Protección contra empresa Sociedad Constructora R

Antofagasta, cuatro de julio de dos mil catorce.

VISTOS:

La comparecencia de don Tomás Alberto Fernández Gómez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, actuando en nombre y representación de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la empresa Sociedad Constructora R.V.C., del giro de la construcción, representada legalmente por don nombre reservado, administrador de obra, y en contra de este último y de doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la recurrida vulneró sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica y su derecho de propiedad, establecidos en el artículo 19 N° 1 Derecho a la vida e integridad física y 24 Derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales protegidos en la Constitución Política de la República, respectivamente, en razón de su actuar ilegal y arbitrario, que viene dado por continuar con la ejecución de labores riesgosas que implican el ingreso de los recurridos al inmueble del recurrente.

El informe respectivo fue evacuado por doña Claudia Galindo López, abogado, en representación de la recurrida RVC Constructora Limitada, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo por considerar que no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna que haya vulnerado los derechos que el recurrente señala como amagados, carecer de fundamentos y haber sido presentado en forma extemporánea.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su recurso en que su representado es vecino colindante de las obras que la recurrida tiene en la domicilio reservado esquina Antonio Rendic, denominado “Condominio Activo”, la que debido a su envergadura requería de la autorización de su representado para utilizar parte de su inmueble en la realización de los trabajos propios de la construcción de varios pisos y de gran tamaño, consistente en labores de izaje y transporte ejecutadas por una grúa de la recurrida, cuya solicitud fue realizada por el representante de la empresa don nombre reservado y autorizada inicialmente con fecha 18 de octubre de 2012, estableciéndose en el referido documento la autorización de uso del inmueble, la instalación de un cierre provisional y la reinstalación de plantas ornamentales, todo ello por el plazo de seis meses. Sin embargo, debido a las demoras propias de la obra de construcción, se solicitó un aumento del plazo que expiró el día 24 de abril de 2013 y posteriormente su representado accedió una nueva petición de ampliación de plazo que expiró el día 17 de junio de 2013.

Indica que el plazo establecido por la propia constructora ha transcurrido con creces y hasta el día de hoy no se ha cumplido con el compromiso de la recurrida, por lo que se le notificó personalmente a los recurridos que no se autorizaba el uso de su inmueble por los efectos negativos que el permiso le ha provocado, a saber, contaminación ambiental, polución tóxica no monitoreada por el movimiento de tierra, ruidos molestos fuera de la norma y durante 12 horas al día, trabajos realizados fuera del horario normal de trabajo y en días feriados u horario nocturno e insalubridad por la presencia masiva de roedores.

No obstante lo anterior, los recurridos desde el día 13 de mayo de 2014 han continuado ejecutando labores que implican el ingreso al inmueble de su representado, cortando las ramas de un árbol y, peor aún, el día 19 de mayo de 2014 doña nombre reservado solicitó autorización para rellenar paneles de hormigón en su terreno, a lo que su representado no accedió; pero igualmente lo hicieron, instalando en forma aérea, a través de una grúa, un panel. Agrega que su representado se encontró con esta recurrida en el local comercial SODIMAC, recriminando el hecho de que se sigan ejecutando labores no autorizadas en su inmueble, manifestándole que debido a órdenes superiores éstas se seguirían realizando.

Por lo anterior, señala que su representado debe efectuar vigilancia permanente, casi las 24 horas del día, con el objeto de que los recurridos no ingresen nuevamente a su inmueble, dado que las obras ejecutadas tienen un alto grado de peligrosidad y ponen en riesgo su integridad física y psíquica, junto con la de su familia y sus trabajadores.

De este modo, sostiene que las actividades materiales realizadas por la recurrida constituyen actos ilegales y arbitrarios, de carácter inconstitucional y “matonesca”, por tratarse de una empresa poderosa, que actúa al margen de la legalidad; pareciéndole llamativo que a la recurrida no le empezca la existencia de autorización para ejecutar obras en bienes de propiedad de un particular, quien ante este hecho –sostiene- se encuentra en el más total desamparo.

El recurrente estima vulnerados los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 1 y 24 de la Constitución Política de la República, a saber, el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, respectivamente; señalando que se ha puesto en riesgo la vida de su representado y la seguridad e integridad física y psíquica de éste, agregando que desde el día 13 de mayo de 2014 se ha vulnerado permanentemente su derecho de propiedad sobre su inmueble ubicado en domicilio reservado.

En definitiva, solicita que por esta vía se dejen sin efecto las actuaciones ya indicadas y todos los actos posteriores a ella por ser arbitrarios, ilegales e inconstitucionales; debiendo cesar el ingreso terrestre y aéreo, a través de izajes, en la propiedad de su representado; y, en todo caso, que se restablezca el imperio del derecho, mediante toda resolución necesaria para ello, dictando este tribunal las providencias y medidas plausibles para dicho fin.

Al recurso acompaña informe emitido por la prevencionista de riesgos doña nombre reservado, que da cuenta de los riesgos asociados a la ejecución de las referidas obras.

