nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES MINERA ESCONDIDA

Antofagasta, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Sindicato N° 1 de Minera Escondida.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su recurso en el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en su exclusión de la Comisión Revisora de Cuentas, de fecha 4 de enero de 2019, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Indica que mediante carta certificada de la fecha antes señalada, el Directorio del Sindicato le comunicó que había sido destituido como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas a contar del 28 de diciembre de 2018, decisión que habría sido adoptada por la Asamblea, básicamente por cuanto su presencia como miembro perturbaba el normal desarrollo de la misma, atendido que mantenía una demanda en contra del Sindicato por 1.800 millones de pesos, lo que generaba un conflicto de intereses, decisión que califica de arbitraria, toda vez que el artículo 31 del Estatuto del Sindicato establece que un miembro pierde su calidad de tal, por renuncia o por notable abandono de deberes, entendiéndose por tal la ausencia injustificada a las sesiones de la comisión. Al respecto, asevera que en dicho periodo se realizaron 3 sesiones, con fecha 27 de marzo, 01 de julio y 30 de diciembre, a las que asistió, por lo que no concurre tal supuesto.

Agrega que el inciso final del artículo 31 del estatuto, antes citado, establece que si la Comisión tuviere algún inconveniente para el mejor desempeño de su cometido lo comunicará de inmediato y por escrito a la Inspección del Trabajo respectiva, y si no hubiere acuerdo entre ésta y el directorio resolverá la asamblea, sin embargo, en la especie, se ha pasado por alto completamente los estatutos, ya que se entregó a la asamblea la resolución de la situación del recurrente, haciéndolo ver como un conflicto entre la Comisión y el Directorio, lo que estima una intromisión inaceptable, ya que la Comisión de Cuentas es independiente del directorio.

No discute que la determinación fue adoptada por la asamblea, que es el órgano superior de la organización, sin embargo, estima que ello en ningún caso autoriza a pasar por alto los estatutos de ésta, lo que torna su decisión en arbitraria.

Señala que la determinación además es ilegal, toda vez que el organismo está obligado al respeto estricto de los estatutos, lo que se desprende del artículo 212 del Código del Trabajo, que reconoce a los trabajadores del sector privado y a las empresas del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley a los estatutos de estas.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, considera que el acto afectaría, en primer término, la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, prevista en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que la exclusión o censura del cargo como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas tiene una serie de irregularidades que no soportan el más mínimo test de un debido proceso, más aún si se estima que se le aplicó una sanción, ya que no se sabe bien cuál es la falta o acusación que se le imputa, y que al parecer sería la presentación de una demanda que impediría el normal funcionamiento de la comisión que integraba. Ante tal situación debió haber tenido el derecho a efectuar una defensa, ser notificado de los cargos, etc.

A mayor abundamiento, señala que, si bien es cierto que ni la ley ni los estatutos contemplan un procedimiento específico para este caso, ello no puede ser fundamento para no tener garantías e incluso ser juzgado por una comisión ad hoc, como lo sería en este caso el directorio.

Añade que en el estatuto de la organización se contempla en el artículo 43 un procedimiento de sanción para los socios, y que la sanción sufrida atenta contra el principio de tipicidad por no estar contemplada ni en la ley ni en los estatutos.

En segundo lugar, se vería afectaría la garantía prevista en el Nº 19 del artículo 19 constitucional, entendiendo que el derecho a sindicarse va más allá del derecho que tiene una persona a pertenecer a un sindicato, e implica el derecho a participar en cualquier instancia de la organización sindical, como el directorio sindical, la Comisión Revisora de Cuentas, Comisión de Disciplina o cualquier otra forma que la ley y los estatutos hubieren previsto y el derecho de permanecer y participar en ella.

Señala que fue privado y perturbado en el ejercicio de este derecho toda vez que no se le permitió acceder a cabalidad a su trabajo en la referida Comisión Revisora de Cuentas.

Por último, se afectó su derecho a la propiedad en el cargo, amparado por el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que fue producto de un proceso legítimo de elección.

Pide, en definitiva, que se deje sin efecto la exclusión de la Comisión Revisora de Cuentas, con expresa condena en costas.

SEGUNDO:

Que informó del Recurso Marco López Pérez, abogado en representación del sindicato recurrido, solicitando su rechazo en base a los siguientes antecedentes:

Señala que el recurrente era uno de los 5 integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, que fue elegida por asamblea de socios en febrero de 2018.

