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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2868-202321 jul 2023

nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Fecha
21 de julio de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala
Primera
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 2868-2023, sentencia de 21 de julio de 2023

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la AFP PlanVital devolver los fondos previsionales al recurrente, por estimarse ilegal negar la entrega conforme a la Ley N°18.156 y vulnerar el derecho de propiedad sobre dichos fondos.

Texto íntegro

Antofagasta, a veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Ricardo Solar Astudillo, abogado, quien en representación de nombre reservado, peruano, con domicilio en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada legalmente por su gerente general, Andrea Battini, solicitando que se ordene al recurrido pronunciarse de la requerimiento, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en la existencia de un acto ilegal y arbitrario del recurrido, consistente en no dar lugar a la solicitud de entrega de sus fondos previsionales, privándole de dineros que son de su propiedad, pese a que cumple los requisitos establecidos en la Ley N°18.156. Ello, vulnerando las garantías contenidas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución.

Señaló que el actor comenzó a cotizar en la AFP recurrida en el año 2011, tiene título profesor de educación secundaria y se ha desempeñado para al menos siete empleadores chilenos. Durante los años 2022 y 2023, prestó servicios para la empresa COSIN CHILE S.A., como operador técnico terreno soporte nivel 2 y actualmente, trabaja para la empresa EXPERIS MANPOWER GROUP, también como operador técnico.

Hizo presente que además de estar afiliado a la recurrida, se encuentra afiliado a una administradora de fondos de pensiones en Perú. En la primera, tiene un total acumulado de aproximadamente $20.000.000. y por lo tanto, puede acogerse a los beneficios establecidos en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

En el contexto indicado, el 11 de mayo del presente, solicitó la entrega de los fondos, entregando la documentación correspondiente y cumpliendo con los requisitos legales. Sin embargo, esta fue rechazada el 15 del mismo mes, por estimarse que la solicitud no cumplía con estos.

Concluyó solicitando que se ordene al recurrido pronunciarse de la solicitud, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informó el abogado Oscar Aguirre Droguett, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acto ilegal o arbitrario alguno.

Tras relatar el procedimiento para solicitar la devolución de fondos provisionales y la normativa aplicable, indicó que conforme a esta, los requisitos para que opere la devolución, son los siguientes: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; b) que en el contrato de trabajo, el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida y; c) que detenten la calidad de “técnicos”, a lo menos.

Sin embargo, en el caso del actor, estos requisitos no se cumplen, porque –como ocurre con varios trabajadores afiliados al sistema peruano- el sistema extranjero cubre riesgos provenientes de vejez, sobrevivencia, muerte e invalidez, pero no los de enfermedad. En consecuencia, al existir riesgos excluidos, es necesario contratar un seguro privado de salud, lo que debe ser acreditado y que en este caso no se hizo, estimándose incumplido el requisito. Tampoco se dio cumplimiento al segundo requisito, pues no se acompañaron contratos que dieran cuenta de la existencia de una manifestación expresa de su voluntad de mantener su afiliación al régimen extranjero. Al respecto, en cuatro de los cinco contratos no existe cláusula alguna que haga alusión a dicha situación, y en el quinto, la manifestación de voluntad resulta ambigua, pues solo se indica que se cotizará en el régimen chileno, autorizando las retenciones, por lo que existe una doble manifestación de voluntad. Sobre esto, la Superintendencia de pensiones indica que en estos casos, prima la regla general, que es la cotización en chile. Finalmente, indicó que tampoco fue posible verificar la veracidad de los documentos acompañados, ya que si bien el certificado de afiliación a AFP Integra se encuentra apostillado, este no se puede validar mediante el código incorporado, según lo informado por la República del Perú, en conformidad al Convenio de Apostillas de la Haya.

En consecuencia de lo expuesto, estimó que al no cumplirse los requisitos, autorizar la devolución constituiría un incumplimiento normativo y la expondría a fiscalizaciones y eventuales sanciones por parte de la Superintendencia.

