Protección contra Ilustre Municipalidad de Antofagasta

Antofagasta, a siete de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Deladie nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Séfora nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes deducen recurso de protección de las garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

Se ordenó la acumulación a la presente causa las causas Rol N° 3027-2017, Rol N° 3029-2017, Rol N° 3030-2017, Rol N° 3043-2017, Rol N° 3044-2017, Rol N° 3046-2017 y Rol N° 3046-2017.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que las acciones constitucionales interpuestas se interponen en contra de la Ordenanza Municipal N° 3/2017 sobre Ordenamiento y Uso de Bienes Públicos de la Comuna de Antofagasta, dictada por la Ilustre Municipalidad esta ciudad, puesto que con ella se ve conculcado el derecho a desarrollar actividades económicas en espacios públicos, puesto que los recurrentes son vendedores ambulantes y malabaristas, y la recurrida solo les otorga permisos provisorios y no definitivos.

Asimismo se funda en que los recurrentes son comerciantes ambulantes de la Plaza Sotomoayor de la ciudad de Antofagasta, a quienes se les caducó su permiso municipal, no renovándoles el mismo, solicitando que sean reubicados en algún lugar en donde puedan desarrollar viablemente su actividad económica, afectando con ello la libertad de trabajo, derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a no ser discriminado.

SEGUNDO: Que informaron los abogados Cristian Flores Alvarado y Roberto Castro Olmos, solicitando el rechazo del recurso.

Exponen que las municipalidades son las administradoras de los bienes nacionales de uso público y que en el ejercicio de dicha atribución el alcalde tiene la potestad privativa de otorgar, renovar y ponerle término a los permisos de uso de dichos bienes, como dictar ordenanzas municipales, previa aprobación del concejo municipal, debiendo cumplir de forma estricta al principio de legalidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.

Alegaron la improcedencia del recurso por no cumplir con los requisitos necesarios mínimos, al no indicar el acto u omisión arbitrario o ilegal, o las garantías vulneradas al hacer una exposición parcial de los hechos y no se indican en alguno de los recursos cuales serían las garantías vulneradas.

Refiere que la norma de la Ordenanza que prohíbe el comercio estacionado o cualquier actividad en los cruces, bermas o caminos, tiene su fundamento en el artículo 165 de la Ley N° 18.290, reiterando una normativa de carácter legal existente.

Agrega que mediante Oficio N°753/2017, de fecha 15 de noviembre de 2017 informa a la recurrente nombre reservado, en representación de la Asociación Gremial de Comerciantes Ambulantes, ingresó una solicitud a la Municipalidad con fecha 13 de octubre de 2017, con el objeto que le permitieran permanecer en la Plaza Sotomayor hasta el 31 de diciembre próximo, ingresando posteriormente nuevas solicitudes, todas las que fueron rechazadas. Comerciantes que llevan más de dos años utilizando los espacios públicos de forma irregular, sin permiso municipal, de modo que la recurrida no ha caducado los permisos, sino que se les solicitó que desocuparan éste, puesto que se encuentra desarrollando un proceso de ordenamiento del sector y de los espacios públicos de la comuna, ejerciendo con ello las potestades públicas entregadas por la legislación vigente y por ello no ha actuado ni ilegal ni arbitrariamente.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el presente recurso de protección se interpone en contra de la Ordenanza Municipal N° 03/2017, sobre Ordenamiento y Uso de Bienes Públicos de la Comuna de Antofagasta, que regula la utilización de espacios públicos, prohibiendo la realización del comercio ambulante no autorizado, actividades de construcción sin permiso previo o depósito de escombros, actividad de limpiavidrios y malabarismo en cruces de semáforo, y la de ocupación con miras a solicitar dinero o especies a transeúntes en estos espacios, llevando aparejada su incumplimiento sanción de multa.

QUINTO: Que sobre este punto, y compartiendo los argumentos esgrimidos por esta Corte en la causa Rol N° 2998-2017, sobre Recurso de Protección, se pasan a reproducir los argumentos vertidos en dicho fallo:

“DÉCIMO: Que como primer punto a abordar es si la Ordenanza impugnada cumplió con la ley, en su generación y contenido. Para ello, debe considerarse el ordenamiento en su conjunto, y como partida los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que consagran el principio de legalidad como base fundamental de la actuación pública. Así, la autoridad –municipal en este caso- actúa previa investidura regular, dentro del marco de su competencia y en la forma prescrita por la ley.

No hay discusión que la Ordenanza N°03/2017, fue dictada por la Alcaldesa de la comuna, previo acuerdo del Concejo Municipal y ambos han sido investidos de sus calidades mediante elecciones populares de forma anterior a la dictación del acto.

En cuanto al actuar dentro de su competencia, estas están determinadas en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que marca el ámbito de intervención del ente edilicio, en su artículo 5°, asigna dentro de sus facultades: “c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.”

Por su parte, el artículo 589 del Código Civil declara que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, como las calles, plazas, puentes y caminos. Y la misma LOC permite al alcalde dictar ordenanzas, que son “normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes.”

Por lo que, desde el punto de vista de legalidad del acto administrativo, encontrándose la administración de los bienes de uso público bajo responsabilidad del alcalde es jurídicamente admisible que éste dicte una Ordenanza que establezca limitaciones al uso de estos por particulares en la forma que se reguló. (…)

UNDÉCIMO: Que por otra parte, es necesario analizar si la Ordenanza es arbitraria, es decir, carente de razonabilidad o producto del mero capricho de la autoridad.

Para ello, debemos indicar que el acto administrativo en general, debe tener siempre como finalidad el interés público, lo que puede o no expresarse en el mismo.

En el caso de autos, la motivación de la Ordenanza viene dada en su parte considerativa de la que se extrae que busca velar por la circulación expedita de vehículos en la vía pública, el resguardo de los espacios y bienes nacionales de uso público y salvaguardar la seguridad púbica comunal, por lo que no existe una desviación del fin público, además, de contar con la debida motivación -problemática social- que pretende solucionarse con la Ordenanza, por lo que no puede entenderse que esta sea antojadiza o caprichosa.”

SEXTO: Que en cuanto a la negación de los permisos para ejercer su actividad comercial de explotación en el sector de la Plaza Sotomayor de esta ciudad a los recurrentes, es necesario consignar que el artículo 5°, letra c) y 36 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la recurrida tiene la atribución de administrar los bienes nacionales de uso público, pudiendo otorgar permisos, los que por su esencia son de carácter precario y por lo tanto, pueden ser modificados o dejados sin efecto, siendo atribución exclusiva del alcalde, el otorgamiento, renovación o término de éstos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63, letra g) de la citada normativa legal, habiendo actuado la recurrida, por tanto, dentro de la esfera de su competencia.

SÉPTIMO: De modo tal que no se vislumbra en ninguno de los recursos de protección acumulados a la presente causa, ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar de la recurrida al dictar los actos administrativos impugnados, no pudiendo prosperar la acción constitucional impetrada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por nombre reservado y otros en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2974-2017 (PROT)

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