nombre reservado con UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

Antofagasta, a veintiuno de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

La comparecencia de Martina Jacinta Infante Larrondo, abogada, en favor de nombre reservado nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Universidad Católica del Norte, persona jurídica, representada legalmente por nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber informado la Universidad la retención de dineros, sin acreditar cabal cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 297 del año 2009, y respecto de la Tesorería General, por efectuar y percibir la retención indicada, estimando vulnerado sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Evacuan informes las recurridas, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción en la falta de notificación por parte de la Universidad respecto del hecho de ser sujeto de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario y que con fecha 22 de mayo de 2020, al revisar la página web del Servicio de Impuestos Internos, su representado se percató que al realizar su declaración de renta a propósito de la operación año tributario 2020, se determinó que no habría devolución de impuestos. Realizadas las consultas en la Tesorería General de la República, se le informó que dicha retención, se efectuó de acuerdo con lo solicitado por la Universidad Católica del Norte, por la deuda de Fondo Solidario de Crédito Universitario con dicha Institución, cuya retención en materia de deudas de Fondo Solidario de Crédito Universitario, se regula en el Decreto 297 del año 2009, del Ministerio de Educación, que no se cumplió. En definitiva se siguió adelante con un procedimiento de retención de impuestos que en estricto rigor no debió haber continuado, de conformidad por los artículos 3° y 5°, porque los Administradores del Fondo Solidario de Crédito Universitario, de las respectivas Universidades, no deben seguir con el procedimiento de retención a la devolución de impuestos, sin antes haber notificado al deudor respectivo, y lo cierto es que, respecto de su representado, éste no fue notificado en la forma señalada en el artículo 3°, ya que en los casos en que “consta el domicilio del deudor”, la notificación se realiza mediante carta certificada y los casos en que “no consta o no existe domicilio conocido del deudor”, se notifica mediante aviso en diario de circulación nacional y concluye que al no recibir la notificación entiende que ésta no existió, por lo que surge un actuar arbitrario e ilegal por parte de la Universidad recurrida, por cuanto el presente año 2020, esa Institución ha continuado con el procedimiento establecido en el Decreto 297 del año 2009, del Ministerio de Educación, en circunstancias que no debió hacerlo, ya que su representado no ha sido válidamente notificado, por sus deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario, y en definitiva éste, se ha visto impedido, el recién pasado 23 de Abril, de recibir su devolución de impuestos, que por derecho le correspondía percibir.

Solicita que se declare que la retención informada y percibida por la recurrida es ilegal, que se ordene a la recurrida, o a quien corresponda, el reintegro de los retenido y percibido, en su caso, además, que se ordene a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente, o en subsidio lo que se estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que Patricio Ignacio Valdivia Salvo, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación, de la Universidad Católica Del Norte, informa solicitando el rechazo del recurso, pues nombre reservado, cursó estudios en la carrera de Derecho de su universidad con el beneficio del Crédito Solidario Ley N° 19.287, en los períodos comprendidos entre los años 2004 a 2009, suscribiendo para tales efectos seis pagarés y que el año 2009 la recurrente hizo egreso de la carrera de Derecho, por lo que la cobranza de la deuda de crédito solidario comenzó el año 2012, es decir, dos años después de la última matrícula registrada en la universidad, por otro lado, durante los años 2012 y 2013 la recurrente se acogió al beneficio de pago de una cuota correspondiente al 5% de los ingresos percibidos en el año anterior, toda vez que cumplía con el requisito de declarar los ingresos en la forma y plazos legalmente establecidos en el artículo 8 de la Ley N°19.287 que establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, quedando de esta manera exenta del pago en dichos años, pero durante el año 2014, como no realizó la correspondiente declaración de ingresos perdió el beneficio de pagar una cuota anual según ingresos, debiendo acogerse en esta oportunidad al pago de cuotas fijas, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.287.

Plantea que, encontrándose bajo el régimen pactado de cuotas fijas, esto es, a partir del año 2015, la recurrente no ha realizado pago alguno hasta la fecha, por lo que a partir de ese año, ha sido informada anualmente a la Tesorería General de la República para que ésta lleve a cabo la retención de devolución de impuestos a la renta correspondiente, según faculta la normativa al respecto, habiendo sido notificada la recurrente en primer lugar por medio de carta certificada a la última dirección conocida y posteriormente, a través de publicación en un diario de circulación nacional, tal como dispone el Decreto aludido, notificación realizada por medio de carta certificada al último domicilio conocido y señalado en su declaración jurada de ingresos del año 2013, esto es, calle nombre reservado°4626 de la Comuna y ciudad de Antofagasta, durante los años 2014 a 2016. Posteriormente, durante el mes de mayo del año 2016, se recibe correo electrónico por parte de nombre reservado, quien se identificaba como propietario del inmueble correspondiente al domicilio antes señalado, manifestando que había concurrido previa y personalmente a la Universidad, manifestando su molestia por este hecho y solicitando no recibir más correspondencia en dicho domicilio, toda vez que la Sra. nombre reservado no vivía en aquel, ni tampoco corresponde a algún pariente o persona conocida por éste. Lo anterior, tenía concordancia con la devolución de cartas ocurrida en los años anteriores, por lo que se determinó seguir notificando a la recurrente a través de publicación en un diario de circulación nacional, al no existir un domicilio conocido, tal como faculta el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 297.