Finalmente, hizo presente que esta no es la vía idónea para resolver la controversia, y que de todas maneras el recurrente no indicó como se cumplirían los requisitos establecidos en la normativa ni acompañó ningún antecedente nuevo que permita acreditar su configuración.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que corresponde verificar la existencia de un acto ilegal y arbitrario por parte de la recurrida, consistente en no dar lugar a la solicitud de entrega de sus fondos previsionales, privándole de dineros que son de su propiedad, pese a que cumple los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

SEXTO: Que para resolver, se debe tener presente la normativa aplicable en la especie. Al respecto, el artículo 7 de la Ley N°18.156, al referirse al derecho que tienen los trabajadores extranjeros a que se les devuelvan sus cotizaciones, indica que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”. Por su parte los requisitos que contempla el artículo 1, son los siguientes: “(…)a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. (…)”.

SÉPTIMO: Que según se desprende de la comunicación de la AFP recurrida, el fundamento del rechazo de la solicitud se base en tres premisas: a) que en que del anexo de contrato con el empleador “COASIN CHILE S.A.”, se desprende que se autorizó a efectuar normalmente las cotizaciones para el sistema previsional chileno, por lo que existió una doble manifestación de voluntad, incumpliendo la normativa aplicable; b) que no se acompañó contrato o anexo de contrato respecto de las otras cuatro empresas individualizadas, donde se manifestara clara e inequívocamente la intención de mantener su afiliación al sistema extranjero y; c) que no se pudo verificar la veracidad de la documentación acompañada.

OCTAVO: Que atendido el contenido de las disposiciones legales citadas, debemos verificar si el recurrente cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, para luego determinar si la negativa de la recurrida a realizar la devolución de sus fondos previsionales constituye un acto ilegal y arbitrario.

En efecto, de los antecedentes documentales acompañados por el recurrente, consta el certificado extendido por la AFP extranjera Integra, en el cual se da cuenta de que el recurrente se encuentra en ella incorporado desde el 30 de mayo de 2002, y cuenta con beneficios por su afiliación, que otorgan cobertura ante siniestros de enfermedad o accidente, sobrevivencia, invalidez, vejez, jubilación y muerte. Por lo tanto, se da cumplimiento íntegro al requisito del numeral 1. Además, y sin perjuicio de que la veracidad no es un requisito establecido en la norma, dicho documento cuenta con certificación de ser fiel a su original, por un Notario de Santiago, además de contar con la firma de un Notario del país de origen.

De igual modo, consta el título técnico del actor, otorgado por el instituto superior pedagógico público de Camana, Arequipa y el certificado de título otorgado por el Ministerio de Educación de la misma ciudad, que se encuentran debidamente firmados y autorizados ante Notario público de Calama.

En cuanto al segundo requisito, respecto de la manifestación de voluntad en los contratos de trabajo, no consta en los documentos acompañados que dicha manifestación se efectuara de forma expresa, por lo tanto, en principio, podría estimarse que no se cumplió con dicho requisito. Sin embargo, la intención de continuar afiliado al sistema previsional de su país se desprende del resto de la documentación acompañada, particularmente del certificado de afiliación al sistema previsional peruano desde el año 2002. Ello se corrobora con el hecho de que no consta que en los contratos acompañados –pese a la alegación de la recurrida, pero sin antecedente documental que la sustente- que el actor haya autorizado el descuento y retención para cotizar en alguna AFP chilena, pues en el único contrato que se alude al sistema de pensiones (con la empresa VEGATEC S.A), solo se indicó que el trabajador se encuentra afiliado a la AFP recurrida.

NOVENO: Que en consecuencia, tal como se ha resuelto por nuestra Excma. Corte Suprema en causa ROL 30.232-2020, con los documentos acompañados se puede acreditar que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, acreditando su voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Perú, de manera que para los efectos legales, son prueba suficiente y apta para acreditar los requisitos señalados en el artículo 1° de la Ley 18.156, por lo cual tiene fuerza vinculatoria para la Administradora de Fondos recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley y a la petición del recurrente.

DÉCIMO: Que por lo tanto, no hacer devolución de los fondos previsionales que se han depositado en la Administradora de Fondos de Pensiones y que corresponde a la cuenta individual del actor, se estima ilegal, toda vez que se aparta de lo dispuesto en la Ley N°18.156. Asimismo, dicho acto vulnera el derecho de propiedad que tiene sobre sus fondos previsionales, razón por la que cabe acoger acción deducida.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por Ricardo Solar Astudillo, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., y se ordena que haga devolución de los fondos previsionales, dentro de los diez días hábiles siguientes a que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Rol 2868-2023 (PROT)

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