Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Antofagasta, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, mecánico de mantención industrial, quien no indica domicilio, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, con domicilio en domicilio reservado, por considerar vulnerados los derechos fundamentales, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Informó por la recurrida el abogado Jorge Cerda Godoy.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundando la acción, sostiene que solicitó un crédito a la recurrida que terminó de pagar en el mes de diciembre del año 2017, y en enero del presente año le fue practicado un nuevo descuento el cual no permitió que su empleador realizara por desconocer cuál era su fuente, motivo por el cual acudió a las oficinas de la recurrida el día 29 de enero del corriente siendo informado que dicho descuento provenía de un crédito pendiente con la Caja de Compensación 18 de Septiembre realizado por medio del sistema denominado “Intercaja” y que estaban facultados para hacerlo, sin dar mayor información.

Refiere que posteriormente se dirigió a la Caja de Compensación 18 de Septiembre donde le informaron que debía dos créditos adquiridos el año 2007, que ascendían a la suma de $ 3.400.000 y por la cantidad de tiempo transcurrido ya alcanzaba la suma de $14.500.000, destacando sobre tales créditos, que alcanzó a pagar algunas cuotas de ambos créditos siendo luego desvinculado de dicho trabajo. Además, le informaron que no debía preocuparse porque la recurrida podría comprar la cartera y bajar los intereses, considerando ello un despropósito al haber operado los seguros asociados, haciendo presente que nunca fue notificado de estas deudas por ningún medio durante todo el tiempo transcurrido.

Destaca que si debía toda esa cantidad de dinero la recurrida no le debió otorgar crédito alguno si estaban conectados por “Intercaja”, sumado al hecho que las referidas obligaciones estarían prescritas, solicitando en definitiva que la recurrida deje de cobrar tales créditos por medio de su empleador.

SEGUNDO: Que informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por medio del abogado Jorge Cerda Godoy.

Indica que el recurrente posee cotizaciones como afiliado trabajador por parte de la empresa Thyssenkrupp Industrial Solutions Chile Ltda, y en ese carácter, a través de un proceso integrado de recaudación de deudas pendientes o vigentes denominado “Intercaja”, la Caja de Compensación 18 de Septiembre, les requirió gestionar un descuento al recurrente.

Refiere que conforme los compromisos contraídos, a través de la nómina de retenciones de créditos del mes de enero y febrero de 2018, se informó al empleador del recurrente un descuento por cobranza Intercaja, por los siguientes valores y códigos que indica: por $29.462, código 21001778 mes de enero de 2018; $86.377, código 210016534 mes de enero de 2018; $29.462, código 21001778 mes de febrero de 2018 y de $86.377 código 210016534 mes de febrero de 2018. Sin embargo, la empleadora a través del Sistema Previred, con fecha 10 de febrero de 2018, efectuó remesa según la nómina de retenciones del mes de enero sin incluir al recurrente, en tanto, la retención del mes de febrero del presente año aún se encuentra en proceso de cobranza.

Explica que frente a lo expuesto, corresponde al recurrente acudir a la Caja de Compensación requirente a fin de obtener mayores antecedentes, dado que dicha entidad no entrega mayor información por tratarse de información privada - confidencial pareciera decir- entre dicha institución y el recurrente. Por otra parte, respecto al crédito obtenido con su representada el 25 de noviembre de 2014, pagadero en 30 cuotas, ha sido pagado regularmente entre el 9 de enero de 2014 al 9 de enero de 2018.

Luego de citar la normativa aplicable a las Cajas de Compensación contenida en la Ley 18.833, informa que el cumplimiento de su objeto consistente en la administración de prestaciones de seguridad social, desempeñan funciones obligatorias y facultativas, estando dentro de las últimas el otorgamiento de créditos sociales, que atendida su naturaleza en cuanto entidad de previsión social, el legislador consideró garantías para el cobro y pago de tales créditos, contenidas en el artículo 22 de la misma ley que dispone “…lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, considerando a su juicio, que el procedimiento de descuentos se ejerció en cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social de la Caja acreedora, siendo irrenunciable.

Sobre la figura denominada “Proyecto Intercajas”, la Superintendencia de Seguridad Social desde el año 2010, con el fin de cautelar el fondo social de las Cajas de Compensación ha impartido instrucciones relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una Central de Riesgo Financiero de las referidas Cajas de Compensación, dichas instrucciones se verían reflejadas en las Circulares Nº 2627 del año 2010, Nº 2714 y Nº 2743 del año 2011, Nº 2839 del año 2012, Nº 2925 del año 2013, según cita.

Explica que en cumplimiento a dicha normativa, las Cajas de Compensación, celebraron el 15 de abril de 2013, un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información necesaria para ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitir acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas morosas o vigentes.

Dicho acuerdo fue adoptado, según autorización expresa contenida en el artículo 19 Nº 7 de la Ley 18.833, en cuanto permite a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios con entidades que administren prestaciones de seguridad social, contratando a efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad “intercaja” al prestador SINACOFI. Asimismo, cada Caja se ha obligado a proveer la información necesaria a ésta última para el cumplimiento de su cometido. En ese contexto, su representada a requerimiento de la Caja 18 de Septiembre, y como diputada para recibir el pago del Crédito Social del recurrente ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833 actuando como diputado para el pago.