Agrega que la notificación por diario de circulación nacional durante el presente año, se realizó en el Diario Financiero versión web (Pág. 525), entre el 01 y 15 de febrero, publicación que se hace en conjunto con las otras 29 universidades del Consejo de Rectores CRUCH.

Añade que el Decreto 297 en su artículo 6, da la opción al deudor de interponer la aclaración dentro de un plazo máximo de 10 días contados desde la notificación en caso de considerar que se extinguió la deuda, o fue pagada o hay un error en los montos, sin embargo, la universidad no recibió solicitud alguna de aclaración por el proceso de notificación de morosos para retención de devolución de impuestos año 2020, situación que fue informada al Ministerio de Educación, emitiendo este organismo público el certificado respectivo.

Estima que no existe actuación ilegal o arbitraria que haya afectado o vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente, toda vez que la universidad, dio cumplimiento a los plazos y procedimientos establecidos por ley y normativa vigente en la materia, informado a las entidades públicas correspondientes, esto es, Tesorería General de la Republica y Ministerio de Educación.

TERCERO: Que Norma Carvajal Godoy, Abogada por la Tesorería Regional de Antofagasta, informa solicitando el rechazo del presente recurso, pues la recurrente es deudora de crédito solidario universitario, cuyo monto de deuda es de UTM 61,43 y la entidad retenedora activa es la Universidad Católica del Norte, por lo que se procedió a la retención de la devolución de impuestos Año Tributario 2020.

Precisa que la ley 19.989 especificó claramente a quienes se considera como deudores de los fondos de crédito solidario universitario, extendiendo la aplicación de la medida de retención de las devoluciones de impuestos a todos los deudores de estos fondos y no tan solo a los que han reprogramado de acuerdo con la ley N°19.848.

En consecuencia, el Servicio de Tesorerías ha procedido, en el ejercicio de una facultad y mandato legal que le han sido concedidos respecto de todos los deudores del crédito solidario universitario y no como consecuencia de un acto unilateral y/o arbitrario de nuestro Servicio.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que resolviendo la controversia se debe considerar lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de Decreto N°297 de 2009 del Ministerio de Educación, el cual regula la forma y obligación de notificar a los deudores del crédito universitario, del que se desprende que la Universidad acreedora está obligada a notificar al deudor respecto de la retención de impuestos.

Ahora bien, en cuanto a la forma de practicar la notificación, puede optar entre la notificación por carta certificada, si cuenta con domicilio del deudor o mediante notificación por aviso, en caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor. Disposiciones que no establecen como obligación de la acreedora agotar previamente las acciones para la determinación del domicilio actual del deudor antes de proceder a notificar por aviso. Notificación realizada en virtud de las normas precitadas.

SÉPTIMO: Que a su vez, el artículo 1 de la Ley N° 19.989 faculta a “…a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

OCTAVO: Que en su rol de proteger los créditos relativos al Fondo Solidario Universitario y en su calidad de acreedor de éstos, la Universidad recurrida dispuso la notificación por aviso respecto del recurrente que tiene la calidad de moroso del crédito de financiamiento universitario, hecho no discutido por el recurrente, y por tal motivo, se incluyó en la nómina que contempla el artículo 1 de la Ley N°19.989.

De esta manera, las recurridas procedieron según lo regulado en el Decreto 297 de 2009, procediendo a informar y retener de la devolución del impuesto a la renta de la recurrente, el saldo de la deuda por crédito universitario, sin que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario, por ende, sólo cabe rechazar el presente recurso, pues se ha actuado dentro de las esferas de las atribuciones, en la medida que la cobranza se ciñó a lo permitido por la ley, sin que este procedimiento cautelar pueda inmiscuirse en consideraciones procedimentales de lo cual no surgen derechos indubitados sino solo aspectos formales que en nada alteran el derecho de las instituciones de obtener el pago en la forma que se efectuó.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por Martina Jacinta Infante Larrondo en favor de nombre reservado nombre reservado, en contra de Universidad Católica del Norte y de la Tesorería General de la República.

Regístrese y comuníquese.

Rol 2720-2020 (PROTECCIÓN)