y tal decisión importaría arrogarse potestades que el Constituyente ha radicado de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo.

UNDÉCIMO: Que no se condena en costas a los recurrentes, por considerarse inconveniente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso deducido por Rodrigo Arismendi Oliden, en representación del Sindicato de Trabajadores Número Dos de la División Chuquicamata de Codelco Chile, Centro de Trabajo Chuquicamata, Sindicato De Trabajadores Número Tres De La división Chuquicamata De Codelco Chile, Centro De Trabajo Chuquicamata y Central De Trabajadores Del Cobre contra Consorcio Aeroportuario de Calama S.A. Sociedad Concesionaria, Dirección General de Aeronáutica, y Ministerio de Defensa Nacional.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2986-2020 (PROT)