nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, con domicilio en esta ciudad, interpone Recurso de Protección en contra de nombre reservado, por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

Informo la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente funda su recurso en que la recurrida en su calidad de directora de la Unidad Educativa Escuela D-73 fue designada Fiscal para instruir sumario administrativo en su contra, dictando y ejecutando tres resoluciones arbitrarias, inconstitucionales e ilegales por medio de las cuales se le privó de continuar ejerciendo las labores propias de su cargo como Directora de la Unidad Educativa Dr. nombre reservado. Así, las resoluciones números 3 – 7 y 10 dictadas por la recurrida el 24 de septiembre las dos primeras y el 19 de octubre del presente año la última, en el marco del sumario administrativo 1.170-2018, han lesionado y perturbado el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso y el derecho a propiedad de la recurrente en su cargo, garantías consagradas y protegidas en los numerales 2 – 3 y 24 de nuestra carta fundamental.

Solicita mediante su acción cautelar dejar sin efecto los actos administrativos cuestionados, y en consecuencia ordenar la reincorporación de la recurrente al ejercicio de sus funciones como directora del establecimiento educacional indicado, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

Principia señalando que la recurrente fue nombrada directora de la Unidad Educativa nombre reservado según resolución N° 046717 del 26 de abril de 2017, siendo su empleador la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Tal nombramiento se extiende desde el 08 de mayo de 2017 al 08 de mayo del año 2022.

Expresa que el 07 de septiembre del año en curso la Secretaria Ejecutiva de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta ordenó instruir sumario administrativo a fin de determinar su eventual responsabilidad en los hechos denunciados, conforme a lo señalado en el artículo 72 letra b) de la ley 19.070. De acuerdo a lo anterior, está siendo tratada como funcionaria pública, a pesar que la Corporación Municipal de Desarrollo Social es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, y en consecuencia su relación laboral está regida por el Código del Trabajo, en conformidad a lo señalado en el inciso 2° del artículo 3 de la ley 18.883, siendo en definitiva el estatuto docente de carácter acotado y excepcional al supuesto de hecho precisado en el artículo 72 letra b) de tal estatuto.

Indica que la resolución N° 3 le notificó la suspensión preventiva de sus funciones mientras dure la investigación, sin embargo, el pasado 8 de octubre se dictó por la recurrida la resolución que decreta el cierre de la investigación, coligiéndose que debió haber sido reincorporada a sus funciones, lo que no ha sucedido a la fecha. A raíz de lo anterior, se solicitó dejar sin efecto la resolución N° 3 para ser reincorporada, petición que fue resuelta por la resolución N° 10 que no dio lugar atendida la naturaleza jurídica de la Corporación y por tanto no aplicaba la ley 19.880 por existir norma expresa en el artículo 134 de la ley 18.883.

Agrega que la tercera resolución impugnada, a saber, la N° 7 formula 3 cargos en su contra por supuesta conducta inmoral o falta de probidad en contra de tres profesionales pertenecientes a la Unidad Educativa donde cumple funciones de directora.

Expresa que las resoluciones cuestionadas son ilegales a raíz de la falta de fundamentación y motivación de la que adolecen, en relación con el espíritu de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 11 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, normas que imponen la obligación de motivar los actos administrativos, siendo insuficiente una mera enunciación formal. En la especie, las resoluciones impugnadas no contienen los presupuestos fácticos que justifiquen una suspensión preventiva en su cargo, como tampoco existe fundamentación de los cargos que se le imputan, los cuales son genéricos e invierten la carga procesal de la prueba, debiendo demostrar la sumariada su inocencia al no incurrir en las conductas denunciadas.

Señala que las consecuencias de los actos recurridos atentan contra la igualdad en su grupo de trabajo, siendo discriminada al sancionarse anticipadamente con la suspensión preventiva de sus funciones, teniendo presente que otros 3 directores de colegios dependientes o sostenidos por la Corporación Municipal de Desarrollo Social, han sido sumariados y 2 de ellos no fueron suspendidos de sus cargos durante la substanciación del procedimiento. Por su parte, también se ha vulnerado el debido proceso, producto de la falta de fundamentación de las resoluciones precitadas que han obstado a la preparación de una adecuada defensa respecto de los cargos formulados.

Finalmente, enfatiza que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica, puesto que la recurrida se convirtió en una verdadera comisión especial al suspenderla de su cargo sin expresión de causa legítima, además del debido proceso por la falta de entidad existente entre el eventual daño y el castigo que se le impuso. En el mismo sentido, se ha conculcado el derecho a la propiedad sobre su cargo, en específico la estabilidad en el empleo, como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia en la materia.