Agrega que en julio de ese año el directorio decidió posponer la entrega de antecedentes a la referida Comisión hasta el término de la negociación colectiva que estaba en curso, atendida la gran intensidad de la negociación que se planteaba como compleja, la que concluyó el 17 de agosto siguiente, sin embargo, en los meses posteriores no se realizó reunión ni actividad alguna de la comisión, inactividad o paralización que obedeció a que una fuerte divergencia interna y falta de confianza hacia el recurrente en razón de que éste mantenía una demanda civil junto a otros dirigentes de indemnización de perjuicios por la suma de 1.800 millones de pesos, ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, Rol Nº C-6562-2015, lo que ponía en riesgo la capacidad económica y patrimonial del sindicato, entendiéndose por los miembros como un amenaza a la integridad de éste, que se vería acrecentada de tener el recurrente los antecedentes financieros y patrimoniales del sindicato demandado, al acceder a la revisión de cuentas, inversiones e inventario, estimando que existía una suerte de conflicto de intereses, por lo que se negaban a realizar las labores mientras el referido se mantuviera en la comisión.

Ante esta situación, el directorio citó a asamblea ordinaria de socios, a realizarse en el campamento minero los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre, con el objeto de estudiar y resolver los asuntos que estime convenientes para la mejor marcha de la institución, incluyendo entre los temas a tratar la situación de inactividad que estaba enfrentando la comisión.

Indica que realizado el debate se decidió prácticamente por unanimidad de los asistentes (574 votos a favor y 1 en contra) separar de la Comisión al recurrente como medida para la mejor marcha de la institución y poner así fin a la situación de inactividad en que estaba la referida comisión.

Agrega que esta decisión se adoptó por la Asamblea de socios, que constituye la máxima instancia del Sindicato y obedeció a mociones de los propios asistentes, a la que el recurrente no asistió, ignorándose los motivos de ello.

Expone que con fecha 2 de enero de 2019 el directorio del sindicato recibió un correo electrónico por el que se adjuntaba un documento denominado "Acta Nº 3 CRC", que fechado el 30 de diciembre de 2018, en la que en el punto 3 señala que el recurrente se comprometía a mantenerse al margen de la comisión hasta que presentara un documento legal que acreditara su desistimiento a la demanda que mantenía contra el sindicato, es decir, el propio recurrente había aceptado su marginación por las mismas razones que los socios decidieron separarlo de la comisión.

Esgrime que con fecha 4 de enero de 2019 se informó por escrito de la decisión de la asamblea al recurrente de autos y a los otros dos miembros que se mantenían en funciones y el 7 de enero se le comunicó al Tricel la situación de vacancia de los 3 cargos para que procediera a realizar una elección complementaria, la que se verificó en febrero del año en curso, participando 1088 socios, que eligieron a los 3 integrantes, con lo que se constituyó la comisión con la totalidad de sus integrantes.

Hace presente que en virtud de lo anterior, el recurrente hizo llegar una carta cuestionando la decisión de la asamblea, planteando una supuesta manipulación de los socios e insistiendo en no existir inconveniente en integrar la comisión y mantener demandado al sindicato, la que fue respondida con fecha 17 de enero siguiente en similares términos a lo antes expresado.

En suma, estima que el acto no es arbitrario ni ilegal, en primer término, porque no se infringió las disposiciones del estatuto al resolver la separación del recurrente, ya que la decisión se adoptó por la asamblea, órgano habilitado, dentro de sus competencias y cumpliendo con todos los requisitos legales.

Hace presente que ni en la ley ni en los estatutos existe un procedimiento para separar o marginar a un socio de la Comisión Revisora de Cuentas, a diferencia de lo que ocurre con los directores sindicales, a través del procedimiento de censura, que está expresamente regulado en la ley y en los estatutos; por otro lado, la ley no regula a estas comisiones, obedeciendo su constitución, funciones e integración al ejercicio de la libertad sindical, que encuentra su reconocimiento en el artículo 1º, inciso tercero, así como en los números 15 y 19 del artículo 19 de la Carta Fundamental; en el artículo 3 del Convenio 87 de la OIT y en el artículo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos sociales y Culturales, y en el artículo 212 del Código del Trabajo. Señala que tal libertad es amplia, no pudiendo estimarse que los actos que se ejecutan en el ejercicio de tal derecho sean ilegales. En este orden de cosas, la constitución e integración de una comisión interna del sindicato, destinada a revisar las cuentas sindicales se sujeta a sus propias disposiciones de orden y administración interna, y si bien los estatutos prevén sólo dos razones para dar lugar al reemplazo de los integrantes de la comisión, tampoco contemplan norma que establezca que sólo por las razones de renuncia o abandono de deberes se pueda perder la calidad de miembro de la comisión, con perentoria exclusión de cualquier otra razón. Así, si un miembro atenta gravemente contra los intereses de la organización no se podría adoptar la decisión de separarlo del cargo contra su voluntad.