Expresa sobre la prescripción de la deuda, que ésta debe alegarse, ser declarada judicialmente y mientras ello no ocurra, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible. Por lo demás, dicha situación ha sido objeto de pronunciamiento por la misma Superintendencia.

Finalmente, sobre la legalidad del cobro los descuentos son permitidos conforme la normativa citada, en particular el artículo 22 de la ley 18.833, sin que ésta vía constituya un medio idóneo para declarar la prescripción de tales acreencias.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados por la norma.

CUARTO: Que además informó la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, haciendo presente que el recurrente solicitó un crédito por $2.600.000 aproximadamente, pagaderos en sesenta cuotas, préstamo que se cursó en julio del año 2007 y de la cual debe cincuenta cuotas. Asimismo, en octubre del mismo año, solicitó otra operación de crédito por $800.000 que se pagarían en cuarenta y ocho cuotas, de las cuales solo ha pagado siete, encontrándose moroso en cuarenta y uno restantes. Se aclara que el pago parcial se realizó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, mediante deducción efectuada por el empleador y que obviamente respecto a las cuotas impagas, no ha operado modo de extinguir alguno, porque las obligaciones provenientes de dichos contratos permanecen vigentes, descartando categóricamente la idea insinuada por el recurrente, en cuanto se habían eliminado por presuntos seguros asociados a dichas operaciones o extinguido por prescripción.

Por otro lado sostiene el recurrente que no ha habido pronunciamiento jurisdiccional alguno que declare la prescripción de las acciones y que según la cláusula diez de los pagarés, se otorga un mandato que faculta al actual empleador para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda, y así lo establece el artículo 22 referido, que es la forma de pagar lo adeudado, el que debe vincularse con el artículo 58 del Código del Trabajo, en cuanto establece como obligación de cargo del empleador el descuento por obligaciones contraídas con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Las deudas de conformidad a la legislación común, deben excluirse cuando están extinguidas, pero no es el caso planteado, desde que se trata de obligaciones preexistentes e indiscutidas, plenamente vigente.

Como otro escenario referido al extenso período que los créditos permanecieron impagos, hacen presente que la plataforma Intercajas se limita a recaudar el valor nominal de las cuotas pactadas, sin que se cobre mediante el citado mecanismo los recargos provenientes de la mora y para el caso de que las cuotas superen el 25% de la renta actual del recurrente, puede acercarse a cualquier oficina con la documentación pertinente para reprogramar la deuda y ajustar el valor de la cuota, por ello se postula la inexistencia de algún actuar ilegal o arbitrario, incluso refiere jurisprudencia reiterada, según fallo dictado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago.

QUINTO: Que ha sido jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, según se lee en la causa Rol 68.700-2016, sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete: “TERCERO: Que sobre el particular es menester señalar el actuar de la recurrida resulta arbitrario, toda vez que la recurrente se encuentra morosa desde la cuota dieciséis, la que vencía el 28 de febrero de 1999, dejando transcurrir la recurrida diecisiete años sin ejecutar ningún tipo de acción que diera cuenta el interés de obtener el pago de dicha deuda, más aún cuando -conforme lo referido por la actora- tuvo la posibilidad de cobrar mediante la retención de diversos empleadores de la recurrente afiliados a la caja señalada. La recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace p7rocedente acoger el recurso de protección. Todo sin perjuicio de perseguir el pago por los medios legales ordinarios”.

SEXTO: Que según el propio informe de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, el recurrente nombre reservado dejó de pagar las cuotas de sendos préstamos a lo menos en junio del año 2008, es decir, en una fecha que ha transcurrido inequívocamente el período de prescripción, la que si bien requiere de un pronunciamiento jurisdiccional, utilizar el sistema de cobro establecido en la Ley 18.833, transcurrido más de cinco años, resulta discrecional y caprichoso en la medida que se desconoce una institución consagrada por el ordenamiento jurídico para generar la certeza, seguridad y paz en las relaciones jurídicas, desde este punto de vista, no es posible hacer revivir deudas fenecidas como consecuencia de un privilegio establecido para las cajas de compensación e instituciones afines, de obtener el cobro de préstamos mediante descuentos efectuados por el empleador. La inoperancia e indiferencia que ha tenido la institución para manifestar la voluntad de cobro, exige a lo menos una comunicación previa con el trabajador, que le permita el cobro de deudas que por la propia voluntad del acreedor, han desaparecido producto de la apatía u omisión.

SÉPTIMO: Que en tales circunstancias el cobro excesivamente retardado haciendo aplicación del artículo 22 de la ley en comento, resulta antojadizo o caprichoso, que evidencia una acción arbitraria que debe corregirse mediante este procedimiento cautelar, porque causa la privación del derecho indubitado de propiedad que tiene todo trabajador a propósito de recibir sus remuneraciones íntegras, por lo que no queda más que acoger el recurso, disponiendo dejar sin efecto los cobros referidos a los créditos mencionados, sin perjuicio de perseguir el pago por los medios legales ordinarios.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, quienes deberán abstenerse de cobrar los créditos que refieren las operaciones bajo el Folio N° 210016534 cursado el 23 de julio de 2007 y Folio N° 210017178 cursado en octubre del mismo año.

Regístrese y comuníquese.

Rol 280-2018 (PROT)

Redacción del Ministro Sr. Oscar Clavería Guzmán.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. nombre reservado y Sr. nombre reservado. Autoriza el Secretario Titular don Andrés Santelices Jorquera.

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