SEGUNDO: Que comparece la abogada doña Claudia Galindo López, en representación de la recurrida, quien informa al tenor del recurso, señalando que efectivamente su representada construye un proyecto inmobiliario en domicilio reservado, de propiedad de “Vista Urbana SPA”, el que contempla la construcción de dos torres y que cuenta con todas las autorizaciones y permisos que establece nuestra legislación; indicando –en lo referente al recurso- que el recurrente, además de relatar las molestias que le ha causado la utilización de una franja de terreno de un ancho aproximado de 1 metro y medio y de unos 11 metros de largo, expresamente reconoce haber autorizado a su representada para su uso en tres oportunidades hasta el 17 de junio de 2013, señalando los efectos negativos que la obra le ha causado.

No obstante ello, sostiene que de los hechos en que se funda el recurso no se denuncia –a su juicio- ningún acto u omisión ilegal y/o arbitraria imputable a su representada, lo que sí sería en el caso de que se hubiese utilizado dicha franja sin el permiso del recurrente. Además, sostiene que las molestias o perjuicios que de este permiso o autorización se derivan no son reclamarles por esta vía constitucional de carácter excepcional y la construcción de un proyecto inmobiliario, con todos los permisos y autorizaciones establecidos en la ley, no puede ser considerado un acto arbitrario o ilegal. Agrega que el acuerdo con el recurrente para la utilización de una franja de su patio trasero se debió a que se construiría un cerco divisorio con una pantalla para proteger justamente su propiedad de la polución o de los materiales que eventualmente podrían caer, el que debía mantenerse hasta que se concluyera el modelaje y hormigonado; cerco que el propio recurrente hace tres semanas sacó, en razón de que la obra se encuentra prácticamente terminada.

En suma, señala que no existe actualmente una franja de terreno ocupada y no existen movimientos de tierra ni izaje de grúas, por lo que tampoco existe una vulneración de derechos actuales y, asimismo, que el recurso carece de imputaciones concretas contra su representada sobre algún acto u omisión ilegal y/o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales que señala.

Sostiene además que el recurso carece de fundamento, reiterando que las obras de su representada gozan de los permisos y autorizaciones de la Dirección de Obras Municipales; señalando que el recurrente acusa sufrir perjuicios como consecuencia de la propia autorización que otorgó a su representada para la utilización de una franja de terreno en la cual se instaló un cierre perimetral o pantalla acústica de un material llamado “OSB”, que aísla la contaminación acústica y el polvo en suspensión.

En cuanto a los trabajos que se realizarían fuera de horario y los ruidos molestos, señala que el recurrente no indica concretamente cuando ello habría ocurrido y al respecto su representada, por instructivo, prohíbe realizar faenas antes de las 8:30 y después de las 19:30 horas, de lunes a viernes, mientras que los sábados sólo se pueden ejecutar obras entre las 8:00 y las 14:00 horas, sin que nunca hubiere sido denunciada ni sancionada por tales hechos, los que niega expresamente.

En cuanto los derechos que estima conculcados, señala que el recurrente no explica cómo se produce el riesgo a la vida e integridad física y psíquica; así como tampoco explica cómo ocurriría la vulneración al derecho de propiedad desde el día 13 de mayo de 2014; estimando que ninguno de estos derechos ha sido conculcado por su representada, pues el proyecto inmobiliario cuenta con las autorizaciones y permisos obtenidos según la legislación vigente y no puede ser considerado un acto arbitrario o ilegal.

En definitiva, afirma que el recurso no procede en la especie, por cuanto ha cumplido con la normativa vigente; luego, sostiene que las molestias que le puede causar a cualquier persona la construcción de un proyecto inmobiliario, no pueden ser consideradas un acto u omisión ilegal y arbitrario; y, finalmente, estima que el recurso es extemporáneo, por cuanto fue presentado el 20 de mayo de 2014 y el inicio de las obras ocurrió el 18 de enero de 2013, habiéndose vencido el último permiso, según el propio recurrente afirma, el día 17 de junio de 2013.

A su informe acompaña autorización de obras preliminares Nº 002, 003, 004, de fecha 4 de enero de 2013 y permiso de edificación Nº 009, de fecha 18 de enero de 2013.

TERCERO: Que de acuerdo a lo informado por el recurrido, en cuanto a que en la actualidad no existe una franja de terreno ocupada, izaje de grúas, ni tampoco movimientos de tierra, no se observan derechos fundamentales lesionados, perturbado o amenazados que sean susceptibles de protección constitucional como lo requiere el artículo 20 de la Constitución Política para acoger esta acción constitucional; de manera que el recurso deducido ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Tomás Alberto Fernández Gómez, en nombre y representación de don nombre reservado, en contra de la empresa Sociedad Constructora R.V.C., de don nombre reservado y de doña nombre reservado.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 282-2014 Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Carlos Ruiz-Tagle Vial.

No firma la Ministro Suplente doña Jasna Pavlich Núñez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del recurso, por haber terminado el período de suplencia.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por la Ministra Titular señora Virginia Soublette Miranda, por la Ministra Suplente señora Jasna Pavlich Núñez y por el Abogado Integrante señor Carlos Ruiz-Tagle Vial. Autoriza el Secretario Subrogante señor Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a cuatro de julio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.