En definitiva, solicita declarar que las resoluciones N° 3 – 7 y 10 son arbitrarias e ilegales, dejar sin efecto las resoluciones indicadas ordenando la reincorporación inmediata a sus funciones, y finalmente, reemplazar la resolución N° 7 por otra cuya redacción implique formular cargos con fundamentación clara, retrotrayendo el sumario a dicha época.

SEGUNDO:

Que informando la recurrida, solicitó el rechazo de la acción cautelar, con costas, en base a los siguientes argumentos.

La recurrida fue designada para desempeñarse como Fiscal en el sumario administrativo incoado contra la recurrente, de esta forma, su participación se enmarca en el cumplimiento de una instrucción dada por su empleador, y que en su calidad de funcionaria de la Corporación Municipal de Desarrollo Social debe acatar, lo anterior, además en concordancia con lo dispuesto en el artículo 145 del DS 453 de 1992 del Mineduc. Así, la instrucción sumarial constituye un acto del empleador en orden a intervenir en los conflictos suscitados en las relaciones laborales, en la especie, a raíz de la denuncia de tres trabajadores dependientes, debiendo el empleador cumplir su deber de garante consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Hace presente, que el 19 de noviembre de los corrientes, el Secretario Ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social dictó la resolución N° 1.261 que decide aplicar a la recurrente la sanción disciplinaria de censura.

Por su parte, niega los hechos que fundan la presente acción, señalando que la resolución N° 3 impugnada no adolece de ninguna infracción, puesto que, al no poner término al procedimiento, y por el contrario ser una resolución de mero tramite no requiere de fundamentación, siendo dicho requisito exigible solo por los actos administrativos terminales. No obstante, la medida preventiva de suspensión de funciones se adoptó en forma justificada con el fin de prevenir que la recurrente en su calidad de directora ejerciera influencias y presiones indebidas de los trabajadores sujetos a su dependencia, y, además evitar la ocultación o destrucción de cualquier antecedente relacionado con la investigación.

Respecto de la resolución N° 7, relativa a los cargos formulados en contra de la recurrente, esta se encuentra suficientemente fundamentada, siendo redactado los mismos en forma clara, otorgando a la recurrente la posibilidad de ejercer debidamente su derecho a defensa, pues presentó escrito de descargos haciéndose cargo de todas las denuncias y declaraciones de los docentes denunciantes, no existiendo en definitiva infracción a lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la ley 19.880.

Finalmente, en relación con la resolución N° 10 que no dio lugar a la petición de la recurrente en orden a ser reincorporada a sus funciones, se encuentra legalmente justificado con lo dispuesto en el artículo 134 de la ley 18.883, norma que permite mantener la medida adoptada hasta el momento en que se pronuncia el fiscal a través de su dictamen en el sumario administrativo, informe que fue ya fue presentado y a raíz del cual la recurrente por instrucción de su empleador retornó a sus funciones de directora del establecimiento educacional, dejando de existir en definitiva la supuesta ilegalidad alegada en el recurso, produciéndose la falta de oportunidad del mismo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que cabe tener presente que la recurrida nombre reservado, a quien se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales demandados, fue designada por su empleador para desempeñarse como fiscal en el sumario administrativo incoado en contra de la actora, procedimiento que acorde a los antecedentes esgrimidos se ajustó en su tramitación a la normativa aplicable, decretándose la medida cautelar de suspensión de sus funciones en dicho contexto, la que por ende resulta fundada y proporcionada a las denuncias verificadas que dieron lugar a dicha investigación, por lo que no se avizora en la tramitación de la investigación ni en la adopción de tal medida cautelar ningún tipo de arbitrariedad ni de ilegalidad.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes acompañados por la recurrida obra copia de correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2018, enviado por Patricia Araya Iriarte, abogada del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal de Desarrollo Social a nombre reservado, Coordinadora de Educación Media, informado la reincorporación de la recurrente a sus funciones a contar del día 15 de noviembre de 2018. En tales condiciones y, en consecuencia, al haberse puesto término al acto impugnado por esta vía, tampoco se vislumbra actualmente la existencia, de parte de la recurrida, de un acto arbitrario o ilegal que atente en contra de garantía constitucional alguna – presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección – por lo que resulta improcedente dar lugar a la acción deducida en estos antecedentes, por cuanto también ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 del Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2948-2018 (PROT)

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