En otras palabras, que no exista un procedimiento expreso en los estatutos para separar a un integrante de la comisión no supone la inamovilidad de los miembros de ésta, ya que se trata de una comisión interna de la propia organización, que responde a materias de mera administración para el mejor funcionamiento de la misma, siendo una materia sujeta a interpretación, debiendo aplicarse la norma de interpretación de los contratos conforme al 1464 del Código Civil, y en este sentido, de acuerdo a los estatutos la Asamblea es la máxima autoridad de la organización, que tiene atribuciones para resolver los asuntos que estime conveniente para la mejor marcha de la organización, sin otro límite que ceñirse a la ley, y para la adopción de los acuerdos requiere de la mayoría de los asistentes a la asamblea (artículos 4º y 5º de los estatutos). En la especie, la asamblea válidamente constituida, por mayoría de sus asistentes estimaron conveniente, para su mejor marcha y organización la decisión que se impugna, la que se encuadra dentro de las facultades que tiene la asamblea.

Agrega que los estatutos sociales constituyen un pacto de un colectivo que se rige por las reglas de la democracia en sus decisiones, por lo que todos los cargos en su interior responden a este principio de representación democrática, por lo que no resulta concebible que existan cargos que no puedan quedar sujetos al control democrático de sus integrantes, sea para su designación, como para su remoción.

Al respecto sostiene que no hay ilegalidad, por cuanto no se ha contravenido ninguna norma legal o estatutaria con la decisión atacada, la que fue adoptada por la máxima instancia del Sindicato, actuando dentro de sus atribuciones soberanas, en ejercicio de la autonomía sindical para el mejor desarrollo o funcionamiento de la organización.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que para la asamblea la decisión de separación se presentó como una medida idónea ejercida para que la entidad encargada de velar por el control financiero y patrimonial de la empresa pudiera desarrollar con normalidad sus funciones, y ante la desconfianza que generaba el que el recurrente tuviera una demanda en contra de la propia organización cuyas cuentas estaba encargado de revisar como miembro de la comisión, lo que podía significar la pérdida completa de los bienes de la ésta, por lo que la medida no sólo es razonable, sino que además prudente, no siendo antojadiza.

Señala que no existe un derecho indubitado, toda vez que se trata de una discusión de fondo que amerita interpretación en cuanto a la supuesta inamovilidad que plantea el recurso, salvo por las dos causales que se contemplan en los estatutos, por lo que el presente procedimiento cautelar de urgencia no resulta idóneo, debiendo rechazarse, conforme lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en Rol 45.354-2017, que transcribe.

Finalmente, señala que el propio recurrente decidió marginarse de la comisión mientras no presentara un documento que formalizara su desistimiento a la demanda millonaria que mantiene contra el sindicato, lo que no ocurrió a la fecha del informe, por lo que su marginación ha sido consentida por él mismo, no pudiendo prosperar el recurso, ya que ello implicaría desconocer los efectos de sus propios acuerdos.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, de los antecedentes del recurso y lo expuesto por la recurrida al evacuar su informe, se desprende que los derechos reclamados por el recurrente no son indubitados, puesto que la discusión se centra en determinar si la decisión de la asamblea de la organización sindical infringió las disposiciones del Estatuto Sindical, y para zanjarla se requiere de un procedimiento de lato conocimiento en sede laboral, mediante el cual se logre determinar a través de los antecedentes que aporten las partes, si efectivamente concurre la causal de notable abandono de deberes del recurrente, que amerite su exclusión de la Comisión Revisora de Cuentas.

QUINTO: Que, en definitiva, se recurre en contra de la supuesta aplicación de una sanción, consistente en la destitución del actor de la comisión referida, a raíz de una acción judicial de este en contra del sindicato recurrido, cuestión que, de verificarse, configura una de las practicas desleales que ha tipificado nuestro legislador, específicamente en el artículo 290 letra c) del Código del Trabajo, correspondiendo el conocimiento y sustanciación de lo denunciado a los tribunales laborales. En estas condiciones, se hace imposible adoptar alguna medida en favor de la parte que recurre, razón por la cual el presente recurso necesariamente debe ser declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de nombre reservado, y en contra del Sindicato N° 1 de Minera Escondida.

Regístrese y comuníquese.

Rol 287-2019 (PROT)

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