nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Daniel Vargas Downing, abogado, domiciliado en domicilio reservado a favor de nombre reservado, trabajadora, deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en la comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana domicilio reservado y/o en domicilio reservado de Antofagasta, y contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por don nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulnerar las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Evacuan informe las recurridas, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en que el mes de diciembre del 2011, su representada suscribió un crédito número de operación 022000801384 con La Araucana C.C.A.F por la suma de $571.044, con cuotas mensuales parciales y sucesivas de $ 47.587, pactándose en 12 cuotas, los pagos se realizaron mediante descuento por planilla con el empleador de aquella época hasta la cuota N°8, es decir, hasta el 31 de agosto de 2012.

Refiere que al cambiar de empleador se suspendió el pago de las cuotas, razón por la cual las recurridas La Araucana C.C.A.F a través de la Caja de Compensación Los Andes, ordenaron a que el actual empleador de su representada realice descuentos que no se han autorizado.

Indica que actualmente, su representada se vincula laboralmente como trabajador en la empresa la Mediterránea de Catering S.L. Unipersonal Agencia en Chile, mediante contrato de trabajo vigente.

Alega que el actual empleador de su representada, desde el mes de Junio de 2019 ha realizado descuentos de sus remuneraciones por concepto de créditos de cuotas impagas, la suma que asciende a $49.685 pesos.

Arguye que la empresa Mediterránea no tiene el consentimiento de su representada para efectuar dichos descuentos, infringiendo el derecho a la propiedad de las remuneraciones y a la protección de las mismas que proporciona el Código del Trabajo.

Relata que habiendo solicitado las últimas liquidaciones de sueldo a la empresa Mediterránea con fecha 27 de junio de 2019, señala que dichos descuentos se producen mediante instrucciones por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin existir, consentimiento previo ni autorización por escrito por parte de su representada a su empleador para realizar tal descuento.

Concluye que se le han hecho descuentos por una deuda contraída el año 2011, y que luego, de casi 8 años pretende ser cobrada extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa de alguna orden judicial que autorice dichos descuentos y que corresponderían a una deuda que en todo caso- y para todo efecto legal- se encuentra prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil.

Solicita el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de su representada, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, que se abstengan de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de "la empresa Mediterránea", o por cualquier otro empleador que su representado tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacua informe solicitando el rechazo del recurso.

Expone en breve que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados.

Refiere que estas Normas describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de este de remesar dicho descuento a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas.

Expresa que una vez detectado a quien mantiene una deuda con su entidad, ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, su deuda (cuota) se incorpora en la respectiva nómina de descuento que se envía al empleador o incluso a sus futuros empleadores conforme pagaré que suscribe el trabajador y que dispone: “El pago de las cuotas se efectuará mediante descuentos por planillas de mis remuneraciones que, desde ya, autorizo a mi actual empleador y futuros empleadores para realizar.”. Lo anterior con el objeto de que el empleador aplique el correspondiente descuento y lo retenga, debiendo remesar el mismo conforme Sistema InterCajas, a la Caja de Compensación diputada para recibir dicho pago, la que a su vez remesa la cuota descontada a la caja acreedora.

Señala que el recurso de protección, conforme ha sido establecido por la doctrina y jurisprudencia es una herramienta que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho ante un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace una Garantía Constitucional, contexto fáctico que en este caso no se ha dado en absoluto, puesto que en todo momento han actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentran investidas, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia.

Refiere que no obstante lo informado, y sin reconocer la extinción de la deuda, comunica que se han dispuesto las gestiones tendientes a hacer cesar los descuentos a la recurrente y hacer devolución de la suma descontada y remesada en el mes de julio de 2019, correspondiente a $49.685 pesos. Devolución que puede ser solicitada por la recurrente en cualquier Sucursal de La Araucana C.C.A.F.

Finalmente, en atención a lo expuesto, solicita se les exima del pago de costas, toda vez que es manifiesta la buena fe y la plausibilidad para litigar de esta entidad, al tenor de las disposiciones legales ya señaladas y por cuanto al ser las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, es posible colegir que existe un motivo plausible para litigar, esto es la protección del fondo social , obligación impuesta a las C.C.A.F., en virtud de los artículos 29 y 30 de la Ley N°18.833 y que se destina a financiar los regímenes de prestaciones de crédito social y de prestaciones adicionales, por tanto los desembolsos que efectúan las C.C.A.F., por concepto de créditos sociales impagos y costas, constituye una disminución del fondo social, que produce un perjuicio al resto de los afiliados.

TERCERO: Que Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informa solicitando el rechazo del presente recurso.

Expone que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado "Proyecto Intercajas", la Caja de Compensación La Araucana solicitó a su representada la gestión de descuentos en la remuneración de la Sra. nombre reservado, por concepto de cobro de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución. En dicho contexto, de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social se informó al empleador de la recurrente, un descuento mensual por la suma de $49.685.

Señala que a requerimiento de La Araucana C.C.A.F., y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado a la Sra. nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

Comunica que no obstante lo informado, y sin reconocer los fundamentos que esgrime la recurrente en el presente recurso, Caja Los Andes ha dispuesto el cese de los descuentos de las cuotas del crédito social otorgado al actor, excluyéndose tal operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que de acuerdo a lo informado por las recurridas se ha dispuesto el cese de los descuentos de las cuotas del crédito social otorgado al actor, excluyéndose tal operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador. Asimismo, se ha dispuesto la devolución de la suma descontada y remesada en el mes de julio de 2019, correspondiente a $49.685 pesos. Devolución que puede ser solicitada por la recurrente en cualquier Sucursal de La Araucana C.C.A.F.

De esta manera, el imperio del derecho se encuentra restablecido, no existiendo por ende medida alguna que adoptar en el marco de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Daniel Vargas Downing a favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2725-2019 (PROTECCIÓN)